PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MUNICIPIO

La gestión institucional del municipio está ligada -de manera directa-, a la participación ciudadana. Valga la pena recordar que, la participación del pueblo en la formación, gestión y control de los asuntos públicos se encuentra contemplada como un derecho en la Constitución Nacional vigente, en su artículo 62. También que, el 37% de los artículos de nuestra Carta Magna se refiere a los derechos de los ciudadanos a participar en la gestión pública en sus distintos sectores y mediante una diversidad de formas.

Siguiendo con el marco legal, cabe mencionar que el 40% de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), que rige a los municipios está centrado en el tema de la participación, que incluyen medios y procedimientos específicos dirigidos a garantizar la participación del pueblo en el gobierno local.  La misma LOPPM contiene un artículo referido a la descentralización de programas y servicios hacia comunidades y grupos vecinales organizados. La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública establece a estas instancias, como centros para el protagonismo ciudadano.

En tal sentido, la participación es un asunto que atraviesa la gestión de los asuntos públicos locales. Así, la participación se ejerce en cada una de las cuatro funciones básicas en que se haya dividido el poder municipal: ejecutiva, legislativa, contralora y de planificación. Veamos.

En la función ejecutiva; por ejemplo, vecinos y comunidades pueden ejecutar programas educativos, culturales, deportivos y sociales, mediante la firma de convenios de gestión establecidos con las alcaldías. Las comunidades y vecinos tienen derecho a presentar propuestas de ordenanzas o de reforma de las mismas, ante el Concejo Municipal. También en la función contralora los ciudadanos tienen derecho a participar, proponiendo candidatos al cargo del contralor municipal (cuando corresponda elegirlo) y, por supuesto, los vecinos tienen el derecho de ejercer la contraloría social. Por último, la función de planificación es ejercida de manera corresponsable entre el alcalde y los vecinos; por medio del Consejo Local de Planificación Pública para construir con la participación de todos los sectores, el municipio que se desea.

ENTREVISTA CLAUDIA CURIEL LEIDENZ, ECONOMISTA

"El acorralamiento es la única forma de imponer las comunas"

"En un proceso de transición se crearon las condiciones para la dominación por la vía del centralismo " "La idea es formar un ciudadano sin iniciativa, sin espíritu crítico y dependiente del Estado"

Para Claudia Curiel la tesis de un poder que viene de abajo hacia arriba es una "auténtica venta de fantasía", porque está ocurriendo lo contrario EDSAU OLIVARES

 

ROBERTO GIUSTI , CLAUDIA CURIEL LEIDENZ , ECONOMISTA |  EL UNIVERSAL

domingo 29 de septiembre de 2013  12:00 AM

Para Claudia Curiel Leidenz la progresiva intromisión del Estado en todos los órdenes de la vida y hasta en los más íntimos pliegues de la vida individual, sigue siendo un objetivo que traspasa los ámbitos político, social, económico.

Economista, con posgrado en Políticas Públicas (Iesa) y cursando un doctorado en Ciencias Políticas, considera la eventual imposición del régimen comunal apenas como un componente más de una intentona neototalitaria, aun cuando no acudiera a ese término durante una larga conversación: "El tema no son las comunas porque estas son parte de un rompecabezas más amplio. Hay piezas fundacionales ya instaladas en la sociedad que si derivan en comunas o en otras formas de organización político-territorial, será por cuestión de decisiones políticas y de condiciones que pudieran darse. Pero en Venezuela la microestructura de poder cambió sustantivamente.

-¿Por qué hablas de "microestructura"?

-Microestructura de poder porque rigen lo cotidiano y las relaciones entre particulares. Hay ya unos referentes instalados, quizás tan pequeños, que es difícil apreciarlos en conjunto, porque lo que se espera son fenómenos gruesos.

-¿Estamos hablando de cambios de valores?

-De valores, de instituciones, de figuras, de autoridad en los territorios, de las relaciones de lo sujetos con el Estado y entre ellos como ciudadanos.

-¿Cómo se expresan esos cambios?

-En el pasado reciente encontramos expresiones cuya misión era resolver problemas de las comunidades, tales como las mesas técnicas o los comités de tierra urbana. Cuando llegan los consejos comunales esas expresiones, con diversos grados de desarrollo, son arropadas por la cobija del denominado "poder popular". Hasta entonces la tramitación de los problemas corría por cuenta de ese conjunto de factores. Ahora esa tramitación se hace a través de un alcalde, pero también se puede gestionar por medio de las "salas de batalla social", en donde hay o no un partido. Pero que venga la Comuna a establecerse significa que estoy eligiendo una forma de organización político territorial que ya tenía antecedentes.

-¿No forma parte esa estrategia de un proceso dirigido a la dominación?

-Cuando el expresidente Chávez introdujo el tema de las comunas lo veía como una construcción de abajo hacia arriba. Procesos de participación popular que formaban unas primeras organizaciones de base (consejos comunales). Luego eso produciría agregaciones territoriales por intereses comunes y a partir de ahí nacerían las comunas: la posibilidad de que, asambleariamente, la gente se ponga de acuerdo sobre temas de su interés. Pero pronto se dieron cuenta de que tal camino era larguísimo, y eso lo recogió el discurso de un presidente que hablaba de comunas como expresión del socialismo. Se empezó, entonces, a reconocer en público que aún no había conciencia para ese cambio social y se creó el aparato para apuntalar el proceso.

-¿O para controlarlo?

-Porque ya no se trataba de aquel modelo ideológico, si efectivamente existió. Por eso hablo de un "artificio de división político administrativa" nueva que va a administrar y coordinar la existencia de muchas organizaciones.

-¿No dice la historia que los presuntos deseos de crear un poder de abajo hacia arriba, fracasan y ocurre lo contrario: un control que viene de arriba hacia abajo?

