CONSEJOS COMUNALES: SOBRE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO DEL ÓRGANO EJECUTIVO

Maiguen Márquez, del Consejo Comunal del Barrio Maturín 1, en Guanare; estado Portuguesa consulta sobre las funciones de cada uno de los comités de trabajo del consejo comunal. La inquietud de nuestra amiga Maiguen es muy importante y trascendente pues es necesario conocer con precisión que le corresponde a hacer a cada uno de los grupos de trabajo del órgano ejecutivo del consejo comunal. Además somos cientos de miles de voceros y voceras en todo el país que en alguna ocasión nos hemos formulado esa misma pregunta.

Como todos sabemos la Ley de los Consejos Comunales, promulgada en 2006, se limita a definir las funciones de la Asamblea de Ciudadanos, así como aquellas funciones correspondientes al órgano ejecutivo, a la unidad económico-financiera y a la unidad de contraloría social. Quizás el tema de las funciones de los comités de trabajo debió ser tratado en el reglamento de la ley. Esto no ocurrió pues ni siquiera el proyecto de reglamento elaborado por las autoridades públicas no lo contemplaba; y el mismo nunca fue promulgado oficialmente.

Debo agregar que ahora con la reforma de la Ley de los Consejos Comunales se presenta una oportunidad formidable para solventar este tipo de opacidades que presenta el marco jurídico de estas instancias de participación popular. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? Hace tres años los consejos comunales comenzaron a trabajar con esa deficiencia organizativa y sobre la marcha fueron delimitando las competencias internas de cada uno de sus comités de trabajo no sin afrontar, por cierto ciertas dificultades.

Desde mi punto de vista el criterio referencial básico para la división del trabajo interno lo otorga el conjunto de funciones generales del consejo comunal que tendría que ser adaptadas al propósito de la actividad de cada comité de trabajo particular. En otras palabras, hay funciones generales que todas las instancias deben cumplir, vemos algunos casos:

- Ejecutar las decisiones de la asamblea de ciudadanos.
- Articular con las organizaciones sociales presentes en la comunidad en su respectiva área de competencia.
- Promocionar la creación de nuevas organizaciones comunitarias y sociales en su área.
- Elaborar planes específicos en su área respectiva.
- Organizar su voluntariado social correspondiente.
- Suministrar la data específica para el mantenimiento del sistema de información del consejo comunal.
- Emitir opinión sobre la solicitud de transferencia de servicios, participación en los procesos económicos, gestión de empresas públicas.
- Contribuir con la promoción y realización de procesos de iniciativa legislativa.
- Participar en la elaboración del plan de desarrollo comunitario.
- Participar en los procesos inherentes al ciclo comunal del consejo comunal.
- Rendir cuenta periódica y de manera oportuna y eficaz a la unidad de contraloría social y a la asamblea de ciudadanos del consejo comunal.

Como podemos observar se puede elaborar un marco funcional para los comités de nuestros consejos comunales –de mayor o menor detalle- partiendo del marco competencia general del consejo comunal y que se encuentra establecido en su ley correspondiente. Podemos emprender este ejercicio para mejorar el rendimiento de nuestro consejo comunal.

Un saludo para ti Maiguen y la gente de tu consejo comunal allá, en el barrio Maturín 1, de Guanare, estado Portuguesa.

LAS MEDIDAS DEL AJUSTE REVOLUCIONARIO

El gobierno socialista sigue avanzando su proyecto con sentido estratégico y, aprovechando el relativo impulsado con la victoria electoral del pasado 15 de Febrero. Las acciones emprendidas por el bloque “socialista oficial” se despliegan de manera combinada (más no necesariamente coordinada) al menos en cuatro frentes, a saber: el institucional, el legislativo, el político y el económico. Esas operaciones tiene un único y simple objetivo: consolidar -mientras se pueda-, la hegemonía del régimen sobre el resto de la sociedad.

En el ámbito institucional -y luego del significativo avance y recuperación de los sectores democráticos en las elecciones del 23 de Noviembre de 2008-, el bloque oficialista decidió “recuperar” el terreno perdido; mediante el reimpulso de la recentralización y la reversión de ciertas competencias y servicios de las entidades federales menores. En realidad, el proyecto revolucionario chavista se fundamenta en una visión que privilegia el intervencionismo estatal, la concentración de la toma de decisiones y el centralismo de la gestión pública en los asuntos de interés colectivo.

En ese contexto, el gobierno nacional ya venía adelantando ciertas acciones dirigidas a reinstalar el modelo de gestión centralista; tales como:
i) el reforzamiento de las funciones rectoras de los ministerios y su relación operativa desconcentrada con las comunidades organizadas, para el avance de los programas públicos ignorando a los gobiernos locales;
ii) el impulso de las bases para un nuevo ordenamiento territorial (la Nueva Geometría del Poder); mediante la designación de autoridades regionales para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos (Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, Decreto Nº 6.217 del 15-07-2008);
iii) la intervención de agentes estatales y militares en la actividad de las organizaciones sociales y comunitarias; a través de las milicias, contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Decreto Nº 6.239 del 22-07-2008);
iv) la creación de la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas (Decreto Nº 6.090 del 27-05-2008; reformada según Gaceta Oficial Nº 38.969 del 09-07-2008), que vulnera las capacidades de gestión de la Alcaldía Metropolitana de Caracas;
v) la promulgación del Decreto 5.384 de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, (Gaceta Oficial, Nº 5.841 Extraordinario del 22-06-2007), que restringe el desarrollo de una gestión autónoma y descentralizada; por parte de los estados y municipios; y,
vi) el bloqueo del Consejo Federal de Gobierno, al cual le corresponde la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de la descentralización.

En materia legislativa, la “avanzada revolucionaria” no ha sido menor. La Asamblea Nacional, bajo control absoluto del bloque socialista oficial (gracias a la política abstencionista que emprendió la oposición democrática en el 2005), se ha convertido en el principal pivote jurídico-político para “legalizar” las acciones que, contra el modelo federal descentralizado ha emprendido el gobierno socialista. Los casos de la mora legislativa alrededor de leyes como la creación del Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Hacienda Pública Estadal o la reforma de la Ley del Sufragio y Participación Política, que permitiría el desarrollo de las vecindades electorales son claros ejemplos de la visión “centralista y hegemónica” que predomina en la ilustre Asamblea Nacional.

Dentro de la lista de leyes que abordará la máxima instancia legislativa del país destacan un conjunto de leyes que afectan directamente las posibilidades de desarrollo expedito del modelo de gestión descentralizada contemplado en la Constitución Bolivariana como lo son: la reforma a la Ley Orgánica del Poder Pública Municipal, a la Ley Orgánica de Planificación y la aprobación de la Ley del Distrito Capital; por citar sólo algunos casos. Por otra parte, la misma Asamblea Nacional tiene planteada la aprobación de la reforma de otro grupo de leyes muy trascendentes para el libre desenvolvimiento del pueblo venezolano como son la Ley Orgánica de la Cultura, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Orgánica de Cooperación Internacional y la Ley de Propiedad Social.

En el ámbito político, las lamentables acciones de criminalización de la disidencia y persecución de los sectores democráticos se han convertido en parte de la rutina diaria de la dinámica política nacional. Así, a las agresiones contra las instalaciones de la Alcaldía Metropolitana; por parte de grupos simpatizantes del gobierno nacional, a la toma de la sede de la Gobernación del estado Táchira o las continuas agresiones contra los medios de comunicación independientes y sus periodistas, se le suma ahora la persecución judicial (anunciada por cierto, tiempo atrás) en contra de Manuel Rosales, lider fundamental de la oposición venezolana.

Además de la criminalización de los líderes de la disidencia democrática, el bloque socialista oficial se prepara para posponer las elecciones de concejos municipales y juntas parroquiales; contraviniendo el marco jurídico vigente en el país. Al parecer, a las fuerzas políticas oficialistas no les conviene realizar estas elecciones el presente año 2009; según su “balance político-electoral” y sus intereses burocráticos. Al respecto, cabe señalar que estas elecciones se encuentran estrechamente articuladas a las necesidades más inmediatas de la población porque tanto los concejos municipales como las juntas parroquiales son las instancias de decisión de políticas públicas de carácter local y, forman parte sustancial y estratégica de la estructura del poder más cercano al pueblo. La posposición de las elecciones de los integrantes de concejos municipales y juntas parroquiales constituye otro atropello; tanto a la descentralización como a los derechos a la participación política de todos los venezolanos y venezolanas. Un elemento adicional es la represión que, de manera progresiva comienzan a recibir las manifestaciones de gremios, sindicatos y otros sectores sociales que reclaman de manera legítima sus derechos. En otras palabras, la represión política es otro componente del “ajuste revolucionario” que viene aplicando el gobierno socialista.

Los anuncios oficiales en materia de ajuste económico y presupuestario arrojan dudas en cuanto a su eficacia política. El problema básico para el gobierno y, fundamentalmente para el país, es que sus logros en materia económica y social son relativos y muy discutibles; luego de diez años de gestión administrativa en la que se manejó más de ochocientos mil millones de dólares por ingresos petroleros. En Venezuela, el déficit en materia de vivienda se ha incrementado; estimándose en dos millones de unidades aproximadamente, el deterioro de la red de infraestructura vial a cargo de la administración central ha aumentado progresivamente, la calidad de vida y el ingreso de real de los trabajadores venezolanos se ha visto deteriorado por una inflación que alcanzó el pasado año alrededor de un 31 por ciento y, a esto habría que agregar la ausencia de un auténtico sistema de seguridad social para la población laboral y en edad de retiro.

