Los truculentos sucesos ocurridos; tanto en la instalación del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, como posteriormente en su primera reunión extraordinaria, constituyen un indicativo inocultable de la muy baja capacidad de gobierno que poseen las autoridades públicas del Área Metropolitana de Caracas. Pero además, nos revela la escasa valoración de esas mismas autoridades oficiales por los derechos constitucionales y legales a la participación y al protagonismo popular; es decir, la ciudad y sus habitantes se encuentran en un estado de absoluta indefensión.
¿Pero qué es el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas del Distrito Metropolitano de Caracas?
Inicialmente, y según la Ley de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Caracas (Marzo, 2000) el CMPPP estará presidido por el Alcalde Metropolitano e integrado por los Alcaldes de los municipios que conformen el Distrito Metropolitano (Baruta, Bolivariano Libertador, Chacao, El Hatillo y Sucre), por un concejal de cada uno de estos municipios, por un representante de la gobernación del estado Miranda, por los presidentes de la juntas parroquiales y, por representantes de las organizaciones vecinales y de organizaciones sociales.
La Ordenanza del Consejo Metropolitano de Planificación Políticas Públicas -de fecha 31-08-2005-, desarrolla el objeto y funciones de dicha instancia y modifica la conformación de los integrantes de su plenario. Así agrega al Ministerio de Planificación, a un diputado de la Asamblea Nacional de los electos en el Distrito Metropolitano de Caracas, a los trece concejales del Cabildo Metropolitano, a los Presidentes de los Concejos Municipales, a los Jefes Civiles de las treinta y dos parroquias, y eleva a noventa y dos el número de representantes de la comunidad organizada.
Nos indica además esta ordenanza que, el cumplimiento de las funciones del CMPPP es ad-honorem; aunque se le reconocerá una compensación (por alimentación y transporte) a los consejeros vecinales y sectoriales, correspondiente a tres unidades tributarias por su asistencia a las sesiones ordinarias de ese organismo.
El producto institucional fundamental del CMPPP, sería el Plan Metropolitano de Desarrollo para un lapso de cuatro años; así como el Plan de Seguridad Metropolitano de Bienes y Personas; las políticas dirigidas a la atención del niño, niña y del adolescente; y los planes de Desarrollo Urbano Metropolitano y el de Ordenación Urbanística. Por último, cabe destacar, que la Ordenanza del 31-08-2005 establece que el CMPPP, impulsará un Plan Metropolitano de Inversión dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico en el Distrito Metropolitano de Caracas.
¿Ha sido trascendente la actividad del CMPPP para Caracas?
La respuesta es muy sencilla. No ha sido trascendente. De la gestión de Alfredo Peña poco o casi nada se recuerda en esta área. De hecho, se desconoce si esa gestión administrativa elaboró un plan destinado a visualizar el desarrollo territorial y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas de largo plazo. De hecho, todo parece indicar que la actividad de esta instancia durante el anterior período fue muy pobre. Y de la gestión Barreto sobre la planificación territorial y urbanística tampoco hay mucho que decir. Incluso aquella iniciativa del Alcalde Metropolitano de impulsar una “Estatuyente Metropolitana”, que fuera suscrita por los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles quedó sepultada ante la incapacidad (¿o falta de voluntad política?) de las autoridades públicas responsables. Todo un desperdicio de oportunidades.
En síntesis, las deficiencias de vialidad, de recolección de desechos sólidos, de seguridad pública, de espacios para el deporte y la recreación, y de urbanismo en general han desbordado las capacidades de gobernar de las autoridades metropolitanas. Eso es un hecho, lamentablemente inobjetable y que no tiene solución bajo el enfoque ideológicamente peregrino y excluyente de la “lucha de clases”.
¿La confiscación de los derechos a la participación ciudadana?
El nuevo lanzamiento del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas comenzó de manera incierta, opaca y poco ciudadana. Y esto lo afirmo al margen de los “costosos fuegos artificiales” del día de su instalación.
Una observación importante son las irregularidades detectadas en los procesos de elección de algunos de los representantes comunitarios. Por ejemplo, grupos vecinales de la parroquia Petare han impugnado ante el Cabildo Metropolitano y ante la Sala Técnica del mismo CMPPP, el proceso de elección del representante de esa parroquia.
Por otra parte, en el municipio Baruta los vecinos y vecinas de las parroquias Nuestra Señora del Rosario y de El Cafetal, se fajaron y lograron desmontar un “madrugonazo electoral” preparado desde oficialismo con el objetivo de colocar, allí a unos representantes comunitarios ¿incondicionales? Igual ocurrió en el Municipio El Hatillo, en el que, con otras proporciones también hubo una intentona por secuestrar la representación comunitaria.
La poca claridad de las reglas de funcionamiento del CMPPP pareciera ser otro factor clave en la calidad del desempeño de esa instancia. Hay dudas en cuanto a las convocatorias, y a la forma de análisis, preparación y presentación de proyectos comunitarios. Además la necesaria coordinación entre los gobiernos locales ha quedado seriamente golpeada y obstruida después de los sucesivos “shows” ocurridos la semana pasada.
En tal sentido, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas le ha quedado grande a sus principales promotores. Y aunque la ciudad y sus habitantes seamos los principales afectados de tamaña incapacidad directiva; aún estamos dispuestos a mostrarles las diferencias existentes entre la Comuna de París de 1871 y las necesidades de desarrollo humano y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas del siglo XXI.
martes, agosto 29, 2006
domingo, agosto 27, 2006
Sr. Alcalde Metropolitano de Caracas: ¡LOS GOLPES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO NOS DETENDRÁN!
La participación ciudadana es un derecho constitucional. La democracia, la pluralidad, la tolerancia, la inclusión, el respeto al prójimo y a los derechos humanos son valores y actitudes inherentes a la participación ciudadana.
Los espacios constitucionales y legales para la participación tales como: los consejos comunales, los consejos locales de planificación pública, los consejos estadales y el consejo metropolitano de planificación de políticas públicas son espacios deliberantes y técnicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual.
Por esto manifestamos nuestro categórico rechazo a la manipulación, el insulto y la agresión realizada en contra de los ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas y los representantes vecinales y sociales asistentes a la instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el día martes 22 de Agosto, de 2006.
Sr. Alcalde Metropolitano Juan Barreto usted se peló. El pueblo de Caracas y de su área metropolitana, exige soluciones urbanísticas sostenibles y sustentables para su problemática.
Y sobre todo Sr. Alcalde Metropolitano, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. No lo olvide jamás.
¡Basta de golpes a la participación ciudadana!
¡El Consejo Metropolitano es un espacio
para la ciudad y todos sus habitantes!
Los espacios constitucionales y legales para la participación tales como: los consejos comunales, los consejos locales de planificación pública, los consejos estadales y el consejo metropolitano de planificación de políticas públicas son espacios deliberantes y técnicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual.
Por esto manifestamos nuestro categórico rechazo a la manipulación, el insulto y la agresión realizada en contra de los ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas y los representantes vecinales y sociales asistentes a la instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el día martes 22 de Agosto, de 2006.
Sr. Alcalde Metropolitano Juan Barreto usted se peló. El pueblo de Caracas y de su área metropolitana, exige soluciones urbanísticas sostenibles y sustentables para su problemática.
Y sobre todo Sr. Alcalde Metropolitano, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. No lo olvide jamás.
¡Basta de golpes a la participación ciudadana!
¡El Consejo Metropolitano es un espacio
para la ciudad y todos sus habitantes!
viernes, agosto 25, 2006
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
La nueva batalla por el control del Estado y la sociedad venezolanos ha entrado en su fase más abierta. El campo electoral, el terreno ciudadano, el espacio cívico de la política (gracias a Dios) ha sido el medio donde los defensores de la revolución bolivariana, de una parte; y los defensores de la democracia libre por la otra, aspiran medir sus fuerzas.
Se enfrentan dos bloques con visiones contrapuestas sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, la opción revolucionaria supedita toda iniciativa individual o colectiva a la suprema conducción de un liderazgo mesiánico y hegemónico. Del otro lado, la oposición democrática pretende ahora relanzar al país hacia la modernidad; con base a la inclusión social y la libertad. ¿Cuál alternativa triunfará, en las elecciones presidenciales? Pues, me atrevo a escribir que hoy no lo sé; porque pese a la abundancia propagandística y al ventajismo oficial, la competencia apunta hacia un final disputado.
La alternativa revolucionaria
La oferta básica del gobierno es muy simple. Nos propone la implantación del socialismo (del siglo XXI), como modelo de organización político, económico y social. De ese socialismo del siglo XXI, conocemos poco. Pero lo poco que sabemos no nos entusiasma. Porque en estos casos, la mejor referencia sobre el modelo propuesto sería la conducta gubernamental. Y esa conducta oficial tampoco resulta alentadora.
Si bien el gobierno intentó impulsar una democracia participativa; y también aumentó la oferta y la acción de una serie de programas asistenciales para los sectores sociales menos favorecidos; por otra parte, la persecución y la exclusión política, el despilfarro de inmensos recursos fiscales; la corrupción administrativa, las violaciones a la propiedad pública y privada; y el armamentismo se convirtieron en una constante inequívoca de su gestión.
En tal sentido, y después de ocho años de revolución bolivariana o de revolución bonita, la oferta oficialista luce débil y desgastada. Porque salvo ese socialismo del siglo XXI (y que la mayoría de los venezolanos no quiere; según las encuestas), en el mensaje electoral del gobierno no hay nada nuevo. Es decir, la campaña no está fácil.
El gobierno también presenta otras dificultades políticas. La creciente ola de protestas sociales es una de ellas. Y en realidad, grandes sectores poblacionales han venido padeciendo de la ineficacia de las ejecutorias públicas, sin que el gobierno pueda garantizarles en el corto plazo una solución concreta. El rechazo popular a las continuas donaciones de los ingresos fiscales es otra. Así también, la inseguridad personal que ha cobrado más de sesenta mil vidas durante el actual gobierno.
Por supuesto, que el gobierno tiene amplias posibilidades de triunfo. Pero esas posibilidades pueden reducirse día a día. La fortaleza electoral del oficialismo se asienta; sin lugar a dudas, en su candidato. Y en efecto, además de la enorme simpatía y carisma con que cuenta el Jefe de Estado, su entorno ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en sembrarlo como un hito en la imaginería popular venezolana. Y este es un factor, que pesa decisivamente en una coyuntura electoral como la venezolana.
Una vez escuché a un alcalde revolucionario, que en una reunión comunitaria les recordaba a los vecinos, que así como ellos recibían la ayuda oficial; en Diciembre tenían que devolver ese apoyo votando por el candidato del proceso. Así les arengaba, diciendo: “yo los ayudo, ustedes nos ayudan”. Esa lógica clientelista suma votos.
Hay amplios sectores sociales que sí quieren a su Presidente; porque han encontrado en su gestión socorro y asistencia, que quizás antes no habían encontrado. Esas personas desaprueban los “ataques inclementes” de los medios de comunicación social que se dedican a criticar todo lo que hace el Presidente de la República. Y para ellos, el Presidente ha sido engañado una y otra vez por sus funcionarios, que no cumplen sus órdenes. Y esto es cierto, hay un pueblo chavista dispuesto a apoyar a su líder. Porque el ejercicio del gobierno, con amplios poderes y abundancia de recursos fiscales, permite construir y organizar una amplia base social de apoyo a un líder, a un régimen y hasta una idea. No lo olviden.
La alternativa democrática
Después de un largo trajinar la oposición democrática parece haberse reencontrado. La candidatura unitaria parece haberse hallado con Manuel Rosales. Atrás quedaron las primarias. La tesis del consenso finalmente se impuso, para la satisfacción (o felicidad) de la otra gran parte del pueblo venezolano. En este contexto, otras candidaturas como la de Roberto Smith y Benjamín Rausseo carecen de mayor trascendencia.
La oposición no sólo tiene el reto de derrotar el continuismo oficial; sino que también está obligada a consolidarse como una fuerza política y social contributiva y propositiva. Gran parte del desafuero gubernamental se ha originado en las ineficaces estrategias oposicionistas. Y la abstención haya sido quizás la más mortífera de todas.
Bajo el esquema abstencionista se pretendió ingenuamente; por decir lo menos, “deslegitimar al régimen” entregándole a cambio: concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y hasta la Asamblea Nacional. Con el mensaje abstencionista se desprestigió -a placer-, a cualquier líder político que mantuviera a las elecciones como salida a la crisis de la democracia venezolana. Pero además se manipuló, se desmovilizó y se desarticuló a la propia oposición durante largo tiempo. Esto es parte de la realidad de la oposición democrática.
Además en la oposición se sustituyó a los políticos por los opinadores, analistas y periodistas y a los partidos por los medios de comunicación social. Y no trata de descalificar el aporte y la función democrática de esos factores inherentes, indispensables y propios de sociedades abiertas, plurales y libres. Pero sí afirmo, que en medio de esta lucha por la libertad y la democracia, la acción política no debe reducirse a un fenómeno mediático o contemplativo.
La lucha contra el totalitarismo requiere del esfuerzo diario y constructivo de todos. Se trata de una cruzada activa vinculada a un sentido ético de la vida que requiere dedicación, inclusión y firmeza. Comprender esto y asumirlo es la llave que pudiera darle un sonado triunfo a la democracia, y a todo el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de Diciembre.
Hasta el momento, la candidatura unitaria desmontó el discurso oficialista, simplemente diciendo la verdad; mediante un lenguaje sencillo y directo. No en balde ahora en los sectores populares se nota una mayor animación y hasta debate con el representante oficialista. ¿Y saben, por qué? Es sencillo: ahora hay alguien de carne y hueso, que representa la esperanza de vivir en paz, en democracia y en libertad.
Es evidente que la lucha no será fácil. Hay poco tiempo. Hay también muchos temores. Y todavía quedan por allí algunos “líderes de micrófono” que sólo buscan desalentar cualquier salida electoral o ¿me equivoco?
La oposición aumentará o disminuirá sus posibilidades en la medida de su convencimiento y dedicación a la campaña de su candidato unitario. Será una faena ardua, dura y difícil; porque se trata de enfrentar de una manera ciudadana a todo el poder político, institucional y financiero, que ha acumulado un régimen que ahora viene por nuestra libertad.
Se enfrentan dos bloques con visiones contrapuestas sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, la opción revolucionaria supedita toda iniciativa individual o colectiva a la suprema conducción de un liderazgo mesiánico y hegemónico. Del otro lado, la oposición democrática pretende ahora relanzar al país hacia la modernidad; con base a la inclusión social y la libertad. ¿Cuál alternativa triunfará, en las elecciones presidenciales? Pues, me atrevo a escribir que hoy no lo sé; porque pese a la abundancia propagandística y al ventajismo oficial, la competencia apunta hacia un final disputado.
La alternativa revolucionaria
La oferta básica del gobierno es muy simple. Nos propone la implantación del socialismo (del siglo XXI), como modelo de organización político, económico y social. De ese socialismo del siglo XXI, conocemos poco. Pero lo poco que sabemos no nos entusiasma. Porque en estos casos, la mejor referencia sobre el modelo propuesto sería la conducta gubernamental. Y esa conducta oficial tampoco resulta alentadora.
Si bien el gobierno intentó impulsar una democracia participativa; y también aumentó la oferta y la acción de una serie de programas asistenciales para los sectores sociales menos favorecidos; por otra parte, la persecución y la exclusión política, el despilfarro de inmensos recursos fiscales; la corrupción administrativa, las violaciones a la propiedad pública y privada; y el armamentismo se convirtieron en una constante inequívoca de su gestión.
En tal sentido, y después de ocho años de revolución bolivariana o de revolución bonita, la oferta oficialista luce débil y desgastada. Porque salvo ese socialismo del siglo XXI (y que la mayoría de los venezolanos no quiere; según las encuestas), en el mensaje electoral del gobierno no hay nada nuevo. Es decir, la campaña no está fácil.
El gobierno también presenta otras dificultades políticas. La creciente ola de protestas sociales es una de ellas. Y en realidad, grandes sectores poblacionales han venido padeciendo de la ineficacia de las ejecutorias públicas, sin que el gobierno pueda garantizarles en el corto plazo una solución concreta. El rechazo popular a las continuas donaciones de los ingresos fiscales es otra. Así también, la inseguridad personal que ha cobrado más de sesenta mil vidas durante el actual gobierno.
Por supuesto, que el gobierno tiene amplias posibilidades de triunfo. Pero esas posibilidades pueden reducirse día a día. La fortaleza electoral del oficialismo se asienta; sin lugar a dudas, en su candidato. Y en efecto, además de la enorme simpatía y carisma con que cuenta el Jefe de Estado, su entorno ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en sembrarlo como un hito en la imaginería popular venezolana. Y este es un factor, que pesa decisivamente en una coyuntura electoral como la venezolana.
Una vez escuché a un alcalde revolucionario, que en una reunión comunitaria les recordaba a los vecinos, que así como ellos recibían la ayuda oficial; en Diciembre tenían que devolver ese apoyo votando por el candidato del proceso. Así les arengaba, diciendo: “yo los ayudo, ustedes nos ayudan”. Esa lógica clientelista suma votos.
Hay amplios sectores sociales que sí quieren a su Presidente; porque han encontrado en su gestión socorro y asistencia, que quizás antes no habían encontrado. Esas personas desaprueban los “ataques inclementes” de los medios de comunicación social que se dedican a criticar todo lo que hace el Presidente de la República. Y para ellos, el Presidente ha sido engañado una y otra vez por sus funcionarios, que no cumplen sus órdenes. Y esto es cierto, hay un pueblo chavista dispuesto a apoyar a su líder. Porque el ejercicio del gobierno, con amplios poderes y abundancia de recursos fiscales, permite construir y organizar una amplia base social de apoyo a un líder, a un régimen y hasta una idea. No lo olviden.
La alternativa democrática
Después de un largo trajinar la oposición democrática parece haberse reencontrado. La candidatura unitaria parece haberse hallado con Manuel Rosales. Atrás quedaron las primarias. La tesis del consenso finalmente se impuso, para la satisfacción (o felicidad) de la otra gran parte del pueblo venezolano. En este contexto, otras candidaturas como la de Roberto Smith y Benjamín Rausseo carecen de mayor trascendencia.
La oposición no sólo tiene el reto de derrotar el continuismo oficial; sino que también está obligada a consolidarse como una fuerza política y social contributiva y propositiva. Gran parte del desafuero gubernamental se ha originado en las ineficaces estrategias oposicionistas. Y la abstención haya sido quizás la más mortífera de todas.
Bajo el esquema abstencionista se pretendió ingenuamente; por decir lo menos, “deslegitimar al régimen” entregándole a cambio: concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y hasta la Asamblea Nacional. Con el mensaje abstencionista se desprestigió -a placer-, a cualquier líder político que mantuviera a las elecciones como salida a la crisis de la democracia venezolana. Pero además se manipuló, se desmovilizó y se desarticuló a la propia oposición durante largo tiempo. Esto es parte de la realidad de la oposición democrática.
Además en la oposición se sustituyó a los políticos por los opinadores, analistas y periodistas y a los partidos por los medios de comunicación social. Y no trata de descalificar el aporte y la función democrática de esos factores inherentes, indispensables y propios de sociedades abiertas, plurales y libres. Pero sí afirmo, que en medio de esta lucha por la libertad y la democracia, la acción política no debe reducirse a un fenómeno mediático o contemplativo.