-Se está haciendo de arriba hacia abajo con un creciente centralismo. El problema es que Venezuela, en realidad, no está constituida por una sociedad que mantiene un hiperestado inmenso, sino que mantiene dos hiperestados: el tradicional y el paralelo, al cual hay que financiar y soportar. Tenemos así dos hiperestados centralistas que se pretenden gobernar desde una sola cabeza.

-En los países donde se han aplicado modalidades de este sistema, existen condiciones mínimas para el control social y político. Una vez derribado el viejo orden se creó uno nuevo desde el cual se implantó una forma de dominación. ¿Crees que en Venezuela ya se ha consolidado ese nuevo orden lo suficiente como para sustituir al viejo estado tradicional?

-La agenda consiste en esa sustitución, pero de manera progresiva. No se derribó el viejo orden para crear el nuevo, sino que quiso crear el nuevo, trabajando sobre el viejo. Ese proceso de transición ocupó muchos esfuerzos en crear condiciones de control y dominación vía el centralismo y la dependencia del Estado, sumándole todas instancias instaladas en la vida menuda de la gente. En ese esquema empiezas a sustituir un orden por el otro

-Pero, en el ínterin, ¿no se crea caos, anarquía, inestabilidad, ingobernabilidad?

-Por supuesto, y fricción.

-¿Y eso no puede producir un resultado radicalmente distinto al que se persigue?

-Así es. Al final hay un problema de valores y de educación porque le estás diciendo a los ciudadanos que la mejor manera de vivir que puedes tener la elijo yo, que sé, más que tú, que te conviene. Y cuando eso ocurre te estoy diciendo que careces de autonomía porque ni siquiera sabes lo que es mejor para ti y por eso dependes de mí. Pero más allá de que eso termine en un esquema de planificación, estás formando ciudadanos con una estructura de dependencia y valores muy distintos a la progresista, a la de competir por el mérito y lograr metas en la vida. Porque lo que plantea ese nuevo orden es la suprema felicidad y yo te avisaré cuando seremos felices.

-Cuando esos modelos se aplicaron en otros países buena parte de la sociedad los apoyaba, pero en Venezuela, donde hay polarización, ¿cómo se le impone a más de la mitad de la población algo que rechaza?

-Ese es el problema. La única opción es imponerla. El tema es dramático porque la fuerza no implica, necesariamente, el uso de la violencia por parte de quienes legalmente administran la fuerza. Aquí voy acorralándote en tus derechos. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando te digo, a ti, empresario, que no puedes importar todos los insumos que necesitas y terminas fabricando, en vez de los veinte planificados, apenas dos de los productos que seguramente no satisfagan la necesidad del consumidor.

-¿No es por la resistencia que no han logrado plenamente su objetivo?

-Cierto. Luego de asomar los visos colectivistas, que desdibujaban la propiedad, en la fallida reforma constitucional, intentaron esos cambios por vías más lentas. La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, las denominadas leyes de estado comunal (el proyecto para la Economía Popular y el de Participación Popular, que luego cambiaron de nombre), consagrando la propiedad social sobre los medios de producción, una categoría marxista. Pero cuando los proyectos salen en el 2010 no se adopta esa definición y se establece otras definiciones de propiedad.

-Si no fue posible bajo un mandato tan férreo como el de Chávez, ¿será posible aplicarlas con un gobierno tan débil como el de Maduro?

-Es mucho menos probable porque ya desapareció del discurso político. Aquello del legado de Chávez ya no hace conexión. Entonces tratas de llenar el espacio de la oferta de proyectos-país que Chávez ocupaba a diario, con mensajes que probablemente no llegan. Cuando la gente reclama la solución de sus problemas (inseguridad, desabastecimiento, inflación) sabe que esto no se logrará con la formación de unas comunas que no los resuelven.

-Originalmente se planteó la existencia, para el 2019, de tres mil comunas con 21 millones de venezolanos integrados a ellas. Igualmente se anunciaba la creación de 30 mil empresas de propiedad social, 3 mil consejo de economía comunal, tres mil bancos comunales, 43 mil comités de economía comunal y la sustitución del sistema de producción capitalista por uno comunal. ¿No luce esto como una quimera?

-Lo es. Ese es el tipo de soluciones que la sociedad no entendería como la panacea para una mejor calidad de vida. Para que esas miles de instancias funcionen necesitas mucha gente trabajando mucho y con gran convicción, Y si eso no es así estamos hablando de una imposición porque "yo lo digo y porque tengo el poder". Se está planteando un arrinconamiento para imponerlo. La atomización del poder es una venta de fantasía porque todas las decisiones y los mecanismos de asignación de recursos estarían en el pode central.

MUD enfrentará modelo comunal con participación ciudadana

ÁLEX VÁSQUEZ S. YAMIS J. URBANO VALENCIA 25 de septiembre 2013 - 12:01 am

La Mesa de la Unidad Democrática presentó los lineamientos para la gestión municipal de sus candidatos a alcaldes, un documento que servirá de guía para las gestiones locales y que lo desarrollaron 160 especialistas, distribuidos en 27 equipos técnicos por área. El texto aborda la participación ciudadana, la seguridad, el desarrollo urbano, la educación, la cultura y el desarrollo económico local, entre otros ámbitos.

La lucha central de la MUD, explicó su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo, será por el respeto al Estado federal descentralizado como único modelo para que los ciudadanos influyan en la toma de decisiones de sus localidades. Los técnicos de la alianza rechazan el modelo centralista que propone el Gobierno y el cual busca legitimar a través de las comunas.

La Mesa se propone organizar a los ciudadanos para enfrentar el modelo de Estado comunal.
Miguel González, encargado de presentar los lineamientos de participación ciudadana, destacó la importancia de las mujeres en la lucha, ya que en muchos casos representan hasta 90% de los asistentes en actividades comunitarias. Afirmó que por ello es esencial incluirlas en la campaña.
González admitió que el modelo comunal propuesto por el Gobierno ha avanzado por el rechazo a gestiones deficitarias: “La democracia está amenazada. Estamos sentenciados a gobernar con inclusión y participación. Invito a asumir un debate en defensa de la democracia y a dar ejemplo con nuestra gestión”, añadió. Aveledo aseguró que el Gobierno tiene intención de disolver los municipios porque quiere quitarle importancia a todo lo que sea electo por el pueblo.

