La construcción de un núcleo de viviendas en los terrenos de la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” generó un conflicto de intereses entre los movimientos sociales, las autoridades públicas y los operadores políticos que confluyen en el Área Metropolitana de Caracas. La disputa sobre el uso de los terrenos del aeropuerto de “La Carlota”, no parece tener una solución cierta; por ahora. Sin embargo, el caso replantea de nuevo el debate –también inconcluso- sobre la calidad de las políticas públicas, en cuanto a la utilización de los espacios públicos en el ámbito capitalino.
El aeródromo de “La Carlota”, fue creado en 1945 por iniciativa privada. A partir de 1947 fue integrado al componente aéreo de las Fuerzas Armadas Nacionales, convirtiéndose de esa manera, en una base militar. Esto no impidió, que en la base aérea cohabitara la aviación militar con la civil, por casi sesenta años; hasta que el gobierno nacional restringiera su uso mediante Decreto 38.087, de fecha 15-12-2004. Con esta medida, más de doscientas aeronaves privadas tuvieron que ser “mudadas” por sus dueños a otros aeródromos o aeropuertos nacionales.
La base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” es una instalación militar; allí estuvo la sede del Comando Estratégico de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional, hasta su reciente traslado a la ciudad de Maracay. Por su naturaleza jurídica, la gestión de esta dependencia militar corresponde al poder central. Ahora bien, la base militar se encuentra ubicada justo en el Área Metropolitana de Caracas. Su extensión alcanza unas 108 hectáreas; y, limita con tres de los cinco municipios (Baruta, Chacao y Sucre), que integran la capital de la República. Por ende, la administración de “La Carlota” tiene que considerar a las autoridades públicas metropolitanas y municipales; y mucho más en un marco de competencias gubernamentales descentralizado y concurrente.
La ubicación geográfica del “enclave militar” determina su relación directa con la ciudad; y, con la calidad de vida de los habitantes de sus zonas aledañas. A lo largo de su historia, el aeródromo de “La Carlota” ha funcionado como un espacio público, si se quiere hasta natural, con el que cuenta el Área Metropolitana de Caracas, para ocasiones relevantes. En tal sentido, baste recordar que la base aérea ha sido utilizada para la realización de espectáculos públicos musicales, para ferias y exposiciones nacionales e internacionales. ¿Y no fue acaso, en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” donde el Papa Juan Pablo II, realizó su histórico encuentro con miles de feligreses en Febrero de 1996? ¿Y no ha sido justamente allí, en ese mismo espacio, donde el gobierno nacional ha organizado últimamente las denominadas ferias internacionales del turismo?
La disputa por el destino final de los terrenos de “La Carlota” delata además, las inconsistencias de los actores involucrados en el problema. Primero que nada, quedó clara la violación del Presidente Chávez de los mecanismos de consulta ciudadana que contempla el ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; y, que sin duda aplican a ese tipo de decisiones. Y es que una decisión de esta cualidad específica tiene que ser sometida a un proceso de consulta popular. No realizar ese proceso consultivo, podría acarrear la nulidad de ese acto administrativo.
Otro elemento álgido, ha sido la incapacidad pública y manifiesta de los distintos niveles de gobierno -nacional, estadal, metropolitano y municipal- para establecer una visión de conjunto sobre el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios públicos en la ciudad de Caracas. De igual manera, el respeto de los derechos de todos los habitantes y su inclusión en los procesos de formulación, gestión y control de las políticas públicas ha sido de nuevo vulnerado por esas mismas autoridades.
La actitud de las agencias gubernamentales involucradas; tales como: los ministerios de Vivienda y Habitat y de Ciencia y Tecnología no han cumplido con la obligación de brindar información veraz y oportuna; y de rendir cuentas a los sectores sociales interesados e involucrados. Estas circunstancias podrían generar inevitables opacidades, en cuanto a la ejecución de los presupuestos públicos asignados para las obras proyectadas por el gobierno. El Cabildo Metropolitano; aunque con bastante retraso, y de forma reactiva ante la presión vecinal, trata ahora de reconducir políticamente el conflicto, buscando la conciliación de las visiones contrapuestas.
Un pequeño grupo de asociaciones vecinales del sureste de Caracas –representante de los sectores medios que habitan en esa zona- asumió el liderazgo de la lucha social, contra la construcción de las seiscientas viviendas y del parque temático en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, anunciadas como obras por el gobierno nacional. Y en realidad, las protestas y las iniciativas presentadas por esta “alianza vecinal” no carecen de legitimidad; por el contrario, indican un alto compromiso para defender sus intereses particulares o las causas que perciben como justas. Otra cosa muy distinta, es que el propósito de la lucha de los vecinos de estas urbanizaciones, sea entendido y compartido por el resto de las comunidades organizadas del municipio Baruta y del resto del Área Metropolitana de Caracas. Su capacidad de establecer redes de cooperación y alianzas con otros sectores; aún está por verse. Si esto no ocurre, el movimiento se debilitará progresivamente.
Por otra parte, el movimiento vecinal pareciera agotar su actividad con la introducción de un recurso jurídico de amparo que logre detener las obras que se adelantan hasta ahora, en la base aérea. De la misma forma, la propuesta del “parque verde” debería ser sustentada técnicamente para que logre superar el nivel superficial de “consigna de lucha”, que por ahora ostenta. ¿Además, no podrían acaso conjugarse los proyectos de un parque verde con un parque tecnológico?
Una de las expresiones asociativas que mantiene una posición más contundente y seria en este proceso es el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En efecto, el CAV viene proponiendo desde hace meses la realización de un “concurso de ideas” que pueda generar sinergia alrededor del tema del desarrollo urbano sustentable de la zona de La Carlota. El problema básico de esta propuesta es su alcance, que puede ser limitado sino es asumido por algunos de los actores que protagonizan el conflicto en la actualidad. En todo caso, desaprovechar las propuestas del CAV sería cometer un craso error.
Los actores políticos son los otros factores se han presentes en este evento. La movilización social alrededor de la base aérea se produce en una zona catalogada de interés estratégico por el gobierno. Por si fuera poco, el conflicto se produce justamente antes de las elecciones regionales y locales de las autoridades públicas de ese ámbito. En tal sentido y, pese a la objeción de algunos sectores vecinales, la participación de algunos precandidatos en los eventos aparenta ser un fenómeno natural. Después de todo, son figuras públicas que pudieran aportar conocimientos específicos a la lucha emprendida por los vecinos; y obtener para ellos, algunos apoyos específicos que les hagan subir en las encuestas.
Por otra parte, el oficialismo luce replegado y sin mucha capacidad de respuesta. El Alcalde Metropolitano ha insinuado su desacuerdo con la construcción de viviendas. Otros voceros oficialistas -esta vez desde el Cabildo Metropolitano-, han mantenido una posición institucional de bajo perfil; mientras quizás esperan el desgaste natural del movimiento. Desde esa misma instancia, la oposición ha sido un tanto más proactiva y ha propuesto un proceso de consulta que involucre a autoridades, académicos y ciudadanos. El Concejo Municipal de Baruta–conciente de la fuerza que tiene el movimiento vecinal en Chuao-, otorgó un derecho de palabra a los representantes vecinales para que expongan en esa Cámara, sus puntos de vista sobre el problema (la actividad se realizará el próximo Martes 1° de Abril). Mientras que el Cabildo Metropolitano realizará otro cabildo abierto (el jueves 3 de Abril); esta vez en el Parque del Este. En todo caso, y con relación a las implicaciones de este caso, los actores políticos encendieron sus alarmas. Ellos están muy claros en la trascendencia del asunto que tienen frente a sí.
La problemática de La Carlota no se resolverá en el corto plazo; salvo que se vuelvan a omitir los derechos que tienen todos los ciudadanos al disfrute democrático y equitativo de la ciudad y de sus espacios públicos. El tema de la base aérea de La Carlota tiene que evaluarse bajo una perspectiva de inclusión, de solidaridad y donde el tratamiento de los espacios públicos y el suelo urbano se correspondan con el interés ambiental, cultural y social de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La batalla por el aeródromo de La Carlota trasciende por mucho el debate sobre la construcción de un grupo de viviendas o de un parque verde o temático. En esta batalla, se pelea por el ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación corresponsable en la planificación y la gestión de la ciudad. De la misma forma, es el momento de exigir y hacer valer los derechos por el diseño y ejecución de políticas públicas urbanas y ambientales de calidad, sustentables, presupuestadas con responsabilidad, con respeto al patrimonio histórico y cultural de Caracas y, orientadas estratégicamente hacia la prevención de su crecimiento urbanístico desordenado.
lunes, marzo 31, 2008
jueves, marzo 27, 2008
OTRA LEY, PARA LOS CONSEJOS COMUNALES
El gobierno nacional viene preparando –en el marco de la Ley Habitante-, una nueva ley para los consejos comunales. Esta reforma se produciría transcurridos; tan sólo dos años de la promulgación de la ley vigente. Y es que en ese lapso; aún no se tiene una evaluación técnica del impacto real de estas instancias, en la calidad de vida de aquellas comunidades donde han venido operando.
No se tiene una cifra confiable sobre la cantidad de consejos comunales registrados legalmente o de aquellos que se encuentran; aún activos. Muchos consejos comunales se encuentran próximos a cumplir con su primer período de gestión; lo cual obligaría a renovar o confirmar los voceros actuales.
Retomando el tema -antes de formular los comentarios sobre la reforma-, es importante señalar que trabajé sobre una versión de dicha propuesta del 3 de Marzo de 2008. Por consiguiente, es lógico suponer que desde entonces el proyecto de reforma considerado por el gobierno nacional, haya sido modificado en alguno de sus aspectos, que por supuesto no se comentan aquí. Pero, vayamos al punto.
I) Un primer cambio que trae la reforma de la ley es en la denominación de los consejos comunales que ahora pasarían a denominarse Consejos Comunales del Poder Popular; quizás con el propósito de identificarlos con la membresía otorgada a las dependencias ministeriales.
