!POR FIN! LA PROPUESTA DE REFORMA

Estimados amigas y amigos lectores;
les presento a continuación, para su conocimiento y análisis la propuesta de reforma constitucional presentada ayer, 15 de agosto de 2007, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
En una próxima entrega emitiré mis comentarios. Por ahora, comiencen ustedes a realizar su propio análisis. Luego intercambiamos.

Anteproyecto de Reforma Constitucional
presentado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Se propone modificar el Artículo 11, el cual reza textualmente:

“La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.

El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley.

Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”,

De la forma siguiente:
Artículo 11:
La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.

El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley.

Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”.

El Presidente de la República podrá decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa, en cualquier parte del territorio y demás espacios geográficos de la República. Igualmente podrá decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia, desastres naturales, etc.

Se propone modificar el Artículo 16, el cual reza textualmente:
“Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.

La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización político administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo”,

De la forma siguiente:
Artículo 16:
El territorio nacional se conforma a los fines político-territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder, por un Distrito Federal en el cual tendrá su sede la capital de la República, por los Estados, las Regiones Marítimas, los Territorios Federales, los Municipios Federales y los Distritos Insulares. La vigencia de los Territorios Federales y de los Municipios Federales quedará supeditada a la realización de un referéndum aprobatorio en la entidad respectiva.
Los Estados se organizan en Municipios. La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio, e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas. Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia.

A partir de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Democracia Directa.

La Ciudad Comunal se constituye cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comunas y los Auto Gobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, podrá crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley.

Los Distritos Funcionales se crearán conforme a las características históricas, socio-económicas y culturales del espacio geográfico correspondiente, así como en base a las potencialidades económicas que, desde ellos, sea necesario desarrollar en beneficio del país.

La creación de un Distrito Funcional implica la elaboración y activación de una Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional a cargo del Gobierno Nacional, con la participación de los habitantes de dicho Distrito Funcional y en consulta permanente con sus habitantes.

El Distrito Funcional podrá ser conformado por uno o más Municipios o Lotes Territoriales de estos, sin perjuicio del Estado al cual pertenezcan.

La organización y funcionamiento de la Ciudad Federal se hará de conformidad con los que establezca la ley respectiva, e implica la activación de una Misión Local con su correspondiente plan estratégico de desarrollo.

En el Territorio Federal, el Municipio Federal y la Ciudad Federal, el Poder Nacional designará las autoridades respectivas, por un lapso máximo que establecerá la Ley y sujeto a mandatos revocables.

Las Provincias Federales se conformarán como unidades de agregación y coordinación de políticas territoriales, sociales y económicas a escala regional, siempre en función de los planes estratégicos nacionales y el enfoque estratégico internacional del Estado venezolano.

Las Provincias Federales se constituirán pudiendo agregar indistintamente Estados y Municipios, sin que estos sean menoscabados en las atribuciones que esta Constitución les confiere.

La Organización político-territorial de la República se regirá por una Ley Orgánica.


Se propone modificar el Artículo 18, el cual reza textualmente:
“La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República. Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno”,

De la forma siguiente:
Artículo 18:

La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del referido Poder Nacional en otros lugares de la República.

El Estado Venezolano desarrollará una política integral, para articular un sistema nacional de ciudades, estructurando lógica y razonablemente las relaciones entre las ciudades y sus territorios asociados y uniendo y sustentando las escalas locales y regionales en la visión sistémica del país.

A tales efectos, el Estado enfrentará toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asimetrías en la dotación de servicios e infraestructura, así como sobre las condiciones de accesibilidad, físicas y económicas, de cada uno de los componentes del citado sistema nacional de ciudades.

Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sin discriminación de genero, edad, etnia, orientación política y religiosa o condición social, disfrutarán y serán titulares del Derecho a la Ciudad, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba, cada uno de los habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades.

Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas, la cual será llamada la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano.

El Poder Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo y con la colaboración y participación de todos los entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como del Poder Popular, sus Comunidades, Comunas, Consejos Comunales y demás organizaciones sociales, dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes territoriales de expansión y, en general, lograr la mayor suma de humanización posible en la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano.

Estas disposiciones serán aplicables a todo el Sistema Nacional de Ciudades y a sus componentes regionales.

Se propone modificar el Artículo 67, el cual reza textualmente:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos y con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público”,

De la forma siguiente:
Artículo 67:
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de los integrantes de las respectivas asociaciones. El Estado podrá financiar las actividades electorales.

La ley establecerá los mecanismos para el financiamiento, el uso de los espacios públicos y accesos a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por parte de las referidas asociaciones con fines políticos.

Igualmente, la ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las asociaciones con fines políticos, así como los mecanismos de control, que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las citadas contribuciones. Regulará también la duración, límites y gastos de la propaganda política y las campañas electorales propendiendo a su democratización.

Se prohíbe el financiamiento a las asociaciones con fines políticos o de quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia con fondos o recursos provenientes de gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral, postulando candidatos o candidatas.

Se propone modificar el Artículo 70, el cual reza textualmente:
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”,

De la forma siguiente:
Artículo 70:
Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, los Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

Se propone modificar el Artículo 87, el cual reza textualmente:
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”,

De la forma siguiente:
Artículo 87:
Toda persona en edad de laborar tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado desarrollará políticas que generen ocupación productiva y adoptará las medidas sociales necesarias para que toda persona pueda lograr una existencia digna, decorosa y provechosa para sí y para la sociedad.

El Estado garantizará que en todos los centros laborales se cumplan las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales acordes con la dignidad humana y creará instituciones que permitan el control y supervisión del cumplimiento de estas condiciones de trabajo.

En aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad el patrono o patrona adoptará todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas condiciones. El trabajo está sometido al régimen establecido en esta Constitución y leyes de la República.

A los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de sí mismo y de su familia, la Ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, para que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último gozar de los derechos laborales fundamentales tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, postnatal y otros que establezcan las leyes.

Se propone modificar el Artículo 90, el cual reza textualmente:
“La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas”,

De la forma siguiente:
Artículo 90:
A objeto que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo suficiente para el desarrollo integral de su persona, la jornada de trabajo diurna no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna no excederá de seis horas diarias ni de treinta y cuatro semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario. Asimismo, deberá programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.

Se propone modificar el Artículo 100, el cual reza textualmente:
“Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley”,

De la forma siguiente:
Artículo 100:
La Republica Bolivariana de Venezuela es el producto histórico de la confluencia de varias culturas, por ello el Estado reconoce la diversidad de sus expresiones y valora las raíces indígenas, europeas y afrodescendientes que dieron origen a nuestra Gran Nación Suramericana. Las culturas populares, la de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.

Se propone modificar el Artículo 112, el cual reza textualmente:
Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”,

De la forma siguiente:
Artículo 112:
El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible.

Así mismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista.

Se propone modificar el Artículo 113, el cual reza textualmente:
“No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquéllos o aquéllas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”,

De la forma siguiente:
Artículo 113:
Se prohíben los monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio, o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios, el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. En general no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que vulneren los métodos y sistemas de producción social y colectiva con los cuales se afecte la propiedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios.

Cuando se trate de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la Nación de carácter estratégico, o de la prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse la explotación o ejecución de los mismos, directamente o mediante empresas de su propiedad, sin perjuicio de establecer empresas de propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de producción socialistas, que aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del Estado, y cumplan con las cargas sociales que se le impongan, todo ello conforme a los términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía. En los demás casos de explotación de bienes de la nación, o de prestación de servicios públicos, el Estado, mediante ley, seleccionará el mecanismo o sistema de producción y ejecución de los mismos, pudiendo otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público, y el establecimiento de cargas sociales directas en los beneficios.

Se propone modificar el Artículo 115, el cual reza textualmente:
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”,

De la forma siguiente:
Artículo 115:
Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad pública es aquella que pertenece a los entes del Estado; la propiedad social es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones, y podrá ser de dos tipos: la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana; la propiedad colectiva es la perteneciente a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado; la propiedad mixta es la conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación; y la propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos.

Toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los Órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley.

Se propone modificar el Artículo 136, el cual reza textualmente:
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.”,

De la forma siguiente:
Artículo 136:
El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Con relación al contenido de las funciones que ejerce, el poder público se organiza en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.

El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley.

Se propone modificar el Artículo 141, el cual reza textualmente:
“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”,

De la forma siguiente:
Artículo 141:
Las administraciones públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos, para el ejercicio de sus funciones, y para la prestación de los servicios. Las categorías de administraciones públicas son: las administraciones públicas burocráticas o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta constitución y las leyes; y “las misiones”, constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e incluso, experimentales, los cuales serán establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales.