Las metas. El coordinador del área de descentralización de la MUD, Carlos Mascareño, explicó que los lineamientos persiguen cuatro objetivos. Uno, implantar un discurso de defensa del municipio. Dos, presentar contendidos de acción para la gestión municipal en un documento paraguas, que agrupe la idea del municipio que se quiere. Tres, analizar los temas transversales de gestión, como el desarrollo urbano, económico, social y la seguridad. Y cuatro, mostrar casos exitosos de gestión, como el presupuesto participativo en Sucre y el funcionamiento de Cultura Chacao, ambos en Miranda, o la gestión de la Alcaldía de San Diego, en Carabobo.

Mascareño fue claro: dijo que para alcanzar esas metas hay que conseguir el dinero necesario. Para ello presentarán una estrategia económica local que busca evitar que los alcaldes sean simples recaudadores pasivos.

Agregó que la idea es que cada alcalde incorpore agentes productivos, cree agencias de desarrollo local que incluya a empresarios, universidades y redes de economía social y cooperativa, y construya una agenda productiva basada en la innovación, el emprendimiento, el conocimiento y un banco de proyecto de las comunidades. Una propuesta que estudiará la Mesa es la creación de una red nacional de municipios productivos.

El secretario ejecutivo adjunto de la MUD, Marino González, informó que  iniciarán unas jornadas de discusión de los lineamientos y brindarán asesorías a lo candidatos: “Ahora empieza la etapa de comunicación política”.

Denuncia.  El subsecretario general de AD, Luis Aquiles Moreno, y el abogado Jesús María Casal interpusieron un recurso contencioso electoral en contra del Consejo Nacional Electoral y la ilegal modificación del registro electoral correspondiente a las elecciones municipales convocadas para el 8 de diciembre de 2013. Para el grupo de la MUD resulta sorprendente que al ser publicadas las listas del registro electoral se evidencian migraciones a favor de los candidatos del chavismo. “Si el órgano electoral quiere demostrar confianza al pueblo, debe ser transparente como le corresponde”, expresó Casal.

Organización
Henrique Capriles Radonski opinó que los candidatos a alcaldías de la MUD deben fortalecer su organización con visitas a las comunidades y con actividades casa por casa. En su programa semanal Venezuela somos todos el gobernador de Miranda se reunió con los candidatos a las alcaldías de la región de Barlovento, a quienes les aseguró que el 8D es el primer paso para consolidar un cambio. “Si la energía la llevamos a la organización popular, podremos alcanzar una salida democrática”, aseguró.

Proyecto de ley de Ordenación y Gestión del Territorio: Autonomía municipal y participación ciudadana están en riesgo

La Asamblea Nacional se ha propuesto aprobar el proyecto de ley orgánica de ordenación y gestión del territorio antes de que termine el año. En su exposición de motivos, el instrumento jurídico deja claro que su objetivo es “conducir la política pública hacia la construcción del espacio geográfico socialista”.
Ese espacio no son los estados, los municipios ni las parroquias, sino que está estructurado y organizado “en torno a los ejes de desarrollo territorial, las regiones funcionales, los sistemas urbano rurales, las unidades de gestión territorial político administrativa y las áreas bajo régimen de administración especial”.
Indica expresamente el uso de la ley para levantar una nueva institucionalidad, en la que  la participación ciudadana se vuelca en el ejercicio del poder comunal como instancia de gestión pública, en tanto que y las instancias del Estado, gobernaciones y alcaldías están obligadas a reproducir los lineamientos del modelo de desarrollo nacional.
Confunde y reinarás. El presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Municipal, Leandro Pereira, aseguró que el proyecto, lejos de promover una perspectiva ecológica y de desarrollo para el aprovechamiento de los recursos, pretende cercenar la autonomía de los concejos municipales.
Afirmó ue el instrumento viene a nutrir el sinnúmero de leyes, decretos, resoluciones, ministerios, organismos y direcciones creadas por el gobierno de Chávez y continuadas por Maduro con el fin de confundir a la ciudadanía y debilitar la descentralización.
Indicó que tal intención está plasmada en el artículo 112,  que supedita la viabilidad de los planes de ordenamiento a su aprobación unánime por parte de los integrantes de una instancia, creada por la misma ley, denominada comisión municipal de ordenación territorial.
“La propuesta de ley contraviene el principio de la autonomía municipal, según el cual el plan de desarrollo urbano local es competencia de las alcaldías y concejos municipales, en consonancia con los habitantes del municipio”, dijo.
El concejal aseguró que el proyecto da un protagonismo exacerbado al Ejecutivo y deja de lado la participación de los concejos municipales.
El artículo 19 establece que el presidente de la República designará una autoridad regional y el 35 indica que la comisión municipal para la ordenación del territorio estará integrada por el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, las corporaciones de desarrollo regional y representantes de siete ministerios: Ambiente, Defensa, Agricultura y Tierras, Industrias Básicas y Minería, Infraestructura y de Energía y Petróleo.
“Yo me pregunto: ¿qué opinión podría tener el Ministerio de Energía o el de Minería en el plan de ordenamiento urbano de El Hatillo? De acuerdo con el artículo 112, si estos funcionarios no avalan el plan no se puede aprobar. Es grave, porque si el funcionario opina sin conocer la realidad de los hatillanos, si lo hace por interés o lo hace por instrucción del Gobierno aun en contravía de lo que requiere el municipio, quienes se verán afectados son sus habitantes”, advirtió.
Participación condicionada
La economista Alicia Sepúlveda, del Observatorio Económico Legislativo de Cedice, advierte que el instrumento representa un peligro para el derecho a la propiedad privada, contraviene la descentralización e impulsa el Estado comunal.
“No respeta la propiedad privada de la tierra al establecer pocos incentivos y precarias garantías de indemnización; atribuye casi todas las potestades, competencias y decisiones últimas al poder nacional; y no establece cauces adecuados para la libre y plural participación ciudadana, pues condiciona esa participación a formar parte de alguna instancia del Estado comunal”.
Los artículos 40 al 46 condicionan la participación ciudadana. “Esta sólo se logra a través de las instancias del Estado comunal, como los consejos comunales y del representante comunitario territorial”. Ese representante se elige en el seno de los consejos comunales en asambleas ciudadanas y no por la vía del voto secreto, universal y directo consagrado en la Constitución.
La analista criticó que la ley parta del principio de una mejor distribución de las riquezas existentes en beneficio de las regiones menos favorecidas, en lugar de promover la creación de riqueza.
Más burocracia
Los artículos 131 al 144 del proyecto de ley de ordenación y gestión del territorio establecen un complejo sistema de control administrativo sobre la ocupación del territorio. Son más de 10 autoridades (nacionales, estadales, regionales, municipales, locales, rurales, etc.) distintas para ejercer el control del cumplimiento de los planes.
Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Legislativo de Cedice, afirmó que todo ese entramado de instancias complicará el acceso a recursos y la ejecución de los mismos planes. “Todo esto supone contar con autorizaciones, inspecciones y certificaciones otorgadas por cada una de las autoridades mencionadas, lo que implicará un aumento de los costos y de los riesgos de sanciones para los particulares, debido a lo complejo que resultará en cada caso estar al día con todo ese sistema de control”.
El Dato
El proyecto fue aprobado en primera discusión en noviembre de 2008. El 12 de agosto y 14 de agosto de este año se realizó la consulta pública.
Maru Morales