II) La reforma circunscribe a los Consejos Comunales del Poder Popular a la formulación, gestión, ejecución y contraloría de las políticas públicas planes y proyectos; en el marco del “Plan de la Nación” vigente; es decir, ignora la existencia de planes regionales, planes estadales y muy importante, los planes municipales de desarrollo. Esta cualidad limita las potencialidades de incidencia pública de los consejos, en su entorno inmediato.
III) La reforma de la ley, también omite –o por lo menos no menciona- a los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente existen; quedando de esta manera subsumidos a la categoría de “órganos del Estado”.
IV) La reforma no se preocupa por definir los procesos de formulación, ejecución, gestión, control y evaluación de políticas públicas ni tampoco define las condiciones institucionales y técnicas ni tecnológicas para su ejercicio.
V) La propuesta incrementa de trece (13) a veintidós (22) los principios bolivarianos: la soberanía popular, la democracia, la integridad territorial, el respeto, la complementariedad y diversidad cultural, la corresponsabilidad, la cogestión, la autogestión comunal, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, la responsabilidad, la contraloría social, el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, la sustentabilidad ambiental, la equidad, la justicia, la igualdad social y de género y la defensa de la soberanía nacional.
VII) El proyecto de reforma determina que tanto el área geográfica como la base poblacional del consejo comunal será decidida por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. En el caso, de la base poblacional del ámbito urbano se establece un tope de cuatrocientas familias por consejo.
VIII) Un punto importante, para la nueva ley sería la incorporación del denominado ciclo comunal, como proceso de planificación que involucraría cinco fases, a saber: diagnóstico, planificación, presupuesto, ejecución, y contraloría. Cada uno de estos procesos es tratado de manera desigual en la propuesta de reforma de la ley. De la misma manera, parecieran que no guardarían relación con los procesos de planificación, regional, estadal y municipal establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. El presupuesto comunal; por ejemplo, es considerado importante para el presupuesto nacional; pero el presupuesto participativo que se desarrolla a nivel local, ni siquiera es mencionado en la nueva ley.
IX) Otra innovación sería la creación de las comunas. Las comunas son entendidas como un conglomerado de varias comunidades agrupadas entre sí, con fines político-administrativos orientadas hacia la consecución de un modelo de sociedad colectiva. Las comunas estarían articuladas mediante un plan de gobierno común y una declaración conjunta. Estas “mancomunidades” podrían conformarse con un mínimo de dos (2) y con un máximo de diez (10) consejos comunales.
X) Quizás el elemento que más llame la atención es la inclusión de la condición “de producción socialista”, para que tanto la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como el comité ejecutivo del consejo comunal aprueben, gestionen o ejecuten proyectos comunitarios. Con esta condición se colocaría al margen del marco constitucional vigente -y reafirmado el pasado 2 de Diciembre de 2007-, la actividad de los consejos comunales. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla el modo de producción socialista ni como principio del modelo productivo ni como condición para la presentación de solicitudes o propuestas de inversión, ante las autoridades públicas. Esta propuesta sólo agregará más dificultades a la consolidación de los consejos comunales, como medios de participación. Al parecer, el oficialismo está dispuesto a anotarse otro autogol.
XI) El proceso de elección de los consejos comunales fue simplificado notablemente. Eso se lograría mediante la concentración en una sola Comisión Organizadora de todo el proceso de estructuración y de elección del Consejo Comunal del Poder Popular. Sin embargo, la propuesta trae consigo un par de sorpresas. Una, que los miembros del comité ejecutivo serán postulados por las comisiones de trabajo o por las organizaciones existentes en la comunidad; y dos, que la Comisión Organizadora podrá constituir esas comisiones de trabajo o entidades de base comunal, en caso de que las mismas no existieran. En otras palabras, al proceso de elección del consejo comunal se le adereza un factor que restringe las condiciones de verdadera participación popular directa.
XII) La duración de los voceros será ahora de tres (3) años en funciones, con derecho a reelección. El carácter de la vocería seguirá siendo ad-honorem. Asimismo, se elimina la compensación de las erogaciones de los voceros en el cumplimento de sus funciones; por parte del fondo de gastos del consejo comunal. Un detalle adicional, es que la propuesta agrega como condición que, los integrantes del consejo comunal no posean entre sí, parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
XIII) La propuesta para la nueva ley, elimina las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los tres niveles político-territoriales de la República. Estas comisiones nunca funcionaron y constituyeron la mejor demostración que el burocratismo como método para la organización popular no funciona.
No hay duda que, la organización popular ha sido la gran prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, tampoco hay dudas que esa prioridad, es matizada por el erróneo objetivo de cooptar y someter la autonomía del movimiento popular venezolano. Innegables hijos de este proceso, los consejos comunales seguirán allí; llenos de esperanzas y de proyectos y, enfrentando a diario la dura realidad de una burocracia pública auto-referenciada, centralista y minada por la corrupción, que no ha entendido el verdadero significado de la participación popular. No en balde los consejos comunales se han convertido en la vanguardia de la protesta social en Venezuela.
No se tiene una cifra confiable sobre la cantidad de consejos comunales registrados legalmente o de aquellos que se encuentran; aún activos. Muchos consejos comunales se encuentran próximos a cumplir con su primer período de gestión; lo cual obligaría a renovar o confirmar los voceros actuales.
Retomando el tema -antes de formular los comentarios sobre la reforma-, es importante señalar que trabajé sobre una versión de dicha propuesta del 3 de Marzo de 2008. Por consiguiente, es lógico suponer que desde entonces el proyecto de reforma considerado por el gobierno nacional, haya sido modificado en alguno de sus aspectos, que por supuesto no se comentan aquí. Pero, vayamos al punto.
I) Un primer cambio que trae la reforma de la ley es en la denominación de los consejos comunales que ahora pasarían a denominarse Consejos Comunales del Poder Popular; quizás con el propósito de identificarlos con la membresía otorgada a las dependencias ministeriales.
II) La reforma circunscribe a los Consejos Comunales del Poder Popular a la formulación, gestión, ejecución y contraloría de las políticas públicas planes y proyectos; en el marco del “Plan de la Nación” vigente; es decir, ignora la existencia de planes regionales, planes estadales y muy importante, los planes municipales de desarrollo. Esta cualidad limita las potencialidades de incidencia pública de los consejos, en su entorno inmediato.
III) La reforma de la ley, también omite –o por lo menos no menciona- a los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente existen; quedando de esta manera subsumidos a la categoría de “órganos del Estado”.
IV) La reforma no se preocupa por definir los procesos de formulación, ejecución, gestión, control y evaluación de políticas públicas ni tampoco define las condiciones institucionales y técnicas ni tecnológicas para su ejercicio.
V) La propuesta incrementa de trece (13) a veintidós (22) los principios bolivarianos: la soberanía popular, la democracia, la integridad territorial, el respeto, la complementariedad y diversidad cultural, la corresponsabilidad, la cogestión, la autogestión comunal, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, la responsabilidad, la contraloría social, el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, la sustentabilidad ambiental, la equidad, la justicia, la igualdad social y de género y la defensa de la soberanía nacional.
VII) El proyecto de reforma determina que tanto el área geográfica como la base poblacional del consejo comunal será decidida por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. En el caso, de la base poblacional del ámbito urbano se establece un tope de cuatrocientas familias por consejo.
VIII) Un punto importante, para la nueva ley sería la incorporación del denominado ciclo comunal, como proceso de planificación que involucraría cinco fases, a saber: diagnóstico, planificación, presupuesto, ejecución, y contraloría. Cada uno de estos procesos es tratado de manera desigual en la propuesta de reforma de la ley. De la misma manera, parecieran que no guardarían relación con los procesos de planificación, regional, estadal y municipal establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. El presupuesto comunal; por ejemplo, es considerado importante para el presupuesto nacional; pero el presupuesto participativo que se desarrolla a nivel local, ni siquiera es mencionado en la nueva ley.
IX) Otra innovación sería la creación de las comunas. Las comunas son entendidas como un conglomerado de varias comunidades agrupadas entre sí, con fines político-administrativos orientadas hacia la consecución de un modelo de sociedad colectiva. Las comunas estarían articuladas mediante un plan de gobierno común y una declaración conjunta. Estas “mancomunidades” podrían conformarse con un mínimo de dos (2) y con un máximo de diez (10) consejos comunales.
X) Quizás el elemento que más llame la atención es la inclusión de la condición “de producción socialista”, para que tanto la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como el comité ejecutivo del consejo comunal aprueben, gestionen o ejecuten proyectos comunitarios. Con esta condición se colocaría al margen del marco constitucional vigente -y reafirmado el pasado 2 de Diciembre de 2007-, la actividad de los consejos comunales. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla el modo de producción socialista ni como principio del modelo productivo ni como condición para la presentación de solicitudes o propuestas de inversión, ante las autoridades públicas. Esta propuesta sólo agregará más dificultades a la consolidación de los consejos comunales, como medios de participación. Al parecer, el oficialismo está dispuesto a anotarse otro autogol.
XI) El proceso de elección de los consejos comunales fue simplificado notablemente. Eso se lograría mediante la concentración en una sola Comisión Organizadora de todo el proceso de estructuración y de elección del Consejo Comunal del Poder Popular. Sin embargo, la propuesta trae consigo un par de sorpresas. Una, que los miembros del comité ejecutivo serán postulados por las comisiones de trabajo o por las organizaciones existentes en la comunidad; y dos, que la Comisión Organizadora podrá constituir esas comisiones de trabajo o entidades de base comunal, en caso de que las mismas no existieran. En otras palabras, al proceso de elección del consejo comunal se le adereza un factor que restringe las condiciones de verdadera participación popular directa.
XII) La duración de los voceros será ahora de tres (3) años en funciones, con derecho a reelección. El carácter de la vocería seguirá siendo ad-honorem. Asimismo, se elimina la compensación de las erogaciones de los voceros en el cumplimento de sus funciones; por parte del fondo de gastos del consejo comunal. Un detalle adicional, es que la propuesta agrega como condición que, los integrantes del consejo comunal no posean entre sí, parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
XIII) La propuesta para la nueva ley, elimina las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los tres niveles político-territoriales de la República. Estas comisiones nunca funcionaron y constituyeron la mejor demostración que el burocratismo como método para la organización popular no funciona.