La lucha contra el totalitarismo requiere del esfuerzo diario y constructivo de todos. Se trata de una cruzada activa vinculada a un sentido ético de la vida que requiere dedicación, inclusión y firmeza. Comprender esto y asumirlo es la llave que pudiera darle un sonado triunfo a la democracia, y a todo el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de Diciembre.
Hasta el momento, la candidatura unitaria desmontó el discurso oficialista, simplemente diciendo la verdad; mediante un lenguaje sencillo y directo. No en balde ahora en los sectores populares se nota una mayor animación y hasta debate con el representante oficialista. ¿Y saben, por qué? Es sencillo: ahora hay alguien de carne y hueso, que representa la esperanza de vivir en paz, en democracia y en libertad.
Es evidente que la lucha no será fácil. Hay poco tiempo. Hay también muchos temores. Y todavía quedan por allí algunos “líderes de micrófono” que sólo buscan desalentar cualquier salida electoral o ¿me equivoco?
La oposición aumentará o disminuirá sus posibilidades en la medida de su convencimiento y dedicación a la campaña de su candidato unitario. Será una faena ardua, dura y difícil; porque se trata de enfrentar de una manera ciudadana a todo el poder político, institucional y financiero, que ha acumulado un régimen que ahora viene por nuestra libertad.
lunes, agosto 14, 2006
LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR
La Asamblea Nacional nos promete aprobar en el segundo período legislativo del presente año 2006, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP). Esta ley constituye una pieza estratégica en la construcción del nuevo modelo de “democracia participativa” propuesto para Venezuela. Desde aspectos ideológicos y temas como las condiciones y principios para el ejercicio de la participación, las bases del sistema social de participación y planificación hasta los procedimientos para la activación de las distintas modalidades de referenda, están allí. Por lo tanto, la LOPCYPP resulta una interesante vitrina de la propuesta de democracia participativa que maneja el oficialismo.
Algunos comentarios preliminares sobre la LOPCYPP
Esta ley fue aprobada en primera discusión hace casi cinco años. Fue el 29 de Noviembre del año 2001, cuando la Asamblea Nacional (de aquella época y con una conformación plural) aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como se le conoció en esa oportunidad. Hubo varias propuestas legales en consideración y análisis sobre este tema; pero luego de su aprobación formal (en primera discusión), el asunto fue lamentablemente engavetado.
Lo cierto es que este año 2006, considerado por la renovada Asamblea Nacional como “el año de la participación protagónica y el poder popular”, se retoma la discusión de la ahora Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. Pero resulta que, el nuevo proyecto legal -pese a su singular trascendencia-, fue pasado por una sesión cuasi clandestina del denominado Parlamentarismo Social de Calle, a finales del mes de Julio. Y es que no nos cansaremos de criticar la escasa difusión con que se vienen realizando estas jornadas. La Asamblea Nacional no comprende o no le interesa, su función de ser el foro político de participación de todos los venezolanos y venezolanas; sin exclusión de ningún tipo.
Algunos propuestas y temas positivos en la LOPCYPP
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, nos trae algunos temas interesantes como el establecimiento del deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la formación de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos a la participación. Así también determina la obligatoriedad de todos los organismos públicos de crear e impulsar los procesos de inclusión ciudadana de manera correcta. Por otra parte, la LOPCYPP valida los diagnósticos comunitarios, el trabajo en redes, y sobre todo propicia y define el uso del recurso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos a la participación, frente a cualquier obstrucción de parte de las autoridades públicas. Estos elementos parecen ampliamente positivos.
El sistema social de participación y planificación
Un elemento central (y quizás el más novedoso) de la propuesta LOPCYPP es la creación del llamado sistema social de participación y planificación. Según la propuesta de ley este sistema es: una instancia socio-gubernamental creada para articular la actividad relacionada con la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y control social entre el pueblo y los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Sin embargo, esta relación supuesta entre el pueblo y el gobierno no se da de manera directa; sino que se pretende realizar por medio de una red de consejos. Veamos.
La comunicación se encuentra mediada (o mediatizada) por la propuesta de red de consejos sociales comunales. Así que, ahora además de los consejos comunales -que según los cálculos iniciales del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), serían alrededor de 50 mil en futuro cercano-, se propone crear los consejos sociales comunales parroquiales (uno por cada parroquia del país); luego los consejos comunales sociales municipales (uno por cada municipio), luego vendrían los consejos comunales sociales regionales (uno por cada ¿estado o región?), para finalmente concentrarse en un gran Consejo Nacional de lo Comunal. Pero allí no termina esto.
Por otra parte, estos consejos sociales comunales estarían en relación con los Consejos Locales de Planificación Pública en los municipios, con los Consejos Estadales de Planificación Pública de cada entidad federal, y con el Consejo Federal de Gobierno, en el ámbito nacional (el cual tiene una mora de siete años) y con cualquier otra instancia gubernamental. Pero tampoco termina allí el sistema propuesto.
El Consejo Nacional de lo Comunal (lo recuerdan), se unirá con el Consejo Federal de Gobierno en una plenaria. De allí se elegirá un Consejo Directivo Nacional, compuesto por un número de doce a catorce voceros. Y finalmente, habrá un Consejo de Coordinación compuesto por tan sólo tres voceros.
¿No es esto la más pura expresión del centralismo y la burocracia? Porque si realmente se desea cumplir con los mandatos constitucionales de participación y protagonismo popular, lo que tendría que hacerse es simplificar las estructuras, las normas y los procedimientos del aparato estatal para garantizar una gestión pública eficaz, transparente y cercana al pueblo. ¿No les parece más adecuado, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional?
¿Y además, de dónde sacaron ustedes que la participación ciudadana y el poder popular, pasa y se reduce a la creación de más burocracia, de más compartimientos, estancos y de más trabas entre el gobierno y el pueblo? Y es que uno de lo mayores males que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de su historia político-petrolera ha sido la enorme presencia asfixiante del Estado en casi todos los ámbitos de actividad de la sociedad civil. ¿Y dónde queda el ciudadano, el hombre o mujer sencillo, en medio de esa madeja de consejos sociales comunales parroquiales, municipales y regionales? Que abuso.
¿Por qué ilustres diputadas y diputados no se ocupan de aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno? ¿O por qué no investigan los mecanismos de distribución de los entes del gobierno central de los recursos destinados a las comunidades? Eso sí que contribuiría a la promoción de los derechos de protagonismo y participación popular.
¿Y sabían amigas y amigos de la Asamblea, que ante cualquier problema, ahora los organismos públicos nacionales, regionales y locales se la pasan exigiéndole recaudos, firmas y hasta los proyectos de inversión a las comunidades? ¿No es eso una arbitrariedad? Y otra cosa, señores miembros de la Asamblea Nacional, resultaría muy provechosa una evaluación del funcionamiento y la forma de elección de los Consejos Estadales de Planificación Pública, y también de los Consejos Locales de Planificación Pública. Allí hay mucho que corregir.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular bajo este esquema nos prefigura un modelo de organización social fundamentado en el estatismo y la burocracia. Y ese enfoque no se ajusta ni a los principios de la Constitución Bolivariana (actual), ni a los propósitos que se tratan de alcanzar con la propia LOPCYPP. Es todo por ahora. Pero volveremos a tratar sobre esta estratégica ley que compete a todos los venezolanos y venezolanas.
Algunos comentarios preliminares sobre la LOPCYPP
Esta ley fue aprobada en primera discusión hace casi cinco años. Fue el 29 de Noviembre del año 2001, cuando la Asamblea Nacional (de aquella época y con una conformación plural) aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como se le conoció en esa oportunidad. Hubo varias propuestas legales en consideración y análisis sobre este tema; pero luego de su aprobación formal (en primera discusión), el asunto fue lamentablemente engavetado.
Lo cierto es que este año 2006, considerado por la renovada Asamblea Nacional como “el año de la participación protagónica y el poder popular”, se retoma la discusión de la ahora Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. Pero resulta que, el nuevo proyecto legal -pese a su singular trascendencia-, fue pasado por una sesión cuasi clandestina del denominado Parlamentarismo Social de Calle, a finales del mes de Julio. Y es que no nos cansaremos de criticar la escasa difusión con que se vienen realizando estas jornadas. La Asamblea Nacional no comprende o no le interesa, su función de ser el foro político de participación de todos los venezolanos y venezolanas; sin exclusión de ningún tipo.
Algunos propuestas y temas positivos en la LOPCYPP
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, nos trae algunos temas interesantes como el establecimiento del deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la formación de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos a la participación. Así también determina la obligatoriedad de todos los organismos públicos de crear e impulsar los procesos de inclusión ciudadana de manera correcta. Por otra parte, la LOPCYPP valida los diagnósticos comunitarios, el trabajo en redes, y sobre todo propicia y define el uso del recurso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos a la participación, frente a cualquier obstrucción de parte de las autoridades públicas. Estos elementos parecen ampliamente positivos.
El sistema social de participación y planificación
Un elemento central (y quizás el más novedoso) de la propuesta LOPCYPP es la creación del llamado sistema social de participación y planificación. Según la propuesta de ley este sistema es: una instancia socio-gubernamental creada para articular la actividad relacionada con la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y control social entre el pueblo y los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Sin embargo, esta relación supuesta entre el pueblo y el gobierno no se da de manera directa; sino que se pretende realizar por medio de una red de consejos. Veamos.
La comunicación se encuentra mediada (o mediatizada) por la propuesta de red de consejos sociales comunales. Así que, ahora además de los consejos comunales -que según los cálculos iniciales del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), serían alrededor de 50 mil en futuro cercano-, se propone crear los consejos sociales comunales parroquiales (uno por cada parroquia del país); luego los consejos comunales sociales municipales (uno por cada municipio), luego vendrían los consejos comunales sociales regionales (uno por cada ¿estado o región?), para finalmente concentrarse en un gran Consejo Nacional de lo Comunal. Pero allí no termina esto.
Por otra parte, estos consejos sociales comunales estarían en relación con los Consejos Locales de Planificación Pública en los municipios, con los Consejos Estadales de Planificación Pública de cada entidad federal, y con el Consejo Federal de Gobierno, en el ámbito nacional (el cual tiene una mora de siete años) y con cualquier otra instancia gubernamental. Pero tampoco termina allí el sistema propuesto.
El Consejo Nacional de lo Comunal (lo recuerdan), se unirá con el Consejo Federal de Gobierno en una plenaria. De allí se elegirá un Consejo Directivo Nacional, compuesto por un número de doce a catorce voceros. Y finalmente, habrá un Consejo de Coordinación compuesto por tan sólo tres voceros.
¿No es esto la más pura expresión del centralismo y la burocracia? Porque si realmente se desea cumplir con los mandatos constitucionales de participación y protagonismo popular, lo que tendría que hacerse es simplificar las estructuras, las normas y los procedimientos del aparato estatal para garantizar una gestión pública eficaz, transparente y cercana al pueblo. ¿No les parece más adecuado, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional?
¿Y además, de dónde sacaron ustedes que la participación ciudadana y el poder popular, pasa y se reduce a la creación de más burocracia, de más compartimientos, estancos y de más trabas entre el gobierno y el pueblo? Y es que uno de lo mayores males que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de su historia político-petrolera ha sido la enorme presencia asfixiante del Estado en casi todos los ámbitos de actividad de la sociedad civil. ¿Y dónde queda el ciudadano, el hombre o mujer sencillo, en medio de esa madeja de consejos sociales comunales parroquiales, municipales y regionales? Que abuso.
¿Por qué ilustres diputadas y diputados no se ocupan de aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno? ¿O por qué no investigan los mecanismos de distribución de los entes del gobierno central de los recursos destinados a las comunidades? Eso sí que contribuiría a la promoción de los derechos de protagonismo y participación popular.
¿Y sabían amigas y amigos de la Asamblea, que ante cualquier problema, ahora los organismos públicos nacionales, regionales y locales se la pasan exigiéndole recaudos, firmas y hasta los proyectos de inversión a las comunidades? ¿No es eso una arbitrariedad? Y otra cosa, señores miembros de la Asamblea Nacional, resultaría muy provechosa una evaluación del funcionamiento y la forma de elección de los Consejos Estadales de Planificación Pública, y también de los Consejos Locales de Planificación Pública. Allí hay mucho que corregir.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular bajo este esquema nos prefigura un modelo de organización social fundamentado en el estatismo y la burocracia. Y ese enfoque no se ajusta ni a los principios de la Constitución Bolivariana (actual), ni a los propósitos que se tratan de alcanzar con la propia LOPCYPP. Es todo por ahora. Pero volveremos a tratar sobre esta estratégica ley que compete a todos los venezolanos y venezolanas.
martes, agosto 08, 2006
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA
Si la democracia y la libertad de expresión van indefectiblemente unidas. Los medios de comunicación social son los pilares de esa relación. De allí que, en Venezuela la muy comprometida defensa de la democracia haya encontrado en los medios un importante refugio. Y es que líderes y partidos políticos e incluso la mayoría de organizaciones de la sociedad civil –ante su propia debilidad-, han venido delegando en los medios de comunicación el ejercicio de su posición opositora frente al gobierno de turno.
Esta delegación nos indica la drástica caída y retroceso sufridos por los partidos políticos y otras formas asociativas civiles como canales de participación política y de participación ciudadana. Al revisar la historia reciente encontramos que los partidos políticos fueron borrados de la Constitución Bolivariana e incluso ya ni gozan de una representación formal en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, el movimiento ciudadano también se ha replegado resistiéndose a aceptar las distintas modalidades de participación social impulsadas desde el Estado.
El refugio opositor en los medios también nos expresa la baja credibilidad que padece el liderazgo opositor en la Venezuela de hoy. Producto de lo anterior, pareciera que la oposición estuviera bajo la conducción de analistas, opinadores, y periodistas, y no de los dirigentes políticos. Y no se trata de censurar la opinión pública, sino de estimularla aún más con la reincorporación de sus voceros y operadores naturales.
Por otra parte, los medios de comunicación social son sólo eso: medios de comunicación social. Nada más. Los medios no son partidos, ni sindicatos, ni grupos vecinales organizados. Por supuesto, que desde ellos además de informar, se impulsan y debaten ideas y proyectos; se denuncian arbitrariedades oficiales y privadas; y se apoyan o atacan candidaturas políticas, sindicales o gremiales. Y otra cosa es que esas instituciones poseen sus propios intereses y aspiraciones como corporaciones privadas orientadas al lucro.
En tal sentido, la oposición al gobierno no debe limitarse a la dependencia mediática. Esto resultaría un error estratégico. Mucho más en las actuales condiciones en las que nuestra democracia se pierde. Y mucho más después de las tantas agresiones y represalias sufridas por los editores, periodistas y opinadores venezolanos. La pelea por la democracia va más allá de leer, escuchar o mirar una opinión o una noticia.
Esta delegación nos indica la drástica caída y retroceso sufridos por los partidos políticos y otras formas asociativas civiles como canales de participación política y de participación ciudadana. Al revisar la historia reciente encontramos que los partidos políticos fueron borrados de la Constitución Bolivariana e incluso ya ni gozan de una representación formal en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, el movimiento ciudadano también se ha replegado resistiéndose a aceptar las distintas modalidades de participación social impulsadas desde el Estado.
El refugio opositor en los medios también nos expresa la baja credibilidad que padece el liderazgo opositor en la Venezuela de hoy. Producto de lo anterior, pareciera que la oposición estuviera bajo la conducción de analistas, opinadores, y periodistas, y no de los dirigentes políticos. Y no se trata de censurar la opinión pública, sino de estimularla aún más con la reincorporación de sus voceros y operadores naturales.
Por otra parte, los medios de comunicación social son sólo eso: medios de comunicación social. Nada más. Los medios no son partidos, ni sindicatos, ni grupos vecinales organizados. Por supuesto, que desde ellos además de informar, se impulsan y debaten ideas y proyectos; se denuncian arbitrariedades oficiales y privadas; y se apoyan o atacan candidaturas políticas, sindicales o gremiales. Y otra cosa es que esas instituciones poseen sus propios intereses y aspiraciones como corporaciones privadas orientadas al lucro.
En tal sentido, la oposición al gobierno no debe limitarse a la dependencia mediática. Esto resultaría un error estratégico. Mucho más en las actuales condiciones en las que nuestra democracia se pierde. Y mucho más después de las tantas agresiones y represalias sufridas por los editores, periodistas y opinadores venezolanos. La pelea por la democracia va más allá de leer, escuchar o mirar una opinión o una noticia.
martes, agosto 01, 2006
MUNICIPIO, PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿Quién no se ha quejado alguna vez de la eficacia en la recolección de los desechos sólidos, de la insuficiente información sobre la gestión local o del cambio de zonificación de un área residencial hacia su uso comercial? Estas situaciones, y otras más complejas se suceden a diario en la dinámica de cualquier municipio del país. Y es que, los municipios constituyen el espacio territorial donde la relación entre la representación del Estado y los ciudadanos es más cercana.
El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?
Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?
En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.
El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?
El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?
Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?
En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.
El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?
lunes, julio 24, 2006
LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
El Área Metropolitana de Caracas se extiende en un estrecho valle de catorce kilómetros de largo, reúne a cinco municipios (Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre) y un Distrito Metropolitano, y congrega aproximadamente a unos cuatro millones de habitantes. Además la ciudad de Caracas, como capital del país, constituye el principal centro político, económico, financiero y social de la República Bolivariana de Venezuela.
En este espacio geográfico funcionan –al menos en teoría- cinco (5) Consejos Locales de Planificación Pública; cada cual con su relativo y desigual desarrollo institucional particular, pero con un factor común para todos ellos: su escasa incidencia en la calidad de vida de los habitantes de su entorno político-territorial correspondiente.
Antes de proseguir, conviene recordar que los CLPP están integrados por el alcalde, los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales y una representación mayoritaria de ciudadanos (electa en asambleas). Recordemos también que estas novísimas instancias para la participación ciudadana (fueron creadas mediante la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en el año 2002), y que tienen por objeto fundamental integrar a la gestión pública municipal, a comunidades organizadas y ciudadanos; bajo los preceptos constitucionales de corresponsabilidad y participación.
Cuando afirmo que los Consejos Locales de Planificación Pública del Área Metropolitana de Caracas, no han sido decisivos en la calidad del desarrollo de sus respectivos municipios, lo hago con base a la serie de obstrucciones y dificultades institucionales que han padecido y padecen, y que han impedido su consolidación. Una de esas dificultades ha sido el escaso interés o la impericia demostrada por las autoridades locales del Área Metropolitana de Caracas en impulsar su desarrollo. Por ejemplo, en Chacao fue apenas en el pasado mes de Mayo y con cuatro años de retraso cuando se eligió el Consejo Local de Planificación Pública. Lo increíble de esto, es que en Chacao se han emprendido múltiples iniciativas en materia de participación ciudadana, durante la gestión de actual Alcalde Leopoldo López. El tema electoral y los derechos ciudadanos a la participación son los más vulnerados. Veamos algunos casos.
En los municipios Libertador y Sucre los representantes vecinales y de la sociedad civil organizada en CLPP tienen su período vencido. Por lo tanto, las autoridades municipales Freddy Bernal (Libertador) y José Vicente Rangel Ávalos (Sucre) están colocando al margen del cumplimiento de la ley, la gestión de sus respectivos Consejos Locales de Planificación Pública.