67% de los candidatos no pertenecen al GPP ni a la MUD

ELECCIONES 2013 | 1.294 aspirantes a alcaldes son disidentes

En las elecciones municipales previstas el 8 de diciembre próximo, según el balance general anunciado tardíamente por el CNE, competirán 16.088 candidatos para el total de 2.972 cargos a elegir. La cantidad de aspirantes postulados entre la Mesa de la Unidad y el Gran Polo Patriótico se estima en 5.584, por lo cual 67% de los admitidos no cuentan con el aval de los dos bloques políticos.

En diciembre deben elegirse 335 alcaldes de municipios (Archivo)

sábado 31 de agosto de 2013  12:00 AM

Los candidatos disidentes del Gran Polo Patriótico (GPP) y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) abultan el listado definitivo de aspirantes a las elecciones municipales convocadas para el 8 de diciembre.

Según el balance general anunciado -con 14 días de retraso- por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios locales se medirán 16.088 candidatos.

En diciembre deben elegirse 335 alcaldes de municipios, 1.680 concejales nominales (por nombre y apellido), 69 representantes indígenas antes los concejos municipales (por nombre y apellido), 686 concejales tipo lista (electos votando por la tarjeta de un partido político), el Alcalde Metropolitano de Caracas, el Alcalde Distrital del Alto Apure y 20 concejales distritales.

Considerando que el total de cargos a elegir es de 2.972 y la cantidad de aspirantes postulados entre el GPP y la MUD debería ser de, al menos, de 5.584 aspirantes. ¿Quién postula a los 10.504 candidatos restantes?

La interrogante aún no tiene una respuesta concreta. A la fecha el CNE solo ha ofrecido un balance general de las candidaturas admitidas, pero sin discriminarlas por municipios o por organización política. Sin esta información resulta imposible precisar la cantidad de candidaturas disidentes del GPP y cuántas corresponden a divisiones en la alianza de los partidos de la MUD.

No obstante, el balance general si permite indicar que 67% de los aspirantes admitidos por el CNE no cuentan con el aval de los organizaciones políticas que integran a la MUD como tampoco reciben apoyo de los partidos que forman parte de la alianza chavista.

Candidaturitis

El número de candidaturas para alcaldes y concejales nominales refleja una inusual presencia de aspirantes a cargos -especialmente de cuerpos colegiados- cuya elección está asociada a la presencia o no del candidato en el bloque que obtenga la mayoría de los votos. A partir del año 2009 con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se impuso en el país un sistema electoral que sobre representa a las mayorías en detrimento de los grupos minoritarios, aunque la minoría sea equivalente a 49% del electorado. Por esta razón cualquier candidatura a cuerpos colegiados (en este caso concejos municipales) que esté por fuera de los dos grandes bloques políticos del país tiene pocas opciones de resultar triunfadora.

A falta de datos precisos de ámbito municipal se puede indicar que el promedio de aspirantes a alcaldes es de prácticamente seis candidatos por cada municipio del país.

En total para los comicios del 8 de diciembre el CNE admitió 1.964 candidaturas para burgomaestre. Considerando que los partidos que integran a la MUD presentaron 335 candidatos e igual cantidad inscribieron las organizaciones del GPP, existen 1.294 aspirantes (65,8%) que se presentarán a la contienda electoral sin el apoyo de los principales partidos del país.

¿Son candidaturas por iniciativa propia?. Imposible responder a esta interrogante mientras el organismo comicial no ofrezca datos más precisos sobre los aspirantes admitidos.

En la infografía anexa se puede detallar la cantidad de candidatos por estado resaltan, por citar algunos ejemplos, que en Táchira, en donde se elegirán 29 alcaldes (es el estado con más municipios en el país) se admitieron 161 candidaturas.

En Zulia, estado que está dividido en 21 municipios, competirán por el control local 142 candidatos, mientras en el estado Miranda, que también consta de 21 municipios, el CNE admitió las postulaciones de 150 aspirantes.

El caso de la Alcaldía Metropolitano (formada por el Distrito Capital y los municipios mirandinos de El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre) es un buen reflejo de la excesiva cantidad de aspirantes. Según el reporte del CNE por este cargo compiten 11 candidatos.