No hay duda que, la organización popular ha sido la gran prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, tampoco hay dudas que esa prioridad, es matizada por el erróneo objetivo de cooptar y someter la autonomía del movimiento popular venezolano. Innegables hijos de este proceso, los consejos comunales seguirán allí; llenos de esperanzas y de proyectos y, enfrentando a diario la dura realidad de una burocracia pública auto-referenciada, centralista y minada por la corrupción, que no ha entendido el verdadero significado de la participación popular. No en balde los consejos comunales se han convertido en la vanguardia de la protesta social en Venezuela.
jueves, marzo 20, 2008
EL RETORNO DE LOS PRÍNCIPES
El proceso político por el cual transita Venezuela, continúa su lenta evolución y reacomodo. Es una secuencia de eventos donde los actores en pugna, retroceden o avanzan en el tablero; de acuerdo a sus méritos propios o también por los errores que comete el contrario.
Los dos grandes bloques ideológico-políticos que han contrapuesto visiones distintas del país, nos ofrecen tratamientos diferentes, sobre sus posibilidades de organización partidista. En la actual coyuntura, el tema de los partidos políticos retoma su importancia estratégica como herramienta de trabajo; ante las sucesivas confrontaciones políticas y electorales que se avecinan indefectiblemente en el futuro.
La conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nos ofrece varias lecturas. Una de ellas, es la firme determinación del Presidente Chávez de reinstalar el binomio Estado-partido (predominante en la IV República; por cierto) como paradigma dinamizador de las relaciones en el sistema político venezolano. Por otra parte, nos indica la prioridad del Presidente Chávez por estructurar una plataforma político-organizativa, que permita articular la movilización y el soporte popular necesario para la prospectiva de su proyecto.
En este contexto, la creación del PSUV, podría significar para el oficialismo, la última oportunidad de “barnizar cívicamente” el substrato militarista que caracteriza su propuesta. De hecho, el sector militar del chavismo (sea de izquierda, sea de derecha; ora exógeno o endógeno), recibió una clara y contundente derrota en los comicios internos que dieron origen a la dirección nacional de ese partido.
El hecho que un dirigente social, de vieja y larga trayectoria, como Aristóbulo Istúriz obtuviera la mayor votación, pudiera indicarnos la preferencia mayoritaria del chavismo de base, hacia una visión social y no militarista de la revolución. Igual interpretación se desprendería del acceso a la dirección del PSUV, de ciertos opinadores del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) o también de la emergencia de militantes identificados con movimientos sociales; tales como el indígena o el estudiantil oficialista.
El descalabro político sufrido por algunos “dirigentes revolucionarios” nos augura, revanchas y nuevos enfrentamientos por el control del partido entre los distintos sectores que conviven en el oficialismo. Las próximas batallas se darán alrededor de dos importantes eventos: la conformación de las direcciones regionales (estadales y municipales) y la selección de los candidatos a las elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores regionales.
Quizás lo más difícil para el naciente PSUV y su dirección nacional, sea sobreponerse al liderazgo y al culto a la personalidad que ya se le rinde al Presidente de la República. La dirección nacional del PSUV deberá asumir en forma plena su función y, tratar de compartir la conducción del proceso. De lo contrario, será una dirección política inútil, carente de sentido; y por lo tanto, absolutamente prescindible. Y de ocurrir eso todo el esfuerzo emprendido se habrá perdido.
La oposición democrática venezolana tiene su propio laberinto. Allí, luego de los procesos electorales de Diciembre 2006 y Diciembre 2007 han comenzado a emerger en el panorama político nacional dos plataformas partidistas. Ellas son: “Un Nuevo Tiempo” (UNT) y el Movimiento Primero Justicia (MPJ). Ambas organizaciones, la primera con acento hacia la centro-izquierda, la otra, con un mayor énfasis hacia la derecha (moderada) parecieran encaminarse –si no cometen errores trágicos-, a desempeñar la función de principales fuerzas que permitan establecer el necesario “equilibrio democrático” que reclama el país.
Sin embargo, “Un Nuevo Tiempo” (UNT), con una relativa presencia nacional y poseedor del mayor reservorio de jóvenes líderes políticos, cometió un error táctico al postergar su proceso de definición ideológico-política. “Un Nuevo Tiempo” desaprovechó una formidable oportunidad para proyectar a toda la población, su visión de país y sus propuestas programáticas.
Por su parte, el Movimiento Primero Justicia (MPJ), quizás con mayor arraigo organizativo; tampoco ha sabido perfilar su propuesta de país e incluso no ha podido fijar con mayor fuerza posiciones alternativas, frente a las ejecutorias gubernamentales. Del resto, merece destacar el sostenido esfuerzo político-organizativo del partido COPEI por renovar sus cuadros directivos. Mientras que Acción Democrática (AD), el otrora gran partido socialdemócrata, luce perdido y oscilante, sin una estrategia clara.
A diferencia del polo gubernamental, la oposición viene de obtener algunos triunfos notables. Empero la oposición democrática sigue con dificultades para consolidar esas conquistas en el plano político-organizativo. Esos problemas radican en la escasa comprensión que aún tienen varios dirigentes de la oposición, sobre la trascendencia que justamente tienen los partidos en la política.
En múltiples ocasiones vemos que, desde la propia oposición se pretende sustituir o contraponer a los partidos políticos con otras figuras asociativas denominadas genéricamente como “sociedad civil”; cuando en realidad, ambas expresiones sociales no son antagónicas entre sí y tienen su campo de acción bastante bien delimitado. Los partidos políticos y las expresiones asociativas de la sociedad civil pueden coexistir en el marco de un sistema político democrático; combinando su gestión e incluso cooperando entre sí o defendiendo puntos de vista diferentes, como es natural.
A partir de los años ochenta, los partidos políticos han sufrido una crítica constante (y, a veces ampliamente justificada) que ha puesto en duda su vigencia como canales de participación e intermediación entre el Estado y la sociedad. Ese cuestionamiento y desaprobación (atribuido, en ocasiones y, sin pensarlo mucho a una “concepción neoliberal”) se acentuó en Venezuela a lo largo de la década de los noventa; lo que condujo finalmente a la progresiva sustitución de las maquinarias partidistas -representadas fundamentalmente por AD y COPEI-, por otros medios de organización política; tales como: el movimiento vecinal, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación o simplemente, la plataforma aluvional de algún candidato electoral “outsider” como justamente ocurrió con el MVR en las elecciones de 1998.
El cuestionamiento a los partidos encierra un desprecio por la política (y en consecuencia, por los eventos electorales); lo cual constituye un craso error. En muchas ocasiones, la consecuencia directa del aborrecimiento a los partidos y a la política suele ser la “simpatía” por salidas no democráticas, como mecanismo de resolución de conflictos. Y sin lugar a dudas, ciertos componentes minoritarios de la oposición jugaron durante un tiempo con la idea de estrategias no-democráticas para enfrentar paradójicamente al autoritarismo chavista.
Otro elemento que quizás haya debilitado las posibilidades de organización del “capital político” opositor, es el desaprovechamiento de los partidos como centros de deliberación y preparación de políticas públicas o como medios de formación y movilización popular. Otra cosa, es que para muchos ciudadanos y ciudadanas, los partidos no pasan de constituir referencias electoralistas y clientelistas y, nada más. Y ejemplos saltan a la vista.
El proceso político del país está creando las condiciones objetivas para impulsar un nuevo tejido político democrático. Al respecto, hay varios indicadores; tales como: el fracaso del concepto de partido único en el campo oficialista, la victoria de los candidatos “cívicos” dentro del PSUV, el fortalecimiento de una nueva opción de la izquierda socialista encarnada en el partido PODEMOS, la aparición de los partidos “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia”, la renovación de COPEI; y sobre todo el rescate en la salidas democráticas a través del sufragio.
Por supuesto, que un nuevo tejido político pasa por el relanzamiento de los partidos en su verdadera dimensión; es decir, como medios de articulación y encuentro popular, como tribunas para el debate ideológico-político democrático y de calidad y, como centros colectivos plurales para la regulación del ejercicio del poder. Este tejido político democrático tendrá que abrir espacios para la participación de ese nuevo conjunto de expresiones asociativas que han venido surgiendo, durante los últimos años. ¿Ha comenzado entonces, el retorno de los príncipes de Gramsci? Yo creo que sí. Al menos, hay condiciones para que ello ocurra.
miércoles, marzo 12, 2008
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS
La participación es un derecho humano. En el caso venezolano, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional. La participación se encuentra articulada a la gestión de gobierno, en todos los niveles político-territoriales de la República. En las instancias político-territoriales menores, la participación ciudadana es un elemento sustancial para el gobernante y los ciudadanos.
Venezuela, en los últimos nueve años ha experimentado distintas modalidades participativas. Esos ensayos no siempre han tenido éxito; sin embargo, están allí y, han dejado su secuela. Por lo tanto, la red de instancias participativas y de sus procesos directos son una realidad ineludible que debe ser analizada de manera objetiva, en toda su magnitud para determinar y emprender los correctivos necesarios.
En el caso de la Alcaldía Metropolitana es necesario revisar críticamente, el tratamiento otorgado al ejercicio de la participación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), nunca desempeñó un papel trascendente para el desarrollo de la vida capitalina. Esta instancia ni siquiera tuvo incidencia en el diseño del plan urbano metropolitano (PUM). De igual manera, el presupuesto participativo no fue potenciado lo suficiente como medio de financiamiento de proyectos comunitarios. Los mecanismos de rendición de cuentas recíprocos, entre esa alcaldía y las comunidades, los consejos locales y consejos comunales; tampoco funcionaron de manera eficaz. Estos fracasos conducen al desaliento de los vecinos y del voluntariado capitalino.
El relanzamiento de la plataforma participativa en el ámbito metropolitano debe enmarcarse bajo tres condiciones: i) su valoración como derecho humano; lo cual implica una actitud ética en la relación gobierno-sociedad; ii) su utilización como una herramienta que brinda cercanía, corresponsabilidad y transparencia a la gestión de los gobiernos; y, iii) la asimilación adecuada de prácticas participativas exitosas emprendidas en otros municipios. En todo caso, en la Alcaldía Metropolitana se requiere en materia de participación, un cambio sustancial; y, las próximas elecciones locales son la oportunidad para ello.