Por su parte, en el municipio Baruta, se debería convocar a nuevas elecciones en el mes de Septiembre de este año, para renovar la representación ciudadana de su CLPP. Sin embargo, todo parece indicar que, allí también se entrará en mora con el derecho que tienen las comunidades organizadas de participar y elegir sus representantes, ante dicha instancia.
Tan sólo el municipio El Hatillo, se encuentra al día en los procesos de elección y renovación de sus consejeros vecinales y de la sociedad civil. Y en efecto, el CLPP El Hatillo, fue seleccionado por primera vez en el año 2003; siendo renovado el pasado año 2005. Pero el tema de la mora electoral no sólo se produce en el nivel municipal. En el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Miranda (y cuya gestión afecta a Caracas), la representación vecinal y de la sociedad civil se le venció su período en el mes de Diciembre del año 2005. Lo más lamentable es que el Gobernador Diosdado Cabello está lesionando los derechos a la participación ciudadana e incumpliendo con la ley al no llamar a la renovación de los representantes cívicos. Pero hay más. El proceso de elección de los voceros parroquiales ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, presidido por el Alcalde Juan Barreto, ha sido reiteradamente cuestionado por parte de diversas agrupaciones vecinales de las distintas parroquias del Área Metropolitana de Caracas. En síntesis, los procesos de elección de las instancias se encuentran llenos de opacidades, acusaciones de fraude e incumplimientos legales.
En materia de planificación municipal, solamente los Consejos Locales de los municipios Libertador y de Baruta han logrado aprobar un Plan Municipal de Desarrollo; tal como lo prescriben la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la propia Ley de los CLPP. El balance es peor en cuanto al tema de la planificación urbana local, donde la incidencia de tales instancias ha sido completamente nula. Estas carencias en materia de planificación se reproducen de nuevo; tanto en el ámbito metropolitano como en el estadal. Hasta el presente no se conoce -o al menos no se ha divulgado lo suficiente-, la existencia de planes de desarrollo de naturaleza metropolitana o estadal.
Encontramos una mayor apertura institucional de casi todos las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas en lo relacionado con el presupuesto participativo. Para nuestros lectores, apuntaremos que el presupuesto participativo es una modalidad de inclusión ciudadana contemplada en la Ley de los CLPP y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Mediante el presupuesto participativo; y partir del mes Julio de cada año, cada alcalde está obligado a abrir un proceso de consulta con las comunidades de su entidad para elaborar el presupuesto de inversión municipal del siguiente ejercicio fiscal. ¿Importante verdad?
En este rubro, El Hatillo ha sido el único que tiene una experiencia exitosa, gracias a la presión de sus representantes vecinales en el CLPP. La Alcaldía Metropolitana realizó este año su proceso de “consulta presupuestaria” con varias comunidades de Caracas. Mientras las alcaldías de Baruta, Chacao y Libertador preparan sus respectivos operativos. En cuanto al Municipio Sucre no se posee información precisa sobre el tema.
El balance la gestión de los CLPP en el Área Metropolitana de Caracas no es el mejor. En realidad su actividad no ha incidido hasta ahora en la calidad de vida de la población. Es más, la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce de su existencia. Empero todo esto no indica su inutilidad. Sugiere una reflexión y un llamado a la acción ciudadana.
La reflexión es en torno a la baja cultura participativa y democrática de buena parte de las autoridades oficiales que por acción u omisión han obstaculizado la gestión y el desarrollo eficaz y eficiente de estos espacios ciudadanos. La componenda política, el clientelismo partidista y el burocratismo se han impuesto hasta ahora, al ejercicio pleno de los derechos a la participación de la población en los asuntos públicos de su interés. ¿Es ésta acaso la práctica de los demócratas?
El llamado a la acción a los ciudadanos es muy sencillo: hay que empoderarse en el tema de la participación cívica. Hay que ejercer los derechos constitucionales a la participación, a la inclusión y la corresponsabilidad. Y no hay que dejarse usurpar la calidad vida, siendo ciudadanos y demócratas. Los Consejos Locales de Planificación Pública son espacios para todos... así que para celebrar los 439 de Caracas, vamos por ellos...
En este espacio geográfico funcionan –al menos en teoría- cinco (5) Consejos Locales de Planificación Pública; cada cual con su relativo y desigual desarrollo institucional particular, pero con un factor común para todos ellos: su escasa incidencia en la calidad de vida de los habitantes de su entorno político-territorial correspondiente.
Antes de proseguir, conviene recordar que los CLPP están integrados por el alcalde, los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales y una representación mayoritaria de ciudadanos (electa en asambleas). Recordemos también que estas novísimas instancias para la participación ciudadana (fueron creadas mediante la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en el año 2002), y que tienen por objeto fundamental integrar a la gestión pública municipal, a comunidades organizadas y ciudadanos; bajo los preceptos constitucionales de corresponsabilidad y participación.
Cuando afirmo que los Consejos Locales de Planificación Pública del Área Metropolitana de Caracas, no han sido decisivos en la calidad del desarrollo de sus respectivos municipios, lo hago con base a la serie de obstrucciones y dificultades institucionales que han padecido y padecen, y que han impedido su consolidación. Una de esas dificultades ha sido el escaso interés o la impericia demostrada por las autoridades locales del Área Metropolitana de Caracas en impulsar su desarrollo. Por ejemplo, en Chacao fue apenas en el pasado mes de Mayo y con cuatro años de retraso cuando se eligió el Consejo Local de Planificación Pública. Lo increíble de esto, es que en Chacao se han emprendido múltiples iniciativas en materia de participación ciudadana, durante la gestión de actual Alcalde Leopoldo López. El tema electoral y los derechos ciudadanos a la participación son los más vulnerados. Veamos algunos casos.
En los municipios Libertador y Sucre los representantes vecinales y de la sociedad civil organizada en CLPP tienen su período vencido. Por lo tanto, las autoridades municipales Freddy Bernal (Libertador) y José Vicente Rangel Ávalos (Sucre) están colocando al margen del cumplimiento de la ley, la gestión de sus respectivos Consejos Locales de Planificación Pública.
Por su parte, en el municipio Baruta, se debería convocar a nuevas elecciones en el mes de Septiembre de este año, para renovar la representación ciudadana de su CLPP. Sin embargo, todo parece indicar que, allí también se entrará en mora con el derecho que tienen las comunidades organizadas de participar y elegir sus representantes, ante dicha instancia.
Tan sólo el municipio El Hatillo, se encuentra al día en los procesos de elección y renovación de sus consejeros vecinales y de la sociedad civil. Y en efecto, el CLPP El Hatillo, fue seleccionado por primera vez en el año 2003; siendo renovado el pasado año 2005. Pero el tema de la mora electoral no sólo se produce en el nivel municipal. En el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Miranda (y cuya gestión afecta a Caracas), la representación vecinal y de la sociedad civil se le venció su período en el mes de Diciembre del año 2005. Lo más lamentable es que el Gobernador Diosdado Cabello está lesionando los derechos a la participación ciudadana e incumpliendo con la ley al no llamar a la renovación de los representantes cívicos. Pero hay más. El proceso de elección de los voceros parroquiales ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, presidido por el Alcalde Juan Barreto, ha sido reiteradamente cuestionado por parte de diversas agrupaciones vecinales de las distintas parroquias del Área Metropolitana de Caracas. En síntesis, los procesos de elección de las instancias se encuentran llenos de opacidades, acusaciones de fraude e incumplimientos legales.
En materia de planificación municipal, solamente los Consejos Locales de los municipios Libertador y de Baruta han logrado aprobar un Plan Municipal de Desarrollo; tal como lo prescriben la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la propia Ley de los CLPP. El balance es peor en cuanto al tema de la planificación urbana local, donde la incidencia de tales instancias ha sido completamente nula. Estas carencias en materia de planificación se reproducen de nuevo; tanto en el ámbito metropolitano como en el estadal. Hasta el presente no se conoce -o al menos no se ha divulgado lo suficiente-, la existencia de planes de desarrollo de naturaleza metropolitana o estadal.
Encontramos una mayor apertura institucional de casi todos las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas en lo relacionado con el presupuesto participativo. Para nuestros lectores, apuntaremos que el presupuesto participativo es una modalidad de inclusión ciudadana contemplada en la Ley de los CLPP y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Mediante el presupuesto participativo; y partir del mes Julio de cada año, cada alcalde está obligado a abrir un proceso de consulta con las comunidades de su entidad para elaborar el presupuesto de inversión municipal del siguiente ejercicio fiscal. ¿Importante verdad?
En este rubro, El Hatillo ha sido el único que tiene una experiencia exitosa, gracias a la presión de sus representantes vecinales en el CLPP. La Alcaldía Metropolitana realizó este año su proceso de “consulta presupuestaria” con varias comunidades de Caracas. Mientras las alcaldías de Baruta, Chacao y Libertador preparan sus respectivos operativos. En cuanto al Municipio Sucre no se posee información precisa sobre el tema.
El balance la gestión de los CLPP en el Área Metropolitana de Caracas no es el mejor. En realidad su actividad no ha incidido hasta ahora en la calidad de vida de la población. Es más, la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce de su existencia. Empero todo esto no indica su inutilidad. Sugiere una reflexión y un llamado a la acción ciudadana.
La reflexión es en torno a la baja cultura participativa y democrática de buena parte de las autoridades oficiales que por acción u omisión han obstaculizado la gestión y el desarrollo eficaz y eficiente de estos espacios ciudadanos. La componenda política, el clientelismo partidista y el burocratismo se han impuesto hasta ahora, al ejercicio pleno de los derechos a la participación de la población en los asuntos públicos de su interés. ¿Es ésta acaso la práctica de los demócratas?
El llamado a la acción a los ciudadanos es muy sencillo: hay que empoderarse en el tema de la participación cívica. Hay que ejercer los derechos constitucionales a la participación, a la inclusión y la corresponsabilidad. Y no hay que dejarse usurpar la calidad vida, siendo ciudadanos y demócratas. Los Consejos Locales de Planificación Pública son espacios para todos... así que para celebrar los 439 de Caracas, vamos por ellos...
jueves, julio 20, 2006
PRIMARIAS II
La organización de las primarias continúa su avance. Al parecer, la decisión es firme y no hay vuelta atrás. Mejor así, porque entre otras cosas, la oposición de este país parece necesitar más bien, una actitud coherente con sus propósitos democráticos. Sin embargo, y mientras día a día, semana a semana, crece la expectativa y la esperanza popular alrededor del evento; también aumentan las inquietudes y presiones de los actores políticos enfrentados. Ellos saben que el resultado de las primarias determinará por un buen tiempo, la eficacia política y organizativa; tanto del gobierno como de la oposición.
El oficialismo
Es por ello que, las posiciones de intolerancia, persecución y resentimiento expresadas por algunos voceros del oficialismo en la Asamblea Nacional en contra de la Asociación Civil Súmate, no extrañan a nadie. No hay nada nuevo en ese discurso, ni se espera algo distinto. Por otra, para nadie es un secreto que una de las grandes fortalezas del gobierno de turno, se sustenta en la desorientación política y la dispersión de fuerzas opositoras. En tal sentido, para el oficialismo resultaría por lo menos, incómodo que la oposición pueda realizar con relativo éxito las primarias. Y es que de ese evento puede resurgir una fuerza política democrática aglutinada, fortalecida, y sobre todo con la moral alta. De allí que, resulte fácil suponer que desde el “oficialismo revolucionario” se desate -de ahora en adelante-, una fuerte ofensiva política, legal y hasta psicológica para tratar de impedir la realización de las primarias. Para el gobierno, hay mucho en juego.
Los abstencionistas
¿Por qué el Comando Nacional de la Resistencia y sus aliados no participaron con un candidato en las primarias? Allí hay unas figuras relevantes como Oswaldo Álvarez Paz, Antonio Ledezma o Ezequiel Zamora. Y también se encuentran Oscar Pérez o Iván Ballesteros. Cualquiera de ellos hubiera podido representar la opción del Comando Nacional de la Resistencia en las primarias. ¿No se les ocurrió o acaso era una exigencia fuera de su alcance? ¿Temen contarse o hay una agenda oculta? Lamentable, porque hubiera sido un aporte bien importante, constructivo y democrático para defender la unidad de la oposición. Igual ocurrió con Acción Democrática. Todo parece indicar su progresivo aislamiento del sentir cívico y democrático de la mayoría del pueblo venezolano. Este sector de la oposición debe terminar de entender (y aceptar) que la única solución viable a la crisis institucional y política de Venezuela es la salida electoral, constitucional, pacífica y democrática. No hay otra. Así que, el Comando de la Resistencia debe comprometerse a respaldar y apoyar la organización y realización de las primarias. Seguramente serán bienvenidos.
Los pre-candidatos
Julio Andrés Borges y Manuel Rosales continúan siendo las principales opciones presidenciales para el 13 de Agosto. Cada candidato ha comenzado a incrementar en cantidad y calidad sus contactos populares. Y es que no pueden perder tiempo ni oportunidades. Quizás la barrera más dura que tengan que enfrentar sea el escepticismo que se ha sembrado en buena parte de la población. Las constantes críticas y descalificaciones de parte de un sector de la misma oposición en contra de los pre-candidatos contribuirán de igual manera, a ese desánimo electoral. Otra desventaja, para los candidatos la representa la “supuesta invencibilidad” del Presidente Chávez. Y esa invencibilidad ha sido hábilmente inducida desde el gobierno; pero también magnificada a diario, por algunos analistas y expertos mediáticos para los cuales nada de lo que se haga en el país podrá cambiar su destino.
Por lo demás, la ausencia de proposiciones concretas y constructivas puede adicionar otra debilidad a la naciente candidatura unitaria. Por lo anterior, es que ya debería estar andando un equipo técnico responsabilizado de estructurar (de manera didáctica y sencilla) un mensaje programático plural, incluyente, propositivo y dirigido a rescatar ante y por el país, el valor ético y cívico de la actividad política. ¿Será pedirle mucho a los asesores de los candidatos?
Un último comentario en este segmento, está referido a la obligación de cada uno de los nueve candidatos -que hasta ahora-, participan en las primarias en aceptar los resultados de la votación popular del 13 de Agosto. El comportamiento democrático de cada uno de los participantes dependerá mucho la credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional.
Mientras tanto, Teodoro Petkoff sigue en su cruzada denunciando la amenaza totalitaria que se cierne sobre Venezuela. Sin lugar a dudas, la posición de Petkoff es la más radical y frontal contra las políticas oficialistas. A la aspiración gubernamental de avasallar a la ciudadanía e incluso someterla a un modelo político basado en “pensamiento único” hay que salirle al paso de manera contundente, democrática y unitaria, y esa es una acción impostergable. Teodoro ya ha dado el primer paso.
La organización de las primarias
De realizarse de manera responsable, transparente y eficaz las primarias constituirán una derrota ideológica y política; tanto para el gobierno nacional como para aquellos que aún decidan permanecer dentro del abstencionismo. Pero llegar a las primarias con éxito no será una tarea fácil. Hay muchas opacidades y puntos por resolver. Además la articulación de las organizaciones democráticas con el pueblo organizado aunque creciente, sigue siendo débil. Sin embargo, si la oposición logra reunir a los 50 mil voluntarios para atender los 2850 centros de votación y sus casi nueve mil mesas, se habrá logrado una de las hazañas más grandes en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país.
Alcanzar el éxito en las primarias implica derrotar el escepticismo, las falsas expectativas, y todas las trabas y saboteos que se impulsarán desde el oficialismo. La fórmula para poder afrontar victoriosamente los desafíos pendientes y próximos se basa en la capacidad de organización y el trabajo de equipo de cada uno de los actores involucrados en el evento.
La Asociación Civil Súmate debe recordar dos cosas. La primera, que sola NO podrá realizar el proceso y la segunda es que las primarias NO le pertenecen. Por lo tanto, se debe invitar y concertar la participación de otras organizaciones ciudadanas nacionales, regionales y locales en las primarias. Agrupaciones cívicas como “Sinergia”, “Gente de Soluciones”, “Queremos Elegir”, “El Grupo La Colina” o la “Red de Veedores”; entre otras, deberían ser incluidas en este proceso; al menos como observadores y contralores, sin ningún tipo de sectarismos. Hay que convertir a las primarias de ese Domingo, en la fiesta democrática del pueblo organizado.
Ahora falta menos. Temas como la ubicación y la seguridad de los centros requieren de las decisiones asertivas para su tratamiento eficiente y eficaz. De igual forma, la cobertura de los medios de comunicación social del proceso necesita de orientaciones muy precisas para evitar el suministro de información equívoca y confusa.
Con las primarias se aproxima cada vez más, un reto interesante para las fuerzas políticas democráticas del país. Se presenta una oportunidad formidable para su reorganización y avance hacia un futuro para todos. Las primarias pueden constituirse en la derrota más grande para un régimen que ha destruido toda la institucionalidad electoral. Así que veremos qué pasa.
El oficialismo
Es por ello que, las posiciones de intolerancia, persecución y resentimiento expresadas por algunos voceros del oficialismo en la Asamblea Nacional en contra de la Asociación Civil Súmate, no extrañan a nadie. No hay nada nuevo en ese discurso, ni se espera algo distinto. Por otra, para nadie es un secreto que una de las grandes fortalezas del gobierno de turno, se sustenta en la desorientación política y la dispersión de fuerzas opositoras. En tal sentido, para el oficialismo resultaría por lo menos, incómodo que la oposición pueda realizar con relativo éxito las primarias. Y es que de ese evento puede resurgir una fuerza política democrática aglutinada, fortalecida, y sobre todo con la moral alta. De allí que, resulte fácil suponer que desde el “oficialismo revolucionario” se desate -de ahora en adelante-, una fuerte ofensiva política, legal y hasta psicológica para tratar de impedir la realización de las primarias. Para el gobierno, hay mucho en juego.
Los abstencionistas
¿Por qué el Comando Nacional de la Resistencia y sus aliados no participaron con un candidato en las primarias? Allí hay unas figuras relevantes como Oswaldo Álvarez Paz, Antonio Ledezma o Ezequiel Zamora. Y también se encuentran Oscar Pérez o Iván Ballesteros. Cualquiera de ellos hubiera podido representar la opción del Comando Nacional de la Resistencia en las primarias. ¿No se les ocurrió o acaso era una exigencia fuera de su alcance? ¿Temen contarse o hay una agenda oculta? Lamentable, porque hubiera sido un aporte bien importante, constructivo y democrático para defender la unidad de la oposición. Igual ocurrió con Acción Democrática. Todo parece indicar su progresivo aislamiento del sentir cívico y democrático de la mayoría del pueblo venezolano. Este sector de la oposición debe terminar de entender (y aceptar) que la única solución viable a la crisis institucional y política de Venezuela es la salida electoral, constitucional, pacífica y democrática. No hay otra. Así que, el Comando de la Resistencia debe comprometerse a respaldar y apoyar la organización y realización de las primarias. Seguramente serán bienvenidos.
Los pre-candidatos
Julio Andrés Borges y Manuel Rosales continúan siendo las principales opciones presidenciales para el 13 de Agosto. Cada candidato ha comenzado a incrementar en cantidad y calidad sus contactos populares. Y es que no pueden perder tiempo ni oportunidades. Quizás la barrera más dura que tengan que enfrentar sea el escepticismo que se ha sembrado en buena parte de la población. Las constantes críticas y descalificaciones de parte de un sector de la misma oposición en contra de los pre-candidatos contribuirán de igual manera, a ese desánimo electoral. Otra desventaja, para los candidatos la representa la “supuesta invencibilidad” del Presidente Chávez. Y esa invencibilidad ha sido hábilmente inducida desde el gobierno; pero también magnificada a diario, por algunos analistas y expertos mediáticos para los cuales nada de lo que se haga en el país podrá cambiar su destino.