En los concejos municipales se experimenta un fenómeno similar. El 8 de diciembre deben escogerse 1.680 concejales nominales (por nombre y apellido) y el organismo comicial admitió 10.090 candidatos, lo que significa que 6.730 aspirantes a integrar las cámaras municipales de los 335 municipios del país acudirán a la elección sin contar con el respaldo de la MD o del GPP. Como sucede en el caso de los alcaldes, la falta de información pública hace imposible precisar la cantidad de aspirantes por iniciativa propia al cargo de concejales.

UNIDAD: “Sigue en marcha el desmantelamiento de la estructura federal del Estado y la adulteración de la descentralización”

El abogado Jesús María Casal, coordinador del Área de Institucionalidad Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que la reciente Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.229, del 15 de agosto de 2013, confirma el proceso de reducción de las competencias y recursos de los Estados y de los Municipios que se adelanta desde el poder central.

Para Casal se están siguiendo las orientaciones del Decreto Ley de carácter Orgánico para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, entre otros instrumentos normativos del Estado comunal centralizado; con el objetivo de que dicha reforma parcial, apuntale la transferencia de competencias de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del Poder Popular y, en especial, el control del gobierno sobre ese traspaso de competencias, a través del Vicepresidente Ejecutivo, quien ejerce la Coordinación de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Todo esto en virtud de la creación de una “Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular”, encargada principalmente de “Coordinar y consensuar el proceso de transferencia de los servicios, actividades, bienes y recursos públicos de los Órganos y Entes del Poder Público a las Organizaciones de Base de Poder Popular…”, (art. 27, num. 1, del nuevo Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial).

“Esta Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular, adscrita a una Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, no está facultada para imponer tales transferencias, pero su creación refuerza el papel que el Decreto Ley antes mencionado otorgó a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno en la toma de decisiones relacionadas con la transferencia de competencias, recursos o servicios de los Estados o Municipios a organizaciones del Poder Popular, lo cual es contrario a la Constitución. Ni siquiera la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que contiene, por razones que no es preciso examinar ahora, varias normas constitucionales, permite a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno asumir esa función”, puntualizó el coordinador.

Por su parte, Carlos Mascareño, coordinador del Área de Estado Federal y Descentralización de la Unidad agregó que detrás del supuesto empoderamiento popular que estas normas propugnarían se encuentra, en realidad, la voluntad de someter la participación ciudadana a los dictados del gobierno nacional y de un pensamiento único y de disolver los espacios de autonomía democrática y de descentralización que los Estados y Municipios representan.

Dictan la Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del CFG

En Gaceta Oficial

16 agosto 2013 

En esta reforma fueron modificados los artículos 3, 5, 6, 22, 37, 48 y 49; e incorporados los artículos 27 y 56 señala la resolución. “Se suprimen los artículos denominados 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58”, detalla la norma

 

Mediante resolución, fue dictada la Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno (CFG), a través de la cual fueron modificados, suprimidos e incorporados artículos dentro de esa normativa.

Así lo establece la resolución N° 030 emitida por el CFG publicada en la Gaceta Oficial N° 40.229, con fecha del 15 de agosto de 2013, que circula este viernes.

En esta reforma fueron modificados los artículos 3, 5, 6, 22, 37, 48 y 49;  e incorporados los artículos 27 y 56 señala la resolución.

En ese sentido, el artículo N° 3 indica que la Secretaría del CFG contará con una Unidad Administradora Central constituida por el personal necesario para ejecutar las funciones administrativas, presupuestarias y de recursos humanos inherentes al órgano. Así mismo, señala que la jefatura de esa Unidad Administradora Central será llevada a cabo por el director o directora del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

El artículo N° 5 especifica que el FCI  y el Comité Técnico de Evaluación será dirigido por un director o directora ejecutiva y detalla sus funciones. El artículo N° 6 se refiere a que las acciones del Directo o directora ejecutiva deberán estar acompañadas por el Gerente General y expresa además sus funciones.

EL artículo N° 22 detalla las competencias de la Gerencia de Políticas y Planificación Estratégica, resalta la resolución.

El artículo N° 37 pasa a denominarse artículo N° 38 y quedó redactado así: “El Fondo de Compensación Interterritorial contará con una Oficina de Atención Ciudadana, con rango de Gerencia Adscrita a la Dirección Ejecutiva”. Además el artículo establece las funciones de la referida oficina.

El artículo N° 48 pasa a denominarse artículo N° 49 donde se especifica que el Coordinador de la Secretaría del CFG y el Gerente son cargos de alto nivel y por lo tanto de libre nombramiento y remoción.

El artículo N° 49 pasa a denominarse artículo N°50 donde se detallan los cargos de confianza, los cuales son de libre nombramiento y remoción de la Secretaría del CFG y del FCI.

SE incorpora al reglamento el artículo N° 27 que determina las “competencias de la Coordinación de Transferencia  de Competencias al Poder Popular”.

“Se suprimen los artículos denominados 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ya que su contenido forma parte de la Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno publicado el 17 de mayo de 2012”, detalla la norma.

La propuesta municipal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

COMPROMISO CON  UNA GESTIÓN MUNICIPAL

PARA EL PUEBLO Y EL PROGRESO

BASES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El Municipio venezolano es la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica, autonomía y con un gobierno democrático. Su fortalecimiento es un mandato de la Constitución, la cual impone, en su artículo 4°, el desarrollo del Estado Federal y Descentralizado.

El Municipio debe ser un espacio para el progreso, en el cual  el Alcalde y el Concejo Municipal sean promotores  de  soluciones a los problemas del pueblo, sobre todo de los más necesitados, a través de la organización para el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades.

El Municipio representa el autogobierno y la soberanía popular de los vecinos. En su jurisdicción, el Alcalde, como principal figura ejecutiva local, es quien da la cara a la población que espera respuestas efectivas a sus demandas. Pero también los Concejales poseen un rol transcendental en los destinos del municipio, puesto que ellos están llamados a contribuir con la construcción de una base jurídica que regule y promueva la convivencia vecinal y el desarrollo integral del Municipio.  Una buena gestión ejecutiva y legislativa es  el soporte de una nueva institucionalidad democrática local.