Venezuela, en los últimos nueve años ha experimentado distintas modalidades participativas. Esos ensayos no siempre han tenido éxito; sin embargo, están allí y, han dejado su secuela. Por lo tanto, la red de instancias participativas y de sus procesos directos son una realidad ineludible que debe ser analizada de manera objetiva, en toda su magnitud para determinar y emprender los correctivos necesarios.
En el caso de la Alcaldía Metropolitana es necesario revisar críticamente, el tratamiento otorgado al ejercicio de la participación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), nunca desempeñó un papel trascendente para el desarrollo de la vida capitalina. Esta instancia ni siquiera tuvo incidencia en el diseño del plan urbano metropolitano (PUM). De igual manera, el presupuesto participativo no fue potenciado lo suficiente como medio de financiamiento de proyectos comunitarios. Los mecanismos de rendición de cuentas recíprocos, entre esa alcaldía y las comunidades, los consejos locales y consejos comunales; tampoco funcionaron de manera eficaz. Estos fracasos conducen al desaliento de los vecinos y del voluntariado capitalino.
El relanzamiento de la plataforma participativa en el ámbito metropolitano debe enmarcarse bajo tres condiciones: i) su valoración como derecho humano; lo cual implica una actitud ética en la relación gobierno-sociedad; ii) su utilización como una herramienta que brinda cercanía, corresponsabilidad y transparencia a la gestión de los gobiernos; y, iii) la asimilación adecuada de prácticas participativas exitosas emprendidas en otros municipios. En todo caso, en la Alcaldía Metropolitana se requiere en materia de participación, un cambio sustancial; y, las próximas elecciones locales son la oportunidad para ello.
viernes, marzo 07, 2008
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA SOCIAL
La recomposición de la democracia venezolana pasa inevitablemente por un nuevo modo de relación entre el Estado y la sociedad civil, basado en la corresponsabilidad, la inclusión y la libertad; es decir, sustentado en la propuesta ideológica de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
miércoles, marzo 05, 2008
JUGANDO A LA GUERRA
Con el inadecuado tratamiento otorgado por el Gobierno Nacional al conflicto colombiano-ecuatoriano, Venezuela perdió una oportunidad formidable para asumir una posición constructiva, contributiva y de mediación entre las dos naciones andinas. El Gobierno Nacional no entendió que, a nuestro país le correspondía ejercer una posición de verdadero liderazgo; abriendo espacios hacia la reflexión y el entendimiento entre Colombia y Ecuador. Por el contrario, finalmente se impuso la visión beligerante, prevaleció el enfoque militarista quedando de esta manera, nuestro país atrapado en una indeseable situación conflictiva.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
sábado, marzo 01, 2008
LA GRAN REVANCHA
El Presidente de la República viene anunciando con motivo de las elecciones de gobernadores, diputados estadales, alcaldes metropolitanos y alcaldes municipales del próximo mes de Noviembre que se producirá una revancha. Y es posible que eso ocurra; porque al parecer, el pueblo se cansó de la ineficacia oficial y luce aburrido de su discurso disfuncional. En otras palabras, en Noviembre el gobierno podría sufrir otra importante derrota.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
miércoles, febrero 27, 2008
CONSEJOS COMUNALES Y ELECCIONES ESTADALES Y MUNICIPALES
Las elecciones son mecanismos de participación e inclusión ciudadana. En el ámbito regional y municipal, los procesos electorales cobran excepcional relevancia porque suponen la selección; mediante el sufragio directo, universal y secreto de las autoridades públicas más cercanas a la población.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
jueves, febrero 21, 2008
¿UN LÍDER PARA CARACAS?
Las autoridades electas democráticamente, cumplen la función fundamental de ser conductores de la actividad pública de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta función de liderazgo cobra mayor relevancia en los ámbitos subnacionales y locales. Y justamente, ese sea el “nudo gordiano” de la problemática del Área Metropolitana de Caracas: la carencia de una referencia gubernamental cercana, eficaz y responsable.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
miércoles, febrero 06, 2008
¿ESTRATEGIAS METROPOLITANAS?
Los problemas del área metropolitana de Caracas están siendo analizados desde distintos enfoques –partidistas y políticos- que no siempre se corresponden con la legítima aspiración de sus habitantes por alcanzar una metrópolis con calidad de vida.
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
viernes, febrero 01, 2008
ELECCIONES ESTADALES Y LOCALES, A PRIMERA VISTA
¿Qué duda cabe? Este año será signado por los procesos de elección popular (directa, universal y secreta) de las autoridades públicas de las 23 entidades federales, de la alcaldía metropolitana y, por supuesto de cada uno de los 335 municipios que integran la República Bolivariana de Venezuela. Será una confrontación electoral dura, ¡y quizás a rajatabla!; pero eso no importa, siempre y cuando en el debate predomine la óptica de los derechos ciudadanos; por encima del oportunismo y del simple encono particular y sectario.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
lunes, enero 14, 2008
CARACAS Y LAS ELECCIONES DEL 2008
El proceso de renovación electoral de gobernaciones, alcaldías y consejos legislativos estadales que se realizará este año 2008 en todo el país, ofrece la oportunidad para que la población seleccione la opción que considere más adecuada para elevar su calidad de vida en su entorno inmediato. La ciudad de Caracas y su Área Metropolitana presenta una situación de particular interés; pues los municipios (Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y Libertador) que la integran, elegirán obligatoriamente nuevas autoridades. Además, Caracas podrá reelegir o no; tanto a su actual Alcalde Metropolitano, como al Gobernador del estado Miranda; entidad que agrupa a cuatro de sus cinco componentes municipales.
Demográficamente Caracas y sus áreas aledañas reúnen aproximadamente, unos cinco millones de habitantes, que representan una quinta parte de la población del país. La ciudad es el centro de poder político-administrativo y financiero de Venezuela. Y desde una óptica político-partidista el Área Metropolitana de Caracas, pasó a ser un territorio de mayoría opositora; según los últimos resultados electorales del pasado Diciembre.
La problemática de Caracas es ya, un problema de Estado. La ciudad es víctima de un conjunto de problemas crónicos y acrecentados por tres factores determinantes: i) los malos gobiernos pasados y recientes; ii) el fracaso de sus planes y sus planificadores; y, iii) la indolencia de buena parte de sus ciudadanos. Así pues, Caracas se convirtió en una de las ciudades más violentas de América Latina, cubierta de desechos sólidos, con áreas recreativas abandonadas, con sus calles saturadas por el tránsito vehicular y, con un rendimiento decreciente de la calidad de sus servicios públicos.
Con la elección democrática de sus autoridades, se abre una esperanza y una posibilidad de cambio y de rescate de los derechos de todos los caraqueños a una vida digna. Queda en manos de los ciudadanos (como debe ser) la escogencia de las nuevas autoridades capitalinas; y en consecuencia, la selección de un futuro inmediato para la urbe capitalina. Sin embargo, la polarización partidista y la baja participación del movimiento ciudadano pudieran dificultar una escogencia adecuada. Estaremos pendientes del proceso.
Demográficamente Caracas y sus áreas aledañas reúnen aproximadamente, unos cinco millones de habitantes, que representan una quinta parte de la población del país. La ciudad es el centro de poder político-administrativo y financiero de Venezuela. Y desde una óptica político-partidista el Área Metropolitana de Caracas, pasó a ser un territorio de mayoría opositora; según los últimos resultados electorales del pasado Diciembre.
La problemática de Caracas es ya, un problema de Estado. La ciudad es víctima de un conjunto de problemas crónicos y acrecentados por tres factores determinantes: i) los malos gobiernos pasados y recientes; ii) el fracaso de sus planes y sus planificadores; y, iii) la indolencia de buena parte de sus ciudadanos. Así pues, Caracas se convirtió en una de las ciudades más violentas de América Latina, cubierta de desechos sólidos, con áreas recreativas abandonadas, con sus calles saturadas por el tránsito vehicular y, con un rendimiento decreciente de la calidad de sus servicios públicos.
Con la elección democrática de sus autoridades, se abre una esperanza y una posibilidad de cambio y de rescate de los derechos de todos los caraqueños a una vida digna. Queda en manos de los ciudadanos (como debe ser) la escogencia de las nuevas autoridades capitalinas; y en consecuencia, la selección de un futuro inmediato para la urbe capitalina. Sin embargo, la polarización partidista y la baja participación del movimiento ciudadano pudieran dificultar una escogencia adecuada. Estaremos pendientes del proceso.
miércoles, enero 09, 2008
"REVISIÓN, RECTIFICACIÓN Y REIMPULSO"
El Presidente Chávez comenzó el año político con una buena consigna propagandística: revisión, rectificación y reimpulso. La consigna es buena, y se ajusta al momento si consideramos la estratégica derrota política, electoral y constitucional que sufrió la revolución bolivariana en Diciembre pasado. No sabemos qué revisará, rectificará o reimpulsará el Presidente desde el pináculo donde suele ubicarse; lo que sí percibimos es que la revolución entró en un tortuoso laberinto.
Las tres erres y el ámbito político
El problema central que padecemos en Venezuela es que, la agenda de la revolución no coincide en lo absoluto con las aspiraciones de lograr una vida próspera, que posee la gran mayoría de la población del país. Para la revolución bolivariana lo prioritario es –al fin y al cabo- la perpetuación de su dirigencia en el poder. Nada más. Mientras que la población venezolana en general (además de que no comulga con ese precepto revolucionario), reclama simplemente el ejercicio de una gestión pública eficaz y eficiente. Así de sencillo. Ahora bien, que el gobierno logre entender o no, esta situación es otra cosa. En todo caso, aún le quedan cinco años para intentarlo.
El fracaso del partido único es otro callejón del laberinto político del gobierno. Otro sendero del mismo laberinto, lo constituye la baja formación ideológico-política de la pretendida dirigencia revolucionaria venezolana. Al respecto, basta observar la calidad (a veces divertida) de muchas de las intervenciones de esa élite socialista representada en la Asamblea Nacional. La concentración y la centralización de la toma de decisiones, el burocratismo y una gestión pública ineficaz e ineficiente, el hostigamiento y la exclusión de una buena parte de la población, la hostilidad hacia los medios de comunicación social independientes; así como el creciente culto a la personalidad, son otros aspectos relevantes que tendrían que ser al menos revisados por la cúpula revolucionaria que todavía dirige al país.