Se propone modificar el Artículo 156, el cual reza textualmente:
“Es de la competencia del Poder Público Nacional:

1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas; de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios; de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.
17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaría, ambiente, aguas, turismo y ordenación del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.”,

De la forma siguiente:
Artículo 156:
Es de la competencia del Poder Público Nacional:
La política y la actuación internacional de la República.
La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
Los servicios de identificación, el Registro Civil de Bienes y el Registro Electoral.
La policía nacional.
La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
La organización y régimen de la Fuerza Armada Bolivariana.
El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
La ordenación y gestión del territorio y el régimen territorial del Distrito Federal, los Estados, los Municipios, Dependencias Federales y demás entidades regionales.
La creación, ordenación y gestión de Provincias Federales, Territorios Federales y Comunales, Ciudades Federales y Comunales.
La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda.
La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados, Municipios, por esta Constitución o por la ley nacional.
La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. Definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
La creación, organización y recaudación de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias.
El régimen del comercio exterior, así como la organización y régimen de las aduanas.
El régimen y administración de las minas e hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, el régimen de las tierras baldías y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas, salinas, ostrales y otras riquezas naturales del país. El régimen y aprovechamiento de los minerales no metálicos podrá ser delegado a los Estados. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido
El Régimen de metrología legal y control de calidad.
Los censos y estadísticas nacionales.
El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
Las obras públicas de interés nacional.
Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República, así como las de control fiscal.
El régimen y organización del sistema de seguridad social.
Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio.
Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
El régimen de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura, así como la conservación, administración y aprovechamiento de autopistas y carreteras nacionales.
El sistema de vialidad, teleféricos y de ferrocarriles nacionales.
El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen, administración y control del espectro electromagnético.
El régimen general de los servicios públicos y, en especial, los servicios domiciliarios de electricidad, telefonía por cable, inalámbrica y satelital, televisión por suscripción, agua potable y gas.
El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad, la identidad nacional, la defensa de la integridad y la soberanía en esos espacios.
La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República.
La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, administrativa, ambiental, energética; penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado y público; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la económica y financiera; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
La gestión y administración de los ramos de la economía nacional, así como su eventual transferencia a sectores de economía de propiedad social, colectiva o mixta.
La promoción, organización y registro de los Consejos del Poder Popular, así como el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proyectos socio-económicos de la economía social, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y fiscales.
Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza, o que no este atribuido expresamente a la competencia estadal o municipal.

Se propone modificar el Artículo 158, el cual reza textualmente:
“La descentralización como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”,

De la forma siguiente:
Artículo 158:
El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una Democracia Socialista.

Se propone modificar el Artículo 167, el cual reza textualmente:
“Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley”, De la forma siguiente:

De la forma siguiente:
Artículo 167:
Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un mínimo del veinticinco por ciento de los ingresos ordinarios estimados en la ley de presupuesto anual, el cual se distribuirá entre los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales, los Municipios Federales, las Comunas y las Comunidades, de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica del situado constitucional.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinticinco por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial.
6. Cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.

Se propone modificar el Artículo 168, el cual reza textualmente:
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley”,

De la forma siguiente:
Artículo 168:
Los Municipios gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En sus actuaciones el Municipio estará obligado a incorporar, dentro del ámbito de sus competencias, la participación ciudadana, a través de los Consejos del Poder Popular y de los medios de producción socialista.

Se propone modificar el Artículo 184, el cual reza textualmente:
“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población”,

De la forma siguiente:
Artículo 184:
Una ley nacional creará mecanismos para que el Poder Nacional, los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las Comunidades organizadas, a los Consejos Comunales, a las Comunas y otros Entes del Poder Popular, los servicios que éstos gestionen, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
2. La participación y asunción por parte de las organizaciones comunales de la gestión de las empresas públicas municipales y/o estadales.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las distintas expresiones de la economía social y el desarrollo endógeno sustentable, mediante cooperativas, cajas de ahorro, empresas de propiedad social, colectiva y mixta, mutuales y otras formas asociativas, que permitan la construcción de la economía socialista.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas públicas.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La transferencia a las organizaciones Comunales de la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales, con fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión pública.
7. La participación de las Comunidades en actividades de recreación, deporte, esparcimiento, privilegiando actividades de la cultura popular y el folclor nacional.
La Comunidad organizada tendrá como máxima autoridad la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Poder Popular, quien en tal virtud designa y revoca a los órganos del Poder Comunal en las comunidades, Comunas y otros entes político-territoriales que se conformen en la ciudad, como la unidad política primaria del territorio.
El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, articulando e integrando las diversas organizaciones comunales y grupos sociales. Igualmente asumirá la Justicia de paz y la prevención y protección vecinal. Por Ley se creará un Fondo destinado al financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales. Todo lo relativo a la constitución, integración, competencias y funcionamiento de los Consejos Comunales será regulado mediante la ley.

Se propone modificar el Artículo 185, el cual reza textualmente:
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.

El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.

De la forma siguiente:
Artículo 185:
El Consejo Nacional de Gobierno es un órgano, no permanente, encargado de evaluar los diversos proyectos comunales, locales, estadales y provinciales, para articularlos al plan de desarrollo integral de la nación, dar seguimiento a la ejecución de las propuestas aprobadas y realizar los ajustes convenientes a los fines de garantizar el logro de sus objetivos.
Estará presidido por el Presidente o Presidenta de la República, quien lo convocará, e integrado por los Vicepresidentes y Vicepresidentas, los Ministros y Ministras, los Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas.

Se propone modificar el Artículo 225, el cual reza textualmente:
“El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley”,

De la forma siguiente:
Artículo 225:
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley.

El Presidente o Presidenta de la República podrá designar el 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta y el número de Vicepresidentes o Vicepresidentas que estime necesario.

Se propone modificar el Artículo 230, el cual reza textualmente:
“El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”,

De la forma siguiente:
Artículo 230:
El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período.

Se propone modificar el Artículo 236, el cual reza textualmente:
“Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir la acción del Gobierno.
3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los Ministros o Ministras.
4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.
7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.
11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.
12. Negociar los empréstitos nacionales.
13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.
14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley.
15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales.
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.
19. Conceder indultos.
20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica.
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos”,

De la forma siguiente:
Artículo 236:
Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir las acciones de Estado y de Gobierno y coordinar las relaciones con los otros Poderes Públicos Nacionales en su carácter de Jefe de Estado.
3. Crear las Provincias Federales, Territorios Federales y/o Ciudades Federales según lo establecido en esta constitución y designar sus autoridades, según la ley.
4. Nombrar y remover al 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta, nombrar y remover a Vicepresidentes o Vicepresidentas, nombrar y remover los Ministros o Ministras.
5. Dirigir las relaciones exteriores, la política internacional de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
6. Comandar la Fuerza Armada Bolivariana en su carácter de Comandante en Jefe, ejerciendo la Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades, determinando su contingente.
7. Promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes.
8. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
9. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
10. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
11. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.
12. Administrar la Hacienda Pública Nacional, así como el establecimiento y regulación de la política monetaria.
13. Negociar los empréstitos nacionales.
14. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.
15. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley.
16. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
17. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
18. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales.
19. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución.
20. Conceder indultos.
21. Fijar el número, organización y competencia de las Vicepresidencias, ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica.
22. Disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.
23. Ejercer la iniciativa constitucional y constituyente.
24. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
25. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
26. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.

Se propone modificar el Artículo 251, el cual reza textualmente:
“El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones”,

De la forma siguiente:
Artículo 251:
El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta y asesoramiento del Estado y Gobierno Nacional. Ejercerá sus atribuciones con autonomía funcional. Sus opiniones o dictámenes no tendrán carácter vinculante. Son de su competencia: 1. Emitir opinión sobre el objeto de la consulta. 2. Velar por la observancia de la Constitución y el ordenamiento jurídico. 3. Emitir dictámenes sobre los asuntos que se sometan a su consideración y 4. Recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos de especial trascendencia. La ley orgánica respectiva podrá determinar otras funciones y/u otras competencias.

Se propone modificar el Artículo 252, el cual reza textualmente:
“El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional; un o una representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado o Gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales”,

De la forma siguiente:
Artículo 252:
El Consejo de Estado lo preside el Presidente o Presidenta de la República y estará además conformado, por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional; el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Poder Ciudadano, el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral y las personas que el Presidente o Presidenta de la República considere necesario convocar para tratar la materia a la que se refiere la consulta.

Se propone modificar el Artículo 300, el cual reza textualmente:
“La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”,

De la forma siguiente:
Artículo 300:
La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas o entidades regionales, para la promoción y realización de actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista, estableciendo los mecanismos de control y fiscalización que aseguren la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan, y su razonable productividad económica y social.

Se propone modificar el Artículo 302, el cual reza textualmente:
“El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”,

De la forma siguiente:
Artículo 302:
El Estado se reserva por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, así como las explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.
El Estado dará preferencia al uso de tecnología nacional para el procesamiento de los hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos, especialmente de aquellos cuyas características constituyen la mayoría de las reservas y sus derivados.