En realidad, las medidas anunciadas (reformulación del presupuesto, endeudamiento externo, aumento del impuesto del valor agregado y recorte de gastos en el aparato público) no suponen un nuevo enfoque o tratamiento del tema de las finanzas públicas venezolanas. En coyunturas similares, gobiernos anteriores han tomado medidas de este tipo. La diferencia sustancial entre ésta y anteriores administraciones gubernamentales radica en el objetivo final de la política económica. Pues mientras, los pasados gobiernos adeco-copeyanos, practicaban un estatismo moderado; considerando al sector privado como un componente estratégico para el desarrollo económico-social, el gobierno actual, desde su punto de vista ideológico, se plantea como objetivo la “reducción” de la actividad empresarial-privada a su mínima expresión, por ser ésta de carácter capitalista; y por ende, negativa para el país.

Un punto interesante (hay que reconocerlo) y, que merece un comentario aparte, es la propuesta presidencial de reducción de los sueldos de la alta burocracia pública. Siempre he considerado que la función pública requiere de una justa valorización; tanto desde el punto de vista ético como profesional (lo cual incluye el tema de su remuneración). Y aunque la idea de racionalizar las remuneraciones del cuerpo directivo del Estado venezolano luce coherente, parece sin embargo insuficiente; si no se acompaña de otras medidas tendentes al combate y la erradicación de la corrupción, el clientelismo y la persecución ideológica.

La Constitución Bolivariana, el Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica de la Administración Pública contienen una serie de mandatos que expresamente van dirigidos a conformar una burocracia pública imparcial, profesional, basada en el mérito y remunerada de manera justa. Sin embargo, y a lo largo de estos años, como en otros aspectos, la práctica gubernamental se ha alejado del marco constitucional y legal vigente. No sabemos si finalmente se aplicará con la debida eficacia esta medida puntual de recorte del gasto público o si se valorará desde el punto vista ético la función pública; lo que si presumimos –y no cuesta mucho hacerlo-, es que en términos generales y con las medidas de ajuste revolucionario, el gobierno sigue su rumbo hacia un destino que la mayoría del país no quiere: la implantación de un régimen totalitario.

TE APOYAMOS MANUEL..!

El gobierno socialista ha emprendido una nueva persecución política en contra de un dirigente político democrático. Esta vez, el actual Alcalde de la ciudad de Maracaibo, en el occidental estado Zulia, MANUEL ROSALES ha sido el “seleccionado” por la justicia roja del bloque oficial.

Manuel Rosales, ha tenido el mérito de conducir públicamente a las fuerzas de la oposición democrática venezolana en su proceso de reconstrucción político y organizativo, en medio de una serie de condiciones adversas.

Gobernador y alcalde exitoso Manuel Rosales se convirtió a fuerza de tesón y coraje en una de las principales figuras del campo democrático venezolano. En el presente, y mediante un ardid judicial, que sólo expresa la criminalización de la disidencia en nuestro país se le pretende enjuiciar bajo presuntos cargos de corrupción, con el único objetivo de inhabilitarlo política y moralmente. Pero el gobierno no podrá hacerlo pues la gestión y el pensamiento de Manuel ya pertenecen al pueblo zuliano, al pueblo venezolano.

La persecución de Manuel Rosales es otra clara manifestación del progresivo deterioro de las libertades democráticas en Venezuela, propiciado por un gobierno que sólo práctica la segregación ideológica y la lucha de clases.

Te apoyamos Manuel…y lo hacemos con firmeza y orgullo democráticos.

EN DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA

COMUNICADO DE LA UNIÓN VECINAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR CARACAS VENEZUELA

Ante la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 12 de marzo y cuya sanción se ha programado para este día, 17 de marzo, los Ciudadanos y Ciudadanas de Catia, Parroquia Sucre, Municipio Libertador, D.C., Unión Vecinal para la Participación Ciudadana y las Organizaciones Civiles firmantes, queremos expresar lo siguiente:

1. La organización federal y descentralizada de la República Bolivariana de Venezuela fue consagrada en la Constitución Nacional de 1999, como una conquista de los venezolanos dirigida a cambiar la manera de ejercer poder en los asuntos colectivos. Dice la Constitución en su exposición de motivos: “…el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad”.

2. En esta Constitución, se consagraron derechos para que la voluntad de los ciudadanos/as se ejerciese de manera soberana y autónoma desde todos los lugares del territorio nacional, dentro de la más amplia diversidad de intereses sociales y de pluralismo político. El artículo 158 de la Constitución establece que: “La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

3. Los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución de 1999, en el marco de la organización federal y descentralizada de la República, son:

a. El derecho a organizarse y a constituir entidades político-territoriales con poder para tomar decisiones en los asuntos del interés de los ciudadanos que residen en ellas.
b. El derecho a organizar los poderes públicos de las entidades político-territoriales constituidas, a elegir directamente las autoridades de esos poderes y a participar en las decisiones públicas relacionadas con su desarrollo.
c. El derecho a exigir de las autoridades regionales y locales el cumplimiento de responsabilidades con los asuntos fundamentales para la vida de los ciudadanos, de manera oportuna, eficaz y eficiente.

4. La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados (LODDT) fue aprobada en el año 1989. Las competencias reconocidas a los estados en dicha ley, se transformaron en potestades de los estados en la Constitución de 1999, como competencias exclusivas, entre las que se encuentran: la administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, y la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

5. En la norma constitucional también se reconoció que los asuntos fundamentales para la vida de los ciudadanos, como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda, constituyen una responsabilidad compartida de los estados y del poder nacional, a través de la figura de las competencias concurrentes. Por lo tanto, los estados tienen la potestad de intervenir en estos asuntos, el poder público nacional la de promulgar las leyes que permitan ejercer estas potestades y el poder público estadal, la de desarrollarlas y gestionarlas para atender las demandas de los ciudadanos, en forma descentralizada.

6. Uno de los principios constitucionales para ejercer las competencias concurrentes es el de la subsidiaridad, lo cual significa que cada entidad territorial debe poder afrontar sus propias necesidades y generar la mayor parte de sus recursos en virtud de:

a. El respeto a la autonomía e independencia de las entidades para fijar la dirección de su desarrollo económico, cultural y social; planificar las soluciones a sus problemas; y lograr sus propios fines específicos.
b. La menor distancia entre los asuntos de la vida pública y el poder para decidir sobre ellos, gestionado en forma democrática y responsable por los poderes públicos territoriales.
c. La necesidad y proporcionalidad de las intervenciones de los poderes públicos, de modo que un poder sólo podría intervenir en el ámbito de otro, en caso de problemas que el más inmediato no logre resolver y bajo la condición de que no exceda lo necesario para solucionarlos.

7. Al promulgarse la Constitución de 1999, la Asamblea Nacional debía modificar la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados, para adecuarla a las normas constitucionales de la descentralización. Sin embargo, la Asamblea nunca modificó esta ley y también se dejaron de promulgar otras como la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la Ley de la Hacienda Pública Estadal, con las cuales se acataban dichas normas y se creaban las condiciones para el ejercicio efectivo de las potestades de los estados.

En el marco de estas consideraciones, la reforma que aprobó la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados, constituye una violación a la Constitución y afecta de manera amplia y directa los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los venezolanos, porque:

1. Retrocede hacia un modelo político centralizado, que fue superado en la Constitución de 1999, en la cual se establece la no subordinación de los estados y los municipios al poder nacional, dado que la autonomía de estas entidades emana de la voluntad de los ciudadanos y no de decisiones unilaterales de los poderes públicos. En este sentido, el poder público nacional no puede alterar ni intervenir en los ámbitos de autoridad de los estados ni de los municipios; tampoco en los de los gobernadores y alcaldes, cuyo mandato responde a la voluntad soberana de los ciudadanos que residen en esas entidades.

2. Plantea “el tutelaje” del interés general de la sociedad y la salvaguarda del patrimonio de la República, como justificación de la reforma, lo que coloca a los ciudadanos y a las entidades político-territoriales, bajo subordinación del Gobierno Nacional, desconociendo que los ciudadanos y las entidades político territoriales tienen derechos propios e intransferibles amparados por la Constitución para participar de forma autónoma y soberana en las decisiones públicas, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

3. Con base en el principio de tutelaje, faculta al poder ejecutivo para tener ingerencia en potestades y competencias que pertenecen a los estados, a través de figuras como la “intervención” y la “reversión” de competencias, desechadas por la Constitución de 1999 cuando reconoció en su artículo 159, que: “Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena…”. De igual modo, abre campo al ejercicio discrecional de tales medidas al establecer que podrán tomarse “por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia…”.

4. Sustrae a las entidades político-territoriales, de los medios para ejercer sus potestades y competencias. En los artículos reformados no solamente se toca lo referente a la conservación y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial, que son de competencia exclusiva de los estados; si no que abarca todos los bienes y servicios considerados por el poder ejecutivo como del interés público general. De esta forma, se abre la posibilidad de que el poder nacional les quite a las entidades los servicios transferidos por la LODDT en 1989, los cuales conforman desde la Constitución de 1999 una parte importante de su patrimonio institucional y financiero para que puedan producir sus propios recursos y con ellos cubrir las necesidades de los ciudadanos y los objetivos de desarrollo regional.

5. Afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde el mismo momento en que la Constitución de 1999 asumió la figura de las competencias concurrentes, en las cuales las entidades federadas comparten responsabilidades en todas aquellas materias que garanticen una vida digna a todos sus ciudadanos y descentralizan estas materias a los municipios y a las comunidades. Por eso establece en particular, una gestión descentralizada de los sistemas de salud, judicial, penitenciario y electoral para garantizar el acceso oportuno a servicios de salud, a las instancias jurisdiccionales para hacer justicia y a los mecanismos para el ejercicio directo del voto en la elección de cargos del poder público estadal y municipal.

Durante décadas, los ciudadanos no tuvimos más opción que esperar a que las autoridades del gobierno central, tomaran las decisiones de todos los asuntos del país sin tomar en cuenta la voz de los ciudadanos, o debíamos trasladarnos hasta ellos para lograr que se escucharan los asuntos específicos de cada estado y municipio. Más adelante, tuvimos autoridades regionales y locales, pero éstas seguían siendo elegidas por los órganos centrales del gobierno, de tal manera que sus decisiones no respondían necesariamente a las solicitudes de los ciudadanos.

Con esta reforma perdemos los derechos que fueron conquistados en la Constitución de 1999, producto de décadas de luchas populares, y se vuelve a una situación en la que los ciudadanos éramos involucrados o consultados en las decisiones, cuando convenía a quienes concentran el poder público. Si regresamos a la centralización, todo lo que hemos avanzado durante estos años en planificación local, gestión de servicios comunitarios, presupuesto participativo, contralorías sociales y asambleas de ciudadanos y ciudadanas, tendrá que ser sometido a la aprobación de la burocracia central y ya no tendrá efecto oportuno para la solución de los más urgentes problemas locales.

Por respeto a la Constitución, le solicitamos a los órganos del poder legislativo, judicial y ejecutivo sea detenida la aplicación de esta reforma y se utilicen los mecanismos de diálogo y cooperación con las autoridades estadales y municipales electas por voto popular, así como los mecanismos de consulta y participación ciudadana establecidas en la Constitución, para resolver cualquier discrepancia o conflicto relacionado con la coordinación y ejecución de planes entre los poderes públicos.

ELECCIONES VECINALES

Se aproxima el proceso de elecciones del CLPP-Baruta. El proceso electoral determinará la ratificación o renovación, parcial o total de los representantes comunitarios y sectoriales de ese órgano de participación ciudadana. Los voceros comunitarios o vecinales serán elegidos en una asamblea parroquial de voceros de consejos comunales (una por parroquia); mientras los representantes sectoriales se elegirán en asambleas por cada uno de los sectores que participan en esa instancia. La elección de nuestro CLPP, tendrá que efectuarse dentro del marco de su Ley; y, en correspondencia con la ordenanza aprobada para tal fin, por el Concejo Municipal de Baruta en el año 2007. El período para el cual será elegido este nuevo Consejo Local de Planificación Pública será el 2009-2011. Las Juntas Parroquiales han sido instruidas por el propio CLPP para que apoyen para la adecuada realización de este proceso de participación vecinal.

Otras instancias de participación ciudadana cuyo período está vencido son el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP). El proceso de renovación o ratificación del CMPPP, fue sometido a evaluación del Consejo Nacional Electoral (CNE), por razones que no conocemos en primera instancia; mientras que el caso del CEPLACOP, debe recordarse que esta instancia tiene más de más cuatro años sin renovar su representación ciudadana.

El denominador común de todos estos procesos de elección vecinal es la necesidad de tener una reglamentación clara para su realización transparente. De igual manera, las autoridades públicas locales tienen que asumir sus responsabilidades y apoyar institucionalmente estos comicios. Estaremos pendientes y haremos el correspondiente seguimiento a cada uno de estos procesos de participación democrática local.

8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"

8 MARZO: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Un mensaje especial en un día significativo, el 8 de Marzo. Fecha en la que se resalta la acción, el trabajo, la capacidad de entrega y la participación de la mujer en todos los ámbitos y, en todo evento. La mujer cumple de corazón y también con su actuación un rol protagónico en los acontecimientos que se desarrollan aquí y, más allá de nuestras fronteras. Valoramos su preparación, su opinión y su involucración en cada situación; así como su esfuerzo diario por crecer en lo personal, por empujar el núcleo familiar y por estar siempre pendiente de mejoras en su comunidad vecinal y en la defensa de los derechos de todos. Reciban mañana, hoy y siempre todas las mujeres, un abrazo fraterno.

LA RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Escribo esta nota; aprovechando una consulta que me hiciera la amiga Alondra Bermúdez de la Parroquia Cacique Mara, en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia), sobre algunos aspectos puntuales de la renovación de los órganos de su consejo comunal.

Y en realidad, en todo el país muchos consejos comunales ya cumplieron sus dos primeros años de actividad y, por lo tanto, deben emprender la renovación de sus componentes organizativos; tales como: la unidad financiera, la contraloría social y el órgano ejecutivo. Este proceso no debería ser complicado; sin embargo, y por el contrario, alrededor del tema se presentan opacidades porque en el marco jurídico que rige a los consejos comunales no se desarrolla este aspecto tan crucial.

Así pues, que expondré algunas opiniones iniciales -un tanto especulativas y no exhaustivas-, sobre el cómo abordar una renovación de un consejo comunal. Por supuesto, y con el seguro aporte de los lectores que siguen a CIUDADANOLIBRE, estoy seguro que podríamos elaborar un procedimiento electoral más estructurado.

En mi opinión, el primer paso que habría que dar sería designar una nueva comisión electoral; por parte de la asamblea de ciudadanas y ciudadanos del consejo comunal, como su máxima instancia de decisión. En esa asamblea se determinarían los cargos a elegir (de acuerdo a las nuevas leyes que han incorporado en su articulado a los consejos comunales, en el caso de que se considere necesario) y fundamentalmente, el lapso de realización de la elección de los nuevos integrantes, que en mi opinión no debería exceder los treinta días hábiles. La convocatoria y preparación de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas estaría cargo del órgano ejecutivo del consejo comunal.

En segundo lugar, una vez designada la comisión electoral está se encargaría de organizar el proceso, que supondría la actualización del censo de la comunidad. Esta actividad no implicaría la realización de un nuevo censo; sino la incorporación de aquellos nuevos vecinos mayores y de jóvenes que hayan cumplido los quince años de edad; así como la desincorporación de aquellas personas que se hubieran mudado de la localidad. Por supuesto, los miembros de la comisión electoral no podrían participar como candidatos; por razones ya conocidas y además reglamentadas.

Un tercer aspecto es que, los miembros vigentes de las instancias organizativas de los consejos comunales tendrían el derecho a optar a un nuevo período de gestión. En este caso, lo idóneo sería que los miembros de cada una de las instancias del consejo comunal hayan rendido cuentas por escrito de su actividad en el período que termina.

Un cuarto punto que tendría que considerarse es que, aquellos miembros que hayan sido revocados por haber incurrido en actos que hayan derivado responsabilidad civil, administrativa o penal NO tendrían derecho a ser elegidos para integrar el nuevo período de gestión del consejo comunal. Aquellas personas que hubieren ingresado; sustituyendo a algún vocero o integrante de las otras unidades del consejo comunal para culminar el período también tendrían que participar en el proceso de renovación electoral.

En quinto lugar, los resultados del evento tendrían que recogerse en un acta para los efectos de la renovación del registro del consejo comunal, con especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con la unidad de gestión financiera o banco comunal. En este último caso, la transferencia de una administración a otra del banco comunal (en caso de producirse, dado que sus miembros pueden reelectos) es un asunto muy delicado; por lo que tiene que realizarse de manera transparente y responsable.

En sexto lugar, la renovación del consejo comunal tendrá que ser notificada tanto al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) de su respectivo municipio, como al resto de autoridades públicas vinculadas a la gestión económica-financiera del consejo comunal.

Estimados (as) lectores (as) no dudo que haya otros elementos importantes en el proceso de renovación de los consejos comunales. Y estoy seguro que alguno de esos elementos se me haya podido escapar; pero al menos ya empezamos a ocuparnos del tema. Y muchas gracias a Alondra María, allá en Maracaibo por su oportuna pregunta.

VENEZUELA: ¿POSPONER LAS ELECCIONES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y JUNTAS PARROQUIALES?

La realización del proceso electoral para elegir concejales y miembros de juntas parroquiales establecido para este año depende ahora de una decisión partidista. A un lado parecen quedar de nuevo, los mandatos constitucionales y legales que resguardan la autonomía municipal, la descentralización política-administrativa y los derechos a la participación ciudadana.

Sin lugar a dudas, la propuesta de unir y realizar estos comicios locales con la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2010, representa otro golpe más al modelo federal descentralizado contenido en la Constitución vigente en el país. La iniciativa surgida del seno del bloque socialista, es promovida por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el también oficialista partido Patria Para Todos (PPT) y cuenta con el apoyo de algunos sectores del mayoritario Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La propuesta se ampara en frágiles argumentos políticos que van desde la crisis fiscal, los niveles de abstención y la fatiga electoral, hasta la crisis del capitalismo mundial.