Las tres erres y el ámbito social
Siempre he afirmado que una de las apuestas estratégicas del gobierno ha sido la organización popular. Es innegable el esfuerzo institucional y financiero que el gobierno nacional desplegó para organizar a las comunidades; mediante la formación de redes de “consejos participativos” de distinto tipo. Y esta propuesta de organizar a las comunidades puede ser ampliamente aceptable en un marco jurídico-político fundamentado en valores de democracia, inclusión, responsabilidad, pluralidad y transparencia. Empero, el emprendimiento oficial para la organización comunitaria NO se basó en estos valores. Algunas de estas instancias –como los consejos comunales-, fueron utilizadas y manipuladas políticamente. Además, el incentivo utilizado para la organización popular fue estrictamente “crematístico”; propiciando un tipo de relación clientelar entre el Estado y la población organizada en consejos comunales, comités de tierra o mesas técnicas de agua.
Igual ocurrió con las denominadas misiones. Concebidas inicialmente como programas sociales compensatorios, las misiones terminaron siendo utilizadas como mecanismos de cooptación político-partidista. Por otro lado, la calidad de las misiones recibió serios cuestionamientos por parte de especialistas y de los propios beneficiarios. En síntesis, el gobierno (de acuerdo a su percepción revolucionaria) desfiguró la organización popular; y desvirtuó sus propias políticas sociales con inadecuadas prácticas clientelistas y una exacerbación ideológica. Aquí en el ámbito social, el oficialismo tiene bastante que escarbar.
Las tres erres y el ámbito económico
La revolución socialista bolivariana (fundamentada en el marxismo tradicional) no podía tampoco evitar impulsar el intervencionismo estatal en todas las esferas de la sociedad y, muy especialmente en el ámbito económico. Sin mucha imaginación, el gobierno emprendió una costosa y singular campaña propagandística en contra del capitalismo y todo lo que sospechosamente se le asemejara; según la discrecionalidad oficial. En tal sentido, la iniciativa individual y la privada comenzaron a ser descalificadas de manera sistemática. Ante ellas, se pretendió contraponer a rajatabla, un colectivismo dirigido desde el Estado. Bajo ese esquema, la revolución ensayó con los núcleos de desarrollo endógeno, las cooperativas o los “fundos zamoranos”, que luego abandonó. Y bajo ese mismo enfoque, el oficialismo socialista impulsó empresas socialistas sin reglas claras. La revolución bolivariana también inventó el denominado “socialismo petrolero” que consiste en vivir de la renta petrolera y criticar con dureza al principal comprador de petróleo: los Estados Unidos de América.
La revolución en su laberinto económico le fijó impuestos a los alimentos de primera necesidad. También implementó un sistema de control de divisas que terminó favoreciendo a las minorías de siempre. Generó escasez en lista de alimentos básicos como el azúcar, la leche, la harina, la carne y el pollo; entre otros rubros. Las metas mínimas inflacionarias no se alcanzaron y los trabajadores del campo y la ciudad -aquellos pertenecientes al sector público o privado-, siguieron sin poseer un régimen de asistencia y protección social. Así van las cosas en este renglón. Ojalá haya alguna iniciativa de revisión y reflexión en este campo.
Las tres erres y el ámbito internacional
Si el propósito de la actual política internacional venezolana es promover la imagen del Presidente Chávez a como de lugar, puede afirmarse que este objetivo se ha cumplido inobjetablemente. Otra cosa resulta al considerar, si la proyección internacional alcanzada por la figura presidencial se ha traducido en beneficios concretos y palpables en la calidad de vida de la población del país. Ambas dimensiones tienen una distribución asimétrica de resultados positivos.
Debe señalarse; sin embargo, un análisis detallado de la calidad de la proyección del Presidente Chávez e indefectiblemente del país, no ofrecería datos muy alentadores después de la serie de desaciertos, en su relación con países de nuestro continente y del resto del mundo. El prestigio internacional de la política exterior venezolana se ha deteriorado progresivamente; y para muchos no pasa de ser un mero show mediático. Mientras a lo interno, el descontento popular hacia las indulgentes y generosas donaciones que realiza el gobierno a sus “aliados” más cercanos, sigue creciendo. ¿Se replanteará el gobierno su estrategia internacional? ¿Habrá sacado alguna lección el gobierno revolucionario de su más reciente aventura internacional, con Oliver Stone incluido? Y es que curiosamente la política anti-imperialista de la revolución bolivariana al parecer, requiere del apoyo de figuras de la “farándula internacional” como Naomí Cambpell, Sean Penn, Danny Glover o Don King; entre otros.
En el camino de la revisión, la rectificación y el reimpulso, el oficialismo debe atravesar un duro laberinto lleno de temas políticos pendientes y sin aprobar, pleno también de promesas sociales incumplidas y cubierto de las espinas de una revolución derrotada política, electoral y constitucionalmente.
Las tres erres y el ámbito político
El problema central que padecemos en Venezuela es que, la agenda de la revolución no coincide en lo absoluto con las aspiraciones de lograr una vida próspera, que posee la gran mayoría de la población del país. Para la revolución bolivariana lo prioritario es –al fin y al cabo- la perpetuación de su dirigencia en el poder. Nada más. Mientras que la población venezolana en general (además de que no comulga con ese precepto revolucionario), reclama simplemente el ejercicio de una gestión pública eficaz y eficiente. Así de sencillo. Ahora bien, que el gobierno logre entender o no, esta situación es otra cosa. En todo caso, aún le quedan cinco años para intentarlo.
El fracaso del partido único es otro callejón del laberinto político del gobierno. Otro sendero del mismo laberinto, lo constituye la baja formación ideológico-política de la pretendida dirigencia revolucionaria venezolana. Al respecto, basta observar la calidad (a veces divertida) de muchas de las intervenciones de esa élite socialista representada en la Asamblea Nacional. La concentración y la centralización de la toma de decisiones, el burocratismo y una gestión pública ineficaz e ineficiente, el hostigamiento y la exclusión de una buena parte de la población, la hostilidad hacia los medios de comunicación social independientes; así como el creciente culto a la personalidad, son otros aspectos relevantes que tendrían que ser al menos revisados por la cúpula revolucionaria que todavía dirige al país.
Las tres erres y el ámbito social
Siempre he afirmado que una de las apuestas estratégicas del gobierno ha sido la organización popular. Es innegable el esfuerzo institucional y financiero que el gobierno nacional desplegó para organizar a las comunidades; mediante la formación de redes de “consejos participativos” de distinto tipo. Y esta propuesta de organizar a las comunidades puede ser ampliamente aceptable en un marco jurídico-político fundamentado en valores de democracia, inclusión, responsabilidad, pluralidad y transparencia. Empero, el emprendimiento oficial para la organización comunitaria NO se basó en estos valores. Algunas de estas instancias –como los consejos comunales-, fueron utilizadas y manipuladas políticamente. Además, el incentivo utilizado para la organización popular fue estrictamente “crematístico”; propiciando un tipo de relación clientelar entre el Estado y la población organizada en consejos comunales, comités de tierra o mesas técnicas de agua.
Igual ocurrió con las denominadas misiones. Concebidas inicialmente como programas sociales compensatorios, las misiones terminaron siendo utilizadas como mecanismos de cooptación político-partidista. Por otro lado, la calidad de las misiones recibió serios cuestionamientos por parte de especialistas y de los propios beneficiarios. En síntesis, el gobierno (de acuerdo a su percepción revolucionaria) desfiguró la organización popular; y desvirtuó sus propias políticas sociales con inadecuadas prácticas clientelistas y una exacerbación ideológica. Aquí en el ámbito social, el oficialismo tiene bastante que escarbar.
Las tres erres y el ámbito económico
La revolución socialista bolivariana (fundamentada en el marxismo tradicional) no podía tampoco evitar impulsar el intervencionismo estatal en todas las esferas de la sociedad y, muy especialmente en el ámbito económico. Sin mucha imaginación, el gobierno emprendió una costosa y singular campaña propagandística en contra del capitalismo y todo lo que sospechosamente se le asemejara; según la discrecionalidad oficial. En tal sentido, la iniciativa individual y la privada comenzaron a ser descalificadas de manera sistemática. Ante ellas, se pretendió contraponer a rajatabla, un colectivismo dirigido desde el Estado. Bajo ese esquema, la revolución ensayó con los núcleos de desarrollo endógeno, las cooperativas o los “fundos zamoranos”, que luego abandonó. Y bajo ese mismo enfoque, el oficialismo socialista impulsó empresas socialistas sin reglas claras. La revolución bolivariana también inventó el denominado “socialismo petrolero” que consiste en vivir de la renta petrolera y criticar con dureza al principal comprador de petróleo: los Estados Unidos de América.
La revolución en su laberinto económico le fijó impuestos a los alimentos de primera necesidad. También implementó un sistema de control de divisas que terminó favoreciendo a las minorías de siempre. Generó escasez en lista de alimentos básicos como el azúcar, la leche, la harina, la carne y el pollo; entre otros rubros. Las metas mínimas inflacionarias no se alcanzaron y los trabajadores del campo y la ciudad -aquellos pertenecientes al sector público o privado-, siguieron sin poseer un régimen de asistencia y protección social. Así van las cosas en este renglón. Ojalá haya alguna iniciativa de revisión y reflexión en este campo.
Las tres erres y el ámbito internacional
Si el propósito de la actual política internacional venezolana es promover la imagen del Presidente Chávez a como de lugar, puede afirmarse que este objetivo se ha cumplido inobjetablemente. Otra cosa resulta al considerar, si la proyección internacional alcanzada por la figura presidencial se ha traducido en beneficios concretos y palpables en la calidad de vida de la población del país. Ambas dimensiones tienen una distribución asimétrica de resultados positivos.