Por lo demás, la ausencia de proposiciones concretas y constructivas puede adicionar otra debilidad a la naciente candidatura unitaria. Por lo anterior, es que ya debería estar andando un equipo técnico responsabilizado de estructurar (de manera didáctica y sencilla) un mensaje programático plural, incluyente, propositivo y dirigido a rescatar ante y por el país, el valor ético y cívico de la actividad política. ¿Será pedirle mucho a los asesores de los candidatos?
Un último comentario en este segmento, está referido a la obligación de cada uno de los nueve candidatos -que hasta ahora-, participan en las primarias en aceptar los resultados de la votación popular del 13 de Agosto. El comportamiento democrático de cada uno de los participantes dependerá mucho la credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional.
Mientras tanto, Teodoro Petkoff sigue en su cruzada denunciando la amenaza totalitaria que se cierne sobre Venezuela. Sin lugar a dudas, la posición de Petkoff es la más radical y frontal contra las políticas oficialistas. A la aspiración gubernamental de avasallar a la ciudadanía e incluso someterla a un modelo político basado en “pensamiento único” hay que salirle al paso de manera contundente, democrática y unitaria, y esa es una acción impostergable. Teodoro ya ha dado el primer paso.
La organización de las primarias
De realizarse de manera responsable, transparente y eficaz las primarias constituirán una derrota ideológica y política; tanto para el gobierno nacional como para aquellos que aún decidan permanecer dentro del abstencionismo. Pero llegar a las primarias con éxito no será una tarea fácil. Hay muchas opacidades y puntos por resolver. Además la articulación de las organizaciones democráticas con el pueblo organizado aunque creciente, sigue siendo débil. Sin embargo, si la oposición logra reunir a los 50 mil voluntarios para atender los 2850 centros de votación y sus casi nueve mil mesas, se habrá logrado una de las hazañas más grandes en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país.
Alcanzar el éxito en las primarias implica derrotar el escepticismo, las falsas expectativas, y todas las trabas y saboteos que se impulsarán desde el oficialismo. La fórmula para poder afrontar victoriosamente los desafíos pendientes y próximos se basa en la capacidad de organización y el trabajo de equipo de cada uno de los actores involucrados en el evento.
La Asociación Civil Súmate debe recordar dos cosas. La primera, que sola NO podrá realizar el proceso y la segunda es que las primarias NO le pertenecen. Por lo tanto, se debe invitar y concertar la participación de otras organizaciones ciudadanas nacionales, regionales y locales en las primarias. Agrupaciones cívicas como “Sinergia”, “Gente de Soluciones”, “Queremos Elegir”, “El Grupo La Colina” o la “Red de Veedores”; entre otras, deberían ser incluidas en este proceso; al menos como observadores y contralores, sin ningún tipo de sectarismos. Hay que convertir a las primarias de ese Domingo, en la fiesta democrática del pueblo organizado.
Ahora falta menos. Temas como la ubicación y la seguridad de los centros requieren de las decisiones asertivas para su tratamiento eficiente y eficaz. De igual forma, la cobertura de los medios de comunicación social del proceso necesita de orientaciones muy precisas para evitar el suministro de información equívoca y confusa.
Con las primarias se aproxima cada vez más, un reto interesante para las fuerzas políticas democráticas del país. Se presenta una oportunidad formidable para su reorganización y avance hacia un futuro para todos. Las primarias pueden constituirse en la derrota más grande para un régimen que ha destruido toda la institucionalidad electoral. Así que veremos qué pasa.
sábado, julio 15, 2006
VENEZUELA: LOS PLANES DE LA NACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ANTECEDENTES
Como un aporte al estudio de los antecedentes del tema de la participación ciudadana en Venezuela, les presento una apretadísima síntesis del tratamiento del asunto en los planes quinquenales de desarrollo, elaborados entre 1958 y 1998, por los gobiernos electos en ese período.
Al presidente Rómulo Betancourt, le corresponden los dos primeros planes quinquenales de desarrollo. El presidente Raúl Leoni elaboró el tercer plan de la nación. Del presidente Rafael Caldera son el cuarto y el noveno. Al presidente Carlos Andrés Pérez, se deben los planes quinto y octavo. Mientras que el presidente Luis Herrera Campíns, elaboró el sexto plan de la nación. Este plan tiene el mérito histórico por cierto, de introducir por primera vez en Venezuela, el tema de la democracia participativa como modelo de sociedad. Y el presidente Jaime Lusinchi elaboró el séptimo plan quinquenal de desarrollo. Este plan se realizó con la metodología denominada planificación estratégica situacional, la cual tuvo gran impacto en la administración pública. Veamos el resumen.
A. El Primer Plan de la Nación 1960-1964. Capítulo V. Desarrollo de la Comunidad
En el Primer Plan de la Nación, el tema de la participación se articula a políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la Comunidad, entendido este, como un elemento destinado a incorporar a los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad de vida.
El enfoque del Plan 1960-64 prescribía que los programas de desarrollo comunal revestían gran importancia en la planificación económica por cuanto despertaban la iniciativa individual y promovían la participación activa de la comunidad en la realización de obras y proyectos, propiciaban el aprovechamiento de recursos financieros y humanos, y lograban asimismo la interrelación entre el desarrollo económico y social” (Cordiplan, 1er Plan de la Nación).
En este período y en correspondencia con la política de desarrollo comunal impulsada desde el gobierno, se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 30 de Enero de 1962. Esta agencia oficial aún existe en Venezuela.
B. El Segundo Plan de la Nación 1963-1966. Capítulo XVIII. Desarrollo de la Comunidad
En el Segundo Plan de la Nación se consolida y amplia la visión sobre el Desarrollo Comunal como medio de promoción de la participación social y como elemento estratégico para el desarrollo adecuado y eficiente de las políticas públicas. “En Venezuela el programa de Desarrollo de la Comunidad no es un programa más que ha sido añadido a los numerosos programas sociales y de fomento económico que se realizan en todo el ámbito nacional. Desde el comienzo se le consideró como un gran programa aglutinador, basado principalmente en la coordinación de todos los programas nacionales, estadales y locales que promueve el bienestar de la comunidad. Se pensó que a través de la participación activa de la comunidad en la solución de sus problemas, de la reorientación y capacitación del personal empleado, del pleno aprovechamiento de los recursos de las organizaciones no gubernamentales, se podrían lograr los objetivos principales del programa que son el cambio de actitudes, la mayor integración de las comunidades y un mayor rendimiento de los recursos financieros y técnicos asignados a los programas gubernamentales y, en definitiva, el mejoramiento de las condiciones de vida” (Cordiplan, 2do Plan de al Nación).
Un dato adicional es que el Plan 1963-66 contempló la vinculación de la Reforma Agraria con la estrategia programática de Desarrollo de la Comunidad; y también la continuación de actividades de entrenamiento de personal en el desarrollo comunitario tanto a nivel talleres en centros urbanos y rurales, así como en el ámbito de cursos de postgrado en el Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela.
C. El Tercer Plan de la Nación 1965-1968. Capítulo XX. Desarrollo de la Comunidad
El Plan para el lapso 1965-68 fue una continuación y mejoramiento de la visión, objetivos y propósitos fundamentales de los dos planes anteriores.
El propósito central del 3er Plan fue impulsar la gradual tecnificación del programa de Desarrollo de la Comunidad, mediante la sistematización de sus contenidos, la calificación de recursos humanos y la institucionalización de mecanismos de coordinación y acción de los entes vinculados a la estrategia.
La sistematización abarcó fundamentalmente los programas de Edificaciones Escolares Rurales; de Vivienda Rural, de la División de Malariología; de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y el de formación de personal en el área de desarrollo comunal. En este último programa destacó el esfuerzo emprendido por el Gobierno Nacional de la época; y de organismos multilaterales como el Fondo Especial de las Naciones Unidas, para lograr la consolidación del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación Aplicada para el Desarrollo Comunal.
El 3er Plan de la Nación contempló la consolidación de una instancia nacional para impulsar el programa de Desarrollo de la Comunidad en un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado. Nos referimos al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad integrado por los ministerios de Educación, de Sanidad y Asistencia Social; de Agricultura y Cría; de Justicia; y del Trabajo; el Banco Obrero; el Consejo Venezolano del Niño, los institutos Agrario Nacional; Nacional de Nutrición; y Nacional Obras Sanitarias; el Consejo de Bienestar Rural Universidad de Oriente, el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria (IVAC), la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia Privada; el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES); la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN) la Asociación Nacional de Productores de Cemento, Caritas de Venezuela; la Corporación de Guayana; Acción de Venezuela; Asociación de Scouts; y CORDIPLAN.
D. El Cuarto Plan de la Nación 1969-1973. Capítulo VII. Desarrollo Social
Con el Plan 1970-74 el tema de la participación social toma otra vertiente de desarrollo. Esta vez vinculada a la política social y más específicamente aún referida a los sectores sociales marginados.
En efecto, la estrategia de Desarrollo de la Comunidad pasó de ser un programa que permite la acción coordinadora de otras políticas públicas; para convertirse en un elemento de lo que se considera en el 4to. Plan como una política de promoción popular. La promoción popular era vista como un conjunto de esfuerzos integrados y destinados a estimular transformaciones en el sistema socioeconómico y cultural que permitieran la incorporación y participación deliberada y consciente del hombre como sujeto de todos los procesos y fines el desarrollo. Dos objetivos fundamentales se concibieron alrededor de este concepto, a saber:
a. La incorporación de la población al proceso de producción y distribución de riquezas y disfrute de los beneficios de desarrollo; y,
b. La participación popular en las tareas de ejecución del desarrollo.
Aquí deseo destacar el segundo de los objetivos, porque suponía la participación popular en las tareas de organización, y ejecución del desarrollo, e implica un proceso de modificación y transformación de las actuales estructuras de decisión, a través de una toma de conciencia y organización de la población con el fin de facilitar y asegurar una auténtica y adecuada representación y participación de los sectores populares.
E. El Quinto Plan de la Nación 1973-1978. Parte D. Urbanización, Equipamiento y Programas para Áreas Marginales
Con el 5to Plan de la Nación, el concepto y las iniciativas vinculadas al tratamiento del tema de al participación ciudadana sufren otro cambio. En ese momento ya no consideradas como un canal para la inclusión de vastos sectores sociales en la resolución de sus problemas específicos, con un rol de protagonismo.
La visión del plan inmediatamente anterior, de utilizar la promoción popular como un medio de protagonismo de la población en la atención a sus problemas desaparece. De hecho el Plan 1973-1978 resaltó la cuestión del desarrollo de la comunidad en el marco de la atención a los sectores más vulnerables mediante la aplicación de medidas de intervención estatal fundamentalmente en el ámbito de la infraestructura.
En el contexto del 5to Plan, la propuesta central fue los denominados “Módulos de Servicios” que concentraban la coordinación de programas tales como: vialidad y urbanismo, reubicación, mejoramiento y autoconstrucción de viviendas y asistencia social.
E. El Sexto Plan de la Nación 1979-1984. Capítulo VIII. Organización Social y Participación
Los planteamientos y las propuestas de este plan implicaron un salto cualitativo trascendente en el tema de la participación ciudadana. De hecho, por primera vez en la historia del sistema político venezolano se colocó en el tapete el tema de la democracia participativa. En efecto, Plan 1979-84 tuvo “un principio rector básico (...) la consolidación de la democracia participativa, mediante la cual se persigue impulsar la presencia activa del pueblo en la preparación, toma y ejecución de decisiones, (subrayado nuestro) de modo que personas y organizaciones desarrollen responsablemente sus iniciativas, entreguen sus aportes y reciban una parte equitativa de los beneficios del producto social global”. (Cordiplan, 6to Plan de la Nación).
La posibilidad de impulsar en el país un nuevo modelo de gestión de políticas públicas sobre la base de la participación social es asomada con mayor claridad en el Plan 1981-85; sin considerar, en este momento, la posterior eficacia con que pudo ser realizada. Esta prescripción de democracia participativa tuvo los siguientes objetivos:
a. Mejorar y fortalecer los niveles de organización social de los distintos sectores de la población, con especial énfasis en los grupos de menores recursos.
b. Promover cambios de actitudes y valores en la sociedad venezolana, que conduzcan a una menor dependencia del paternalismo del Estado, a una mayor valorización de la organización social como instrumento de participación y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
c. Realizar las modificaciones legales e institucionales necesarias para estimular, orientar y apoyar los procesos de organización social y participación, y para posibilitar la coordinación de los diversos programas dispersos en múltiples entidades oficiales.
d. Promover el crecimiento integral y planificado del cooperativismo para convertirlo en un instrumento eficiente del desarrollo social y económico del país.
Entre las estrategias y lineamientos estratégicos formulados en el 6to. Plan de la Nación destacan las siguientes:
- El aumento del nivel de organización social de la población. Aquí destacaba las responsabilidades asignadas a los siguientes organismos: FUNDACOMÚN; Instituto Agrario Nacional (IAN), y la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA) en el sector agrícola; así también la Fundación de Edificaciones Educativas (FEDE) y la Superintendencia de Protección al Consumidor. Un punto realmente importante fue la creación de Comités Populares para la participación en la realización de políticas vinculadas a la Vivienda con el patrocinio del INAVI y la articulación a las políticas sanitarias conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y también merece especial mención la propuesta de incorporación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en la cogestión de las políticas laborales.
- El cambio de actitudes y valores de la población; destinado al fortalecimiento de las organizaciones populares, mediante la participación de las organizaciones sociales en la fiscalización y administración de los servicios públicos, con miras a lograr su mejor funcionamiento.
- La realización de modificaciones legales e institucionales; que incluía la creación del Consejo Nacional para la Organización Social y la Participación como máxima instancia de coordinación entre los sectores públicos y privados, y como el principal ente promotor del proceso de participación.
- El desarrollo del cooperativismo; con la intención de incrementar el número y la calidad del movimiento cooperativista en Venezuela. En este aspecto merece la pena mencionar la creación de cooperativas escolares y la promoción de cooperativas de vivienda, servicios, transporte, ahorro y crédito consumo, producción agrícola y producción industrial.
F. El Séptimo Plan de la Nación 1984-1988. Capítulo V. Lineamientos de Acción
Así como en el plan anterior el tema de la participación social cobró un inusitado entusiasmo e incluso un replanteo de la democracia por su sentido participativo; el 7mo. Plan de la Nación le otorgó un tratamiento renovado, agregando la privatización de entes públicos.
En el Plan 1984-88, el tema de al participación ciudadana se le considera “no sólo como una propuesta de acción, sino también que propone una forma de organización para realizarla”. Bajo este concepto el tema de la participación social pudo ser identificado en dos componentes del plan:
a. Avance hacia una sociedad más justa; y,
b. Profundización de la democracia política.
En el componente Avance hacia una sociedad más justa, para la cuestión participativa se propone la creación de nuevas formas empresariales que democraticen la propiedad del capital y la gestión empresarial. Y más específicamente aún se sugiere el acceso de a una educación creativa y a una cultura participativa.
En el componente Profundización de la Democracia Política; se establecen como problemas básicos las distorsiones en el sistema de participación política y las modalidades excluyentes en la gestión empresarial. Plantea así mismo como lineamientos estratégicos: revitalizar la democracia, equilibrando mejor las relaciones de poder y creando sistemas de participación; democratizar las formas de propiedad y enfrentar los elementos de fragilidad de la democracia
En cuanto a los proyectos de acción referidos los lineamientos estratégicos en materia de la Profundización de la Democracia Política, el 7mo Plan propuso: la protección Ciudadana y la Defensa de la Nación; la Profundización de la Democracia Política; la Privatización de Empresas Públicas y el fortalecimiento de un Sistema Económico de Cooperación (SEC) entre el sectores público y privado.
G. El Octavo Plan de la Nación 1989-1994. Capítulos Compromisos Social, Crecimiento Sin Inflación, Cambio Institucional
El 8vo Plan de la Nación tuvo un desarrollo multisectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental. El Gran Viraje como también se le conoció propuso como objetivo lograr una democracia moderna y eficiente, capaz de propiciar un ambiente para que las decisiones colectivas incorporen las voces de todos los afectados, generando una nueva cultura nacional de participación y concertación.
En el área de Compromiso Social, el Plan 1989-94, proponía el fortalecimiento de la red Institucional del Sector Social, mediante la promoción de la formación en gerencia social con énfasis en la atención a grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos e indígenas en pobreza extrema) y la gestión concertada de los servicios con el sector privado no-lucrativo o comercial y con la población organizada. Además consideró estratégico la promoción de la participación organizada mediante las siguientes acciones:
a. La creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza y sus comisiones regionales como organismos para la concertación de la nueva estrategia social.
b. La creación y extensión de los centros de atención integral a la mujer.
c. El apoyo prioritario a la organización de las comunidades de bajos ingresos, en especial el sector femenino
d. Ampliación de la capacidad de gestión de las organizaciones de base de las comunidades.
e. Fortalecimiento del movimiento femenino nacional y de otras asociaciones no gubernamentales.
f. El impulso de la participación de las comunidades en los gobiernos locales.
En síntesis, en materia social se propuso como proyecto estratégico “el fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil” mediante la ejecución de las siguientes operaciones:
Creación del Ministerio de Desarrollo Social y reformas el Ministerio del Trabajo
Creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza
Creación el Consejo Nacional de la Mujer
Desarrollo de una red institucional del Estado para la política social
Fomento de la cooperación de la sociedad civil en la formulación y ejecución de los programas sociales.
En el plano económico se sugirió redefinir el ámbito empresarial del Estado mediante la transferencia de la propiedad empresas de carácter privado; y la transferencia de la gestión de empresas de servicios públicos lo cual significaba una nueva oportunidad para abrir espacios para la participación de sectores no estatales en la gestión económica.
Por último, en su componente referido al Cambio Institucional (Reforma del Estado) el tema de la participación también fue tratado con amplitud. Al respecto, deben destacarse los siguientes proyectos:
Impulso de la descentralización política y nuevas formas de organización social que garanticen mayor participación y representación. Esto incluía la elección directa de gobernadores y alcaldes; la elección uninominal de los representantes a los cuerpos deliberantes y el desarrollo de organizaciones autónomas de la comunidad.
Descentralización progresiva y coordinada de los servicios públicos a fin de aumentar su eficiencia y participación de la comunidad. Esto suponía transferencia de servicios hacia gobernadores y alcaldes y el aumento del control y la participación de comunidades en la gestión de los gobiernos locales.
Aumento de la autonomía, la imparcialidad y la tecnificación de la administración de justicia, y la cultura jurídica ciudadana. Esto implicaba el desarrollo de un sistema de asistencia jurídica ciudadana, la creación de una jurisdicción de paz y el desarrollo de programas de formación ciudadana.