El actual gobierno nacional le ha quitado a nuestros Municipios los recursos que son de la gente y las potestades que por Constitución les son propias, limitando severamente la prestación de buenos servicios públicos e impidiendo la solución de los problemas. A ello se une la eliminación de la elección de las Juntas Parroquiales y el control centralista de la organización comunitaria y de la participación ciudadana.

La arremetida contra el Municipio se inscribe dentro del proyecto del Estado Comunal caracterizado por su centralismo y autoritarismo, contrario al derecho de la gente a elegir libremente a sus autoridades locales. Este modelo antidemocrático  pretende entregar la autoridad política en las comunidades a personas que no han sido electas mediante votación universal, directa y secreta, con la garantía del Poder Electoral. Con la imposición de las Leyes del Poder Popular se intenta restringir la libre participación ciudadana y eliminar la unidad política primaria que es el Municipio. El Municipio debe ser el espacio institucional para potenciar el verdadero poder y protagonismo popular, libre de sujeciones al Ejecutivo Nacional y a una ideología única.

Por ello, Venezuela  requiere un cambio radical en esta materia. Un cambio que asuma la autonomía del Municipio, y la relevancia y majestad de la figura ejecutiva y legislativa municipal, indispensables para abordar con propiedad los asuntos de la vida en comunidad. Ello demanda Alcaldes y Concejales que ejecuten con propiedad las competencias que la Constitución le asigna al Municipio, a la vez que ellos sean conocedores de la dinámica social y económica de su Municipio, para así planificar y gestionar con certeza las soluciones que los habitantes  de sus localidades esperan.

Venezuela demanda una gestión municipal que se ocupe con responsabilidad de  las comunidades y personas, en especial de los más débiles y desamparados. Que se ocupe tanto de la planificación y solución de los problemas de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas, como de los pequeños centros poblados y zonas rurales, cuyos habitantes sólo tienen posibilidad de ser escuchados por un Alcalde o un Concejal.

Por lo antes expuesto, los hombres y mujeres, candidatos a Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática,  se comprometen ante el país a rescatar y defender un Municipio democrático,  que enfrente los problemas de la gente. Para ello, será necesaria una gestión guiada por los siguientes principios:

. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y de los programas sociales dirigidos a la población más pobre y vulnerable del Municipio, gestionando con propiedad las competencias y, así, dejar de ser simples administradores de programas nacionales. Es el camino para construir un Municipio para la convivencia, la participación y el progreso.

. Ejercer un gobierno y una legislación basados en la participación, cercanía e inclusión de los vecinos, consejos comunales y demás organizaciones sociales del Municipio, para la solución de los problemas, en especial de los más pobres, liderando y promoviendo el ejercicio de  la seguridad, la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana.

. Promover el desarrollo económico local como vía para el emprendimiento, la creación de empleos de calidad y la economía social, pilares fundamentales para generar ingresos para el Municipio e impulsar  el progreso de la gente.

. Conducir una gestión basada en la defensa y el eficiente manejo de los recursos fiscales, la generación de recursos propios, la transparencia y la rendición de cuentas como guía para la promoción de la confianza entre el gobierno municipal y los habitantes.

. Desarrollar la institucionalidad municipal a través  de las mejores relaciones de cooperación con los  niveles de gobierno estadales y nacional.

CONSTRUIREMOS UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL

La Unidad Democrática y sus candidatos a Alcaldes y Concejales serán protagonistas del cambio democrático que se asoma en Venezuela. Acudimos ante el país para comprometernos con el desarrollo de un Municipio para el progreso de la gente. Con nuestro liderazgo, orientaremos los esfuerzos a la consolidación de ciudades y pequeñas poblaciones, parroquias, barrios y caseríos, para que sean espacios de convivencia ciudadana. Lo haremos con la legitimidad que nos confiere nuestro carácter de electos, y la legalidad y autonomía que tiene el Municipio en la gestión y desarrollo de sus competencias.

Nuestra gestión municipal, ejecutiva y legislativa, estará orientada hacia el impulso y desarrollo de una gestión que beneficie a todos los ciudadanos y en particular a los más vulnerables. De esta manera, nuestros Alcaldes y Concejales trabajarán orientados por un modelo de gestión soportado en tres ejes centrales: el bienestar de la población; el emprendimiento, y el empoderamiento del individuo,  la ciudadanía y la generación de confianza social.

PRIMER EJE: EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD PARA TODOS

La mayoría de los servicios públicos necesarios para la vida pueden prestarse en el Municipio. Para ello es imprescindible respetar su autonomía política y financiera.

La atención primaria en salud y la educación preescolar y básica; la recolección de la basura; la distribución de agua y el servicio de cloacas; la movilidad y el transporte; la distribución de alimentos; la vivienda; los espacios públicos y áreas verdes, la cultura y el deporte, la formación de recursos humanos, la seguridad vecinal y la lucha contra la violencia, entre otros, son servicios que deben ser manejados por el Municipio, en cooperación con los gobiernos estadales y nacional, y con la presencia de la población organizada.

Por ello, los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática promoverán comunidades exitosas con calidad urbana y valorización de los espacios públicos, a través del mejoramiento continuo de los servicios. Con este propósito incorporarán, sin exclusión, a los vecinos, consejos comunales, organizaciones sociales de base, gremios, universidades y organizaciones económicas del  Municipio a la planificación, gestión y control de los mismos. De eso se trata el progreso de la gente.

La planificación del desarrollo social y económico municipal representará un instrumento ineludible en nuestra gestión. Es un mandato legal. El sistema de planes previstos en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística señala las directrices del crecimiento y desarrollo urbano y territorial de manera organizada. Los planes de ordenación urbana, POU, los planes de desarrollo urbano local, PDUL, y los planes especiales, PE, son instrumentos para el mejoramiento de las ciudades y los servicios  con el que todo municipio debe contar.