Debe señalarse; sin embargo, un análisis detallado de la calidad de la proyección del Presidente Chávez e indefectiblemente del país, no ofrecería datos muy alentadores después de la serie de desaciertos, en su relación con países de nuestro continente y del resto del mundo. El prestigio internacional de la política exterior venezolana se ha deteriorado progresivamente; y para muchos no pasa de ser un mero show mediático. Mientras a lo interno, el descontento popular hacia las indulgentes y generosas donaciones que realiza el gobierno a sus “aliados” más cercanos, sigue creciendo. ¿Se replanteará el gobierno su estrategia internacional? ¿Habrá sacado alguna lección el gobierno revolucionario de su más reciente aventura internacional, con Oliver Stone incluido? Y es que curiosamente la política anti-imperialista de la revolución bolivariana al parecer, requiere del apoyo de figuras de la “farándula internacional” como Naomí Cambpell, Sean Penn, Danny Glover o Don King; entre otros.
En el camino de la revisión, la rectificación y el reimpulso, el oficialismo debe atravesar un duro laberinto lleno de temas políticos pendientes y sin aprobar, pleno también de promesas sociales incumplidas y cubierto de las espinas de una revolución derrotada política, electoral y constitucionalmente.
lunes, diciembre 10, 2007
EL CONTRAPESO DEMOCRÁTICO
Con el resultado del referendo del pasado Domingo 2 de Diciembre, entramos en otro estadio de la polarización en Venezuela. Sólo que esta vez, la polarización expresa una nueva correlación de fuerzas en el país. El bloque del NO se yergue victorioso de manera inobjetable, en un esfuerzo popular, mancomunado e incluyente que significó la reivindicación de los valores democráticos del país. El bloque oficialista del SÍ, una vez derrotado -pese a las enormes ventajas institucionales y financieras que disfrutó- parece entrar ahora en un momento de crisis estratégica y desorientación táctica. En realidad, la autoestima de la revolución sufrió un duro revés al descubrir el inédito país que emergía de manera inexorable del conteo de votos.
La derrota revolucionaria
El pasado Domingo, el Presidente Chávez no tenía alternativa; sino reconocer el resultado que ofreció el referendo sobre la propuesta de reforma constitucional. No haberlo hecho significaba simplemente colocarse al margen de la institucionalidad. En tal sentido, no podría esperarse otra conducta del Jefe de Estado venezolano. Las declaraciones posteriores tienen como base la resaca producida por la desaprobación popular del proyecto revolucionario que pretendía instaurar en Venezuela un Estado socialista, alrededor de un liderazgo perpetuo y un pensamiento único.
El 2-D significó en términos electorales una verdadera debacle. Tres millones de “votos duros” migraron del apoyo presidencial en un año. Y, recuperarlos no va a ser una tarea fácil. Mucho más si, el gobierno insiste en utilizar a la amenaza, la descalificación, el insulto, o retaliación política como elementos persuasivos. Por otra parte, la población comienza a sentirse defraudada –o ¿quizás engañada?- por una revolución que después de nueve años ofrece como resultados más relevantes altos niveles de inseguridad pública, carestía y desabastecimiento, crecientes de denuncias de privilegios y corrupción en la esfera pública y el efecto pernicioso de unos programas de “redistribución clientelista” del ingreso fiscal.
Por lo demás, no coincido con la afirmación de que hubo un error de cálculo al momento de presentar la propuesta constitucional. El momento era este: i) el Presidente venía de una reciente reelección, ii) el gobierno aún poseía recursos fiscales para financiar sus programas, iii) el oficialismo poseía un amplio dominio propagandístico y comunicacional y, iv) la oposición aparentaba un insuficiente reagrupamiento. No había otra oportunidad que, el año 2007 para la presentación electoral de la reforma. Sólo que esta coyuntura también incluía la probabilidad política de sufrir una derrota. Y justamente, esa posibilidad fue la que terminó imponiéndose limpiamente.
Sí coincido con la opinión de que el pueblo venezolano no está maduro para el socialismo. En realidad, el pueblo venezolano está maduro para vivir en democracia, en paz y en libertad que es otra cosa. Y es que Venezuela, como nación y como pueblo, posee una amplia y sólida cultura democrática que por cierto, ha sido el escollo insalvable para las pretensiones hegemónicas de la revolución.
Otra cosa que vale la pena resaltar fue el fracaso operativo de los motores socialistas. Esta propuesta ideológico-política (y en especial los Motores “Moral y Luces” y “La Explosión del Poder Comunal”) que pretendía dar una visión integral y viabilidad al proceso de construcción del modelo presentado por el oficialismo no funcionó a la luz de los resultados obtenidos.
En resumen, -no me extiendo en un tema ampliamente analizado- la derrota del 2-D se traduce para la revolución en la derrota de su proyecto estratégico: un socialismo autoritario. También avizora el declive de esa élite popular-militarista y, que desde el Estado antepone sus intereses por encima de las aspiraciones de aquellos sectores sociales medios y populares que alguna vez una vez creyeron en su mensaje.
Otros derrotados y vencedores y, el voto
La victoria de los factores democráticos significó también un duro revés para aquellos otros factores ideológico-políticos que centraban su oferta en el desaliento, en las salidas milagrosas, en la abstención o en la violencia. El NO también los alcanzó a ellos, dejándoles un mensaje constructivo, si lo recogen o no, es otra cosa y de su exclusiva responsabilidad. El partido PODEMOS, el Movimiento Estudiantil, la Iglesia Católica (en sus dos versiones) y otros actores individuales provenientes del sector militar y del propio “chavismo” se consolidaron como sujetos activos con peso político específico para nuevas confrontaciones ideológicas, políticas y electorales. Hubo otros vencedores, un tanto más callados; pero vencedores al fin y al cabo. Me refiero a los gobernadores y alcaldes y, en general a toda la redecilla de cargos de elección popular del nivel estadal y local se salvaron de la “tropa de autoridades federales” –y por lo tanto destinadas a dedo- que venía en camino con la reforma constitucional. Pero por encima de todo, la victoria de la oposición rescató la importancia y la verdadera trascendencia del voto, como mecanismo de participación popular e incidencia política.
El surgimiento de un contrapeso democrático
La nueva polarización que se presenta ahora cuenta un sector alternativo emergente que permite balancear democráticamente el ejercicio del gobierno en el país. Y es que, desde 1998 se había producido una peligrosa acumulación de poder en un solo sector político. Esa acumulación de poder impedía el verdadero ejercicio de la democracia participativa y la auténtica inclusión de los ciudadanos y ciudadanos en los asuntos públicos de su interés. En realidad, lo que venía ocurriendo en Venezuela era el progresivo copamiento de los espacios de participación e incidencia pública; es decir, se preparaba la instalación de un sistema de gobierno sin contrapeso alguno.
Ahora la situación cambia sustancialmente. Los resultados electorales demarcan la presencia de una fuerza social y política alternativa que puede regular con éxito –y esto se acaba de demostrar-, las operaciones del sector oficialista. La conformación del sistema político venezolano nos muestra que posee unas “reservas políticas democráticas” con potencialidad de generar alternancia y control social sobre el Estado y el gobierno. Esto sin lugar a dudas, constituye un avance en dirección opuesta al modelo fundamentado en el autoritarismo y en la centralización y la concentración del poder.
El juego político nacional se refresca y se diversifica. Los actores alternativos ganan espacios (PODEMOS, el Movimiento Estudiantil). Por otra parte, se amplían las posibilidades de debate plural y se obliga a cada uno de los sectores en disputa a una sana reflexión autocrítica constante destinada a potenciar sus operaciones en un contexto político definitivamente plural, compartido y competido. Por supuesto, la revolución bolivariana no hace fiestas por ello; pero no le queda más opción que aceptar el nuevo contrapeso democrático que se ha conformado frente a sí.
La articulación de una plataforma de naturaleza popular, social y democrática, y que sea efectivamente alternativa a esta revolución, pasa por el avance de la agenda de las justas reivindicaciones que tienen los distintos sectores que conforman la sociedad venezolana. Y esta es una agenda de vasto alcance. Estas luchas de estricto carácter social deben ser plurales e incluyentes. El otro sentido verdaderamente vital de un contrapeso democrático es proponerse obligar al gobierno de turno a gestionar los asuntos públicos en el marco de la Constitución y el marco legal vigente; y, con apego estricto al respeto de los derechos humanos fundamentales.
La combinación práctica de estos dos elementos será garantía para la restitución de la democracia plena en Venezuela. Una democracia que no se perdió por el esfuerzo de unos y la toma de conciencia de otros. Sin embargo, aún la democracia no se ha ganado. Pero podemos hacerlo para su disfrute responsable y ciudadano. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
martes, diciembre 04, 2007
UNA PRIMERA IMPRESIÓN: NOS SALVAMOS TODOS
La victoria político-electoral obtenida por la oposición el pasado domingo 2 de diciembre tiene una trascendencia de largo alcance. Primero, impidió que se legitimara en Venezuela, una proyecto político fundamentado en el autoritarismo; y en la centralización y la concentración del poder. En segundo lugar, significó también una dura derrota para el uso abusivo y discrecional de los recursos públicos por parte del gobierno que pretendió imponer su propuesta mediante toda suerte de propaganda; y, de un marcado ventajismo institucional. En tercer lugar, rescató la importancia del sufragio, del voto como mecanismo de participación popular e incidencia política. En cuarto lugar, la derrota del oficialismo ofrece un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la fortaleza de las “reservas democráticas” que existen en el país.
La victoria del 2-D fue asimismo, un emblema del encuentro y la concertación de la más amplia diversidad de sectores políticos y sociales (incluso identificados con el Presidente Chávez) que salieron al frente a defender la amenazada democracia venezolana. Pero además, se puede agregar que el triunfo popular del pasado domingo 2 de Diciembre, rompió finalmente el mito de la “invencibilidad electoral” del régimen.
Desde el domingo pasado quedó definida una nueva correlación de fuerzas entre los factores deliberantes venezolanos de naturaleza económica, social y política. Los componentes oficialistas están “disminuidos” por el reciente descalabro electoral; por el rechazo de su proyecto socialista de país y, por carecer de un partido político consolidado. En el otro lado, han emergido nuevos factores de incidencia como el movimiento estudiantil y asimismo, se han consolidado otros como los medios de comunicación social independientes y la iglesia. Por último, el reagrupamiento de los partidos democráticos también constituye una buena noticia.