H. El Programa de Estabilización y Recuperación Económica 1994. Capítulo 8. La estrategia de Acción Social. El Noveno Plan de la Nación 1995. La Agenda Venezuela
El Programa de Estabilización y Recuperación Económica elaborado en el ejercicio fiscal de 1994 contenía como orientación de la política social propuesta, la elevación de la capacidad de organización de la sociedad civil destinada a su vez, a incrementar las capacidades de la población más desasistida para apropiarse del producto social. Esta visión estratégica de nuevo centró la cuestión de la participación ciudadana en el ámbito de la asistencia económica y social bajo un llamado a la solidaridad; a la vez que sugería dentro de la optimización de los mecanismos de distribución del gasto público la implementación de la “planificación participativa” a través de organismos gubernamentales como el INCE, el Ministerio de la Familia, FUNDACOMUN y también la incorporación de las organizaciones no gubernamentales que paulatinamente ganaban espacios como un agente activo al menos en la formulación de las políticas públicas.
Entre las acciones más significativas contenidas este documento previo al 9no Plan de la Nación; deben mencionarse:
- El proyecto de alimentación y salud que comprendía entre otros a la beca alimentaria, el bono lácteo el bono de cereales, la distribución de útiles y uniformes escolares y sobre todo los multihogares para la atención integral del niño, mediante la organización comunitaria; el Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI) para la organización y acceso de las madres y menores a la salud y nutrición.
- La economía solidaria que contemplaba entre otras acciones, el programa de promoción de organizaciones mediante la asistencia técnica y la promoción por parte de ONG´s para el fortalecimiento y creación de organizaciones de la comunidad, orientadas a actividades productivas, mediante la gestión de CORPOINDUSTRIA.
- El impulso de actividades dirigidas al impulso y fortalecimiento de asociaciones de civiles dirigidas al desarrollo del abastecimiento y economía populares.
El 9no Plan de la Nación continuó la inclusión del tema de la participación social en sus diversos componentes. Al respecto, se deben mencionar sus contenidos temáticos referidos a los sectores social educativo ambiental e institucional. Veamos.
En materia social el Plan diseñado en 1995 bajo el paradigma de la solidaridad suponía que “la participación es la condición necesaria para la concreción de la libertad en el desarrollo del proyecto de país, ella implica el trabajo productivo creador y la apropiación del ámbito de la toma de decisiones para convivencia colectiva”
Entre los objetivos propuestos destacó la organización participación y gestión local vinculada a la descentralización y a un sector social específico como lo constituye la juventud. La organización y gestión de la sociedad civil fue percibidas como una estrategia que atravesaba transversalmente todos los sectores del 9no Plan. En síntesis, la participación de fue estimada como principio, medio y fin de la política social.
Dentro de este marco destacaban los programas vinculados al desarrollo económico basado en las empresas asociaciones el apoyo a las denominadas formas asociativas de los trabajadores que incluían la flexibilización de la propiedad; y por otra parte, la ejecución de programas de formación y capacitación para el desarrollo de una economía solidaria.
En el sector educativo se planteó el fortalecimiento de la participación de las comunidades en la gestión de las agencias educacionales así como el carácter participativo de la educación oficial y privada. Muy ligado al punto inmediatamente anterior y en materia ambiental, se planteó el impulso de la educación ambiental para alcanzar un desarrollo sustentable; otorgándole, en este campo, un papel relevante a las organizaciones no gubernamentales de orden ambientalista.
En el aspecto político el Plan de 1995 consideró entre otras innovaciones:
La reforma del sistema electoral y de la Ley del Sufragio impulsando la uninominalidad y modificando los mecanismos de designación de los directivos del Consejo Supremo Electoral.
La introducción de la figura del referendum en sus diferentes modalidades aprobatorio, revocatorio, abrogatorio y consultivo como una nueva forma de participación complementaria a la representación.
La creación de la figura del Primer Ministro; de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
Cabe agregar, que la descentralización fue considerada como un medio estratégico, para lograr una participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Para finalizar, el 9no Plan proponía que: “el Estado venezolano tendrá que abandonar la actitud paternalista y asistencialista que ha tenido en los últimos años, creando canales de participación para que los ciudadanos asuman un rol protagónico en la solución de sus problemas, asumiendo un papel más activo como sujetos de desarrollo”. (Cordiplan, 9no Plan de al Nación)
Por último, la Agenda Venezuela constituyó un nuevo documento técnico que esbozó los principales lineamientos de acción de este período gubernamental. Cabe destacar la concreción de la participación de la sociedad organizada y de las comunidades en la ejecución de varios programas sociales que incluía dicha agenda.
En una próxima entrega presentaré algunos precedentes institucionales sobre los mecanismos de participación ciudadana impulsados entre 1958 y 1998.
Al presidente Rómulo Betancourt, le corresponden los dos primeros planes quinquenales de desarrollo. El presidente Raúl Leoni elaboró el tercer plan de la nación. Del presidente Rafael Caldera son el cuarto y el noveno. Al presidente Carlos Andrés Pérez, se deben los planes quinto y octavo. Mientras que el presidente Luis Herrera Campíns, elaboró el sexto plan de la nación. Este plan tiene el mérito histórico por cierto, de introducir por primera vez en Venezuela, el tema de la democracia participativa como modelo de sociedad. Y el presidente Jaime Lusinchi elaboró el séptimo plan quinquenal de desarrollo. Este plan se realizó con la metodología denominada planificación estratégica situacional, la cual tuvo gran impacto en la administración pública. Veamos el resumen.
A. El Primer Plan de la Nación 1960-1964. Capítulo V. Desarrollo de la Comunidad
En el Primer Plan de la Nación, el tema de la participación se articula a políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la Comunidad, entendido este, como un elemento destinado a incorporar a los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad de vida.
El enfoque del Plan 1960-64 prescribía que los programas de desarrollo comunal revestían gran importancia en la planificación económica por cuanto despertaban la iniciativa individual y promovían la participación activa de la comunidad en la realización de obras y proyectos, propiciaban el aprovechamiento de recursos financieros y humanos, y lograban asimismo la interrelación entre el desarrollo económico y social” (Cordiplan, 1er Plan de la Nación).
En este período y en correspondencia con la política de desarrollo comunal impulsada desde el gobierno, se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 30 de Enero de 1962. Esta agencia oficial aún existe en Venezuela.
B. El Segundo Plan de la Nación 1963-1966. Capítulo XVIII. Desarrollo de la Comunidad
En el Segundo Plan de la Nación se consolida y amplia la visión sobre el Desarrollo Comunal como medio de promoción de la participación social y como elemento estratégico para el desarrollo adecuado y eficiente de las políticas públicas. “En Venezuela el programa de Desarrollo de la Comunidad no es un programa más que ha sido añadido a los numerosos programas sociales y de fomento económico que se realizan en todo el ámbito nacional. Desde el comienzo se le consideró como un gran programa aglutinador, basado principalmente en la coordinación de todos los programas nacionales, estadales y locales que promueve el bienestar de la comunidad. Se pensó que a través de la participación activa de la comunidad en la solución de sus problemas, de la reorientación y capacitación del personal empleado, del pleno aprovechamiento de los recursos de las organizaciones no gubernamentales, se podrían lograr los objetivos principales del programa que son el cambio de actitudes, la mayor integración de las comunidades y un mayor rendimiento de los recursos financieros y técnicos asignados a los programas gubernamentales y, en definitiva, el mejoramiento de las condiciones de vida” (Cordiplan, 2do Plan de al Nación).
Un dato adicional es que el Plan 1963-66 contempló la vinculación de la Reforma Agraria con la estrategia programática de Desarrollo de la Comunidad; y también la continuación de actividades de entrenamiento de personal en el desarrollo comunitario tanto a nivel talleres en centros urbanos y rurales, así como en el ámbito de cursos de postgrado en el Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela.
C. El Tercer Plan de la Nación 1965-1968. Capítulo XX. Desarrollo de la Comunidad
El Plan para el lapso 1965-68 fue una continuación y mejoramiento de la visión, objetivos y propósitos fundamentales de los dos planes anteriores.
El propósito central del 3er Plan fue impulsar la gradual tecnificación del programa de Desarrollo de la Comunidad, mediante la sistematización de sus contenidos, la calificación de recursos humanos y la institucionalización de mecanismos de coordinación y acción de los entes vinculados a la estrategia.
La sistematización abarcó fundamentalmente los programas de Edificaciones Escolares Rurales; de Vivienda Rural, de la División de Malariología; de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y el de formación de personal en el área de desarrollo comunal. En este último programa destacó el esfuerzo emprendido por el Gobierno Nacional de la época; y de organismos multilaterales como el Fondo Especial de las Naciones Unidas, para lograr la consolidación del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación Aplicada para el Desarrollo Comunal.
El 3er Plan de la Nación contempló la consolidación de una instancia nacional para impulsar el programa de Desarrollo de la Comunidad en un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado. Nos referimos al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad integrado por los ministerios de Educación, de Sanidad y Asistencia Social; de Agricultura y Cría; de Justicia; y del Trabajo; el Banco Obrero; el Consejo Venezolano del Niño, los institutos Agrario Nacional; Nacional de Nutrición; y Nacional Obras Sanitarias; el Consejo de Bienestar Rural Universidad de Oriente, el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria (IVAC), la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia Privada; el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES); la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN) la Asociación Nacional de Productores de Cemento, Caritas de Venezuela; la Corporación de Guayana; Acción de Venezuela; Asociación de Scouts; y CORDIPLAN.
D. El Cuarto Plan de la Nación 1969-1973. Capítulo VII. Desarrollo Social
Con el Plan 1970-74 el tema de la participación social toma otra vertiente de desarrollo. Esta vez vinculada a la política social y más específicamente aún referida a los sectores sociales marginados.
En efecto, la estrategia de Desarrollo de la Comunidad pasó de ser un programa que permite la acción coordinadora de otras políticas públicas; para convertirse en un elemento de lo que se considera en el 4to. Plan como una política de promoción popular. La promoción popular era vista como un conjunto de esfuerzos integrados y destinados a estimular transformaciones en el sistema socioeconómico y cultural que permitieran la incorporación y participación deliberada y consciente del hombre como sujeto de todos los procesos y fines el desarrollo. Dos objetivos fundamentales se concibieron alrededor de este concepto, a saber:
a. La incorporación de la población al proceso de producción y distribución de riquezas y disfrute de los beneficios de desarrollo; y,
b. La participación popular en las tareas de ejecución del desarrollo.
Aquí deseo destacar el segundo de los objetivos, porque suponía la participación popular en las tareas de organización, y ejecución del desarrollo, e implica un proceso de modificación y transformación de las actuales estructuras de decisión, a través de una toma de conciencia y organización de la población con el fin de facilitar y asegurar una auténtica y adecuada representación y participación de los sectores populares.
E. El Quinto Plan de la Nación 1973-1978. Parte D. Urbanización, Equipamiento y Programas para Áreas Marginales
Con el 5to Plan de la Nación, el concepto y las iniciativas vinculadas al tratamiento del tema de al participación ciudadana sufren otro cambio. En ese momento ya no consideradas como un canal para la inclusión de vastos sectores sociales en la resolución de sus problemas específicos, con un rol de protagonismo.
La visión del plan inmediatamente anterior, de utilizar la promoción popular como un medio de protagonismo de la población en la atención a sus problemas desaparece. De hecho el Plan 1973-1978 resaltó la cuestión del desarrollo de la comunidad en el marco de la atención a los sectores más vulnerables mediante la aplicación de medidas de intervención estatal fundamentalmente en el ámbito de la infraestructura.
En el contexto del 5to Plan, la propuesta central fue los denominados “Módulos de Servicios” que concentraban la coordinación de programas tales como: vialidad y urbanismo, reubicación, mejoramiento y autoconstrucción de viviendas y asistencia social.
E. El Sexto Plan de la Nación 1979-1984. Capítulo VIII. Organización Social y Participación
Los planteamientos y las propuestas de este plan implicaron un salto cualitativo trascendente en el tema de la participación ciudadana. De hecho, por primera vez en la historia del sistema político venezolano se colocó en el tapete el tema de la democracia participativa. En efecto, Plan 1979-84 tuvo “un principio rector básico (...) la consolidación de la democracia participativa, mediante la cual se persigue impulsar la presencia activa del pueblo en la preparación, toma y ejecución de decisiones, (subrayado nuestro) de modo que personas y organizaciones desarrollen responsablemente sus iniciativas, entreguen sus aportes y reciban una parte equitativa de los beneficios del producto social global”. (Cordiplan, 6to Plan de la Nación).
La posibilidad de impulsar en el país un nuevo modelo de gestión de políticas públicas sobre la base de la participación social es asomada con mayor claridad en el Plan 1981-85; sin considerar, en este momento, la posterior eficacia con que pudo ser realizada. Esta prescripción de democracia participativa tuvo los siguientes objetivos:
a. Mejorar y fortalecer los niveles de organización social de los distintos sectores de la población, con especial énfasis en los grupos de menores recursos.
b. Promover cambios de actitudes y valores en la sociedad venezolana, que conduzcan a una menor dependencia del paternalismo del Estado, a una mayor valorización de la organización social como instrumento de participación y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
c. Realizar las modificaciones legales e institucionales necesarias para estimular, orientar y apoyar los procesos de organización social y participación, y para posibilitar la coordinación de los diversos programas dispersos en múltiples entidades oficiales.
d. Promover el crecimiento integral y planificado del cooperativismo para convertirlo en un instrumento eficiente del desarrollo social y económico del país.
Entre las estrategias y lineamientos estratégicos formulados en el 6to. Plan de la Nación destacan las siguientes:
- El aumento del nivel de organización social de la población. Aquí destacaba las responsabilidades asignadas a los siguientes organismos: FUNDACOMÚN; Instituto Agrario Nacional (IAN), y la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA) en el sector agrícola; así también la Fundación de Edificaciones Educativas (FEDE) y la Superintendencia de Protección al Consumidor. Un punto realmente importante fue la creación de Comités Populares para la participación en la realización de políticas vinculadas a la Vivienda con el patrocinio del INAVI y la articulación a las políticas sanitarias conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y también merece especial mención la propuesta de incorporación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en la cogestión de las políticas laborales.
- El cambio de actitudes y valores de la población; destinado al fortalecimiento de las organizaciones populares, mediante la participación de las organizaciones sociales en la fiscalización y administración de los servicios públicos, con miras a lograr su mejor funcionamiento.
- La realización de modificaciones legales e institucionales; que incluía la creación del Consejo Nacional para la Organización Social y la Participación como máxima instancia de coordinación entre los sectores públicos y privados, y como el principal ente promotor del proceso de participación.
- El desarrollo del cooperativismo; con la intención de incrementar el número y la calidad del movimiento cooperativista en Venezuela. En este aspecto merece la pena mencionar la creación de cooperativas escolares y la promoción de cooperativas de vivienda, servicios, transporte, ahorro y crédito consumo, producción agrícola y producción industrial.
F. El Séptimo Plan de la Nación 1984-1988. Capítulo V. Lineamientos de Acción
Así como en el plan anterior el tema de la participación social cobró un inusitado entusiasmo e incluso un replanteo de la democracia por su sentido participativo; el 7mo. Plan de la Nación le otorgó un tratamiento renovado, agregando la privatización de entes públicos.
En el Plan 1984-88, el tema de al participación ciudadana se le considera “no sólo como una propuesta de acción, sino también que propone una forma de organización para realizarla”. Bajo este concepto el tema de la participación social pudo ser identificado en dos componentes del plan:
a. Avance hacia una sociedad más justa; y,
b. Profundización de la democracia política.
En el componente Avance hacia una sociedad más justa, para la cuestión participativa se propone la creación de nuevas formas empresariales que democraticen la propiedad del capital y la gestión empresarial. Y más específicamente aún se sugiere el acceso de a una educación creativa y a una cultura participativa.
En el componente Profundización de la Democracia Política; se establecen como problemas básicos las distorsiones en el sistema de participación política y las modalidades excluyentes en la gestión empresarial. Plantea así mismo como lineamientos estratégicos: revitalizar la democracia, equilibrando mejor las relaciones de poder y creando sistemas de participación; democratizar las formas de propiedad y enfrentar los elementos de fragilidad de la democracia
En cuanto a los proyectos de acción referidos los lineamientos estratégicos en materia de la Profundización de la Democracia Política, el 7mo Plan propuso: la protección Ciudadana y la Defensa de la Nación; la Profundización de la Democracia Política; la Privatización de Empresas Públicas y el fortalecimiento de un Sistema Económico de Cooperación (SEC) entre el sectores público y privado.
G. El Octavo Plan de la Nación 1989-1994. Capítulos Compromisos Social, Crecimiento Sin Inflación, Cambio Institucional
El 8vo Plan de la Nación tuvo un desarrollo multisectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental. El Gran Viraje como también se le conoció propuso como objetivo lograr una democracia moderna y eficiente, capaz de propiciar un ambiente para que las decisiones colectivas incorporen las voces de todos los afectados, generando una nueva cultura nacional de participación y concertación.
En el área de Compromiso Social, el Plan 1989-94, proponía el fortalecimiento de la red Institucional del Sector Social, mediante la promoción de la formación en gerencia social con énfasis en la atención a grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos e indígenas en pobreza extrema) y la gestión concertada de los servicios con el sector privado no-lucrativo o comercial y con la población organizada. Además consideró estratégico la promoción de la participación organizada mediante las siguientes acciones:
a. La creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza y sus comisiones regionales como organismos para la concertación de la nueva estrategia social.
b. La creación y extensión de los centros de atención integral a la mujer.
c. El apoyo prioritario a la organización de las comunidades de bajos ingresos, en especial el sector femenino
d. Ampliación de la capacidad de gestión de las organizaciones de base de las comunidades.
e. Fortalecimiento del movimiento femenino nacional y de otras asociaciones no gubernamentales.
f. El impulso de la participación de las comunidades en los gobiernos locales.
En síntesis, en materia social se propuso como proyecto estratégico “el fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil” mediante la ejecución de las siguientes operaciones:
Creación del Ministerio de Desarrollo Social y reformas el Ministerio del Trabajo
Creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza
Creación el Consejo Nacional de la Mujer
Desarrollo de una red institucional del Estado para la política social
Fomento de la cooperación de la sociedad civil en la formulación y ejecución de los programas sociales.
En el plano económico se sugirió redefinir el ámbito empresarial del Estado mediante la transferencia de la propiedad empresas de carácter privado; y la transferencia de la gestión de empresas de servicios públicos lo cual significaba una nueva oportunidad para abrir espacios para la participación de sectores no estatales en la gestión económica.
Por último, en su componente referido al Cambio Institucional (Reforma del Estado) el tema de la participación también fue tratado con amplitud. Al respecto, deben destacarse los siguientes proyectos:
Impulso de la descentralización política y nuevas formas de organización social que garanticen mayor participación y representación. Esto incluía la elección directa de gobernadores y alcaldes; la elección uninominal de los representantes a los cuerpos deliberantes y el desarrollo de organizaciones autónomas de la comunidad.
Descentralización progresiva y coordinada de los servicios públicos a fin de aumentar su eficiencia y participación de la comunidad. Esto suponía transferencia de servicios hacia gobernadores y alcaldes y el aumento del control y la participación de comunidades en la gestión de los gobiernos locales.
Aumento de la autonomía, la imparcialidad y la tecnificación de la administración de justicia, y la cultura jurídica ciudadana. Esto implicaba el desarrollo de un sistema de asistencia jurídica ciudadana, la creación de una jurisdicción de paz y el desarrollo de programas de formación ciudadana.