Se propone modificar el Artículo 305, el cual reza textualmente:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal las provenientes de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.”,

De la forma siguiente:
Artículo 305:
El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.
Si ello fuere necesario para garantizar la seguridad alimentaria, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola indispensables a tal efecto, y podrá transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas públicas y organizaciones sociales, cooperativas o comunitarias. Así como utilizar a plenitud las potestades de expropiación, afectación y ocupación en los términos de esta Constitución y la Ley.

Se propone modificar el Artículo 307, el cual reza textualmente:
“El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia”,

De la forma siguiente:
Artículo 307:
Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social. La República determinará mediante Ley la forma en las cuales los latifundios serán transferidos a la propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales capaces de administrar y hacer productivas las tierras.

Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. A los fines de garantizar la producción agrícola, el Estado protegerá y promoverá la propiedad social. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. La ley creará tributos sobre las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola o pecuaria.

Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales cuya recaudación se destinará para financiamiento, investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y el rendimiento del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia. Se confiscarán aquellos fundos cuyos dueños ejecuten en ellos actos irreparables de destrucción ambiental, los dediquen a la producción de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o la trata de personas, o los utilicen o permitan su utilización como espacios para la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la nación.

Se propone modificar el Artículo 318, el cual reza textualmente:
“Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley”,

De la forma siguiente:
Artículo 318:

El sistema monetario nacional debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, por encima de cualquier otra consideración. El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, en estricta y obligatoria coordinación, fijarán las políticas monetarias y ejercerán las competencias monetarias del Poder Nacional.

El objetivo específico del Banco Central de Venezuela, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de los tratados que suscriba la República.

El Banco Central de Venezuela es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas correspondientes y sus funciones estarán supeditadas a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar los objetivos superiores del Estado Socialista y la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo específico, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones, compartidas con el Poder Ejecutivo Nacional, las de participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés.

Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección del Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional. Venezuela tendrá entre sus funciones, compartidas con el Poder Ejecutivo Nacional, las de participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés.

Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección del Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional.

Se propone modificar el Artículo 320, el cual reza textualmente:
“El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.

La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y se divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de cuentas”,

De la forma siguiente:
Artículo 320:
El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. Igualmente velará por la armonización de la política fiscal con la política monetaria, para el logro de los objetivos macroeconómicos.

Se propone modificar el Artículo 321, el cual reza textualmente:
“Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”,

De la forma siguiente:
Artículo 321:
En el marco de su función de administración de las reservas internacionales, el Jefe del Estado establecerá, en coordinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias, las cuales se destinarán a fondos que disponga el Ejecutivo Nacional para la inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación.

Se propone modificar el Artículo 328, el cual reza textualmente:
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”,

De la forma siguiente:
Artículo 328:
La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico popular y antimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación, de acuerdo con esta Constitución y la ley.

En el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero. Sus pilares fundamentales son esta constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación. Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: “Libertar a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo”.

Se propone modificar el Artículo 329, el cual reza textualmente:
“El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”,

De la forma siguiente:
Artículo 329:
La Fuerza Armada Bolivariana está integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente en los siguientes componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia Popular Bolivariana; y estructurados dichos cuerpos en unidades combinadas de guarnición, unidades combinadas de adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas, tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico, a efectos del cumplimiento de su misión.

La Fuerza Armada Bolivariana podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.

Disposición transitoria:
La Guardia Nacional se convertirá en un cuerpo esencialmente militar, pudiendo ser destinada por su Comandante en Jefe para conformar cuerpos de tierra, mar y aire como parte integrante de otros componentes militares. Podrán también formarse cuerpos policiales con una parte de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Cambiará su denominación militar por el de Guardia Territorial.

Otra disposición transitoria: Las unidades y cuerpos de la reserva militar se transformarán en unidades de la Milicia Popular Bolivariana.

EL LABERINTO COMUNAL

Recursos financieros, la transferencia de los servicios de agua, basura, electricidad y gas y, la adscripción de la justicia de paz son los nuevos ingredientes para la conformación del Poder Comunal, desde la particular visión que sobre el tema maneja el gobierno nacional. Como otros incentivos, la estatal telefónica CANTV ha ofrecido un plan de telefonía móvil celular, con precios especiales para los miembros de los consejos comunales y, el Ministerio del Poder Popular de Participación y Protección Social; por su parte, anunció la entrega masiva de equipos de computación a esas instancias organización comunitaria. Pero la cosa no queda allí.

En relación con el mismo tema, la Alcaldía del Municipio Libertador propone ahora la desaparición de la Cámara Municipal y de las Juntas Parroquiales; inspirándose para ello en la experiencia de la “Comuna de Paris” del año 1781. Mientras, la Alcaldía Metropolitana –pronta a desaparecer por voluntad presidencial- propone la creación de una ciudad socialista; basándose en el poder comunal. Algún diputado de la Asamblea Nacional ha propuesto ya, que dicha instancia legislativa delegue algunas funciones en los consejos comunales. En otro nivel, dirigentes regionales oficialistas han retomado el propósito -de la engavetada- Ley Orgánica de Participación Ciudadana de crear el “sistema social de planificación”; mediante una red de consejos comunales que comprendería los niveles local, parroquial, municipal, estadal y nacional. También desde el ejecutivo se propone la creación de federaciones, confederaciones y territorios comunales. A parte de lo anterior, a los consejos comunales se les ha venido agregando una serie de funciones –ajenas a su objetivo inicial- que amenazan con transformar a las nacientes organizaciones comunitarias, en unos pesados organismos burocráticos con múltiples atribuciones y operados por “voluntarios”.

Así pues, la creación del poder comunal puede resultar verdaderamente explosiva si los ideólogos oficiales no logran salir del laberinto conceptual, que implica la construcción el denominado sexto poder bolivariano. En realidad, la organización de poder comunal reclama de una serie de reflexiones y definiciones de naturaleza ética y política que van más allá del mero discurso propagandístico. Veamos algunos casos.

Primero, la transformación de la red de consejos comunales en un nuevo poder público requeriría ineludiblemente la definición de aspectos; tales como: sus autoridades, sus estructuras orgánica y territorial; así como de sus competencias y atribuciones; y, de las relaciones de coordinación y colaboración con el resto de los otros cinco poderes públicos preexistentes en el Estado venezolano; y las representaciones oficiales estadales y municipales.

Segundo, la transformación de la red consejos comunales en un poder estatal exigiría el establecimiento de las condiciones institucionales básicas para su funcionamiento; tales como: el reconocimiento y financiamiento de su nómina (compuesta por los voceros electos por las comunidades), la dotación de un presupuesto tanto de gasto corriente como de inversión, para cada una de las áreas sustantivas y programáticas que finalmente le sean atribuidas; y un claro sistema de presentación y rendición de cuentas.

Tercero, el tema de las competencias y atribuciones del nuevo poder comunal constituido, tendría ser tratado con seriedad y honestidad; por parte de los diseñadores oficiales. Y es que puede resultar noticioso y llamativo, afirmar que los consejos comunales se encargarán de servicios públicos como el agua, la basura, el gas o la electricidad; sin embargo, desde un punto de vista institucional y técnico, esa afirmación no pasa de ser “un saludo a la bandera”.

Por ejemplo, sería necesario conocer con exactitud lo que supondría para el poder comunal o para cada consejo comunal en específico, asumir el servicio público del agua (en un sentido integral), porque este servicio público abarca también el alcantarillado y, la canalización y disposición de aguas servidas. Además, resultaría obligatorio el establecimiento de un marco normativo que orientase los procesos y las relaciones de programación y operación entre las empresas hidrológicas y la red consejos comunales que exista en el país, para el momento en que se produzca ese cambio institucional.

El caso de la “basura” -como la denomina el alto gobierno- tampoco es tan sencillo para resolverlo a “realazos”. El tema supone la protección y el saneamiento ambiental, el aseo urbano y domiciliario, los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos. De igual manera, cada consejo comunal -en su ámbito respectivo (que puede variar por el número de familias), y luego en red o mancomunidad-, tendría que preparase para planificar, administrar, ejecutar y evaluar las políticas que en materia de protección y saneamiento ambiental sean necesarias.

El traspaso de las competencias de gas y electricidad también supone normas técnicas que tienen que ser consideradas al momento incorporar estas atribuciones en la estructura del nuevo poder comunal. En el caso del gas y de la electricidad, el marco regulatorio del traspaso de estas competencias será vital en atención al rol estratégico que atribuye el mismo gobierno a ambos sectores.

Cuarto, el alto gobierno debe superar el simplismo con el cual viene asumiendo el concepto y el diseño del denominado “poder comunal”. Reiteradamente voceros oficiales asimilan al “poder comunal o popular” con el acceso directo a fondos públicos; sin ningún control o responsabilidad. Y es que el gobierno nacional consolidó una matriz de opinión que articula a los consejos comunales con la rápida obtención de dinero, nada más. Craso error.