Los voceros del oficialismo tratarán de justificar su derrota. Pero la realidad es muy sencilla: las propuestas de reelección indefinida, de restringir la propiedad privada, y de implantar un Estado socialista fueron vencidas y rechazadas por el pueblo venezolano. Felicidades Venezuela, nos salvamos todos.
sábado, diciembre 01, 2007
EN "LE MONDE": 01-12-2007
La "révolution bolivarienne" n'est pas parvenue à réduire la dépendance à l'égard du pétrole
LE MONDE | 01.12.07 | 14h01
Noublie pas d'apporter du sucre et du lait en poudre", dit Julia Hernandez, avant de raccrocher. Sa fille, étudiante à Bogota, va venir à Caracas pour voter non, dimanche 2 décembre, au référendum sur la réforme constitutionnelle du président Hugo Chavez. A l'aéroport de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, José fait ses affaires. Aux voyageurs qui débarquent, il offre discrètement 5 000 bolivars pour 1 dollar, alors que le cours officiel est à 2 150 bolivars. José revendra ses dollars 10 % plus cher "à un type qui voyage souvent aux Etats-Unis".
Dopée par l'argent du pétrole et les dépenses publiques, l'économie vénézuélienne continue d'afficher un taux de croissance à faire pâlir ses voisins. Il pourrait dépasser les 9 % fin 2007. Toutefois, les problèmes d'approvisionnement, le marché parallèle de devises et l'inflation - supérieure à 16 %, un record en Amérique latine - reflètent les déséquilibres d'un marché que l'Etat tente de réguler.
"La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, ne fera qu'aggraver la situation", juge l'universitaire José Guerra, promoteur d'un "manifeste des économistes". Les signataires s'inquiètent de "l'économie socialiste" aux contours mal définis que prétend instaurer le nouveau texte, en octroyant de larges pouvoirs à l'exécutif.
L'inquiétude porte sur le moyen terme. Pour le moment, les caisses de l'Etat sont pleines, le secteur de la construction progresse, la consommation explose, le chômage est baisse et la part de l'emploi informel diminue - même s'il concerne encore plus de 40 % des Vénézuéliens. Selon un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la pauvreté a chuté au Venezuela de 31 % au cours des neuf ans du gouvernement Chavez. "Et certains se demandent encore pourquoi Chavez reste populaire", ironise un fonctionnaire de la Cepal.
Cependant, les produits de première nécessité manquent dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement incrimine les spéculateurs. Les producteurs et les importateurs accusent, eux, le contrôle des prix et Mercal, le réseau de distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés.
"Pour ne pas vendre à perte le sucre aux consommateurs, les producteurs préfèrent le vendre à l'industrie agroalimentaire, qui en fera des bonbons ou des boissons gazeuses, dont le prix n'est pas contrôlé", explique l'universitaire Miguel Gonzalez. L'importation de lait n'est plus rentable pour les opérateurs privés et l'Etat peine à prendre la relève. "Les problèmes d'approvisionnement restent sporadiques, mais ils ont le don d'exaspérer les gens, qui y voient le symbole de l'inefficacité et de la corruption qui règne au sein de l'Etat", note M. Gonzalez.
PASSAGE AU "BOLIVAR FORT"
La réforme agraire annoncée par M. Chavez a semé la panique chez les grands propriétaires terriens, sans réussir à réduire la dépendance alimentaire du Venezuela, qui continue d'importer plus de 70 % de ses besoins. L'augmentation des revenus des milieux populaires s'est traduite par une hausse de la consommation de certains produits, comme la viande et le lait. Inquiètes de l'avenir, les classes moyennes préfèrent consommer des voitures ou des dollars, plutôt qu'épargner dans une monnaie dépréciée.
Le passage au "bolivar fort", le 1er janvier - quand la monnaie nationale perdra trois zéros - ne suffit pas à rassurer. Les investisseurs nationaux et étrangers se montrent pour le moins frileux. "La désindustrialisation du pays est dramatique", souligne José Guerra.
Le gouvernement met en avant l'exceptionnelle croissance du secteur non pétrolier, qui, depuis 2004, progresse plus rapidement que le pétrolier, en déclin relatif. Les chavistes y voient un succès de la "révolution bolivarienne", qui s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance pétrolière du pays. Le pétrole représente toujours 27 % du produit intérieur brut, 47 % des recettes de l'Etat et 90 % des exportations.
A en croire Domingo Maza Zavala, qui fut jusqu'à 2006 directeur de la Banque centrale, la contraction du secteur pétrolier hypothèque à terme le développement du pays. Pour financer ses programmes sociaux, le gouvernement puise dans les réserves de l'entreprise publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), qui n'a pas retrouvé le niveau de production antérieur à la grève de 2003 et qui ne réalise pas les investissements nécessaires à son maintien.
Faute d'une politique économique et industrielle cohérente, juge M. Maza Zavala, le Venezuela est aujourd'hui "plus vulnérable, plus instable et plus dépendant du pétrole qu'hier".
M. Ds
LE MONDE | 01.12.07 | 14h01
Noublie pas d'apporter du sucre et du lait en poudre", dit Julia Hernandez, avant de raccrocher. Sa fille, étudiante à Bogota, va venir à Caracas pour voter non, dimanche 2 décembre, au référendum sur la réforme constitutionnelle du président Hugo Chavez. A l'aéroport de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, José fait ses affaires. Aux voyageurs qui débarquent, il offre discrètement 5 000 bolivars pour 1 dollar, alors que le cours officiel est à 2 150 bolivars. José revendra ses dollars 10 % plus cher "à un type qui voyage souvent aux Etats-Unis".
Dopée par l'argent du pétrole et les dépenses publiques, l'économie vénézuélienne continue d'afficher un taux de croissance à faire pâlir ses voisins. Il pourrait dépasser les 9 % fin 2007. Toutefois, les problèmes d'approvisionnement, le marché parallèle de devises et l'inflation - supérieure à 16 %, un record en Amérique latine - reflètent les déséquilibres d'un marché que l'Etat tente de réguler.
"La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, ne fera qu'aggraver la situation", juge l'universitaire José Guerra, promoteur d'un "manifeste des économistes". Les signataires s'inquiètent de "l'économie socialiste" aux contours mal définis que prétend instaurer le nouveau texte, en octroyant de larges pouvoirs à l'exécutif.
L'inquiétude porte sur le moyen terme. Pour le moment, les caisses de l'Etat sont pleines, le secteur de la construction progresse, la consommation explose, le chômage est baisse et la part de l'emploi informel diminue - même s'il concerne encore plus de 40 % des Vénézuéliens. Selon un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la pauvreté a chuté au Venezuela de 31 % au cours des neuf ans du gouvernement Chavez. "Et certains se demandent encore pourquoi Chavez reste populaire", ironise un fonctionnaire de la Cepal.
Cependant, les produits de première nécessité manquent dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement incrimine les spéculateurs. Les producteurs et les importateurs accusent, eux, le contrôle des prix et Mercal, le réseau de distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés.
"Pour ne pas vendre à perte le sucre aux consommateurs, les producteurs préfèrent le vendre à l'industrie agroalimentaire, qui en fera des bonbons ou des boissons gazeuses, dont le prix n'est pas contrôlé", explique l'universitaire Miguel Gonzalez. L'importation de lait n'est plus rentable pour les opérateurs privés et l'Etat peine à prendre la relève. "Les problèmes d'approvisionnement restent sporadiques, mais ils ont le don d'exaspérer les gens, qui y voient le symbole de l'inefficacité et de la corruption qui règne au sein de l'Etat", note M. Gonzalez.
PASSAGE AU "BOLIVAR FORT"
La réforme agraire annoncée par M. Chavez a semé la panique chez les grands propriétaires terriens, sans réussir à réduire la dépendance alimentaire du Venezuela, qui continue d'importer plus de 70 % de ses besoins. L'augmentation des revenus des milieux populaires s'est traduite par une hausse de la consommation de certains produits, comme la viande et le lait. Inquiètes de l'avenir, les classes moyennes préfèrent consommer des voitures ou des dollars, plutôt qu'épargner dans une monnaie dépréciée.
Le passage au "bolivar fort", le 1er janvier - quand la monnaie nationale perdra trois zéros - ne suffit pas à rassurer. Les investisseurs nationaux et étrangers se montrent pour le moins frileux. "La désindustrialisation du pays est dramatique", souligne José Guerra.
Le gouvernement met en avant l'exceptionnelle croissance du secteur non pétrolier, qui, depuis 2004, progresse plus rapidement que le pétrolier, en déclin relatif. Les chavistes y voient un succès de la "révolution bolivarienne", qui s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance pétrolière du pays. Le pétrole représente toujours 27 % du produit intérieur brut, 47 % des recettes de l'Etat et 90 % des exportations.
A en croire Domingo Maza Zavala, qui fut jusqu'à 2006 directeur de la Banque centrale, la contraction du secteur pétrolier hypothèque à terme le développement du pays. Pour financer ses programmes sociaux, le gouvernement puise dans les réserves de l'entreprise publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), qui n'a pas retrouvé le niveau de production antérieur à la grève de 2003 et qui ne réalise pas les investissements nécessaires à son maintien.
Faute d'une politique économique et industrielle cohérente, juge M. Maza Zavala, le Venezuela est aujourd'hui "plus vulnérable, plus instable et plus dépendant du pétrole qu'hier".
M. Ds
lunes, noviembre 26, 2007
AL CIERRE DE LA CAMPAÑA
El referendo constitucional del próximo 2 de Diciembre es un evento electoral; es decir, el referendo se definirá mediante el sufragio. No se ganará mostrando encuestas por la televisión, ni tampoco haciendo llamados a la abstención. La decisión de aprobar o no, la propuesta de reforma constitucional –a pesar del ventajismo gubernamental y de la cuestionada imparcialidad parcialidad del Consejo Nacional Electoral-, dependerá del número de votos contabilizados para cada una de las opciones que rivalizan en la consulta electoral. Por lo tanto, hay que salir a votar.