Cabe señalar que dentro del “modelo teórico” de descentralización cooperativa y corresponsable descrito en la constitución y las leyes vigentes en el país, los municipios son concebidos como la unidad política primaria de la organización nacional; gozan de personalidad jurídica y autonomía para la elección de sus autoridades, la gestión de materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos (CRBV, artículo 168). La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece la obligatoria separación de la elección de sus autoridades de los procesos de electorales de carácter nacional (LOPPM, artículo 82). Esta medida busca preservar justamente el carácter descentralizado y autónomo de los municipios y otros de espacios locales frente a la posible intervención de factores políticos del ámbito nacional ajenos a su dinámica propia.

Por otra parte, según la misma LOPPM (artículo 75), la función pública municipal comprende cuatro componentes, a saber: la función ejecutiva (representada por la alcaldía), la función legislativa (ejercida por el concejo municipal) la de control (encarnada en la contraloría municipal) y la de planificación (conformada por el consejo local de planificación pública). Las juntas parroquiales son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos (LOPPM, artículo 30). En otras palabras, concejos municipales y juntas parroquiales conforman parte sustancial del poder público municipal para el adecuado desarrollo de la gestión pública local. En la actualidad, los alcaldes electos el pasado año 2008 tienen ante sí, concejales y juntas parroquiales cuyo período está por expirar; y que fueron electos bajo circunstancias políticas distintas.

El camino hacia la posposición de las elecciones pareciera libre. Técnicamente la decisión de posponer los comicios requiere primero, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal por parte de la Asamblea Nacional (y donde por cierto el bloque oficialista posee absoluta mayoría) y, segundo que el Consejo Nacional Electoral (también controlado por el gobierno) acceda a esa posposición. Los factores democráticos partidistas aún no han fijado una posición firme y clara sobre el tema; mientras que las organizaciones de los ámbitos comunitario y social tampoco han manifestado una opinión en bloque. Veremos que pasa.

VENEZUELA: OTRO BALANCE DEL 15-F

Los resultados electorales del pasado 15 de Febrero reflejaron con la mayor simpleza, la polarización en que se encuentra el país, y por ende, el electorado venezolano. En ese contexto, uno de los bloques ideológico-político se impuso en términos electorales al otro; sin que esto signifique la desaparición del polo derrotado o la definitiva consolidación de una hegemonía política en el país. No, no supone eso. Empero, sí significa una victoria estratégica para el bloque oficialista que obtuvo de esta manera, respaldo popular para sus aspiraciones de alcanzar la permanencia indefinida en el gobierno.
Los resultados electorales fueron -sin lugar a dudas-, muy claros y también interesantes. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, tuvieron la oportunidad de participar en la consulta 16.767.511 venezolanos (as) inscritos (as) en el Registro Electoral Permanente (REP). De ese universo electoral, el denominado bloque del SÍ obtuvo una votación que alcanzó los 6.319.363 votos, lo que corresponde a un 37.6 % del total del padrón electoral; mientras el bloque del NO, alcanzó 5.198.006, que equivalen al 31% del registro electoral. Por último, habría que señalar que 5.249.969 electores; quienes representan aproximadamente un 32 % del electorado nacional optó por abstenerse o por votar nulo (el CNE tendría que ofrecer las cifras de votos nulos, que se presumen están alrededor de los 150.000). Esa altísima porción de electores que esta vez decidió no participar, fue determinante en la decisión que se tomó en el país el pasado 15 de Febrero; con el agregado que ese sector tendrá también influencia en los sucesos que se avecinan. En todo caso, estos resultados si bien indican un ganador -aunque por un margen relativamente escaso- nos señalan, de igual forma, que el país electoral se encuentra claramente segmentado políticamente; cualidad que podría dificultar la gobernabilidad del proyecto socialista oficial que se viene prometiendo reiteradamente. Habrá mucho más debate ideológico-político en el país.
La victoria de la opción oficial -además de un duro golpe a los mecanismos establecidos de enmienda y reforma constitucional-, supuso también la creación de una plataforma legal para el surgimiento de una “nueva casta política”, compuesta por todas aquellas autoridades públicas que ahora tienen la posibilidad de optar a sucesivas reelecciones con la ventajas que les otorga el ejercicio del gobierno y la utilización de la burocracia pública, en función de unos intereses que no son colectivos, precisamente.
Los resultados electorales nos confirman un particular posicionamiento geopolítico de los principales factores políticos que se debaten por el control del Estado en el país. Por ejemplo, queda claro que en las zonas rurales (y menos pobladas) el denominado “chavismo” se ha venido consolidando paulatinamente en forma dominante. Esta tendencia puede apreciarse en los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico y Portuguesa. Existe otro bloque de entidades federales, donde se combinan el ámbito rural y el urbano y, en el que el socialismo oficial es la principal fuerza política; pero donde hay un relativo contrapeso de los factores democráticos por su presencia organizativa y por lo tanto, electoral. Específicamente, me refiero a entidades como Aragua, Barinas, Bolívar, Municipio Libertador, Falcón y Lara. La oposición se presenta consolidada en entidades como Nueva Esparta (aunque el “chavismo” se aproximó esta vez), Miranda, Táchira y Zulia. Por último, los estados Carabobo (aquí gana el bloque del SÍ; pero el bloque del NO triunfa en Valencia, la capital del estado) y Mérida (allí gana el bloque del NO; y recientemente la oposición recuperaba la Alcaldía de la capital del estado). Estos resultados reflejan la paridad de las fuerzas políticas y, la cambiante dinámica electoral del país, al menos en ese par de casos.
Después de los resultados obtenidos en el referendum de la enmienda, no se espera un cambio en la actitud gubernamental. En realidad, luego de la consulta, el gobierno pudiera entender que un viraje hacia el entendimiento con los factores democráticos no le hace falta. De hecho, su mensaje de confrontación de clases, le ha venido dando resultado en términos electorales. Además, el socialismo oficialista aún posee el monopolio del Poder Legislativo y, cierta capacidad de manejo financiero frente a la crisis económica que se avecina. Por otra parte y, esto es quizás el elemento fundamental, el oficialismo no está capacitado para gobernar con base a la unidad y el consenso. Nada que ver. La gestión oficial se encuentra cada día más atrapada en la “inclusión de los excluidos; mediante la exclusión de los incluidos”.
Durante el proceso electoral se denunció el ventajismo oficial. Y de verdad, el bloque oficial disfrutó de algunas ventajas. La red de agencias estatales se convirtió en un componente vital en la campaña, a favor de la enmienda reeleccionista. De todo esto, los expertos y analistas han comentado suficiente; sin embargo, me parece importante resaltar otras ventajas que tuvo el bloque oficial y que utilizó a su favor. La primera de ellas, fue contar con un líder plenamente identificado con el mensaje que difundía. Si hay algo de lo que los factores de la oposición democrática tienen que tomar conciencia plena es que el Presidente Chávez, cree en el proyecto que predica. De allí, su fuerza y su arraigo popular. Otro elemento significativo es la organización de su aparato político-electoral que ha venido siendo construido en todo el país. Un tercer elemento, está representado por la eficaz y eficiente campaña propagandística desplegado por el bloque oficial y, es que -exagerando un poco- se podía conseguir propaganda a favor del SÍ hasta en los correos electrónicos personales. Cabe señalar, que me llamó mucho la atención la presencia casi diaria de la figura del Presidente Chávez en el portal de internet MSN Latinoamérica; por tan sólo citar un caso.
La oposición democrática –a pesar de su derrota-, logró una participación estratégica y electoralmente importante. Otra cosa sin embargo, es que ese mismo sector no termine de tomar conciencia de ello. La oposición democrática venezolana es un bloque social diverso y plural que ha venido creciendo paulatinamente; pero que carece aún de un liderazgo consolidado y trascendente y, de una dirección única que le permita “remar en el mismo sentido”. Y no se trata de afirmar que, en la oposición no haya líderes. No concluyo eso. Lo que sí señalo, es que en ese sector ideológico-político del país, hay una buena cantidad de dirigentes políticos y sociales; pero que actúan generalmente sin coordinación. Con esta falencia de los factores democráticos quienes más padecemos somos los venezolanos (as) de a pie y, por ende, el país en general.
No cabe duda que, en Venezuela se ha venido conformando un nuevo tejido democrático que ha logrado frenar las acometidas autoritarias del gobierno nacional. Pero ese tejido democrático carece de la organización necesaria para hacerse sentir como la verdadera fuerza social que representa en el país. Aún padecemos y nos falta padecer todavía como venezolanos (as) y como nación, las consecuencias de la nefasta entrega de la Asamblea Nacional al bloque oficial; mediante la abstención en las elecciones del año 2005. Con esa decisión, el gobierno nacional quedó sin ningún control institucional y lo que es peor, más de la mitad de la población del país quedó sin voz ni representación en ese espacio de debate político, para todo sistema democrático.
Los partidos políticos tienen la obligación de articular y conducir a la red de movimientos sociales democráticos que se ha estructurado en todo el país. Para ello, los partidos deben actuar como tales y no como meras maquinarias electoralistas que sustituyen el trabajo político-organizativo diario por el “mercadeo político” o a la mera reseña personalista en algún medio de comunicación social. Los partidos se encuentran obligados a preparar a sus militantes y a sus cuadros dirigentes bajo los principios éticos y democráticos apropiados.
Por su parte, los dirigentes sociales tendrían que emprender las tareas de reconstrucción y fortalecimiento de sus sectores respectivos. Así, el movimiento sindical y el movimiento gremial necesitan ser oxigenados y potenciados para continuar los retos que se les avecinan. El movimiento comunitario reclama atención especial ante la pretendida cooptación clientelista que intenta realizar el bloque oficial de las luchas de ese sector. Hay una amplia agenda de luchas sociales que requiere –como lo he escrito antes- del involucramiento sincero, eficaz e incluyente de los sectores políticos y sociales democráticos del país. Sólo con la participación decidida de los ciudadanos y ciudadanas democráticos de Venezuela, el movimiento popular se fortalecerá y, entonces muy seguramente tendremos otra situación sobre la cual realizar un nuevo balance.

EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

El control social de la gestión de gobierno no es otra cosa que el derecho legítimo de los ciudadanos a exigir resultados concretos y cuentas claras a sus gobernantes. Pero además, el control social de las administraciones gubernamentales también supone impedir (en lo posible) la utilización de las instituciones estatales para fines privados o intereses particulares, de quienes ejercen la función de gobierno. Por otra parte, la contraloría social representa una innovación frente a los controles clásicos gubernamentales y, parte del principio, de que el Estado y sus instituciones son ineludiblemente responsables ante la sociedad. Pero por encima de todo, esta modalidad de participación puede constituirse en un auténtico evento de protagonismo ciudadano.

En Venezuela, la denominada “contraloría social” es un derecho constitucional de recientísima data. Por supuesto, que operativamente la contraloría social no se traduce aún en una condición administrativa completamente estructurada; incluso es todavía desconocida en su concepto y trascendencia, por amplios sectores de la sociedad civil. En otro sentido, la controlaría social exige el desarrollo de cierto grado de capacidad o inteligencia organizativas de parte las asociaciones civiles que no siempre está presente en ellas; y por si fuera poco, este es un tema que no suele ser “aceptado” por las propias entidades gubernamentales.


La contraloría social y los controles clásicos sobre el gobierno

A lo largo de la historia de la democracia moderna, de la democracia liberal, la necesidad de control sobre la gestión del Estado, sus instituciones y el ejercicio del gobierno se han convertido en un tema central de las ciencias políticas y de la dinámica propia y cotidiana de este tipo de sociedades. Un primer tipo de control clásico los representa el control de tipo Parlamentario, que se basa en la “vigilancia política” que realiza el Poder Legislativo, sobre el al actividad gubernamental desplegada desde el Poder Ejecutivo. Otro control estatal típico, es aquel aplicado por el Poder Judicial, sobre otros poderes públicos y, que supone la observancia y la pertinencia por parte de aquellos de la constitucionalidad. El control Administrativo que se realiza dentro de los poderes públicos sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen la gestión de gobierno, es la otra variante de fiscalización y vigilancia que se realiza en las agencias estatales. Además se estila que en cada ejercicio fiscal, las entidades gubernamentales presenten su memoria y cuenta. Por último, y como una alternativa innovadora ante la modalidades mencionadas encontramos el control social del gobierno. Este sería realizado por la ciudadanía, por la población en general, en su papel de sujeto activo y beneficiario directo de la gestión de los distintos componentes del Estado.


El marco legal de la contraloría social en Venezuela

A partir de 1999, la opción de ejercer un control sobre la actividad pública cobró una inusitada relevancia en marco legal vigente. La primera mención obligatoriamente es hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el tema de la contraloría social se menciona de manera directa o indirecta en unos veintiocho (28) artículos. La otra mención la referiremos a un amplio abanico de leyes orgánicas y ordinarias que también recogen entre sus mandatos la participación social como un medio de control de la actividad pública; tales como: la Orgánica de Régimen de Municipal (1989), la Orgánica de Administración Pública (2001), la Orgánica de Administración Financiera del Sector Público(2003), la Orgánica de Planificación (2001), la Ley del Estatuto Orgánico de la Función Pública (2002), la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas(2001) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002, 2006) y la Ley de los Consejos Comunales (2006) .

Habría que hacer especial mención a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), en su Capítulo VIII consagra la participación social dentro del sistema de control; a través de: la atención de las iniciativas y las denuncias ciudadanas, el establecimiento de estrategias para la promoción de participación ciudadana en la gestión fiscal y en los proyectos de alto impacto económico, financiero y social. Además esta ley determina que las organizaciones comunitarias y las representativas de los sectores sociales pueden postular candidatos a los organismos de control de entidades gubernamentales.

Dificultades y desafíos de la controlaría social

Las posibilidades de controlar la gestión gubernamental desde una “óptica ciudadana” se encuentran en medio de un campo lleno de requisitos técnicos y políticos, que pudieran tornarse en serias dificultades, si no se abordan adecuadamente. En el interior del sector público, por ejemplo, se debe estructurar un sistema de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño transparente, global y sectorial, que comprenda con precisión los indicadores de desempeño a considerar. Otro caso, es el desarrollo de un programa de capacitación y adiestramiento dirigido a los funcionarios públicos para incorporarlos al nuevo paradigma de gestión. De parte de la ciudadanía, los desafíos técnicos no son menores. De hecho, el ciudadano, las asociaciones y las comunidades organizadas deben asimilar y digerir adecuadamente sus posibilidades de participación. La sociedad civil debe continuar preparándose para ejercer su protagonismo. De allí, que las iniciativas dirigidas a capacitar a entidades no gubernamentales (temáticas o comunitarias) en estos asuntos sea de una relevancia estratégica. Así pues que, la contraloría social implicaría en consecuencia, un esfuerzo técnico e institucional formidable; tanto para la burocracia pública (casi siempre indispuesta ante cualquier tipo de control y/o fiscalización), como también para las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, ahora dotadas; al menos formalmente, de un protagonismo cívico.

Bajo una perspectiva política, la evaluación gubernamental desde una “óptica social” remueve los paradigmas clásicos del control gubernamental y ofrece una posibilidad abierta hacia una mayor democratización de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, una tendencia marcadamente autoritaria desplegada desde del gobierno, pudiera disuadir a la población de ejercer su derecho de control sobre las ejecutorías públicas; entre otros efectos. Un escollo adicional lo constituye la férrea resistencia frente a la intervención ciudadana en los asuntos públicos que se manifiesta en todos los niveles político-territoriales de gobierno (y sin distinción política, por cierto). Cabe agregar que, este nuevo proceso de control, será afectado por los intereses, opiniones y visiones de los distintos actores que interactúan en la administración gubernamental.

¿Entonces, es posible ejercer el control social del gobierno?

Indudablemente que la respuesta es afirmativa; pero no será una tarea fácil. Pese a la “plataforma jurídico-constitucional” que protege y prescribe al control social del gobierno, el cambio de paradigma, requiere de un arduo trabajo técnico y político. Además, el sector gubernamental debe partir de una visión incluyente, democrática y plural de este proceso para garantizar su viabilidad. La sociedad civil debe estar conciente de sus responsabilidades y oportunidades y, además debe ser fuerte, capacitada e intransigente para en el ejercicio de sus derechos. De lo contrario, sólo tendremos más ineficiencia, corrupción y desigualdad.

VENEZUELA: ENMIENDA Y MOVILIZACIÓN POPULAR

Durante los últimos diez años, Venezuela ha estado sumergida en un proceso de profunda movilización social y política; alrededor de un propósito central: la defensa de las libertades democráticas. En ese contexto, este próximo Domingo 15 de Febrero se producirá otra confrontación electoral entre los dos bloques que se disputan el control del Estado venezolano. El evento refrendario confirmará de nuevo la polarización del país y, aunque los expertos vaticinan que no habrá una victoria amplia para cualquiera de los dos bloques, de nuevo quedará asentada la importancia de la movilización popular en torno a los valores democráticos.

La movilización de base, la movilización social constituye una expresión asociativa, diversa, no estatal, plural, voluntaria y con autonomía de gestión que se produce de manera temporal o permanente en apoyo o no, a un objetivo o tema de interés colectivo. En el caso venezolano y, de manera creciente, se han venido produciendo distintas y constantes manifestaciones de movilización popular a lo largo de esta década de revolución en defensa de los derechos humanos y la democracia. Así, el movimiento sindical, el empresariado independiente, los sectores medios profesionales, las asambleas de ciudadanos, la red de organizaciones no gubernamentales y; últimamente el movimiento estudiantil han ocupado un lugar relevante y de protagonismo en el desarrollo de esa luchas. Han sido estos movimientos sociales los que -ante la debilidad y casi ausencia de la actividad de los partidos políticos-, junto a la Iglesia Católica, las universidades y los medios de comunicación social independientes, han asumido una función de vanguardia en el debate ideológico-político que existe en Venezuela.

Inicialmente, el gobierno nacional propició la movilización popular; a través de un conjunto de acciones políticas y técnicas. Hay que reconocer que las nociones de “organización del pueblo” y “poder popular” han sido constantes en el discurso propositivo oficial. El proceso constituyente de 1999 fue un claro ejemplo del emprendimiento oficial hacia la movilización social. Otro caso, fue el impulso de algunas instancias de participación popular como los Círculos Bolivarianos y Mesas Técnicas de Agua (1999), Comités de Tierras y las Misiones (2002), los Comités de Salud (2003), hasta llegar a los Consejos Comunales (2006). Por supuesto, estas iniciativas oficialistas perseguían la construcción de una plataforma política para el “proceso revolucionario”; mediante la cooptación de los integrantes y beneficiarios de tales programas públicos. De hecho, tales mecanismos de organización contribuyeron a “organizar” la base social del chavismo durante un lapso importante. Sin embargo, con el tiempo esas plataformas de ”incidencia popular en la gestión pública” devinieron en mecanismos de simple clientelismo político.