En nuestra opinión, esa visión “crematística” de la participación popular no contribuye a la creación de responsabilidad social ni tampoco de ciudadanía, que son justamente los valores que reclama nuestro país para avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad. El tema del poder comunal y de la participación ciudadana reclama de una población preparada para el disfrute responsable de las políticas públicas. El reparto dispendioso de recursos económicos en actos políticos no contribuye a la participación popular, sino a su manipulación conciente.

Quinto, la conformación del nuevo poder comunal exigiría la más profunda, amplia, incluyente y democrática discusión y concertación popular. Sin ella, la propuesta carece de todo sentido. Y si en efecto se desea impulsar un nuevo modelo de relación entre el Estado y el pueblo venezolano y sus expresiones asociativas, el diseño final del “poder comunal” debe pasar por la realización de un proceso constituyente. Y esta condición, amigos oficialistas es también como las otras, ineludible. De lo contrario, nunca saldrán de su laberinto.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

La participación ciudadana dentro de una nueva alternativa democrática
-Resumen de la ponencia presentada por Miguel González Marregot, en el evento organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS); la Alcadía de Chacao y Acuerdo Social-

Contenido

Consideraciones generales sobre la participación ciudadana.
El caso venezolano: situación actual de la oferta estatal participativa.
Propuestas “alternativas” para la organización y la participación popular.

Consideraciones Generales

1. La participación ciudadana es una práctica cada vez más extendida en nuestro continente.
2. Su desarrollo se ubica preferiblemente en ámbitos sub-nacionales (alcaldías, condados, municipios, provincias).
3. Su ejercicio puede abarcar funciones ejecutivas, legislativas, contraloras y de justicia.
4. Su objeto primordial es la planificación local y la gestión de programas sociales.

Un concepto de participación ciudadana

Proceso social, dinámico, autónomo, consciente y crítico que se propone la democratización del poder. Se motiva por intereses y/o valores que se pueden desarrollar individualmente o colectivamente, en la sociedad y con respecto al Estado, dentro de un contexto histórico determinado y bajo unas condiciones expresamente establecidas. (Variante del concepto del Centro de Derechos Humanos de la UCAB)

Bases Institucionales para la participación ciudadana

1. Un marco legal claro y preciso que sustente, promueva y apoye su ejercicio.
2. Ética basada en la honestidad, la rendición de cuentas, la tolerancia y en la crítica libre y responsable.
3. Programas formativos para elevar las capacidades cívicas; tanto de los actores civiles como de los oficiales.
4. Los recursos organizativos, técnicos, informativos e informáticos, financieros y, los espacios físicos para su ejercicio eficaz y eficiente.
5. Compromiso entre el Estado y la sociedad para el desarrollo y ejercicio corresponsable de la participación ciudadana en la gestión pública.

Posibilidades de la participación ciudadana

1. Incrementa la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas.
2. Propicia mayor legitimidad a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos.
3. Posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales.
4. Favorece la solidaridad, la confianza y el civismo.
5. Incrementa la gobernabilidad.

El caso venezolano

Un 37% del articulado de la Constitución Bolivariana está dedicado a la participación ciudadana

Medios de participación (en lo político): Elección de cargos públicos. Referenda: Consultivo, Revocatorio, Aprobatorio, Abrogatorio, Revocatorio. Consulta Popular: Iniciativa Legislativa, Enmienda Constitucional, Reforma Constitucional, Asamblea Constituyente. Cabildos Abiertos. Asambleas de Ciudadanos.

Medios de participación (en lo económico y social): Asociaciones vecinales, autogestión y cogestión; Consejo Federal de Gobierno; Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; Consejos Locales de Planificación; Consejos Comunales; Cooperativas y Comités Sectoriales, entre otros.

Venezuela logros y dificultades

Logros: Rescate de la participación y de la organización popular como un asunto público. Apertura de múltiples espacios para la participación ciudadana: comités de tierras, de salud, mesas técnicas consejos comunales; entre otros. Difusión masiva de técnicas de administración de proyectos. Impulso de un nuevo liderazgo comunitario y social.

Dificultades: Partidismo y exclusión en el tratamiento de la participación ciudadana. Burocratismo y centralismo en el desarrollo de instancias, niveles y procedimientos participativos. Tratamiento fraudulento de instancias y procesos de participación popular. Baja calidad en los procesos de formación comunitaria.

Una visión democrática de la participación ciudadana

La participación ciudadana implica la profundización de las condiciones democráticas del Estado; mediante una mayor redistribución, desconcentración y descentralización del poder y de la toma de decisiones en un marco de libertad, pluralidad, inclusión, responsabilidad y respeto mutuo.

Los componentes participativos

1. Institucional: Descentralización y desconcentración de la gestión pública. Reglas claras. Procedimientos sencillos.
2. Social: Satisfacción de las demandas sociales. Consulta e inclusión ciudadana. Políticas públicas de calidad para todos.
3. Económica: Participación justa y equitativa en beneficios económicos. Respeto a la propiedad. Revalorización del trabajo.
4. Territorial: Fortalecimiento de las entidades federales menores. Delimitación de competencias.

Lineamientos para la acción

1. El impulso del debate (interno y externo), sobre la sociedad que queremos.
2. El rescate de los espacios institucionales para la participación ciudadana.
3. El apoyo a la lucha por los derechos democráticos de la población.
4. El apoyo a los procesos de organización autónoma de las comunidades.
5. La defensa de la descentralización y la municipalización.

MGM/Julio,2007

FORO: RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN VENEZUELA

“Retos y Perspectivas de la Política Social en Venezuela”
Salón Ávila, Hotel Altamira Suites
Caracas, 31 de Julio de 2007


8:00 a.m.: Inscripción de los participantes

8:30 a.m.: Instalación del Foro. Palabras de apertura, a cargo de:

· Leopoldo López, Alcalde de Chacao
· Marino González, Coordinador de la Asociación Civil Acuerdo Social
· Kurt-Peter Schütt, Director del ILDIS

9:00 a.m.: La Participación ciudadana dentro de una nueva alternativa democrática

Ponente: Miguel González Marregot

Economía social, mercado y democracia

Ponente: Nelson Freitez

9:40 a.m.: Intervención de lo(a)s participantes

Moderador: Flavio Carucci (ILDIS)

10:40 a.m.: Refrigerio

11:00 a.m.: La renta básica como derecho: ¿es viable en Venezuela?

Ponente: Dolores Medina

Integración social, democracia y bienestar

Ponente: Luís Francisco Cabezas

11:40 a.m.: Intervención de lo(a)s participantes

Moderador: Moisés Carvallo (Alcaldía de Chacao)

12:40 pm.: Síntesis del evento. Yolanda D’Elia

1:00 pm.: Almuerzo en el Hotel

UNA NUEVA PLATAFORMA DEMOCRÁTICA

La situación política venezolana requiere de la conformación de un contrapeso ideológico y político, democrático y plural que frene las pretensiones hegemónicas y anti-populares del proyecto oficialista. Y es que en nuestro país, ahora se pretende iniciar la búsqueda de la utopía socialista -como modelo de organización política, económica y social-pese a que el encuentro de cada pueblo en particular con esa utopía, ha resultado un auténtico fracaso histórico.

¿Es posible entonces, repensar al país con una visión de futuro, luego de los fallidos intentos por alcanzar el desarrollo y la prosperidad; mediante la democracia representativa (1958-1998) y posteriormente, por medio, de la democracia autoritativa y limitada (1999-2007)? Pensamos, que además de posible, es extremadamente importante para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país y emprender la construcción de un modelo de desarrollo democrático, incluyente y sostenible.

En términos generales, una propuesta democrática alternativa tendría que fundamentarse en la igualdad de oportunidades y en la reducción sistemática de la pobreza en un marco del respeto a la libertad y a los derechos humanos. Esta propuesta de alternativa democrática también supondría la descentralización y desconcentración de la gestión pública; y, el fortalecimiento real y efectivo de la participación del pueblo en la toma de las decisiones públicas y en consecuencia, significaría la resolución del falso dilema entre la democracia representativa y la democracia participativa.

Por otra parte, y en el campo estrictamente económico, la nueva plataforma democrática se orientaría hacia la formación de una economía diversificada, sostenible y próspera que pueda afrontar con efectividad los retos de la globalización y, superar la volatilidad del rentismo petrolero. Uno de los retos más importantes para Venezuela y su gobierno lo constituye la superación del estatismo económico, del excesivo y discrecional intervencionismo del aparato público en espacios naturales para la actividad de los ciudadanos y sus expresiones asociativas productivas. Lo que sí debe impulsar el Estado en un nuevo marco democrático es la creación de unas “reglas de juego” estables que generen confianza para la inversión privada, las iniciativas populares; así como la revalorización del papel del trabajo y del trabajador en el proceso productivo.