En una circunstancia electoral como la que vivimos, las posibilidades de victoria de asientan en buena parte en la capacidad de organización y movilización popular que tengan los factores en competencia. El gobierno ha puesto en marcha de nuevo, un gigantesco operativo financiero y propagandístico para mover a su seguidores y a su clientela natural. La oposición hace lo mismo, con muchos menos recursos; pero con una fuerte convicción moral y, esa convicción moral libertaria se convierte en un agregado político importante y, hasta decisivo.
Una derrota de la propuesta oficial no significa la salida ni el fin del gobierno del Presidente Chávez. El actual Presidente de la República continuaría en ejercicio gubernamental hasta el año 2012, cuando le tocaría entregar el poder a un nuevo gobernante surgido de elecciones directas, universales y secretas; de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de 1999 (todo esto después de trece años de gobierno). La derrota de la propuesta oficialista también se traduciría en la relegitimación de las condiciones democráticas vigentes en la actualidad en Venezuela. También implicaría algo fundamental y extremadamente importante, como lo es la restitución del equilibrio democrático perdido en el país en los últimos ocho años. Hay que ir a sufragar.
Una eventual derrota de la oposición en el referendo del 2 de Diciembre tendría por supuesto, amplias repercusiones en la vida de todos los venezolanos y venezolanas. El gobierno ya ha anunciado la implementación de un “tsunami legal” con la aprobación de unas cien leyes aprovechando la habilitación legislativa que le otorgó la Asamblea Nacional y consolidar el nuevo Estado socialista. Sin embargo, aún en este caso la situación no será fácil para el oficialismo. Este deberá entender y asimilar obligatoriamente, que pese a una victoria tendrá frente sí a una considerable porción del país que no votó ni comparte un proyecto basado en la exclusión y en el pensamiento único. En este escenario, la oposición venezolana se hallaría obligada con más razón, a sobreponerse con celeridad y actuar en defensa de los sectores democráticos del país.
La presión que genera la incertidumbre sobre el resultado electoral del próximo 2 de Diciembre se nota en los voceros oficialistas. El discurso gubernamental se ha tornado más agresivo y se ha encasillado en la amenaza y el insulto. Se trata de intimidar a todo aquel venezolano o venezolana que no suscriba o critique el pensamiento, o que evalúe críticamente las ejecutorias gubernamentales. Así, voceros de la iglesia, de los estudiantes, de los periodistas y de los artistas son catalogados de enemigos o de cualquier otro epíteto insultante, con tal de acallar su opinión disidente. ¿Acaso, será este el preludio de la democracia socialista que se nos promete con la reforma?
La oposición venezolana –deslastrándose de alguna manera, de anteriores errores políticos- se ha concentrado en movilizarse por el país explicando la reforma; y además, exigiendo en forma pública y notoria el debido cumplimiento de los mandatos legales vigentes en esa materia. Por ello ha acudido ante las instancias jurisdiccionales competentes para presentar formalmente sus legítimas aspiraciones y reclamos; aunque no se espera que las acciones de carácter legal resulten favorables.
Un elemento adicional –y profundamente crítico- al proceso de consulta electoral viene dado por los nuevos y más recientes tropiezos que ha sufrido el gobierno en el plano internacional. No cabe duda que, con el anunciado congelamiento de las relaciones diplomáticas con España y con los señalamientos al Presidente Uribe y la congelación de las relaciones con Colombia, el gobierno intente matizar las tendencias y el clima electoral que hoy predomina en Venezuela.
El bloque oficialista acude a la consulta electoral dividido y sin tener todas las variables políticas bajo su total control, como en otras ocasiones. Su oportunidad de triunfo se reduce a la identificación de la propuesta de reforma con el liderazgo del Presidente Chávez. Nada más, no tiene otra opción. La entrevista realizada la pasada noche del Domingo 25 de Noviembre (transmitida por canales estatales y la mayoría de emisoras privadas) al presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, es un claro indicativo de la fragilidad conque el gobierno autoevalúa su participación en el referendo.
El bloque opositor (integrado por una diversidad de movimientos sociales independientes, gremios, sindicatos, partidos políticos democráticos y, últimamente por una parte de la disidencia del “chavismo”) asiste al evento comicial un tanto más organizado que en oportunidades anteriores, con objetivos políticos más transparentes y con más entusiasmo. No sabemos si esto será suficiente para que alcance la victoria. De lo que sí tenemos certeza, es que iremos a votar.
jueves, noviembre 22, 2007
EN EL DIARIO "TAL CUAL": CONSEJOS POLICIALES
Carlos Crespo
(16 de noviembre 2007)
"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.
Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.
Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.
Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.
Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.
Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".
(16 de noviembre 2007)
"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.
Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.
Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.
Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.
Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.
Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".
martes, noviembre 20, 2007
LA HORA DEL REFERENDO
El momento del referendo constitucional se aproxima cada vez más; aunque sin una definición clara. El gobierno está consciente de ello y, de sus posibilidades de derrota. Del otro lado, la oposición pareciera que aún no cree en las considerables oportunidades de victoria que ha venido construyendo con tesón y demostrando su fuerza y capacidad de movilización popular. Las cartas están echadas, las cartas están sobre la mesa; y, no hay vuelta atrás.
La aceptación popular de la propuesta de reforma constitucional ha sido precaria. Su autoritarismo originario, la manipulación política impulsada desde la Asamblea Nacional y, la violencia propiciado por el mismo gobierno han signado su rechazo popular. En tal sentido, el oficialismo ha comenzado a mover sus fichas. El Presidente realiza de nuevo, visitas puntuales a determinados estados del país montando su “camioncito rojo”. Y aprovecha para reiterar en forma amenazante que: “votar por el NO es votar contra Chávez”.
Como complemento, la burocracia pública también se mueve buscando apoyos electorales. Para ello ofrece recursos a los consejos comunales o implementa operativos asistenciales en los sectores populares. Un detalle adicional, es la “presión sutil” que ya se ejerce sobre la nómina de empleados públicos -y que alcanzaría el millón doscientos mil de trabajadores-, a los cuales se les recuerda la conveniencia de votar en favor de la propuesta de reforma. En síntesis, se trata de conseguir los votos a como de lugar.
Hay voceros gubernamentales que se han desmedido en su discurso de apoyo al proyecto de reforma constitucional. Y en efecto, la amenaza y la intimidación se incorporaron como argumento frente a las críticas formuladas por la oposición. Expresiones como: “ya sabemos donde están” o “los iremos a buscar por oponerse a la reforma” son los nuevos razonamientos para un oficialismo que carece de respuestas asertivas en la discusión planteada. En realidad, lo que ocurre es que el gobierno siente que perdió el debate sobre la reforma constitucional en el ámbito de la opinión pública. Y esa sensación de la derrota gubernamental se traduce en amenazas, manifestaciones de violencia y represión política. Así de sencillo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una pieza vital en este proceso de referendo. Formalmente es la institución que rige el proceso de consulta. Sin embargo, en Venezuela nadie apuesta por la imparcialidad de ese Consejo Nacional Electoral. Es público y notorio para afectos y desafectos al proceso revolucionario que la conformación del CNE, obedece y responde al proyecto del Gobierno Nacional. Y de hecho, sus últimas actuaciones parecieran más bien dirigidas a silenciar a la oposición que a garantizar la realización de una consulta popular confiable, responsable y transparente. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación ética y moral de expresar en forma pública y notoria (nacional e internacionalmente) que reconocerá los resultados electorales en caso de una victoria del “NO”. En el país nadie duda que ese reconocimiento ocurriría –y con rapidez- si el factor SÍ obtuviera el triunfo. Pero en caso contrario, hay un inmenso océano de incertidumbre. En tal sentido, el tribunal electoral venezolano tiene la obligación ineludible de emitir una declaración donde exprese que reconocerá y avalará una ganancia electoral del bloque del “NO”.
En igual situación, queda ubicado el Gobierno Nacional. Para el país, lo más recomendable sería que las autoridades públicas nacionales – y fundamentalmente el Presidente de la República- emitieran una posición similar; es decir, aquella de reconocer en el caso de que sucediese una victoria de los factores democráticos. Una declaración de este tenor contribuiría a bajar la presión y a reducir las tensiones políticas que se han venido inculcando en los sectores participantes. La situación de la oposición es un tanto diferente. Ella está constituida por movimientos sociales y populares, que no se encuentran incrustados en la institucionalidad pública, ni poseen armas ni tampoco mando de tropas. Y la oposición, por ejemplo, ya reconoció el triunfo electoral del Presidente Chávez el pasado año. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora?
El fenómeno de la abstención sigue vigente. Esta opción política no ha desaparecido. Sólo que en esta oportunidad la abstención afecta las posibilidades de triunfo de los dos factores en disputa. La abstención para los factores sociales que mantienen un apoyo al Gobierno Nacional, podría significar una posibilidad de no romper en forma definitiva este vínculo sin tener que apoyar un proyecto de reforma constitucional que no comparten o al menos no entienden. Además para los sectores populares aún afectos al proceso; así como para todo resto del país, la reforma no resuelve en lo absoluto los problemas de inseguridad, de desabastecimiento, de educación, de salud y de vivienda que conforman una agenda de asuntos pendientes y aún por resolver, después de casi nueve años de gobierno revolucionario.
En la oposición, la propuesta abstencionista ha tenido su fuerza y posicionamiento. De hecho, en otras oportunidades –como en las pasadas elecciones parlamentarias de 2005-, la tesis abstencionista se impuso finalmente y la oposición no concurrió a tal proceso, cediendo la totalidad de los espacios parlamentarios al oficialismo revolucionario. En realidad y de cara al proceso refrendario del 2 de Diciembre, la propuesta abstencionista ha venido perdiendo alguna relevancia política en el seno de la oposición venezolana.
Un elemento crucial en el desarrollo de esta nueva medición de fuerzas será la capacidad de organización popular y de movilización de votantes que, efectivamente tengan los dos bloques enfrentados. Vamos hacia un nuevo estadio de la polarización en esta Venezuela del siglo XXI que no se resolverá con el referendo consultivo del 2 de Diciembre. Y es que por los vientos que soplan, la democracia no se perderá tan fácilmente.
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