H. El Programa de Estabilización y Recuperación Económica 1994. Capítulo 8. La estrategia de Acción Social. El Noveno Plan de la Nación 1995. La Agenda Venezuela
El Programa de Estabilización y Recuperación Económica elaborado en el ejercicio fiscal de 1994 contenía como orientación de la política social propuesta, la elevación de la capacidad de organización de la sociedad civil destinada a su vez, a incrementar las capacidades de la población más desasistida para apropiarse del producto social. Esta visión estratégica de nuevo centró la cuestión de la participación ciudadana en el ámbito de la asistencia económica y social bajo un llamado a la solidaridad; a la vez que sugería dentro de la optimización de los mecanismos de distribución del gasto público la implementación de la “planificación participativa” a través de organismos gubernamentales como el INCE, el Ministerio de la Familia, FUNDACOMUN y también la incorporación de las organizaciones no gubernamentales que paulatinamente ganaban espacios como un agente activo al menos en la formulación de las políticas públicas.
Entre las acciones más significativas contenidas este documento previo al 9no Plan de la Nación; deben mencionarse:
- El proyecto de alimentación y salud que comprendía entre otros a la beca alimentaria, el bono lácteo el bono de cereales, la distribución de útiles y uniformes escolares y sobre todo los multihogares para la atención integral del niño, mediante la organización comunitaria; el Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI) para la organización y acceso de las madres y menores a la salud y nutrición.
- La economía solidaria que contemplaba entre otras acciones, el programa de promoción de organizaciones mediante la asistencia técnica y la promoción por parte de ONG´s para el fortalecimiento y creación de organizaciones de la comunidad, orientadas a actividades productivas, mediante la gestión de CORPOINDUSTRIA.
- El impulso de actividades dirigidas al impulso y fortalecimiento de asociaciones de civiles dirigidas al desarrollo del abastecimiento y economía populares.
El 9no Plan de la Nación continuó la inclusión del tema de la participación social en sus diversos componentes. Al respecto, se deben mencionar sus contenidos temáticos referidos a los sectores social educativo ambiental e institucional. Veamos.
En materia social el Plan diseñado en 1995 bajo el paradigma de la solidaridad suponía que “la participación es la condición necesaria para la concreción de la libertad en el desarrollo del proyecto de país, ella implica el trabajo productivo creador y la apropiación del ámbito de la toma de decisiones para convivencia colectiva”
Entre los objetivos propuestos destacó la organización participación y gestión local vinculada a la descentralización y a un sector social específico como lo constituye la juventud. La organización y gestión de la sociedad civil fue percibidas como una estrategia que atravesaba transversalmente todos los sectores del 9no Plan. En síntesis, la participación de fue estimada como principio, medio y fin de la política social.
Dentro de este marco destacaban los programas vinculados al desarrollo económico basado en las empresas asociaciones el apoyo a las denominadas formas asociativas de los trabajadores que incluían la flexibilización de la propiedad; y por otra parte, la ejecución de programas de formación y capacitación para el desarrollo de una economía solidaria.
En el sector educativo se planteó el fortalecimiento de la participación de las comunidades en la gestión de las agencias educacionales así como el carácter participativo de la educación oficial y privada. Muy ligado al punto inmediatamente anterior y en materia ambiental, se planteó el impulso de la educación ambiental para alcanzar un desarrollo sustentable; otorgándole, en este campo, un papel relevante a las organizaciones no gubernamentales de orden ambientalista.
En el aspecto político el Plan de 1995 consideró entre otras innovaciones:
La reforma del sistema electoral y de la Ley del Sufragio impulsando la uninominalidad y modificando los mecanismos de designación de los directivos del Consejo Supremo Electoral.
La introducción de la figura del referendum en sus diferentes modalidades aprobatorio, revocatorio, abrogatorio y consultivo como una nueva forma de participación complementaria a la representación.
La creación de la figura del Primer Ministro; de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
Cabe agregar, que la descentralización fue considerada como un medio estratégico, para lograr una participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Para finalizar, el 9no Plan proponía que: “el Estado venezolano tendrá que abandonar la actitud paternalista y asistencialista que ha tenido en los últimos años, creando canales de participación para que los ciudadanos asuman un rol protagónico en la solución de sus problemas, asumiendo un papel más activo como sujetos de desarrollo”. (Cordiplan, 9no Plan de al Nación)
Por último, la Agenda Venezuela constituyó un nuevo documento técnico que esbozó los principales lineamientos de acción de este período gubernamental. Cabe destacar la concreción de la participación de la sociedad organizada y de las comunidades en la ejecución de varios programas sociales que incluía dicha agenda.
En una próxima entrega presentaré algunos precedentes institucionales sobre los mecanismos de participación ciudadana impulsados entre 1958 y 1998.
lunes, julio 10, 2006
PRIMARIAS
De nuevo, la oposición se encuentra en una situación definitoria y trascendente: la realización de unas elecciones primarias para elegir un candidato presidencial unitario. El resultado de este evento -de realizarse bajo “circunstancias normales”-, pareciera ser previsible. No así las consecuencias de ese resultado para cada uno de los actores políticos y sociales involucrados en el mismo.
Julio Borges (Primero Justicia) y Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) se presentan como las opciones de mayor arraigo y arrastre popular. El joven candidato opositor Julio Borges (un moderado de centro-derecha), tiene un año recorriendo el país con un mensaje claramente democrático y alternativo a las políticas oficialistas. Borges, además, inició su campaña electoral enfrentando duras críticas del sector abstencionista de la propia oposición. Por su parte, el Gobernador Rosales (un político de tendencia social-demócrata), posee un comprobado liderazgo regional, y además una obra de gobierno que mostrar, desde el poderoso estado Zulia.
Otro factor que favorece a estos candidatos es que poseen una amplia proyección nacional y con mayores recursos que el resto de sus competidores. Y en efecto, tanto la muy distinguida Cecilia Sosa (ex-Presidente de la Corte Suprema de Justicia), Sergio Omar Calderón (representante de la democracia cristiana), William Ojeda (líder del partido Un Solo Pueblo), Pablo Medina (dirigente popular de izquierda), Froilán Barrios (líder sindical), Vicente Brito (liberal y líder empresarial) y Enrique Tejera París (ex-militante de Acción Democrática y con una amplia experiencia gubernamental) no parecieran reunir los recursos políticos y organizativos para afrontar con éxito en seis semanas a los abanderados de los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. De este grupo de ilustres venezolanos, Sergio Omar Calderón, pudiera contribuir con su participación a revitalizar a su partido COPEI; lo cual significaría un decidido aporte al fortalecimiento de las fuerzas democráticas. William Ojeda; por su parte, consolidaría su liderazgo y su proyección en todo el país como uno de sus nuevos líderes emergentes.
Inicialmente, importantes e insustituibles organizaciones y personalidades se eximieron de participar directamente en este evento. La otrora poderosa Acción Democrática, ahora perdida en el limbo de la propuesta abstencionista, es uno e esos factores ausentes. ¿Hacia dónde irán los votos de sus militantes, en caso de que decidan participar? ¿Migraran hacia la candidatura del Gobernador Rosales, de la Dra. Cecilia Sosa o del Dr. Tejera París?
El caso de Roberto Smith, es un tanto diferente. Smith (Ministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez), desde un principio anunció el perfil de su candidatura: “ni de la oposición, ni del gobierno”. Y en ese sentido, ha presentado su candidatura con una amplia gama de propósitos que van desde convertir a Venezuela en un país del primer mundo hasta realizar un nuevo proceso constituyente. En síntesis, la participación de Roberto Smith como candidato presidencial no parece depender de las primarias.
La posición de Teodoro Petkoff es difícil y singular. Petkoff nadando contra la corriente, y pagando el costo de mantener una posición coherente con acuerdos establecidos a principios de Junio con las asociaciones civiles “Súmate”, “Queremos Elegir” y el Grupo “La Colina”; así como con Manuel Rosales, Julio Borges y otros candidatos presidenciales, decidió no participar en las primarias. Algunos sectores de la derecha opositora más ramplona, han querido sacrificar a Teodoro manipulando sus declaraciones y acusándolo de cualquier cantidad de barbaridades. Craso error.
De las declaraciones de Teodoro Petkoff tan sólo puede inferirse la posición (perfectamente legítima además) de un candidato reclamando honestidad y lealtad con los compromisos adquiridos para adelantar y alcanzar una candidatura unitaria. ¿Y es qué acaso resulta oprobioso exigir el cumplimiento de la palabra empeñada? En todo caso, en las declaraciones de este candidato, quedó claro su compromiso con la unidad electoral de la oposición.
La Asociación Civil “Súmate”, con la realización de las primarias, quizás vaya a su última actividad pública; antes de constituirse como un nuevo partido político. Esta agrupación cívica se ha ganado el honor de padecer la persecución oficial por desarrollar una actividad en defensa de los derechos democráticos. Sin embargo, con esa perspectiva, Súmate adoptó una posición favorable a la abstención y a la desmovilización ciudadana en las elecciones parlamentarias del año pasado. El resultado de esa estrategia la conoce y sufre toda la población venezolana: una Asamblea Nacional con un perfil totalitario.
En esta oportunidad empero, promover la política de la abstención a través de las primarias, no será tan fácil. En primer lugar, ni Manuel Rosales ni Julio Borges, ni otros cinco aspirantes aceptaron la imposición de las “condiciones técnicas” propuestas por Súmate. En segundo lugar, gran parte del operativo comicial dependerá de la participación de los amigos y militantes de los propios candidatos, y también de un voluntariado independiente con lo cual se dificultará el establecimiento de hegemonías y manipulaciones que desde ya se presumen. En tercer lugar, un candidato electo por medio de una votación popular no tendría que supeditarse a la visión o los intereses de una agrupación por “muy técnica o inmaculada” que sea. Pero además, resultaría realmente perjudicial, embaucar a miles de personas con la promesa de elegir a un candidato presidencial unitario, para luego obligarlo a renunciar, ¿no les parece?
Otra cosa son los niveles de pulcritud, responsabilidad y transparencia que las primarias deben demostrar. Su organización, realización y resultados deben ser intachables. No es poco lo que se pone en juego. De igual forma, los organizadores deben estar preparados para las provocaciones que pueda intentar el oficialismo para evitar la realización exitosa de este evento. En ese lado, conocen la diferencia entre una oposición activa y otra desmovilizada.
Un punto adicional es que la descalificación permanente emprendida por algunos comentaristas contra ciertos candidatos, tendría que cesar. Y es que, en realidad las opiniones descalificadoras emitidas contra todo aquel personaje que no coincida con la apreciación de afamados comunicadores, ofenden a la inteligencia. Y así, entre comercial y comercial, se tilda de mendigos a aquellos candidatos que acudieron ante las autoridades electorales o se insinúa que algunos pueden estar recibiendo financiamiento por parte del gobierno nacional.
Llegó pues la hora de las primarias. No más engaños. La democracia se defiende con más democracia. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece a todos.
Julio Borges (Primero Justicia) y Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) se presentan como las opciones de mayor arraigo y arrastre popular. El joven candidato opositor Julio Borges (un moderado de centro-derecha), tiene un año recorriendo el país con un mensaje claramente democrático y alternativo a las políticas oficialistas. Borges, además, inició su campaña electoral enfrentando duras críticas del sector abstencionista de la propia oposición. Por su parte, el Gobernador Rosales (un político de tendencia social-demócrata), posee un comprobado liderazgo regional, y además una obra de gobierno que mostrar, desde el poderoso estado Zulia.
Otro factor que favorece a estos candidatos es que poseen una amplia proyección nacional y con mayores recursos que el resto de sus competidores. Y en efecto, tanto la muy distinguida Cecilia Sosa (ex-Presidente de la Corte Suprema de Justicia), Sergio Omar Calderón (representante de la democracia cristiana), William Ojeda (líder del partido Un Solo Pueblo), Pablo Medina (dirigente popular de izquierda), Froilán Barrios (líder sindical), Vicente Brito (liberal y líder empresarial) y Enrique Tejera París (ex-militante de Acción Democrática y con una amplia experiencia gubernamental) no parecieran reunir los recursos políticos y organizativos para afrontar con éxito en seis semanas a los abanderados de los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. De este grupo de ilustres venezolanos, Sergio Omar Calderón, pudiera contribuir con su participación a revitalizar a su partido COPEI; lo cual significaría un decidido aporte al fortalecimiento de las fuerzas democráticas. William Ojeda; por su parte, consolidaría su liderazgo y su proyección en todo el país como uno de sus nuevos líderes emergentes.
Inicialmente, importantes e insustituibles organizaciones y personalidades se eximieron de participar directamente en este evento. La otrora poderosa Acción Democrática, ahora perdida en el limbo de la propuesta abstencionista, es uno e esos factores ausentes. ¿Hacia dónde irán los votos de sus militantes, en caso de que decidan participar? ¿Migraran hacia la candidatura del Gobernador Rosales, de la Dra. Cecilia Sosa o del Dr. Tejera París?
El caso de Roberto Smith, es un tanto diferente. Smith (Ministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez), desde un principio anunció el perfil de su candidatura: “ni de la oposición, ni del gobierno”. Y en ese sentido, ha presentado su candidatura con una amplia gama de propósitos que van desde convertir a Venezuela en un país del primer mundo hasta realizar un nuevo proceso constituyente. En síntesis, la participación de Roberto Smith como candidato presidencial no parece depender de las primarias.
La posición de Teodoro Petkoff es difícil y singular. Petkoff nadando contra la corriente, y pagando el costo de mantener una posición coherente con acuerdos establecidos a principios de Junio con las asociaciones civiles “Súmate”, “Queremos Elegir” y el Grupo “La Colina”; así como con Manuel Rosales, Julio Borges y otros candidatos presidenciales, decidió no participar en las primarias. Algunos sectores de la derecha opositora más ramplona, han querido sacrificar a Teodoro manipulando sus declaraciones y acusándolo de cualquier cantidad de barbaridades. Craso error.
De las declaraciones de Teodoro Petkoff tan sólo puede inferirse la posición (perfectamente legítima además) de un candidato reclamando honestidad y lealtad con los compromisos adquiridos para adelantar y alcanzar una candidatura unitaria. ¿Y es qué acaso resulta oprobioso exigir el cumplimiento de la palabra empeñada? En todo caso, en las declaraciones de este candidato, quedó claro su compromiso con la unidad electoral de la oposición.
La Asociación Civil “Súmate”, con la realización de las primarias, quizás vaya a su última actividad pública; antes de constituirse como un nuevo partido político. Esta agrupación cívica se ha ganado el honor de padecer la persecución oficial por desarrollar una actividad en defensa de los derechos democráticos. Sin embargo, con esa perspectiva, Súmate adoptó una posición favorable a la abstención y a la desmovilización ciudadana en las elecciones parlamentarias del año pasado. El resultado de esa estrategia la conoce y sufre toda la población venezolana: una Asamblea Nacional con un perfil totalitario.
En esta oportunidad empero, promover la política de la abstención a través de las primarias, no será tan fácil. En primer lugar, ni Manuel Rosales ni Julio Borges, ni otros cinco aspirantes aceptaron la imposición de las “condiciones técnicas” propuestas por Súmate. En segundo lugar, gran parte del operativo comicial dependerá de la participación de los amigos y militantes de los propios candidatos, y también de un voluntariado independiente con lo cual se dificultará el establecimiento de hegemonías y manipulaciones que desde ya se presumen. En tercer lugar, un candidato electo por medio de una votación popular no tendría que supeditarse a la visión o los intereses de una agrupación por “muy técnica o inmaculada” que sea. Pero además, resultaría realmente perjudicial, embaucar a miles de personas con la promesa de elegir a un candidato presidencial unitario, para luego obligarlo a renunciar, ¿no les parece?
Otra cosa son los niveles de pulcritud, responsabilidad y transparencia que las primarias deben demostrar. Su organización, realización y resultados deben ser intachables. No es poco lo que se pone en juego. De igual forma, los organizadores deben estar preparados para las provocaciones que pueda intentar el oficialismo para evitar la realización exitosa de este evento. En ese lado, conocen la diferencia entre una oposición activa y otra desmovilizada.
Un punto adicional es que la descalificación permanente emprendida por algunos comentaristas contra ciertos candidatos, tendría que cesar. Y es que, en realidad las opiniones descalificadoras emitidas contra todo aquel personaje que no coincida con la apreciación de afamados comunicadores, ofenden a la inteligencia. Y así, entre comercial y comercial, se tilda de mendigos a aquellos candidatos que acudieron ante las autoridades electorales o se insinúa que algunos pueden estar recibiendo financiamiento por parte del gobierno nacional.
Llegó pues la hora de las primarias. No más engaños. La democracia se defiende con más democracia. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece a todos.
jueves, junio 29, 2006
LA RELEGITIMACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL
La propuesta de relegitimar la Asamblea Nacional; luego de las elecciones presidenciales de Diciembre resulta interesante. Recordemos que, mucho más de la mitad del electorado venezolano no está representado en el actual parlamento. Así nuestro país posee un parlamento que ni representa a la mayoría de los venezolanos, ni tampoco a su diversidad ideológica; es decir, tenemos un parlamentarismo totalitario en el país.
Esa cualidad legislativa le da algunas ventajas al oficialismo. Una de ellas, es la aprobación o modificación de leyes en el tiempo y las condiciones que convengan. Otra beneficio es el ahorro de esfuerzos para llegar a acuerdos y consensos con otros factores políticos. Ya no hace falta eso. Porque hay un pensamiento único que guía sobre lo que hay que hacer, y también sobre cuándo y cómo hacerlo.
La exclusión de una parte del pueblo venezolano trae consigo sus problemas. Uno de ellos, es la precaria legitimidad de la gestión legislativa. Otro problema reside en el aislamiento de los asambleístas del país. Además, el esquema predominante en el parlamento no tiene sintonía con la arraigada cultura “liberal y democrática”, que posee la mayoría de los venezolanos. Por último, esos “excluidos políticos” tienen mucho que decir y que aportar; y además constituyen un centro de poder disperso pero inobjetable.
La iniciativa de relegitimar las autoridades legislativas genera dudas. Aparte de su viabilidad de legal o jurídica -que pudiera construirse-, la propuesta necesita de la voluntad política de las partes involucradas. También requiere de unas condiciones confiables del sistema electoral, que actualmente no existen. Así mismo, el gobierno debería deponer su intolerancia contra periodistas, editores, medios de comunicación social o contra cualquier tipo de disidencia o pensamiento independiente.
Voceros del oficialista Movimiento Quinta República (MVR) y de sus aliados menores, PODEMOS y el PPT, han expresado unas tímidas opiniones de aprobación alrededor de la iniciativa lanzada por uno de sus asambleístas. Del otro lado, las fuerzas de la oposición hasta ahora la han ignorado, al parecer están atendiendo otros temas también relevantes. Mientras tanto, la crisis política del país sigue avanzando.
Esa cualidad legislativa le da algunas ventajas al oficialismo. Una de ellas, es la aprobación o modificación de leyes en el tiempo y las condiciones que convengan. Otra beneficio es el ahorro de esfuerzos para llegar a acuerdos y consensos con otros factores políticos. Ya no hace falta eso. Porque hay un pensamiento único que guía sobre lo que hay que hacer, y también sobre cuándo y cómo hacerlo.