En el ámbito social, resulta estratégica la creación de las condiciones para lograr la igualdad de oportunidades para el pueblo y para favorecer la universalización real de los derechos sociales, como núcleo central de esta alternativa democrática. A un modelo democrático alternativo, al autoritarismo y al socialismo le corresponde orientarse hacia la disminución de las desigualdades e inequidades sociales. En Venezuela, se hace impostergable el impulso de una nueva democracia incluyente, donde la justicia ocupe el lugar que le corresponde y las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas se caractericen por el respeto, la tolerancia y la equidad.

Desde un nuevo enfoque democrático, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la participación venezolana en el concierto internacional de naciones de manera independiente son temas relevantes. En una nueva propuesta democrática, la soberanía de Venezuela debe ser sinónimo de una política internacional promotora y defensora de la libertad, de la cooperación entre los pueblos, de la paz y de la tolerancia en el marco de las relaciones multilaterales y bilaterales.

Por último, el elemento organizativo constituye un aspecto crucial en todo proceso de lanzamiento de cualquier plataforma política. Por las condiciones que atraviesa el país, la adecuada conformación de una plataforma democrática reúne condiciones estratégicas. De ello, no hay dudas. Sin embargo, y por su propia importancia el tema partidista debe abordarse con mesura y precisión. Al respecto, se debe estar claro en la importancia del establecimiento de adecuados métodos de dirección y relación entre los militantes, simpatizantes y allegados fundamentados en la ética, en la cercanía, en la credibilidad y en la confianza. De la misma manera, en este contexto organizativo, la plataforma democrática debe comenzar a plantearse estrategias de relación con el mundo asociativo de los sectores populares y sectores medios de la población venezolana. Y la base de esa relación tendrá que ser el respeto a la autonomía de tales organizaciones. En realidad, no hay mucho tiempo ni oportunidades para repetir los errores del pasado; tanto reciente como lejano.

SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto de reforma constitucional oficialista vislumbra –pese a la cláusula de confidencialidad que evita su escrutinio público- el propósito de establecer una institucionalidad centralista, burocrática y estatista; bajo un enfoque meramente clientelar. Es decir, se prepara una reforma constitucional que no responde a aspiraciones populares; sino que se ajusta al gusto de un gobernante (y de la elite que lo acompaña), en su aspiración de perpetuarse en el ejercicio y disfrute del poder.

El sesgo autoritario dominante en el proyecto oficialista de reforma, ratifica de nuevo la pobreza ideológico-conceptual y democrática que predomina en el núcleo dirigente de la revolución venezolana. Al parecer, para ellos, lo verdaderamente importante es su permanencia indefinida en el usufructo del poder. En tal sentido, la propuesta de “reelección continua y exclusiva” para el cargo de Presidente de la República, viene como anillo al dedo, para esa clásica visión hegemónica del ejercicio del gobierno que predomina hoy en el sector oficial venezolano. Así, desde ese añejo enfoque ideológico, la institucionalidad estatal se convierte en un “preciado botín”, desde donde se imponen regulaciones y condiciones al resto de la sociedad. Por supuesto, que tales regulaciones y condiciones institucionales sólo favorecen a los intereses y propósitos de quienes detentan el poder, en detrimento de las grandes mayorías. Es hacia allá, donde apunta la reforma constitucional.

Una reforma con tales propósitos, no admite una discusión ni un debate democrático. De allí que, el gobierno y su cuerpo de asesores revolucionarios (criollos y extranjeros) hayan descartado la realización de un proceso constituyente tratando de evadir, de esta manera una confrontación abierta y libre de ideas, que no les favorecería en lo absoluto. Una Asamblea Nacional Constituyente permitiría muy seguramente, el reagrupamiento y la legitimación de las fuerzas democráticas del país.

Y es que, pese al control y la influencia que posee la revolución sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), la elección y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente podría contar con una fuerte representación –si no mayoritaria- de los sectores democráticos; lo cual significaría un contrapeso popular, que pudiera colocar en riesgo el alcance de los objetivos del régimen. Por otra parte y, en esas condiciones, la pluralidad de una Asamblea Nacional Constituyente –por su naturaleza supraconstitucional-, pondría al gobierno por primera vez, en una verdadera situación de control ciudadano.

El campo democrático venezolano debe prepararse para esta nueva batalla política. Y debe hacerlo con seriedad, transcendiendo la simple lamentación discursiva y la postura mediática fácil. La reforma constitucional es un tema que pertenece a todo el pueblo venezolano; sin discriminación alguna. Cada venezolano y cada venezolana tienen el legítimo derecho de estar informados y de opinar en tan trascendente asunto.

En tal sentido, alrededor de la reforma constitucional es muy factible y necesario construir espacios para la defensa de la democracia venezolana. Nadie duda que esto requiera de un gran y desinteresado esfuerzo ciudadano, organizativo y político. Eso es verdad, pero también es cierto que la defensa de la libertad, la paz y la democracia venezolana merecen eso y un poco más. Sabemos con antelación que desde el oficialismo se usarán “discrecionalmente” y bajo cualquier pretexto, los recursos institucionales del Estado para tratar de imponer su visión hegemónica del mundo, del país y de la sociedad. Eso ya está escrito, pero no hay que temerle.

La propuesta de reforma oficialista tiene; sin embargo sus utilidades. Por una parte, indica lo que NO debe hacerse para construir una democracia social; y por la otra, es un poderoso incentivo para el debate por la defensa activa –y con más fuerza y convicción- de la libertad, la inclusión y la paz. Llegó la hora, de defender la democracia.

PODER COMUNAL EN BARUTA

El poder comunal ha comenzado a organizarse en Baruta. Con mucha alegría encontramos diversas iniciativas comunales tendentes a fortalecer la organización vecinal y defender sus derechos ciudadanos. Veamos algunas de ellas. El 21 de Junio, en la sede del consejo comunal de Monterrey –primer consejo comunal de Baruta- se instaló el comité promotor para crear una federación de consejos comunales en el municipio, que de concretarse podría reunir a más de 80 organizaciones de este tipo. Y el 30 de Junio se realizó una jornada de trabajo con consejos comunales de Baruta y El Hatillo, patrocinada por la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Asociación Civil “Gestión de Cambio”. La jornada sirvió para analizar la trayectoria de los consejos comunales en el municipio, y para plantear el impulso de un programa formativo, que potencie sus habilidades y sus capacidades; a partir del mes de Septiembre.

El pasado Sábado 7 de Julio, las voceras de Baruta ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas impulsaron un encuentro entre esa instancia y los consejos comunales de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La comunidad del barrio “La Palomera” de Baruta analiza una propuesta de ordenanza urbanística que puede afectar de manera negativa su calidad de vida. Y en “La Limonera” continúan desarrollándose, cada Viernes en la mañana, las mesas técnicas de trabajo que evalúan un proyecto de construcción de viviendas, en el marco de un núcleo de desarrollo endógeno en ese sector.

En cada una de estas iniciativas, las comunidades baruteñas ejercen sus derechos en legítima defensa de su calidad de vida. Tales iniciativas significan asimismo, una recuperación del movimiento vecinal, que sirve como contrapeso y necesario control social sobre la gestión de unas autoridades locales generalmente acríticas y complacientes con su desempeño. Unas comunidades fuertes son decisivas para relaciones transparentes entre gobierno y ciudadanía. La organización comunitaria es una herramienta importante para el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida; mucho más si se desarrolla en un marco de tolerancia y pluralidad, como hasta ahora ha sucedido en el municipio Baruta. Hay buenas noticias entonces, para los vecinos baruteños; pues se conforma un nuevo y auténtico poder comunal.

EL DESFILE COMUNAL

La participación en el desfile del “5 de Julio” de un grupo de tres mil miembros de consejos comunales, con sus respectivas banderitas rojas nos lleva a otros desfiles. Uno de ellos, es el desfile de las propuestas oficiales; en torno a qué hacer con los consejos comunales. Otro desfile, es aquel de los padecimientos vecinales, populares y comunitarios que aún no encuentran la respuesta a sus problemas en esas instancias.

En días pasados, -y ante un grupo de expertos académicos- sostenía que la creación de los consejos comunales es un “éxito gubernamental”. Y los consejos comunales son un “éxito oficial”, porque con ellos había logrado involucrar a todas las comunidades del país (ricas, medias y pobres) a la discusión del tema de la organización y de la participación ciudadana: ¿sabía usted que, en zonas tan disímiles del Área Metropolitana de Caracas como el Country Club, La Lagunita o Prados del Este; y Catia, El Valle o Petare hay consejos comunales organizados? En realidad, sería mezquino y de una miopía política muy grande desconocer la trascendencia que esta propuesta tiene en la población. Pero hasta allí.