A partir del año 2001 comienza una recuperación de los movimientos sociales independientes; que adoptan por una parte, una clara política de reclamo frente a la calidad de las ejecutorias gubernamentales y, por la otra, una decidida política de oposición ante la evolución hacia el autoritarismo y la concentración de poder; por parte del gobierno nacional. Así la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) celebra sus elecciones internas y sale triunfador de ellas el dirigente obrero petrolero Carlos Ortega, de formación socialdemócrata frente al dirigente magisterial Aristóbulo Istúriz, candidato del oficialismo. De esta forma, el movimiento sindical venezolano reafirmó su independencia y su posición contestataria al Gobierno Nacional. La elección de Carlos Ortega será determinante en los sucesos políticos posteriores. Por su parte, en Diciembre de ese mismo año, la asociación gremial FEDECÁMARAS lideró un paro cívico de 24 horas, en protesta por las políticas económicas emprendidas por la administración gubernamental.

El año 2002 continuó siendo un año de profunda movilización social y política donde la denominada clase media (sectores profesionales empleados e independientes y los pequeños y medianos empresarios) de las principales ciudades del país asume una actitud de mayor beligerancia y protesta frente a las ejecutorias gubernamentales. En otras palabras, en el 2002 irrumpe la clase media como un movimiento social de oposición en el país. La clase media urbana venezolana se convierte en la columna vertebral (y vanguardia) de las movilizaciones opositoras. Se trata de un movimiento anónimo; pero radicalizado y decidido a hacer valer los principios y valores que considera justos. Durante los sucesos de Abril de 2002, los movimientos sociales jugaron un papel importante en todo el proceso de renuncia y restitución del Presidente Chávez en el gobierno. De los sucesos de Abril quedan como testigos once funcionarios policiales presos en uno de los procesos judiciales más largos y lleno de opacidades, que haya conocido la historia de nuestro país.

Ese mismo año 2002, las fuerzas sociales opositoras (CTV; FEDECÁMARAS y una parte de la burocracia pública petrolera) lideraron la realización de un paro cívico en contra del gobierno. El paro cívico (o paro petrolero para algunos analistas) significó sin lugar a dudas, una innegable demostración de fuerza y movilización de amplios sectores de la población venezolana que asumieron el camino de la desobediencia civil, como medio de expresión de su descontento político. Fueron casi tres meses, de manifestaciones de calle en todo el territorio nacional y, donde buena parte de la población del país asumió una postura de enfrentamiento extremo contra el poder constituido.

Derrotado el paro cívico (en Febrero de 2003), la sociedad civil venezolana demostró; sin embargo, una impresionante capacidad de recuperación política pese al debilitamiento institucional de la CTV, del repliegue del sector empresarial y de la dispersión y persecución del movimiento profesional de la industria petrolera. Se inicia el tránsito por el referendo revocatorio del Presidente de la República, dentro de los procedimientos constitucionales. De nuevo, se desarrollan largas jornadas de participación ciudadana donde la recolección de firmas a favor de la consulta revocatoria. Esta vez, los movimientos sociales contaron con una estructura de organización denominada “Coordinadora Democrática” que reunía en su seno, y por igual; tanto a los partidos políticos como al voluntariado y a las organizaciones sociales privadas que encabezaban el proceso revocatorio.

Con el evento revocatorio se consolidó en forma definitiva un sector opositor y se agudizó la polarización en el país. Se enfrentaban un bloque político-social diverso y plural; al bloque oficial estructurado y soportado sobre la base institucional del Estado venezolano. El proceso revocatorio significó también un asedio social y constitucional al gobierno, que utilizó todos los recursos “institucionales y técnicos” legalmente establecidos, para realizar el referendo consultivo en una coyuntura favorable. Además de lograrlo, desde el oficialismo se elaboró la denominada “Lista Tascón” (apellido del diputado oficialista, que motorizó la idea) que sirvió para acosar y perseguir a cientos de miles de empleados públicos y de ciudadanos comunes, que firmaron a favor del proceso revocatorio.

La derrota en el referendo revocatorio, en el año 2004, debilitó de nuevo la plataforma democrática que venía estructurándose con mucho esfuerzo desde la sociedad civil. De hecho, la “Coordinadora Democrática” fue desmantelada y, el escepticismo creció de manera exponencial entre el bloque opositor; siendo la expresión más concreta de ese escepticismo político la reducción de las gobernaciones en manos de la oposición a tan solo dos entidades federales (Nueva Esparta y Zulia) y la estrategia abstencionista que se impulsó desde la propia sociedad civil en las elecciones parlamentarias del año 2005. Allí, con una exigua votación que no llegó al 20% del electorado venezolano, el bloque oficial se apoderó de la totalidad de los 167 puestos de la Asamblea Nacional. La estrategia abstencionista significó pues, un duro golpe para la reconstrucción del equilibrio democrático en el país. Incluso, luego de cuatro años; aún la nación sufre las consecuencias de una Asamblea Nacional hegemonizada por un solo sector ideológico y, sin ningún equilibrio ni control político.

Las elecciones a la Presidencia de la República del año 2006, representaron un duro reto para los factores democráticos (político y ciudadanos), en tanto se tenía que remontar la cuesta empinada que constituía la reorganización de un movimiento social disperso y la recuperación y relanzamiento de las organizaciones partidistas frente a un bloque oficial fortalecido por los resultados electorales inmediatamente anteriores. Sin embargo, y a pesar de la derrota un nuevo perfil de la oposición comenzaba a trazarse. Una oposición política y social más curtida y sobre todo sin la sombra de una proposición golpista ni de salidas cortoplacistas.

El cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión, a principios de 2007, va a propiciar un nuevo y aparente y definitivo despertar de los movimientos sociales venezolanos. El cierre de un canal televisivo con más de 53 años de trayectoria en el país, se tradujo en la concreción de una amenaza autoritaria que muchos venezolanos y venezolanas no querían terminar de aceptar. La defensa del canal televisivo RCTV se transformó en un emblema para la defensa de los derechos democráticos y, sirvió para la incorporación de un nuevo actor social: el movimiento estudiantil venezolano.

La incorporación del movimiento estudiantil representó la activación de un sector poblacional con tradición de lucha por las libertades y derechos democráticos. Si bien, los jóvenes venían acompañando las luchas emprendidas por la oposición, su participación era dispersa y no se encontraba focalizada como sector específico. Además y, por definición el movimiento estudiantil es una expresión crítica de la “institucionalidad del sistema”; tanto en el ámbito universitario como en la sociedad. Por otra parte, el movimiento estudiantil universitario no podía ser acusado por el bloque oficialista de haber participado en los procesos de protesta y desobediencia civil realizados entre 2001 y 2003; entre otras cosas, por la edad con la que contaban para ese momento. Pero además, la participación de la vanguardia de jóvenes universitarios a la lucha por la democracia por sí misma, significó una dura derrota para el gobierno nacional.

El mismo año 2007 se produce otro amplio proceso de movilización popular; esta vez alrededor de la propuesta de reforma de la Constitución Bolivariana presentada desde el gobierno nacional. Y es así que en Diciembre de ese mismo año se produce la histórica derrota político electoral de la propuesta gubernamental. Tras un amplio y febril despliegue de las distintas manifestaciones asociativas de la sociedad civil venezolana se detiene estratégicamente y de manera democrática, el proyecto revolucionario impulsado por el socialismo oficialista. Las cosas habían cambiado en Venezuela. Un nuevo tejido democrático había surgido del aprendizaje de las derrotas y los pequeños avances previos; y ahora se expresaba de manera contundente en las urnas electorales con una victoria inobjetable. Con el triunfo del 2-D de 2007 se abrieron las esperanzas para la restitución del equilibrio democrático en Venezuela y para el impulso de los mecanismos cívicos de control sobre el gobierno.

En las pasadas elecciones regionales del 23-N de 2008 se sintió el cambio en la correlación de fuerzas del país; a pesar de los “errores tácticos” de la oposición en muchos municipios y gobernaciones del país. Con estos antecedentes y en un contexto electoralmente polarizado se realizará en el país, este 15 de Febrero de 2009, una nueva consulta popular sobre una nueva propuesta de reelección indefinida impulsada por el Presidente Chávez. Este planteamiento reeleccionista desconoce los resultados que sobre el particular arrojó el referendo realizado el pasado 2007.

Para esta consulta, el bloque oficialista ha emprendido una inversión multimillonaria en propaganda con el propósito de convencer a un “electorado aburrido y cansado” de que el actual Presidente de la República sería el único dirigente político capaz de gobernar el país. Sin embargo, la realización de la utopía presidencial tropieza con una dura realidad; una realidad compuesta por su gestión pública, que confunde el enfoque de derechos con el clientelismo; por su acción institucional, que supedita la transparencia a los intereses de la nueva elite gubernamental y, su propia concepción política que mal entiende la democracia con el culto a la personalidad. Pero por encima de todo, la utopía reeleccionista muy probablemente tropezará con un pueblo movilizado y organizado, cada día más consciente de sus potencialidades y de sus derechos democráticos.

VENEZUELA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Uno de los problemas centrales que atraviesa nuestro país en la actualidad es la creciente ola de intolerancia que se ha venido impulsando desde el gobierno por el bloque oficialista. Lamentablemente, hoy en día en Venezuela, las libertades democráticas y los derechos humanos se encuentran comprometidos y en situación de riesgo.