La exclusión de una parte del pueblo venezolano trae consigo sus problemas. Uno de ellos, es la precaria legitimidad de la gestión legislativa. Otro problema reside en el aislamiento de los asambleístas del país. Además, el esquema predominante en el parlamento no tiene sintonía con la arraigada cultura “liberal y democrática”, que posee la mayoría de los venezolanos. Por último, esos “excluidos políticos” tienen mucho que decir y que aportar; y además constituyen un centro de poder disperso pero inobjetable.
La iniciativa de relegitimar las autoridades legislativas genera dudas. Aparte de su viabilidad de legal o jurídica -que pudiera construirse-, la propuesta necesita de la voluntad política de las partes involucradas. También requiere de unas condiciones confiables del sistema electoral, que actualmente no existen. Así mismo, el gobierno debería deponer su intolerancia contra periodistas, editores, medios de comunicación social o contra cualquier tipo de disidencia o pensamiento independiente.
Voceros del oficialista Movimiento Quinta República (MVR) y de sus aliados menores, PODEMOS y el PPT, han expresado unas tímidas opiniones de aprobación alrededor de la iniciativa lanzada por uno de sus asambleístas. Del otro lado, las fuerzas de la oposición hasta ahora la han ignorado, al parecer están atendiendo otros temas también relevantes. Mientras tanto, la crisis política del país sigue avanzando.
sábado, junio 24, 2006
¿HACIA UNA DEMOCRACIA TOTALITARIA?
La captura final de la sociedad venezolana continúa su desarrollo desde diversos frentes y con distintas modalidades. En la Asamblea Nacional se anuncian eventos para elaborar una propuesta de “organización única” para el movimiento popular. Así mismo, se propone la realización de cursos de “capacitación ideológica” dirigidos a los consejos comunales, para evitar su semejanza con las asociaciones de vecinos. Además, se discute el anteproyecto de una Ley de Cooperación Internacional, con la cual se ejercería un control tutelar sobre las organizaciones no gubernamentales.
Desde el Ejecutivo Nacional se anunció la revisión de las concesiones otorgadas a las empresas televisivas privadas; bajo la acusación de que las mismas conspiran contra los intereses del país. El Tribunal Supremo de Justicia con su decisión de suspender las elecciones estudiantiles en la Universidad de Los Andes (ULA), contribuyó también con su “granito de arena” a la creciente limitación de los derechos al protagonismo y a la participación de los venezolanos.
La persecución a opositores se ha hecho sentir con la penalización de la disidencia política. Detenciones, juicios e inhabilitaciones bajo una variada gama de acusaciones como: traición a la patria, conspiración, violación de tratados internacionales o irregularidades administrativas, parece ser la medicina recetada para cualquier crítico gubernamental o lider social que se torne “fastidioso”.
Todo parece indicar que iríamos hacia la extinción de la promesa básica de participación y protagonismo del pueblo, contenida en la Constitución Bolivariana. Comenzaría pues, a tomar fuerza en Venezuela la posibilidad de concretar un modelo de democracia totalitaria, sustentado en la imposición de una visión única e intolerante del mundo y de la sociedad.
Hasta el presente, el autoritarismo avanzó con base a la manipulación de la solidaridad social, de las necesidades populares; y sobre todo, aprovechando la impericia política del movimiento democrático venezolano.
¿Hay posibilidades de revertir las tendencias autoritarias que se avizoran cada día con mayor certeza? Por supuesto, que sí las hay. Con voluntad, unidad y organización es posible. El totalitarismo es inversamente proporcional a la organización y a la movilización popular. En la medida que, los ciudadanos defiendan sus espacios naturales de participación en forma democrática, incluyente y constitucional, el autoritarismo será progresivamente aislado y derrotado. No lo olvide.
Desde el Ejecutivo Nacional se anunció la revisión de las concesiones otorgadas a las empresas televisivas privadas; bajo la acusación de que las mismas conspiran contra los intereses del país. El Tribunal Supremo de Justicia con su decisión de suspender las elecciones estudiantiles en la Universidad de Los Andes (ULA), contribuyó también con su “granito de arena” a la creciente limitación de los derechos al protagonismo y a la participación de los venezolanos.
La persecución a opositores se ha hecho sentir con la penalización de la disidencia política. Detenciones, juicios e inhabilitaciones bajo una variada gama de acusaciones como: traición a la patria, conspiración, violación de tratados internacionales o irregularidades administrativas, parece ser la medicina recetada para cualquier crítico gubernamental o lider social que se torne “fastidioso”.
Todo parece indicar que iríamos hacia la extinción de la promesa básica de participación y protagonismo del pueblo, contenida en la Constitución Bolivariana. Comenzaría pues, a tomar fuerza en Venezuela la posibilidad de concretar un modelo de democracia totalitaria, sustentado en la imposición de una visión única e intolerante del mundo y de la sociedad.
Hasta el presente, el autoritarismo avanzó con base a la manipulación de la solidaridad social, de las necesidades populares; y sobre todo, aprovechando la impericia política del movimiento democrático venezolano.
¿Hay posibilidades de revertir las tendencias autoritarias que se avizoran cada día con mayor certeza? Por supuesto, que sí las hay. Con voluntad, unidad y organización es posible. El totalitarismo es inversamente proporcional a la organización y a la movilización popular. En la medida que, los ciudadanos defiendan sus espacios naturales de participación en forma democrática, incluyente y constitucional, el autoritarismo será progresivamente aislado y derrotado. No lo olvide.
jueves, junio 15, 2006
OBJETIVO: EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
El gobierno se ha planteado obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a finales del presente año. Esta aspiración –por demás legítima y soberana- no constituye novedad alguna. Venezuela, ya formó parte de esa instancia internacional con anterioridad en los períodos 1962-1963; 1977-1978 y 1992-1993; coincidiendo tal participación con gobiernos de Acción Democrática (histórico partido venezolano de tendencia social-demócrata). En realidad, lo novedoso de esta nueva aspiración radicaría en la posición de confrontación y beligerancia asumida por nuestro país en contra de los Estados Unidos de América y de sus principales aliados.
Y es que, la política exterior venezolana ha evolucionado en sus objetivos desde “fortalecer la soberanía nacional y promover el mundo multipolar” (según los lineamientos contenidos en el Plan de la Nación 20001-2007) hacia su nueva meta: “el socialismo del siglo XXI como alternativa frente al capitalismo, la globalización y el imperialismo”. Bajo ese enfoque, la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad podría resultar realmente interesante; aunque con muchas dudas razonables en cuanto a su real contribución para la reforma y modernización de esa instancia y de la ONU, con una visión basada en el respeto por la pluralidad, la inclusión, la tolerancia y la libertad de cada nación del mundo. Y, esas dudas razonables se fundamentan en la enorme carga de confrontación que ha caracterizado el viraje de la política exterior venezolana desde el año 1999.
Ese viraje implica para Venezuela avances y retrocesos; disensos y concertaciones aderezados con varias derrotas diplomáticas. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela logró establecerse en el campo internacional como una nueva referencia de la izquierda revolucionaria. Así mismo, se convirtió en un “centro de financiamiento internacional” de programas sociales benéficos. Por supuesto, estos importantes logros tuvieron su soporte en la bonanza fiscal brindada por los altos precios petroleros. Pero también hay que destacar que pese a la “retórica revolucionaria”, Venezuela no ha dejado de pagar sus obligaciones con la banca internacional. Tampoco el gobierno ha suspendido la venta de petróleo al denominado “imperio”. Otro logro de la diplomacia revolucionaria fue el impulso de la Alternativa Bolivariana de Las Américas (ALBA); suscrita por Cuba y Bolivia y quizás Nicaragua dependiendo de sus resultados electorales. El ALBA sería el modelo contrapuesto al Tratado de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), propuesto por el imperio, y apoyado hasta ahora por la mayoría de los países del hemisferio. Por último, merece destacarse nuestro ingreso al denominado Mercosur de la mano de Argentina y Brasil.
Por otra parte, el viraje de la multipolaridad al socialismo, trajo consigo la diferenciación y choque con cualquier país que no coincidiera políticamente con las posiciones asumidas por Venezuela. En el contexto de esa extraña forma de “internacionalismo socialista”, Venezuela se peleó –en algún momento- con los gobiernos de Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, y últimamente Perú, con los resultados por todos conocidos. De igual manera, las acusaciones de la intromisión venezolana en países como el mismo Perú; además de Nicaragua y El Salvador se han convertido en un tema ineludible que llegó a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los fracasos diplomáticos de la Cumbre de Las Américas, realizada en Argentina, la separación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres (G-3), y la derrota sufrida en la ONU para ingresar a su nueva Comisión de Derechos Humanos constituyen otro indicativo de la calidad y consistencia de la política exterior de la revolución venezolana. De allí que, la aspiración de ocupar un puesto, como uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se presenta “un tanto complicada”. De paso, la alianza con gobiernos con las características de Corea del Norte, Irán o Siria sólo reflejan la tendencia que llevaría el actual gobierno a la ONU.
Desde otra perspectiva, el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad permitiría al gobierno revolucionario utilizarlo como “caja de resonancia”, para el despliegue y promoción de su política internacional. Por ejemplo: ¿no sería el mejor lugar y auditorio para denunciar las agresiones y las amenazas de los Estados Unidos de América contra Venezuela? Pero también desde allí, se podría denunciar o bloquear cualquier iniciativa política de la oposición o disidencia democrática venezolana que sea catalogada como “peligrosa” por el gobierno nacional. Por supuesto, en una situación de ese tipo, las consecuencias serían muy lamentables para un pueblo: el pueblo venezolano que tan sólo desea vivir en paz, en libertad y en democracia.
Y es que, la política exterior venezolana ha evolucionado en sus objetivos desde “fortalecer la soberanía nacional y promover el mundo multipolar” (según los lineamientos contenidos en el Plan de la Nación 20001-2007) hacia su nueva meta: “el socialismo del siglo XXI como alternativa frente al capitalismo, la globalización y el imperialismo”. Bajo ese enfoque, la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad podría resultar realmente interesante; aunque con muchas dudas razonables en cuanto a su real contribución para la reforma y modernización de esa instancia y de la ONU, con una visión basada en el respeto por la pluralidad, la inclusión, la tolerancia y la libertad de cada nación del mundo. Y, esas dudas razonables se fundamentan en la enorme carga de confrontación que ha caracterizado el viraje de la política exterior venezolana desde el año 1999.
Ese viraje implica para Venezuela avances y retrocesos; disensos y concertaciones aderezados con varias derrotas diplomáticas. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela logró establecerse en el campo internacional como una nueva referencia de la izquierda revolucionaria. Así mismo, se convirtió en un “centro de financiamiento internacional” de programas sociales benéficos. Por supuesto, estos importantes logros tuvieron su soporte en la bonanza fiscal brindada por los altos precios petroleros. Pero también hay que destacar que pese a la “retórica revolucionaria”, Venezuela no ha dejado de pagar sus obligaciones con la banca internacional. Tampoco el gobierno ha suspendido la venta de petróleo al denominado “imperio”. Otro logro de la diplomacia revolucionaria fue el impulso de la Alternativa Bolivariana de Las Américas (ALBA); suscrita por Cuba y Bolivia y quizás Nicaragua dependiendo de sus resultados electorales. El ALBA sería el modelo contrapuesto al Tratado de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), propuesto por el imperio, y apoyado hasta ahora por la mayoría de los países del hemisferio. Por último, merece destacarse nuestro ingreso al denominado Mercosur de la mano de Argentina y Brasil.
Por otra parte, el viraje de la multipolaridad al socialismo, trajo consigo la diferenciación y choque con cualquier país que no coincidiera políticamente con las posiciones asumidas por Venezuela. En el contexto de esa extraña forma de “internacionalismo socialista”, Venezuela se peleó –en algún momento- con los gobiernos de Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, y últimamente Perú, con los resultados por todos conocidos. De igual manera, las acusaciones de la intromisión venezolana en países como el mismo Perú; además de Nicaragua y El Salvador se han convertido en un tema ineludible que llegó a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los fracasos diplomáticos de la Cumbre de Las Américas, realizada en Argentina, la separación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres (G-3), y la derrota sufrida en la ONU para ingresar a su nueva Comisión de Derechos Humanos constituyen otro indicativo de la calidad y consistencia de la política exterior de la revolución venezolana. De allí que, la aspiración de ocupar un puesto, como uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se presenta “un tanto complicada”. De paso, la alianza con gobiernos con las características de Corea del Norte, Irán o Siria sólo reflejan la tendencia que llevaría el actual gobierno a la ONU.
Desde otra perspectiva, el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad permitiría al gobierno revolucionario utilizarlo como “caja de resonancia”, para el despliegue y promoción de su política internacional. Por ejemplo: ¿no sería el mejor lugar y auditorio para denunciar las agresiones y las amenazas de los Estados Unidos de América contra Venezuela? Pero también desde allí, se podría denunciar o bloquear cualquier iniciativa política de la oposición o disidencia democrática venezolana que sea catalogada como “peligrosa” por el gobierno nacional. Por supuesto, en una situación de ese tipo, las consecuencias serían muy lamentables para un pueblo: el pueblo venezolano que tan sólo desea vivir en paz, en libertad y en democracia.
lunes, junio 05, 2006
CONTRALORÍA SOCIAL, ¿PARA QUÉ?
La Constitución Bolivariana determina la participación popular en los asuntos públicos, en tres momentos estratégicos. Tales momentos son la formación, la ejecución y el control de asuntos gubernamentales. Y esos asuntos gubernamentales se refieren a las políticas públicas. Además, el ejercicio de la participación social en el gobierno comprende todos sus “niveles y modalidades”; es decir, la población tiene el derecho a incidir en la gestión gubernamental en sus órganos nacionales, estaduales y municipales; bien sea de naturaleza ejecutiva, legislativa, judicial o electoral. En este contexto, el control popular de la gestión oficial, -también conocido como contraloría social-, comienza cada día a obtener una mayor relevancia, como un mecanismo de defensa de los derechos de los ciudadanos y de la propia sociedad civil en defensa de su calidad de vida, y ante la inmensa concentración de poder que ha acumulado el actual gobierno.
La base legal de la Contraloría Social
La contraloría social ya es un tema introducido en el marco legal vigente en el país. Sin embargo, la contraloría social aún no posee una ley específica y propia, con normas y procedimientos que determinen con precisión su contorno y formas de operación institucional. Veamos un resumen de sus menciones legales más significativas.
Primero, la Constitución Bolivariana (1999), la considera (de manera directa o indirecta) en varios de sus artículos. Se incluye en el derecho a petición (artículo 51); y como un derecho y expresión de protagonismo ciudadano (artículo 62); se establece en la obligación de rendición de cuentas de parte las autoridades ante los electores (artículo 66). La Carta Magna también la consagra en los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; y el derecho a la información oportuna y veraz de los ciudadanos y ciudadanas (artículos 141, 143 y 315); y finalmente, determina la inclusión de la ciudadanía en los procesos de control y evaluación de la gestión local (artículos 168 y 184).
Segundo, la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) consagra categóricamente el control social sobre la gestión pública (artículo 138).
Tercero, la Ley Orgánica de Planificación (2001) de igual manera, define en forma expresa, el control social en materia de planificación (artículo 14); así como también el derecho a participación ciudadana en ese ámbito funcional (artículo 58); la obligación a promocionar dicha participación por parte de los organismos oficiales (en su artículo 59); y la obligación a suministrar información al pueblo (artículo 60).
Cuarto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y el Sistema de Control Fiscal (2001) contienen una serie de preceptos bien precisos. Establece como un derecho, el control ciudadano sobre la gestión pública (artículo 1); además determina que los órganos responsables de la función contralora deben fomentar la participación de los ciudadanos (artículo 6). Entre las atribuciones y obligaciones del Contralor General, queda determinada el fomento de la participación ciudadana en el control de la gestión pública (artículo 14). De igual manera, los ciudadanos son considerados como parte del Sistema de Control Fiscal (artículo 24), y la participación ciudadana queda definida como un principio rector del Sistema de Control Fiscal (artículo 25). La misma ley determina que el Contralor o Contralora, dicte normas destinadas al tratamiento de la atención a las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación, las denuncias ciudadanas, la promoción de mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social (artículo 75). Por último, indica que las comunidades organizadas y las organizaciones representativas de sectores de la sociedad pueden postular candidatos a los órganos de control fiscal (artículo 76).
Quinto, la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (2002), le otorga a tales instancias funciones de evaluación y control de la gestión de planificación de las agencias estatales (artículo 9). Igual ocurre con la recién mutilada Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002), la cual determina funciones de seguimiento, evaluación y control a los CLPP; ante la gestión gubernamental de carácter local (artículo 5).
Sexto, la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (2005), se ocupa del tema de la Contraloría Social de una manera amplia. Por ejemplo, las Juntas Parroquiales desempeñan un papel fundamental. Primero, son las llamadas a promover los procesos comunitarios de contraloría social (artículo 37), y también se encuentran obligadas a brindar la información necesaria a la ciudadanía sobre la gestión municipal. Por otra parte, esta ley determina que las alcaldías deben implantar la utilización de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de gestión (artículo 77). En materia de rendición de cuentas, la LOPPM obliga al alcalde a presentar un informe a las comunidades sobre su gestión. También indica que el contralor o contralora municipal podrá ser destituido (y esto es importante) por la inobservancia reiterada por las comunidades en el ejercicio de la contraloría social. Pero algo bien trascendente en la LOPPM, es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a organizarse en contralorías sociales, con el apoyo de la contraloría municipal (artículo 259).
Por si fuera poco, la LOPPM consagra la contraloría social como un medio de participación popular en el ejercicio de su soberanía (léase de nuevo). En tal sentido, la contraloría social es un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el gobierno (artículo 272), que tiene una expresión organizativa y funciones específicas: tales como: informar al resto de la ciudadanía de su actividad, presentar informes a las entidades oficiales y presentar denuncias ante los organismos competentes sobre hechos u omisiones que afectaren los intereses de la colectividad (artículo 274). Además se establece que las autoridades municipales deben dar la mayor publicidad posible a sus actos administrativos y de interés general; tales como: proyectos, licitaciones, contrataciones, y sus costos y otros aspectos relevantes (artículo 275).
Séptimo, la muy reciente y polémica Ley de los Consejos Comunales (2006), define a estos consejos como medios para ejercer “la formulación, ejecución, control y evaluación” de las políticas públicas (artículo 1) e incluso crea una “Unidad de Contraloría Social” cuyo objeto sería la realización de actividades de contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal; así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal (artículo 23).
La “aplicación real” de la contraloría social
El ejercicio pleno de la contraloría social depende de la acción combinada del sector público y de la sociedad civil. De ambos actores, se requiere una actitud positiva. Corresponde al Estado la obligación de garantizar las condiciones operativas mínimas para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer este derecho, sin trabas. De allí que, el acceso a la información sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser fácil y desprovisto de las interminables “formalidades burocráticas”.
Otro tema es la necesidad de emprender un programa de reforma o transformación administrativa en la estructura y los procesos de gobierno. Este programa de transformación tendría que estar dirigido a superar la atención endógena del aparato público; para centrarla en los planteamientos, recomendaciones y observaciones que formulen los ciudadanos. Por otra parte, la profesionalización de la burocracia pública y su capacitación y adiestramiento es otra tarea impostergable por parte del Estado y sus gestores para contribuir al desarrollo efectivo de la contraloría social. Un detalle adicional, es la definición de lapsos, reglas y procedimientos claros para la realización de los procesos de contraloría social; por parte de los ciudadanos y las ciudadanas.