Ante el desarrollo de los consejos comunales, el gobierno ha demostrado una notable incapacidad. Y esto también es innegable. Con estos consejos se ha querido hacer de todo; lo que demuestra la confusión conceptual que domina al “núcleo directivo” de la revolución venezolana, en relación al tema. El desfile comunal de propósitos revolucionarios comienza con la oferta de crear un “poder comunal” que, según el Presidente Chávez sustituiría la propuesta liberal de Estado basada en Montesquieu. Por supuesto, que hay otros propósitos que varían; según el vocero oficialista de turno. Así comienza un desfile de propósitos comunales que van desde la eliminación de gobernaciones, alcaldías, asambleas legislativas y concejos municipales; y luego pasa por prestar auxilio al Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) en la recaudación impositiva, por la lucha contra el acaparamiento de productos regulados, por la participación en la reserva nacional y la organización de policías comunales; además de involucrarse en la elaboración de planes y proyectos comunitarios; así como en la administración de centros de telecomunicaciones, la atención a la niñez y a la adolescencia, la vinculación con el servicio comunitario de los estudiantes de educación superior; y últimamente por la participación en el registro electoral, en la formulación de leyes por delegación de la Asamblea Nacional y, en el impulso de la economía comunal. Pero de este largo desfile quizás el propósito más claro, no sea otro que establecer un esquema de gestión concentrada y centralizada a los designios de la Presidencia de la República.

Hay otro desfile. Este se realiza a diario, en el seno de las comunidades que perciben y sienten que los consejos comunales no están resolviendo sus problemas; asemejándose más bien a una oferta engañosa, sobre la participación popular. Y es que la burocracia pública (en todos sus niveles y modalidades) no atiende con eficacia ni con eficiencia las solicitudes y propuestas presentadas por los consejos comunales. Por otra parte, los programas de adiestramiento impulsados son insuficientes y en ocasiones generan confusión entre los participantes. Por si fuera poco, las diferentes facciones del oficialismo, se disputan y sabotean la creación, la organización y el registro de los consejos comunales. Hace poco en Maracaibo, en el municipio San Francisco –y luego de una reunión de trabajo sobre el tema- se acercó un vecino muy molesto y angustiado porque sentía que como vocero de un consejo comunal que por su trabajo no recibía reconocimiento alguno. El vocero reclamaba –y no sin cierta razón- que él desempeñaba actividades correspondientes a funcionarios locales y regionales, a cambio de nada. Hay cansancio en la población. Los problemas de alumbrado, de cloacas, de vivienda, de recolección de desechos sólidos, de vialidad y de transporte siguen siendo los mismos; mientras la agenda del gobierno va por otro lado, lejos del sentir popular. No hay encuentro entre estos desfiles comunales.

Es por eso que, la participación de tres mil voceros de consejos comunales en el desfile del “5 de julio” puede ser un presagio; de la inminente realización de otros desfiles pero no para alabar a un proceso o rendir culto a una personalidad. No nada de eso. Es probable que se produzcan desfiles comunales para algo mucho mejor; como pelear por el derecho al mejoramiento de las condiciones ambientales y de la calidad de vida de las comunidades más deprimidas; así como para exigir resultados de la gestión de las autoridades públicas. Ya vendrá ese desfile comunal que demande una auténtica participación popular basada en la autonomía, la inclusión y la pluralidad.

JORNADAS DE TRABAJO: USB-CONSEJOS COMUNALES

El 30 de junio se realizaron con éxito las Jornadas de Trabajo “Universidad Simón Bolívar”, consejos comunales de los Municipios Baruta y de El Hatillo, del estado Miranda (Venezuela). El evento también contó el auspicio de la Asociación Civil “Gestión de Cambio”.

El encuentro logró reunir a más de 100 voceros y voceras representantes de consejos comunales de los municipios mirandinos, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar y participar luego de las intervenciones de los ponentes invitados por los organizadores.

La instalación de la jornada de trabajo, estuvo a cargo del Decano de Extensión de la USB Ingeniero William Colmenares; la Lic. Lilian García Directora de Cultura de esa misma casa de estudios y la Lic. Carmen Flor Rodríguez, Presidenta de la Asociación Civil “Gestión de Cambio”.

La jornada tuvo como ponentes a Miguel González Marregot, Director Ejecutivo de la Asociación Civil “Gestión de Cambio”, quien presentó “Un Balance de los Consejos Comunales”; la economista Luz Elena Aldasoro, directiva de la Fundación “Momento de la Gente”, quien disertó sobre “El diagnóstico comunitario”; y el sociólogo José Key Armenta, también de la Asociación Civil “Gestión de Cambio”, que presentó una visón sobre “El Presupuesto participativo”. En una segunda tanda hicieron sus respectivas presentaciones, el Director del Instituto de Estudios Regionales y Urbanísticos (IERU), de la Universidad Simón Bolívar, profesor Silverio González, la Directora de Extensión, del núcleo Litoral del estado Vargas de la USB, profesora Belkys Rodríguez y la Coordinadora del Programa de Gestión Socio-Cultural de la USB, licenciada Sandra Fajardo.

La jornada de trabajo sirvió para asentar la nueva plataforma cooperación entre la Universidad Simón Bolívar (USB); las asociaciones civiles aledañas y los consejos comunales con el propósito de consolidar los espacios de participación popular.
Les mantendré informados.

UN PUESTO EN LA HISTORIA

La posibilidad legal de crear servicios públicos de radio y televisión existe en el artículo 108 de la Constitución Bolivariana. El mismo artículo 108 determina que los servicios públicos de radio y televisión (además de la red de bibliotecas e informática) debe permitir el acceso universal a la información. La negativa oficial de renovar la concesión a RCTV es un golpe directo a la esencia de ese mandato constitucional. Un mandato constitucional, por cierto, que se encuentra articulado a otros derechos humanos fundamentales como son la libertad de pensamiento, de expresión, de información, de prensa, de recreación y al trabajo. Casi nada.

Una televisión de servicio público tendría que haber nacido de una sólida e impecable decisión democrática, con respeto a la pluralidad, propiciadora de la inclusión, de la tolerancia y de la solidaridad, por decir lo menos. Sin embargo, la decisión que originó la nueva televisora de servicio público no alcanzó esa calidad, sino todo lo contrario. La salida del aire de RCTV es mucho más grave aún, al considerar los señalamientos críticos que han formulado personeros del alto gobierno sobre la baja calidad de la red estatal de televisoras; y hasta su desempeño al margen del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (conocida también como Ley Resorte).

Con la decisión tomada el gobierno perdió una oportunidad única y formidable de colocar las cinco señales audiovisuales que maneja discrecionalmente y sin contraloría social alguna, al servicio del país; y por lo tanto al servicio de la ciudadanía, de la cultura y recreación, de la educación y del tratamiento informativo de una manera veraz, oportuna y completa. Así pues que el gobierno prefirió optar por el clásico “pase de factura” a quien considera un adversario; político, antes que dar un verdadero salto cualitativo en el rendimiento de la red estatal de comunicación televisiva.

El resto ha sido una cadena interminable de errores políticos y de desaciertos propagandísticos en un intento de maquillar ante “propios y extraños” la atrocidad cometida. Con la decisión oficial en contra de RCTV, el gobierno obtuvo un puesto en la historia a costa de silenciar a su propio pueblo. Craso error, porque la historia no perdona.

REFLEXIONES: MANCOMUNIDADES DE CONSEJOS COMUNALES

Contenido:
1. La base legal de las mancomunidades
2. Las derivaciones conceptuales hacia las “mancomunidades de consejos comunales”
3. Algunas consideraciones técnicas y procesales
4. Conclusiones y recomendaciones

1. La base legal de las mancomunidades

1.1. Las mancomunidades constituyen una forma asociativa intergubernamental, de carácter voluntario, creadas por dos o más municipios para atender asuntos de interés públicos vinculados a sus competencias, por un tiempo determinado y bajo unas condiciones establecidas.

1.2. La primera mención directa a la figura asociativa de las mancomunidades se encuentra en el artículo 170 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiente al Capítulo IV referido al Poder Público Municipal. De manera indirecta, las mancomunidades pueden ser asimiladas como nuevos sujetos de descentralización; de acuerdo al numeral 7 del artículo 184 de la misma CRBV.