Los reprochables sucesos de violencia (que rayan en el terrorismo político) realizados en contra de autoridades independientes legítimamente electas por el voto popular en las elecciones del pasado 23 de noviembre; y, el atroz atentado perpetrado en contra de la Sinagoga judía ubicada en la ciudad de Caracas, son un claro indicativo de la consolidación de un clima político totalitario que no acepta los principios más elementales de la convivencia democrática.

Afortunadamente, existen organizaciones sociales privadas, que de manera tesonera continuan su labor de difusión y de educación en materia de derechos humanos, en muchas comunidades del país. Y esa labor voluntaria y contributiva de la sociedad civil venezolana sin duda siembra, renueva y fortalece nichos de esperanza alrededor de una cultura ciudadana fundamentada en valores democráticos y en la vigencia de los derechos humanos como vínculo de igualdad y de equidad social y como auténtica expresión suprema de paz y libertad.

Así como reconocemos la labor de las entidades voluntarias en su recorrido y peregrinar defendiendo la vigencia y la necesidad de los derechos humanos en nuestro país, reclamamos al gobierno nacional su obligación de RECONOCER, RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y CUMPLIR con los derechos humanos fundamentales contemplados en los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y, recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¡ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA! ¡NO A LA INTOLERANCIA!

VENEZUELA: EL CAMBIO CIUDADANO DE CARACAS

El Distrito Metropolitano de Caracas requiere un proceso de transformación integral y de largo plazo; orientado hacia la mejora de la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Esa transformación integral tendría que basarse en una alianza del binomio gobierno-ciudadanía, impulsada desde la Alcaldía Metropolitana. Esta alianza serviría de plataforma para los cambios que requiere nuestra ciudad, garantizando a la vez un acento participativo y social.

Convertir a Caracas en una “ciudad para la vida” requiere de una variada gama de acciones en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y la habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la renovación urbana, la movilidad y, el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.

Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones y, con sostenibilidad financiera y presupuestaria que permita elevar el desempeño en la ejecución de las políticas públicas. Caracas reclama la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo, que recoja la diversidad de opiniones de las fuerzas vivas de su área metropolitana; privilegiando así la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión.

La transformación ciudadana de Caracas implica la renovación democrática del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, el mejoramiento de instancias de participación; tales como: los consejos comunales, la justicia de paz, las contralorías sociales y el presupuesto participativo otorgándoles el sentido de la eficacia, la inclusión y la pluralidad que han perdido. Un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la organización y participación comunitaria, serían –sin duda alguna-, parte sustancial de esa agenda ciudadana para el cambio.

VENEZUELA: LA QUIMERA DE LA ENMIENDA

La acción política del bloque socialista oficial -definitivamente perturbada por un oscuro afán reeleccionista-, se aleja cada vez más del marco constitucional bolivariano vigente en el país. Y es que ahora, además de la proposición de reelección indefinida para el cargo de Presidente de la República, se ha extendido la misma intención continuista para todos los cargos de elección popular como diputados a la Asamblea Nacional, a las Gobernaciones de las entidades federales, a las Alcaldías Metropolitanas, a las Alcaldías Municipales y, los diputados a los Consejos Legislativos Regionales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales. Es decir, el oficialismo “dió su salto cualitativo” y, de una propuesta de enmienda (ampliamente desaprobada; por cierto) pasó a una propuesta de reforma constitucional de las bases de elección de nuestro sistema republicano. La enmienda es ahora una reforma.

En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.

La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.

Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.

UN NUEVO PLAN PARA BARUTA

El Plan Municipal de Desarrollo; además de constituir un mandato legal y un requerimiento técnico, para garantizar una visión equilibrada entre el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente y el patrimonio humano de cada entidad local; representa un espacio para impulsar la inclusión y la participación ciudadana de la manera más amplia, democrática y eficaz.

En Baruta, con la nueva gestión que recién se inicia se presenta una nueva oportunidad de emprender la construcción de un plan de desarrollo para el municipio que sirva como instrumento de consolidación y concertación de voluntades entre el gobierno local y las distintas fuerzas comunitarias, culturales, económicas y sociales que hacen vida en el municipio.

Los lineamientos programáticos que presentó -durante la pasada campaña electoral-, el actual Alcalde Gerardo Blyde, representaría el elemento base, técnico y político para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo del municipio de Baruta. Por supuesto que, la alcaldía tendría que diseñar y estructurar los mecanismos de consulta pública y de participación ciudadana que acompañe la progresiva elaboración del plan municipal de desarrollo.

La participación de los vecinos y vecinas de las comunidades organizadas y de los distintos sectores del municipio, agregarían un mayor compromiso social que le brindaría mayores oportunidades de una realización responsable y, por lo tanto, exitosa del Plan Municipal de Desarrollo. Por otra parte, la visión estratégica del municipio que propiciaría el PMD, contribuiría una mejor definición de otros instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano Local.

Estamos claros que, el tema de la planificación local no ha sido totalmente comprendido por las distintas autoridades públicas que con anterioridad han dirigido algunos de los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas; sin embargo, la temprana convocatoria al CLPP para discutir el plan de inversión 2009, constituye una buena señal de la nueva administración, en materia de planificación. En todo caso, la realización de una planificación local con inclusión de los ciudadanos resulta una oportunidad formidable para incrementar la calidad de vida en Baruta.

MAS PARTICIPACIÓN EN EL 2009

El año 2009 comienza lleno de esperanzas y retos, colectivos e individuales. Será pues, otro año de sueños y de luchas para alcanzar esas aspiraciones. La enmienda constitucional ocupará un lugar privilegiado dentro del curso del debate ideológico-político que viene sucediéndose en el país, durante los últimos años. No cabe duda que, para un planteamiento de tal alcance estratégico este es el mejor momento para intentarlo. A medida que se acerque el final del actual período presidencial, resultará más difícil realizar una consulta popular de ese nivel. Cabe agregar que, hasta el momento, el bloque oficial socialista ha carecido de fuerza y de capacidad de convencimiento para tratar de imponer su propuesta reeleccionista en la opinión pública y, sobre todo en la opinión del público. El oficialismo comienza el 2009, perdiendo el debate sobre la reelección presidencial indefinida.

La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.

Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.

A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.

Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.

Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.

El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.

¡ FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2009, PARA TODAS Y TODOS!

En medio de las festividades navideñas y de fin de año, activistas, dirigentes y líderes comunitarios y sociales se encuentran preparándose para el importante papel que les corresponderá desempeñar el próximo año 2009, en el marco del dificultoso proceso político que atraviesa nuestro país. Como todo sabemos, hay una cartera de asuntos estratégicos que tienen que ser abordados con el mayor número de enfoques y voluntades individuales y colectivas que proceden de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad como el académico, el comunitario, el cultural, el deportivo, el económico, el social y el ideológico-político.

Temas como el rescate democrático del espacio local, la ciudad y el municipio; aspectos como la formación ciudadana y el liderazgo social y comunitario ético y responsable; los puntos referidos al fortalecimiento de los espacios institucionales para el ejercicio del protagonismo popular y la ruptura del cerco; al cual se quiere someter a las comunidades organizadas y a los consejos comunales son tópicos cruciales que tendrán ser contenidos y desarrollados en su momento, de manera eficaz por una plataforma ciudadana de alcance nacional. Esta plataforma ciudadana impulsará el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela, como paso previo para la reconstrucción de nuestra nación; bajo una visión moderna y orientada hacia una democracia social, una democracia plena, una democracia de todos.

No he olvidado el tema de la enmienda constitucional de carácter continuista, que ha propuesto el Gobierno Nacional. Si bien al liderazgo del bloque socialista oficial, le asiste el derecho de proponer de nuevo –aunque ya fue rechazada por el pueblo el 2 de Diciembre de 2007-, la reelección indefinida del cargo del Presidente de la República; al resto de la población de Venezuela también nos ampara el derecho democrático de defender el marco constitucional bolivariano vigente que fuera aprobado mediante referendum consultivo en Diciembre de 1999 y, luego ratificado en el año 2007 cuando la mayoría de la voluntad popular descartó las modificaciones propuestas. La acción voluntaria de los activistas, dirigentes y líderes de los distintos movimientos sociales y comunitarios del país será vital en la defensa de la Constitución Bolivariana, de los principios y de los derechos humanos fundamentales.

Muy estimados lectores y lectoras de CIUDADANOLIBRE les deseamos con el alma, los sentimientos y la razón –que siempre hace falta-, unas felices fiestas navideñas y un próspero año 2009. VAMOS TODOS JUNTOS A CONTINUAR NUESTRA LUCHA POR UNA VENEZUELA DONDE EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA, EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA PROSPERIDAD NO SEA UN PRIVILEGIO DE UNOS POCOS, SINO UN BENEFICIO DE TODOS.

RECIBAN UN FUERTE Y FRATERNO ABRAZO ...!

VENEZUELA: PROPÓSITO DE ENMIENDA

El líder del proceso anunció con bombos y platillos un propósito de enmienda: crear las posibilidades constitucionales y legales para lograr su reelección indefinida. Y en realidad, la iniciativa no sorprende a nadie; más bien esa propuesta era esperada luego de la recuperación electoral obtenida por las fuerzas opositoras el 23 de Noviembre.

El Presidente de la República se encuentra en su derecho de impulsar de nuevo la propuesta de reelección indefinida con la aspiración de gobernar el país por tiempo indeterminado. Lo que pasa es que una buena parte del pueblo venezolano –sino la mayoría- desea simplemente vivir en paz y en libertad y sin presidencias eternas.