Las ciudades de hoy, para ser exitosas, exigen la incorporación de innovación y conocimientos. Para ello, será indispensable contar con servidores públicos calificados para producir iniciativas distintas y eficientes en la administración y prestación de los servicios públicos locales. Ello supone la profesionalización de la administración municipal que rescate y promueva el mérito por encima del clientelismo. Es un compromiso vital para los candidatos de la Unidad Democrática.

El Presupuesto Participativo como instrumento de incidencia en las decisiones  municipales será incorporado por nuestros Alcaldes y Concejales a la gestión de los servicios municipales, como medio que facilita la participación de los ciudadanos en la asignación de los recursos para el mejor funcionamiento de los servicios públicos.

Se dará especial atención a los factores ambientales, manejo de áreas verdes, fuentes de agua, salubridad y limpieza, el control de las zonas de riesgo y  la contaminación sónica y del aire, para garantizar un mejor ambiente  y un hábitat vivible para nuestra gente.

La gestión de las Áreas Metropolitanas será una prioridad. En ellas viven las dos terceras partes de la población de Venezuela. Administrarlas con eficacia exige una visión moderna, innovadora,  donde organizaciones sociales, actores públicos y privados, gremios y universidades, puedan concertar planes y estrategias para el desarrollo. Será necesario rescatar la administración de las mancomunidades, como mecanismo para prestar mejores servicios.

No podemos olvidar, finalmente, que la mayoría de los municipios venezolanos están conformados por pequeñas poblaciones, muchas de ellas rurales, en donde los servicios públicos no cuentan con los niveles de calidad requeridos. Estas ciudades y pueblos serán objeto de una especial atención, adaptando las formas de gobierno al tamaño de sus necesidades.

GARANTÍZAR LOS DERECHOS DE FAMILIAS  E  INDIVIDUOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Alcaldía y el Concejo Municipal son las instancias del Estado más cercanas a la población. Sólo desde allí es posible conocer y abordar los problemas individuales y familiares de sus habitantes. El Municipio es la unidad territorial privilegiada para ejecutar las políticas sociales y la atención a las familias e individuos más vulnerables.

Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática garantizarán un nivel de desarrollo social basado en la satisfacción de las necesidades básicas de las familias en nivel de pobreza y atenderán los problemas individuales de  miembros de esas familias, en especial de las personas con discapacidad. Nuestra gestión será de inclusión, equidad, participación y representación de las familias, consejos comunales, organizaciones sociales y las comunidades en la formulación, ejecución y control de las políticas sociales, en colaboración con los planes del sector público nacional y estadal.

Ejerceremos una gestión que identifique y ataque los problemas de los más necesitados, junto con las organizaciones sociales, sin distingo de parcialidad política. Todas son importantes. Allí estarán presentes los consejos comunales, las organizaciones de educación, salud, culturales, deportivas, religiosas, ambientales y todas aquellas que desarrollen una acción social en favor de la gente.

SEGUNDO EJE: EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO

EL MUNICIPIO COMO ESPACIO  DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS, CONSEJOS COMUNALES, MESAS TÉCNICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNIDADES EN LA GESTIÓN

La Mesa de la Unidad Democrática y sus candidatos a Alcaldes y  Concejales asumirán la deuda que tiene el país con las aspiraciones de participación del pueblo. Por ello, nuestra gestión se basará en los espacios participativos consagrados en la Constitución, para construir un Estado para la gente.

Garantizamos un gobierno local  que respete la autonomía de consejos comunales, mesas técnicas y de todas las organizaciones sociales que se desempeñan en el Municipio. Sin exclusión política. La participación de todos estará presente en cada acto de nuestra gestión. Para ello, además, nuestros Alcaldes y Concejales promoverán las mejores condiciones para que la población participe con igualdad  y con acceso a la información sobre la gestión.

Uno de esos espacios es el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), mecanismo  eje para los procesos participativos de la población en la creación de los acuerdos destinados al desarrollo del Municipio. Otorgaremos al CLPP la importancia que le corresponde como órgano  encargado de la planificación del Municipio, a fin con de lograr una participación armónica de comunidades organizadas y grupos vecinales en el desarrollo municipal.   

Los Gobiernos Municipales de la Unidad ampliarán la participación, a través de la presencia de la sociedad en la gestión y control de los servicios públicos y en las decisiones relacionadas con la inversión del Municipio. Por ello, el Presupuesto Participativo, como instrumento para la  incidencia vecinal y comunitaria en la elaboración de los planes de inversión anual,  será aplicado de manera prioritaria.  Se difundirán las experiencias exitosas en esta materia que ya poseen los actuales Alcaldes de la Unidad Democrática. Desarrollaremos el valor de los Cabildos Abiertos, las Asambleas Ciudadanas, la consulta pública de ordenanzas o cualquier otro medio de participación previsto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para la inclusión de la gente en la gestión pública.

Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática impulsarán la descentralización de la gestión de programas y de servicios mediante convenios de gestión con las comunidades y grupos vecinales organizados, para que con los recursos necesarios y bajo el principio de la corresponsabilidad se garantice una eficaz prestación de los servicios locales y se procesen con solvencia los reclamos de la población.

El rescate del papel fundamental de la Juntas Parroquiales será centro de nuestros esfuerzos. En particular, seremos líderes para restituir el carácter electivo directo, universal y secreto de sus autoridades, así como de cualquier otro espacio de gobierno más pequeño que el Municipio.

Nuestros Alcaldes y Concejales prestarán especial atención a la publicación oportuna de información sobre la contratación de obras y servicios, y sobre los avances en la ejecución de proyectos  contenidos en el plan de inversión anual a los fines del ejercicio de la contraloría social y de  la transparencia en la gestión pública municipal.