1.3. Un desarrollo más amplio y expreso de las mancomunidades se haya claramente establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Capitulo IV, “De las mancomunidades y demás figuras asociativas”. Las características relevantes de las mancomunidades son las siguientes:

1.3.1. Son figuras asociativas de carácter voluntario, entre dos o más municipios, colindantes o no e incluso pertenecientes a diferentes entidades federales.
1.3.2. Las mancomunidades podrán asumir parte de las materias o funciones de los municipios mancomunados más, NO la totalidad de las mismas.
1.3.3. Los poderes públicos nacional y estadual podrán crear fondos especiales a los fines de la descentralización de competencias hacia estas entidades intergubernamentales.
1.3.4. Las mancomunidades (o su creación) tendrían que estar contempladas en los Planes Municipales de Desarrollo y ser aprobadas por los CLPP de los municipios involucrados.
1.3.5. Las mancomunidades se crearán mediante un acuerdo; y sus estatutos contendrán:
1. El nombre, el objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios que la constituirán.
2. Los fines y objetivos para los cuales se crea.
3. El tiempo de su vigencia.
4. Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen.
6. La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma de designación, facultades y responsabilidades.
7. Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y los mecanismos previstos de conciliación entre las partes.
8. Las condiciones de disolución de la mancomunidad antes del lapso previsto.
9. Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad.
10. Definición de las funciones y mecanismos de control externo.
11. Los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas.
12. Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes establecidos para los municipios participantes.

1.3.6. Las mancomunidades tendrán personalidad jurídica propia.

1.4. Las mancomunidades y la Ley de los Consejos Comunales

La Ley de los Consejos Comunales, tan sólo menciona una vez a la “mancomunidad de consejos comunales” en el artículo 10 y refiriéndola al contexto de la Unidad de Gestión Financiera o Banco Comunal.

Artículo 10. La unidad de gestión financiera es un órgano integrado por cinco (5) habitantes de la comunidad electos y electas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que funciona como un ente de ejecución financiera de los consejos comunales para administrar recursos financieros, servir de ente de inversión y crédito y, realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados.

A los efectos de esa ley, la unidad de gestión financiera se denominará Banco Comunal. El Banco Comunal pertenecerá a un consejo comunal o mancomunidad de consejos comunales; de acuerdo al desarrollo de los mismos y a las necesidades por ellos establecidas.

Serán socios y socias del Banco Comunal todos los ciudadanos y ciudadanos que habiten en el ámbito geográfico definido por la Asamblea de Ciudadanos y que conforman el consejo comunal o la mancomunidad de consejos comunales.

El Banco Comunal adquirirá la figura de cooperativa y se regirá por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro-Financiero y otras leyes aplicables; así como por la presente ley y su Reglamento. Los Bancos Comunales quedarán exceptuados de la regulación de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

2. Las derivaciones conceptuales hacia “las mancomunidades de consejos comunales”

El establecimiento de las comunidades de consejos comunales es un tema en construcción por el propio Gobierno Nacional. Aún las instituciones oficiales nacionales no han delimitado un perfil completo de la organización de las “mancomunidades comunales”, fuera de lo que expresa la Ley de los Consejos Comunales.

Una pista la encontramos en la presentación titulada “Consejos Comunales y Banco Comunales” donde el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), considera que una mancomunidad es “la unión de varios consejos comunales que identifican una necesidad u objetivos compartidos y se unen con la finalidad de elaborar soluciones y/o tramitar ante las diversas instituciones los recursos necesarios para solucionarlos; así como atender necesidades de tipo personal de carácter productivo y no productivo. Fomentando la creación de redes de solidaridad entre las comunidades” (sic).

Desde un punto vista técnico, se pueden establecer algunas derivaciones conceptuales para perfilar este nuevo tipo de mancomunidad o “mancomunidades de consejos comunales”:

1. Constituyen una “figura asociativa voluntaria, apegada a las leyes vigentes, y de carácter ciudadano que se constituyen, previo acuerdo, entre dos o más consejos comunales; ubicados en una o más parroquias y/o municipios; y cuyo propósito será la gestión de funciones y actividades determinadas, de manera conjunta entre ellas, y con las autoridades públicas locales”.
2. Las “mancomunidades comunales” no sólo funcionarán como entidades financieras de proyectos productivos o no productivos, individuales y colectivos; sino que deberán garantizar la adecuada coordinación de las actividades acordadas para la mancomunidad, por cada uno de los consejos comunales representados en esa figura intergubernamental; y que se reflejarán en el Plan de Desarrollo Comunal Mancomunado.
3. Específicamente la actividad de la mancomunidad estará sujeta a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género. Estos principios se encuentran contenidos en la Ley de los Consejos Comunales (artículo 3).
4. También estarán sujetas a los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y con especial énfasis a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Planificación, la Ley Orgánica de al Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, la Ley de Consejos Comunales y cualquier otro instrumento legal vinculado a la gestión de programas, políticas y proyectos de carácter ambiental, comunitario, social productivo y no productivo.
5. Las autoridades locales como garantes del cumplimiento de las leyes de la República, del Plan Municipal de Desarrollo y de los otros planes que orientan la actividad pública municipal y parroquial deberán establecer las ordenanzas, reglamentos, normas y procedimientos para la adecuada coordinación, supervisión y control de la actividad de las mancomunidades de consejos comunales, en aras de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos a la participación ciudadana en un marco de democracia, inclusión y pluralidad.
6. El establecimiento de las “mancomunidades de consejos comunales” responderán a las necesidades definidas por las comunidades interesadas mediante un diagnóstico comunitario, recogidas en el plan de desarrollo comunitario; y aprobadas en su debido momento por las respectivas asambleas de ciudadanas y ciudadanas.
7. Las autoridades locales, el Consejo Local de Planificación Pública, el Consejo de Defensa de la Niñez y la Adolescencia y la Justicia de Paz coadyuvarán para que la conformación de estas nuevas formas asociativas no estatales y, su respectivo Plan de Desarrollo Comunal Mancomunado (PDCM) se armonice con los planes, programas y proyectos municipales.
8. En el caso de comunidades aledañas con interés de cooperación y de mancomunarse pero con asimetrías en sus carencias y su calidad de vida, las autoridades locales emprenderán proceso de acompañamiento en la estructuración de los acuerdos y negociaciones previas entre las comunidades involucradas.

3. Algunas consideraciones técnicas y procesales

3.1. Pasos para la conformación de una mancomunidad de consejos comunales

3.1.1. Iniciativa popular de los miembros de uno o más consejos comunales para emprender el proceso de creación de la mancomunidad.
3.1.2. Notificación por parte de los Órganos Ejecutivos de los Consejos Comunales participantes, al Ejecutivo Municipal y al Consejo Local de Planificación Pública del municipio.
3.1.3. Realización de parte de los habitantes de las comunidades involucradas, del diagnóstico participativo respectivo para la identificación de áreas e intereses favorables a la creación de la mancomunidad comunal.
3.1.4. Preparación técnica por parte de los Órganos Ejecutivos de los Consejos Comunales, de los términos del acuerdo para establecer la mancomunidad entre las partes.
3.1.5. Realización de la Asamblea de Ciudadanos de las comunidades interesadas, para aprobar el acuerdo de conformación de la mancomunidad; con base a los términos estructurados previamente.
3.1.6. Elección de los voceros representantes en la mancomunidad, por cada consejo comunal adherente.
3.1.7. Inicio de las actividades de la mancomunidad: elaboración del Plan Comunal de Desarrollo Mancomunado, creación de la Asociación Cooperativa Banco Comunal.
Nota: todo este proceso debe ser documentado.

3.2. Contenidos básicos para la elaboración del acuerdo de creación de una “mancomunidad de consejos comunales”

3.2.1. La delimitación geográfica de la mancomunidad.
3.2.2. La delimitación de las áreas programáticas y las funciones que serán atendidas por la mancomunidad.
3.2.3. Los lineamientos para la elaboración del Plan Comunal de Desarrollo Mancomunado; que determinará la utilización de los recursos financieros y no financieros del Banco Comunal.
3.2.4. Los mecanismos de información y rendición de cuentas ante los miembros de la mancomunidad de consejos comunales y las autoridades públicas locales, regionales y nacionales sobre la gestión y uso de los recursos públicos recibidos.
3.2.5. Los procedimientos de coordinación y cooperación con las autoridades municipales para el adecuado cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión social en municipio.
3.2.6. La duración de la mancomunidad y los medios de negociación y resolución de conflictos entre los consejos comunales asociados, la ciudadanía y las autoridades locales, regionales y nacionales.