Por su lado, la sociedad civil posee ahora formalmente el derecho constitucional a “husmear” en la gestión pública. Con esto no trato de afirmar que antes no se realizara un control social de la gestión pública. De hecho, existen distintos mecanismos cívicos para la evaluación de las ejecutorias gubernamentales. Recordemos algunas de ellas.
La opinión pública, por ejemplo, ejerce una presión sobre los gobiernos al evaluar a diario sus decisiones, y su rendimiento institucional y operativo. De allí que, los medios de comunicación social se conviertan en eso que algunos consideran un “poder alternativo” ante cada administración gubernamental. De allí también se generan los constantes desencuentros entre periodistas, medios y gobiernos sobre el tratamiento de los hechos noticiosos; los cuales generan procesos de intolerancia y censura.
Otro claro ejemplo, lo representan las organizaciones no gubernamentales con su constante actividad crítica, evaluativa y propositiva. En el caso venezolano, las ONG´s siempre han estado presentes en distintos campos de actividad pública; tales como: la salud contra el uso indebido de drogas, los derechos humanos y la protección de la niñez y la adolescencia, de la mujer y de la tercera edad; entre otras.
Los gremios y los sindicatos también constituyen mecanismos para el control de la gestión pública; así como las asociaciones de vecinos y últimamente un conjunto de nuevas entidades asociativas impulsadas desde el Estado como los comités de tierras, los comités de salud y las mesas técnicas temáticas (de agua y energía), y los propios consejos comunales; por tan sólo mencionar algunas.
Todas estas entidades poseen ahora una enorme posibilidad de fortalecer sus capacidades de incidencia e inclusión en la gestión pública, gracias al marco legal que ampara y promueve formalmente la contraloría social. Pero esas mismas entidades asociativas cívicas, requieren de su fortalecimiento institucional y su preparación técnica para el ejercicio responsable y constructivo de este derecho. Y s que para ejercer una contraloría social efectiva se requiere de una sociedad civil fuerte, informada y organizada.
Una conclusión preliminar, para un tema que recién comienza
La nueva Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo abrieron nuevas “posibilidades formales” para el ejercicio de un mayor control popular del gobierno. Y esas posibilidades cobran mayor relevancia, justo ahora, cuando el tema de la corrupción generalizada en el aparato público venezolano parece consolidado, por las malas prácticas administrativas y la creciente concentración del poder.
Las actuales condiciones políticas por las cuales atraviesa el país (el autoritarismo, la exclusión política y el debilitamiento del sistema judicial), nos sugieren que la sociedad civil venezolana y sus ciudadanos tendrán que sortear serias dificultades para poder alcanzar el cumplimiento de esos derechos constitucionales. Sin embargo, las dificultades pueden representar un incentivo para una población que requiere recuperar su protagonismo y su calidad de vida. Y la contraloría social es una oportunidad formidable.
La base legal de la Contraloría Social
La contraloría social ya es un tema introducido en el marco legal vigente en el país. Sin embargo, la contraloría social aún no posee una ley específica y propia, con normas y procedimientos que determinen con precisión su contorno y formas de operación institucional. Veamos un resumen de sus menciones legales más significativas.
Primero, la Constitución Bolivariana (1999), la considera (de manera directa o indirecta) en varios de sus artículos. Se incluye en el derecho a petición (artículo 51); y como un derecho y expresión de protagonismo ciudadano (artículo 62); se establece en la obligación de rendición de cuentas de parte las autoridades ante los electores (artículo 66). La Carta Magna también la consagra en los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; y el derecho a la información oportuna y veraz de los ciudadanos y ciudadanas (artículos 141, 143 y 315); y finalmente, determina la inclusión de la ciudadanía en los procesos de control y evaluación de la gestión local (artículos 168 y 184).
Segundo, la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) consagra categóricamente el control social sobre la gestión pública (artículo 138).
Tercero, la Ley Orgánica de Planificación (2001) de igual manera, define en forma expresa, el control social en materia de planificación (artículo 14); así como también el derecho a participación ciudadana en ese ámbito funcional (artículo 58); la obligación a promocionar dicha participación por parte de los organismos oficiales (en su artículo 59); y la obligación a suministrar información al pueblo (artículo 60).
Cuarto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y el Sistema de Control Fiscal (2001) contienen una serie de preceptos bien precisos. Establece como un derecho, el control ciudadano sobre la gestión pública (artículo 1); además determina que los órganos responsables de la función contralora deben fomentar la participación de los ciudadanos (artículo 6). Entre las atribuciones y obligaciones del Contralor General, queda determinada el fomento de la participación ciudadana en el control de la gestión pública (artículo 14). De igual manera, los ciudadanos son considerados como parte del Sistema de Control Fiscal (artículo 24), y la participación ciudadana queda definida como un principio rector del Sistema de Control Fiscal (artículo 25). La misma ley determina que el Contralor o Contralora, dicte normas destinadas al tratamiento de la atención a las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación, las denuncias ciudadanas, la promoción de mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social (artículo 75). Por último, indica que las comunidades organizadas y las organizaciones representativas de sectores de la sociedad pueden postular candidatos a los órganos de control fiscal (artículo 76).
Quinto, la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (2002), le otorga a tales instancias funciones de evaluación y control de la gestión de planificación de las agencias estatales (artículo 9). Igual ocurre con la recién mutilada Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002), la cual determina funciones de seguimiento, evaluación y control a los CLPP; ante la gestión gubernamental de carácter local (artículo 5).
Sexto, la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (2005), se ocupa del tema de la Contraloría Social de una manera amplia. Por ejemplo, las Juntas Parroquiales desempeñan un papel fundamental. Primero, son las llamadas a promover los procesos comunitarios de contraloría social (artículo 37), y también se encuentran obligadas a brindar la información necesaria a la ciudadanía sobre la gestión municipal. Por otra parte, esta ley determina que las alcaldías deben implantar la utilización de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de gestión (artículo 77). En materia de rendición de cuentas, la LOPPM obliga al alcalde a presentar un informe a las comunidades sobre su gestión. También indica que el contralor o contralora municipal podrá ser destituido (y esto es importante) por la inobservancia reiterada por las comunidades en el ejercicio de la contraloría social. Pero algo bien trascendente en la LOPPM, es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a organizarse en contralorías sociales, con el apoyo de la contraloría municipal (artículo 259).
Por si fuera poco, la LOPPM consagra la contraloría social como un medio de participación popular en el ejercicio de su soberanía (léase de nuevo). En tal sentido, la contraloría social es un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el gobierno (artículo 272), que tiene una expresión organizativa y funciones específicas: tales como: informar al resto de la ciudadanía de su actividad, presentar informes a las entidades oficiales y presentar denuncias ante los organismos competentes sobre hechos u omisiones que afectaren los intereses de la colectividad (artículo 274). Además se establece que las autoridades municipales deben dar la mayor publicidad posible a sus actos administrativos y de interés general; tales como: proyectos, licitaciones, contrataciones, y sus costos y otros aspectos relevantes (artículo 275).
Séptimo, la muy reciente y polémica Ley de los Consejos Comunales (2006), define a estos consejos como medios para ejercer “la formulación, ejecución, control y evaluación” de las políticas públicas (artículo 1) e incluso crea una “Unidad de Contraloría Social” cuyo objeto sería la realización de actividades de contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal; así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal (artículo 23).
La “aplicación real” de la contraloría social
El ejercicio pleno de la contraloría social depende de la acción combinada del sector público y de la sociedad civil. De ambos actores, se requiere una actitud positiva. Corresponde al Estado la obligación de garantizar las condiciones operativas mínimas para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer este derecho, sin trabas. De allí que, el acceso a la información sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser fácil y desprovisto de las interminables “formalidades burocráticas”.
Otro tema es la necesidad de emprender un programa de reforma o transformación administrativa en la estructura y los procesos de gobierno. Este programa de transformación tendría que estar dirigido a superar la atención endógena del aparato público; para centrarla en los planteamientos, recomendaciones y observaciones que formulen los ciudadanos. Por otra parte, la profesionalización de la burocracia pública y su capacitación y adiestramiento es otra tarea impostergable por parte del Estado y sus gestores para contribuir al desarrollo efectivo de la contraloría social. Un detalle adicional, es la definición de lapsos, reglas y procedimientos claros para la realización de los procesos de contraloría social; por parte de los ciudadanos y las ciudadanas.
Por su lado, la sociedad civil posee ahora formalmente el derecho constitucional a “husmear” en la gestión pública. Con esto no trato de afirmar que antes no se realizara un control social de la gestión pública. De hecho, existen distintos mecanismos cívicos para la evaluación de las ejecutorias gubernamentales. Recordemos algunas de ellas.
La opinión pública, por ejemplo, ejerce una presión sobre los gobiernos al evaluar a diario sus decisiones, y su rendimiento institucional y operativo. De allí que, los medios de comunicación social se conviertan en eso que algunos consideran un “poder alternativo” ante cada administración gubernamental. De allí también se generan los constantes desencuentros entre periodistas, medios y gobiernos sobre el tratamiento de los hechos noticiosos; los cuales generan procesos de intolerancia y censura.
Otro claro ejemplo, lo representan las organizaciones no gubernamentales con su constante actividad crítica, evaluativa y propositiva. En el caso venezolano, las ONG´s siempre han estado presentes en distintos campos de actividad pública; tales como: la salud contra el uso indebido de drogas, los derechos humanos y la protección de la niñez y la adolescencia, de la mujer y de la tercera edad; entre otras.
Los gremios y los sindicatos también constituyen mecanismos para el control de la gestión pública; así como las asociaciones de vecinos y últimamente un conjunto de nuevas entidades asociativas impulsadas desde el Estado como los comités de tierras, los comités de salud y las mesas técnicas temáticas (de agua y energía), y los propios consejos comunales; por tan sólo mencionar algunas.
Todas estas entidades poseen ahora una enorme posibilidad de fortalecer sus capacidades de incidencia e inclusión en la gestión pública, gracias al marco legal que ampara y promueve formalmente la contraloría social. Pero esas mismas entidades asociativas cívicas, requieren de su fortalecimiento institucional y su preparación técnica para el ejercicio responsable y constructivo de este derecho. Y s que para ejercer una contraloría social efectiva se requiere de una sociedad civil fuerte, informada y organizada.
Una conclusión preliminar, para un tema que recién comienza
La nueva Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo abrieron nuevas “posibilidades formales” para el ejercicio de un mayor control popular del gobierno. Y esas posibilidades cobran mayor relevancia, justo ahora, cuando el tema de la corrupción generalizada en el aparato público venezolano parece consolidado, por las malas prácticas administrativas y la creciente concentración del poder.
Las actuales condiciones políticas por las cuales atraviesa el país (el autoritarismo, la exclusión política y el debilitamiento del sistema judicial), nos sugieren que la sociedad civil venezolana y sus ciudadanos tendrán que sortear serias dificultades para poder alcanzar el cumplimiento de esos derechos constitucionales. Sin embargo, las dificultades pueden representar un incentivo para una población que requiere recuperar su protagonismo y su calidad de vida. Y la contraloría social es una oportunidad formidable.
miércoles, mayo 17, 2006
LA GIRA...
La más reciente gira internacional del ciudadano Presidente de la República ha demostrado de nuevo las fortalezas y debilidades de la nueva política exterior venezolana. Quedó demostrado, por ejemplo, la gran habilidad del equipo asesor presidencial en la manipulación y tratamiento del mensaje anti-imperialista y su focalización en determinados sectores ideologizados y políticamente militantes de Europa. También resultó evidente la tenacidad del gobierno venezolano por ocupar un espacio relevante en el contexto internacional en condiciones de liderazgo global, y de casi infalibilidad. De igual manera, la gira europea-africana cumplió un papel propagandístico dirigido al consumo del mercado doméstico venezolano: ¿acaso no estamos en un año electoral?
El mismo tour dejó al descubierto grandes debilidades de la política exterior venezolana. Por ejemplo, ya no quedan dudas que el mensaje anti-imperialista del Jefe de Estado, tan sólo se reduce al insulto y la descalificación personal del Presidente estadounidense. Y es que más allá de los insultos o de las reiteradas agresiones verbales, no consigue una propuesta alternativa contundente frente al imperio; salvo continuar vendiéndole petróleo a precios del mercado.
Por otra parte, para muchos quedó claro la marcada intención hegemónica y poco solidaria de la política exterior venezolana con relación a la comunidad andina, y a naciones como México o el propio Brasil. Cabe agregar que la posición en conjunto de los gobiernos suramericanos en la cumbre, -realizada en Viena-, dejó mucho que desear pese a los esfuerzos aislados de algún presidente. Pero justamente allí, en ese escenario y en medio de la cumbre, nuestro país demostró que no tiene ni la política ni el liderazgo suficiente para convertirse en un factor contributivo ni propositivo, alrededor de una posición integradora en la sub-región.
La alianza propuesta por el Jefe de Estado con el gobierno de Irán es altamente desafortunada. Ahora resulta que nuestro país pasa ser aliado político, económico y hasta militar de un gobierno como el iraní que ha prometido desaparecer a otra nación (a Israel) del mundo. ¿Se estará realmente consciente de las consecuencias que conlleva para Venezuela una decisión política de tal naturaleza?
Y es que esa alianza con un gobierno, con pretensiones genocidas, representan la ruptura definitiva con los valores democráticos, libertarios y pacíficos que había orientado nuestra política exterior venezolana a lo largo de toda su historia. Ahora nuestro país se encuentra al lado de naciones que practican la intolerancia y la persecución racial.
En la gira hubo de nuevo ofrecimientos asistencialistas. Esta vez, se le hicieron a los pobres; y a los pequeños productores de trigo de Inglaterra. A los primeros se les ofreció energía barata para su calefacción durante el invierno. Los segundos recibieron una oferta de compra preferencial de sus cosechas. Todo esto con base al reparto discrecional e inconsulto de los ingresos petroleros nacionales.
Pero quizás la debilidad más grande –y esto lo sabe el gobierno- es que toda su política exterior NO representa los verdaderos sentimientos ni los valores de las grandes mayorías nacionales del pueblo venezolano; quien siempre ha sido amante de la libertad, la tolerancia, la democracia y de la paz.
viernes, mayo 12, 2006
ELECCIONES EN VENEZUELA
Las elecciones representan el método democrático para designar a los representantes del pueblo. Las elecciones constituyen un método para designar autoridades.
Puede afirmarse que los procesos electorales son universales y diversos. Son universales, en atención a que son métodos de designación de autoridades que pueden implementarse en cualquier sistema político, y son diversos al considerar las características del sistema político donde se desarrollen. En tal sentido, identificamos diversos tres tipos de procesos electorales:
a. Los procesos electorales en países propiamente democráticos, como las democracias liberales occidentales; tales como: Estados Unidos, Inglaterra, España o Chile.
b. Los procesos electorales en sistemas políticos autoritarios: como los casos de Portugal bajo Salazar, Paraguay bajo Stroessner o el ejemplo mexicano antes de la victoria alcanzada por la plataforma de Vicente Fox; y el caso peruano durante el gobierno de Alberto Fujimori.
c. Los procesos electorales en países totalitarios: como aquellos se realizaron o se realizan en los países denominados del socialismo real, como la desaparecida URSS y las vigentes Corea del Norte y Cuba.
Así encontramos, que el concepto de elecciones varía; según los sistemas políticos. Igualmente, varían de un sistema a otro, en su importancia y en la función que desempeñan.
En cuanto a su importancia, los procesos electorales son vitales para las sociedades democráticas. Sin embargo, dicha trascendencia será progresivamente de menor a mínima, en la medida que se realicen en sistemas autoritarios y totalitarios.
Funcionalmente, las elecciones en un sistema democrático representan el mecanismo legítimo y natural para cambiar de gobierno. En las sociedades autoritarias esa opción de cambio gubernamental es sustancialmente menor. Mientras que, en los sistemas totalitarios las elecciones no determinan cambios gubernamentales.
Cabe agregar, que la trascendencia de los sistemas electorales se ubica dentro de una distinción sustancial: la posibilidad real que tenga un ciudadano de “poder elegir libremente”; entre al menos dos opciones distintas. En otras palabras, cada ciudadano debe tener la oportunidad de elegir y tener libertad de elección.
En el caso venezolano, pareciera que desde hace rato se evolucionó de un sistema democrático abierto hacia otro con tendencias claramente autoritativas. Esto se aprecia, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana estableció el nuevo Poder Electoral.
La alta concentración de poder en la figura del Presidente de República sumado a la escasa independencia de la “nueva institucionalidad” electoral frente al Poder Ejecutivo parece confirmar el rumbo hacia un sistema hegemónico (¿o totalitario?), donde la participación ciudadana sea disuadida cada día más.
En ese contexto, y luego de los resultados del evento revocatorio del año 2004 y las elecciones parlamentarias de 2005 la característica más relevante del sistema electoral venezolano sigue siendo su bajísima credibilidad; tanto para la sociedad política como para la población en general del país. Quizás lo más grave, es que la reciente renovación de las autoridades del Poder Electoral venezolano no haya contribuido en mucho a modificar esa apreciación. El tiempo sigue transcurriendo...
lunes, mayo 01, 2006
BIENVENIDAS LAS CANDIDATURAS DEMOCRÁTICAS
La democracia venezolana se encuentra sumida en una profunda crisis, y quizás casi agonizante. El progresivo autoritarismo, la exclusión y la persecución política, la aplicación del conflicto permanente como método de gobierno y, la propia incapacidad y desdén oficialista para atender de manera eficaz, o por lo menos “aceptable” las necesidades de las mayorías nacionales; así lo indican.
Los factores democráticos del país se encuentran en la imperiosa necesidad de articular esfuerzos para enfrentar con éxito y revertir el deterioro institucional, económico y social al cual se ha sometido el país durante los últimos siete años. Empero la articulación de los factores de oposición tendrá que fundamentarse para conseguir una victoria electoral, que potencie la futura gobernabilidad del país; a partir del mismo 4 de Diciembre.
La pluralidad de candidaturas en el sector no oficialista resulta comprensible y hasta necesaria. Distinguidos venezolanos y venezolanas han ofrecido su nombre para encabezar de manera unitaria el reencuentro del país, para encauzarlo hacia horizontes de modernidad y prosperidad, en el marco de un sistema democrático plural, incluyente y con responsabilidad social.
Las candidaturas de Julio Borges (Primero Justicia), William Ojeda (Un Solo Pueblo), Roberto Smith (Venezuela de Primera), Teodoro Petkoff (independiente), Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), Cecilia Sosa (independiente) o Sergio Omar “el cura” Calderón (Copei) pueden constituirse al unísono en el factor dinamizador que necesita la población venezolana para reactivarse y reconocerse así misma como la fuerza que es; y así reemprender la defensa de su futuro.
En Venezuela, necesitamos revalorizar el sentido ético y ciudadano de la Política. Aquí necesita ser reestablecido el sentido pleno de la justicia y de las instituciones. Así como también el verdadero valor del trabajo emprendedor y honesto. No podemos de nuevo perder esta oportunidad de cambio, porque el país nos lo reclamaría para siempre.
Bienvenidas las candidaturas presidenciales democráticas. Venezuela toda, las necesita. De ellas saldrá, por el mecanismo más idóneo y transparente, el que será representante y vocero de esa gran mayoría de venezolanos y venezolanas que simplemente aspiran a vivir en paz, en democracia en libertad y sin miedo.
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