Uno de los principales fracasos que ha tenido el actual gobierno ha sido su incapacidad para articular los esfuerzos de todos los actores económicos, sociales y políticos del país de manera constructiva e incluyente. Y es que al parecer, para el gobierno lo fundamental y lo relevante es satisfacer sus intereses particulares como una burocracia política que se “ha pegado” al aparato estatal para disfrutar discrecionalmente de sus beneficios.

Resulta decepcionante –aunque pintoresco- escuchar a diario en las cadenas nacionales de radio y televisión, un discurso oficial y socialista que promueve la descalificación personal, la confrontación entre compatriotas y el resentimiento social, como único y principal argumento. ¡Lamentable! Y lo es, mucho más cuando el fin último de toda esa “encendida oratoria” sólo persigue rendir culto a una persona y de un caudillo, por encima de los verdaderos intereses y necesidades del colectivo, del pueblo venezolano.

Venezuela requiere de verdad, de un auténtico propósito de enmienda. Una enmienda en la conducta del gobierno destinada cumplir con los valores democráticos, los derechos humanos, el comportamiento ético, la igualdad de oportunidades, la justicia, el respeto a la vida y la libertad, el pluralismo político, la responsabilidad social y la solidaridad. Esa tendría que ser la verdadera enmienda. Y no otra, esa que se propone ahora por allí, basada en el personalismo y en la mera ambición de poder. A esa enmienda, que busca satisfacer la concentración de poder en una persona, simplemente le decimos: ¡NO!

VENEZUELA DE VERDAD

En el 2012 se producirá una mega elección, donde además de elegir a un nuevo Presidente de la República para el período 2012-2018; también se podrán renovar a los gobernadores, alcaldes y legisladores estadales (electos la semana pasada). El tránsito hacia esa mega elección comenzó ya con una Venezuela polarizada electoralmente en dos bloques relativamente parejos y, con una nueva distribución entre ambos polos de las entidades gubernamentales. En el bloque oficial se han encendido las alarmas, porque su hegemonía está cerca a un “punto de quiebre”. No sabemos si en el campo opositor se ha entendido la oportunidad histórica que se avecina.

El proceso electoral del pasado 23 de Noviembre contó con una altísima participación electoral estimada en un 65.45% del padrón electoral nacional; de acuerdo a cifras oficiales. Ese alto nivel de participación nos indica la revalorización del sufragio como el mecanismo para la elección, renovación y revocación de las autoridades públicas; sin embargo, el proceso tuvo sus opacidades. Una de ellas fue la lentitud del proceso. Otra fue el “tutelaje militar”, al cual fuera sometido el evento electoral. La incidencia de las Fuerzas Armadas fue significativa a lo largo de la jornada y, no sólo a nivel mediático; sino justamente en el momento de cerrar los centros de votación, una vez cumplidos las condiciones legales; según denuncias de los partidos políticos de oposición y de los propios ciudadanos. Por su parte, organizaciones como “Ojo Electoral” y “SÚMATE” se encargaron de presentar sus informes en los cuales destacan sus observaciones al desarrollo del proceso de votación y al cierre de mesas.

El bloque oficial obtuvo en conjunto 5.5 millones de votos, y ahora cuenta con 17 gobernaciones y 269 alcaldías, además de 178 legisladores estadales; lo cual significa una fuerza considerable. Mientras la plataforma democrática alcanzó 4.3 millones de votos, y ahora tiene 5 gobernaciones y la estratégica Alcaldía Metropolitana de Caracas; sin embargo redujo su presencia a 56 alcaldías, con apenas 55 legisladores regionales. No cabe duda que, la oposición venezolana ha dado un paso gigantesco en su necesaria recuperación para el restablecimiento del equilibrio democrático en Venezuela. Por su parte, el chavismo acusa un relativo revés electoral, que ratifica su vulnerabilidad político-electoral.

Las recientes intervenciones y amenazas del Presidente de la República en contra de las nuevas autoridades públicas del sector democrático, indican la valoración que se otorga dentro de la dirección revolucionaria a los resultados electorales. Y es que, el oficialismo no está preparado ni política ni psicológicamente para gobernar con la participación legítima y democrática de otros factores sociales y políticos del país. Y en realidad, la estrategia oficialista de atacar discrecionalmente a los nuevos gobernadores y alcaldes de oposición, pudiera convertirse a la larga en un autogol para sus aspiraciones hegemónicas.

En términos generales, la oposición comienza este período frente al gobierno con una notable ventaja comparativa: los seis mandatarios regionales electos son gerentes exitosos. Todos ellos reúnen experiencia y capacidad probada en la gestión pública; es decir, el país tiene ahora la posibilidad de comparar el discurso violento del gobierno nacional con las posibilidades de una gestión democrática de gobernaciones y alcaldías basada en la inclusión, la participación, la tolerancia y el respeto a las leyes. Por allí va la cosa.

Una gestión de los gobernadores y alcaldes democráticos debería colocar sobre el debate público, los siguientes temas orientadores de su actividad gubernamental:

1. El establecimiento del Consejo Federal de Gobierno como órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y municipios y, de estas instancias hacia las comunidades organizadas y las entidades no estatales. Así como promover la creación del Fondo de Compensación Interterritorial, como soporte al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las entidades federales y, el apoyo a la dotación de obras y servicios estratégicos en aquellas regiones y comunidades con menor grado de desarrollo; según lo establecido en la Constitución Bolivariana.

2. La promulgación definitiva; por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal con la Disposición Transitoria Nº 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999. Esta ley fortalece la descentralización; por cuanto le otorga a las gobernaciones, competencias en la recaudación de impuestos, con lo cual las entidades federales aumentan su autonomía de gestión presupuestaria y programática.

3. Rescatar y fortalecer los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) de cada una de las entidades federales, que en su casi totalidad se encuentran con plazos vencidos y, sin mayor actividad institucional desde el año 2004. Los CEPLACOP deben cumplir su rol de ente coordinador de la gestión de las distintas agencias gubernamentales en su respectiva entidad federal; bajo la autoridad de los gobernadores, a los fines de promover su desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.

4. Rescatar y fortalecer los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP); de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley de fecha 26-12-2006 que los rige y, que establece la intervención de las Juntas Electorales Municipales para la organización de su proceso de renovación; así como completar su proceso de conformación interna; es decir, la elección de los Consejos Parroquiales y de las Salas Técnicas de cada CLPP.

5. El diseño y ejecución de un programa de adecuación legislativa a nivel estadal que promocione de manera eficaz el ejercicio de los derechos a la participación y consulta de la ciudadanía en los procesos de planificación, gestión, evaluación y control de las políticas y presupuestos públicos en ese nivel de gobierno.

6. El fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las gobernaciones para el cumplimiento eficaz de sus funciones, en materia de planificación de políticas y programas de un desarrollo ambiental y territorial incluyente, seguro, sostenible, sustentable y equilibrado con la participación de las autoridades municipales y de los voceros de las comunidades organizadas.

7. El desarrollo de medidas para desconcentrar y descentralizar la gestión de programas y la prestación de servicios; mediante formas efectivas de participación popular y el establecimiento de convenios de gestión, de acuerdo al marco constitucional y legal vigente.

8. La implementación de mecanismos institucionales para que todos los habitantes y personas interesadas puedan acceder a la información pública de manera eficaz. Para ello, las autoridades públicas locales (ejecutivas y legislativas) deberán promover el acceso a las nuevas tecnologías de información, como parte de sus programas de descentralización y transferencia hacia las comunidades y entidades no estatales.

9. El rescate y fortalecimiento de la figura político-territorial de las parroquias como entidades desconcentradas de la gestión municipal y como mecanismos promotores de la participación ciudadana por ser canales de relación inmediata con las expresiones asociativas vecinales y comunales.

10. El establecimiento de medios de vinculación con los consejos comunales o mancomunidades de estos, en sus espacios político-territoriales inmediatos en el marco de la corresponsabilidad, la cooperación, la cercanía, la solidaridad, la transparencia y el control de gestión.

11. Promover que los consejos comunales con la debida aprobación de su asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su comunidad respectiva, participen en la elaboración, gestión y control de los planes estadal y municipal de desarrollo, del plan de desarrollo urbano local, de los presupuestos públicos y presupuestos participativos y, de cualquier otro instrumento de planificación o inversión pública, dirigido a impulsar el desarrollo armónico del estado y del municipio.

12. La creación de las condiciones institucionales y criterios mínimos de evaluación que les permitan establecer convenios o compromisos de gestión con aquellas comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y los consejos comunales (con la aprobación previa de su asamblea de ciudadanos) en forma eficaz y transparente y,

13. El impulso de proyectos de adiestramiento y capacitación en materia de gestión de políticas públicas, enfoque de derechos humanos y participación ciudadana que contribuyan paulatinamente a la modificación de la cultura de los funcionarios públicos y a la revalorización del servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas.

Hay posibilidades de reconstruir una Venezuela de verdad, una Venezuela –y lo escribiré de nuevo- democrática, incluyente, plural y con el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales. En la coyuntura actual, el gobierno luce atemorizado ante esa posibilidad, ante el surgimiento y la consolidación de una opción ideológica y política distinta a su visión autoritaria y estatista de las relaciones sociales. Las condiciones han cambiado en la ruta democrática hacia el 2012.