Finalmente, para democratizar la información, promoveremos  la ampliación del acceso a internet por parte de los vecinos que no cuenten con conectividad en sus viviendas, en concordancia con los Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación nacionales y estadales. El acceso a internet es hoy un derecho indisolublemente ligado a la posibilidad de incidir en las decisiones locales. Ello impulsa un gobierno electrónico que realmente contribuya a resolver los problemas de la población.

EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL BENEFICIO DE LA GENTE

El gobierno municipal debe ser el principal agente del desarrollo económico local sustentable, a través de la creación de espacios institucionales  para la innovación, la creación de conocimientos y la articulación del gobierno municipal con universidades, gremios y  emprendedores locales. El Municipio debe ofrecer condiciones para que los inversionistas y emprendedores, grandes y pequeños, de la economía privada y de la economía social, puedan desarrollar actividades que generen  empleos de calidad  y seguridad de ingresos. 

Se trata de crear el Municipio Productivo en el cual sea posible introducir innovaciones tecnológicas, formar el recurso humano y difundir las mejores prácticas empresariales y de la economía social. Este es el camino para superar el modelo rentista que impide que la gente disfrute del bienestar. Es el camino para que todos los habitantes del Municipio progresen.

La Unidad Democrática está consciente del papel privilegiado que posee el Gobierno Municipal para convocar a todos los grandes, medianos y pequeños empresarios, a las empresas públicas y a los centros de educación que generan conocimientos, para la creación de actividades productivas sustentables. Nuestros Alcaldes y Concejales serán líderes del desarrollo económico local bajo los principios de responsabilidad social empresarial. En este compromiso se inscribe la defensa e impulso de la Economía Social.

Las economías de los pequeños y medianos centros poblados serán objeto de promoción especial en nuestra gestión. Allí existen múltiples oportunidades de creación de nuevas actividades y generación de empleos, a partir del conocimiento y las tradiciones productivas. Son actividades vinculadas con las potencialidades de cada Municipio, que facilitan la consolidación de desarrollos agrícolas, agroindustriales y  de turismo local, con gran porvenir.

TERCER EJE: CIUDADANÍA Y CONFIANZA SOCIAL

UN MUNICIPIO PARA LA PAZ, LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD  Y LA CONVIVENCIA

Seremos activos promotores de la Justicia de Paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal. En ese camino, utilizaremos la justicia como espacio donde el ciudadano pueda encontrar en su comunidad una alternativa para solucionar sus conflictos.

En ese esfuerzo, impulsaremos la participación del ciudadano en la prevención de la seguridad ciudadana y en su relación con la Policía Municipal como una estrategia para fortalecer la lucha contra la violencia.

Especial atención merecerá la violencia de género, realidad inocultable en un importante sector de la comunidad y que afecta sobre todo a mujeres que son sustento de la familia, especialmente en las comunidades más pobres y vulnerables del Municipio.

Esta actuación estará orientada por la máxima cooperación con las instituciones de seguridad estadales y nacionales. Es indispensable una Policía Municipal formada en principios de Derechos Humanos, para actuar con diligencia y eficacia en la prevención y solución de los conflictos.

Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática se proponen ser promotores de la Paz y la seguridad ciudadana en todos los Municipios del país, construyendo espacios propicios para el desarrollo de la vida individual, familiar y en comunidad.

LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y  SU GESTIÓN TRANSPARENTE

El esquema fiscal que ha prevalecido en Venezuela ha sido la dependencia de los Gobiernos Locales de las transferencias que les concede el Poder Central. Creemos en otra manera de administrar los recursos.

Por una parte, nuestros Alcaldes y Concejales serán defensores de los recursos que por Situado Constitucional, Asignaciones Especiales y Fondo de Compensación Territorial les pertenecen al Municipio y su población.  Por ello, se demandará un Consejo Federal de Gobierno plural que garantice  la distribución equitativa de los recursos públicos hacia los Municipios.

Para combatir la tradicional e ineficiente visión rentista, fortaleceremos los recursos propios de los municipios a través de mecanismos que permitan crear una cultura tributaria corresponsable. Este cambio de mentalidad forma parte del  nuevo modo de gobernar que promoverá la Unidad Democrática,  sus Alcaldes y Concejales.

Como contraparte de la gestión fiscal, los candidatos de la Unidad Democrática están comprometidos con el desarrollo de una administración sana, eficiente y eficaz. Nuestra gestión se inscribirá en un proceso constante de mejoramiento de los mecanismos administrativos, con medios de información de las finanzas, registros actualizados de proyectos y servicios, con el propósito de que vecinos, consejos comunales, organizaciones sociales y comunidades tengan libre acceso a la gestión municipal. Será fundamental entonces contar con un eficaz sistema de información local que facilite el acceso de los ciudadanos al desempeño del gobierno y la legislación del Municipio de manera transparente.

El ciudadano necesita volver a descubrir el valor de la institución municipal. La transparencia como principio permite crear la confianza de los ciudadanos y fortalece al Municipio como unidad política primaria. Los gobiernos de la Unidad Democrática en los Municipios venezolanos tendrán en la transparencia un norte de su gestión.

DECLARACIÓN FINAL

Somos la alternativa de gobiernos municipales para la convivencia, la participación y el progreso. La Unidad Democrática, sus candidatos y candidatas a Alcaldes y Concejales expresan su firme voluntad de desarrollar al Municipio como unidad política autónoma y espacio de la participación democrática y el progreso de todos. Creemos en un Municipio para la verdadera participación del  pueblo venezolano, el ejercicio democrático del voto, el fortalecimiento de la unidad democrática y el logro del bienestar. Este es un anhelo de millones de pobladores que hoy sufren la desidia del actual gobierno nacional y, a veces, la desatención de quienes están en el gobierno municipal sin creer en el Municipio..

El venezolano requiere de un Estado cercano  a la gente, que escuche sus reclamos y procure las impostergables soluciones. Garantizarle un nuevo tipo de gobierno municipal que haga del municipio un espacio para la vida y el progreso, constituye el principal compromiso de la Unidad Democrática.