3.3. Delimitación de áreas de gestión de las mancomunidades de consejos comunales

3.3.1. Los proyectos de micro inversión social destinados al mejoramiento de instalaciones y servicios educativos, sanitarios, culturales y deportivos.
3.3.4. Los proyectos no financieros de desarrollo comunitario orientados al fortalecimiento de los propios consejos comunales, al desarrollo de campañas de capacitación y adiestramiento en áreas sensibles a los habitantes de la comunidad.
3.3.3. Los proyectos productivos; tales como: cooperativas de servicios y la cogestión de instalaciones públicas en el ámbito mancomunado.
3.3.4. Las actividades vinculadas a las políticas, programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Comunal Mancomunado de Desarrollo.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Las mancomunidades constituyen una figura asociativa intergubernamental que posee un basamento consistente en el marco legal vigente en el país. Las mancomunidades serán consideradas como nuevos sujetos de descentralización según el discurso del Gobierno central.
4.2. Las Mancomunidad de Consejos Comunales, contenida en la Ley de los Consejos Comunales; no se encuentra aún lo suficientemente elaborada. Y por otra parte, parece circunscrita al ámbito de la “Unidad de Gestión Financiera” de los consejos comunales. Esta característica puede limitar su operatividad.
4.3. En tal sentido, una propuesta alternativa viable y con base a criterios técnicos tendría que ampliar el alcance de la Mancomunidades de Consejos Comunales, con su posible inserción en la ejecución de los planes concebidos por las Alcaldías, para el desarrollo armónico del municipio. Esa es la estrategia.
4.4. La estructuración de un conjunto de normas, (por medio de una ordenanza) que oriente la relación Alcaldía, consejos comunales y sus mancomunidades, resulta otra opción válida y ampliamente recomendable. Una ordenanza que establezca los derechos y deberes, y procesos con claridad permitirán una mayor cercanía entre los consejos comunales y el poder constituido.
4.5. Por otra parte, la Alcaldía debe jugar un papel de intermediación, en los procesos de creación de una Mancomunidad entre consejos comunales pertenecientes a comunidades muy dispares en cuanto a su calidad de vida. Aquí de nuevo, las reglas claras son ineludibles y necesarias.
4.6. Los instrumentos sugeridos en este papel de trabajo, como el Plan Comunal Mancomunado de Desarrollo y realización de negociaciones técnicas entre voceros de los consejos comunales, además de contribuir a crear consensos y disminuir asimetrías entre localidades dispares, pueden generar confianza en momento en que la polarización del país sigue creciendo.
4.7. Por último, de concretarse, Mancomunidades entre Consejos Comunales de distintas características socio-económicas podría mostrarse en un futuro cercano, como una posibilidad real de realizar políticas sociales mediante la concertación y la cooperación.

MANIFIESTO PROFESORAL

Los profesores de las Universidades Venezolanas respaldamos la valerosa lucha de los estudiantes, quienes no han dudado en salir a la calle en defensa de la democracia. Sentimos un compromiso moral con la posición asumida por estos jóvenes, porque recoge los preciados valores de la libertad y del respeto a la pluralidad, nutrientes irrenunciables de nuestro quehacer académico, como de la convivencia civilizada en sociedad.

El movimiento estudiantil venezolano ha escrito gloriosas páginas de lucha en la conquista y defensa de la democracia y de la justicia social. En 1928 los universitarios se movilizaron para denunciar a la tiranía gomecista y en el 36, para exigir un régimen de libertades, una vez muerto el dictador. La huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957 fue una clarinada que animó al país a no tolerar más los abusos y atropellos de la dictadura perez-jimenista. En las luchas de los años ’60 y ’70 los estudiantes reclamaron sus derechos políticos, denunciaron la represión y se movilizaron en defensa de la autonomía universitaria. Hoy los jóvenes del país recogen estas banderas, construyendo un inmenso movimiento de protesta en defensa de su futuro y del derecho a vivir en una sociedad libre. El presidente Chávez se equivoca rotundamente al despreciar y querer descalificar a estos valientes jóvenes.

Compartimos la preocupación de los jóvenes por la restricción a la libertad de expresión, representada en el cierre del canal de televisión de mayor audiencia del país, debido a sus críticas a la gestión gubernamental. Lamentamos que la estrechez ideológica de algunos voceros del Ejecutivo lleve a percibir las movilizaciones estudiantiles a través del lente de la confrontación con “el enemigo”, negándose al diálogo y a la búsqueda de acuerdos que respeten la convivencia con amplios sectores que tienen razones legítimas para protestar. Repudiamos que la represión sea la única respuesta y calificamos de infame el llamado a activar gavillas armadas pro-gobierno para arremeter contra la justa protesta de los jóvenes, reminiscente de lo que hicieron en su momento los camisas negras de las fascio, los camisas pardas nazis, los camisas azules de la falange y ahora los uniformados de rojo del oficialismo. Consideramos criminal que se intente, desde algunos medios de comunicación oficialistas, fomentar el odio contra los estudiantes, diciendo que responden a “planes desestabilizadores” de intereses extranjeros o de la “oligarquía”.

Nos preocupa, las arremetidas en contra de la autonomía universitaria y los principios cardinales del quehacer académico por parte del presidente Chávez en su alocución del pasado jueves 24 de mayo en el Teatro Teresa Carreño. Las universidades son instrumentos indispensables de desarrollo, ventanas al mundo y a los avances en la frontera del conocimiento científico y humanístico. La autonomía es crucial para esta misión, pues impide que la universidad sea colocada al servicio del poder y/o de intereses oscurantistas. Es oportuno recordar las palabras del Rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, en respuesta al insolente grito, “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!” proferido por el General falangista Millán Astray:

“Este es templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y derecho en la lucha”.

Como profesores universitarios, nos sentimos comprometidos a participar activamente en las jornadas que se desarrollan, al lado de los estudiantes y demás sectores de la sociedad, en defensa de las libertades consagradas en la Constitución y en los acuerdos internacionales de los cuales Venezuela es signataria. Sobre éstos se sustenta nuestra vida en democracia. Sin ellos, es inconcebible la autonomía universitaria que ampara nuestro quehacer académico.

¡Que vivan los universitarios!
¡Defendamos la autonomía, en libertad y democracia!

RCTV, GOBIERNO Y LA PROTESTA ESTUDIANTIL

La no renovación de la concesión del canal televisivo RCTV ha originado una amplia protesta nacional cívica y pacífica, con la participación de todos los sectores del país comprometidos con la defensa de los derechos y libertades civiles. El movimiento estudiantil ha sido la vanguardia indiscutible de esta movilización social contestataria, a una histórica decisión del gobierno nacional que golpea y restringe la democracia venezolana.

En nuestro país, la juventud y los estudiantes siempre han estado articulados a las luchas por la defensa de la libertad y la democracia. Desde los albores de la lucha independentista nacional, nuestra juventud estuvo al frente de la gesta emancipadora. Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Santiago Mariño y Antonio José de Sucre; entre otros héroes de la lucha independentista de Venezuela fueron jóvenes emprendedores y visionarios que asumieron con la mayor entrega la lucha por la libertad. Cada 12 de Febrero celebramos el “Día de la Juventud” de la Universidad de Caracas, bajo el comando del también joven General José Félix Ribas, frente a las huestes del sanguinario líder realista José Tomás Boves.

En la lucha contra el autoritarismo y la dictadura del General Juan Vicente Gómez (1908-1936), los jóvenes venezolanos también ofrendaron su creatividad, su fuerza y su patriotismo. El general Gómez mantuvo cerradas las universidades nacionales durante once años (1914-1925). En el año 1928 -en plena dictadura gomecista-, el movimiento estudiantil de Caracas, impulsó una serie de protestas contra el régimen, en el marco de la celebración de la “Semana del Estudiante”. En ese grupo estudiantil, conocido posteriormente como la “Generación del 28” estaban entre otros: Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Raúl Leoni y Miguel Otero Silva. El movimiento de protesta democrática fue sometido a una cruenta represión, resultando muchos de esos líderes estudiantiles apresados o deportados. Sin embargo, aquellos estudiantes dejaron una huella imborrable en la historia del país.

Bajo la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), cientos de estudiantes venezolanos fueron exiliados o encarcelados por defender los ideales democráticos. A pesar de esa situación, la voluntad de lucha del movimiento estudiantil nunca fue quebrantada y su aporte fue decisivo y determinante al momento de la movilización popular que contribuyó a la caída del régimen militar de Pérez Jiménez.

En término generales y, por definición los movimientos estudiantiles son actores sociales de carácter alternativo, crítico, plural y democrático. Su referente inicial son los aspectos vinculados a la luchas reivindicativas por la calidad de la educación y el derecho al estudio. También las luchas populares y las luchas políticas forman parte de sus intereses naturales. En ese contexto, el movimiento estudiantil venezolano se ha incorporado –en forma pacífica y democrática-, a la legítima lucha por el ejercicio pleno de los derechos democráticos en el país; que se encuentra seriamente afectado por el creciente autoritarismo y la intolerancia del gobierno socialista. En otras palabras, los estudiantes de las universidades estatales y privadas venezolanas se han incorporado junto al resto de la población en la defensa de la democracia.

Frente a ello, el oficialismo ha desatado sin éxito una serie de medidas políticas y represivas en contra de la protesta popular. Una de ellas, fue intentar descalificar al movimiento juvenil argumentado que estaba siendo manipulado por sectores políticos vinculados al “imperialismo”. También, se empleó de nuevo, como un elemento disuasivo de la protesta, la conocida denuncia del “magnicidio”; aunque sin lograr mayor impacto popular. Otra medida implementada por el gobierno socialista ha sido emplear a los cuerpos de seguridad del Estado, en la represión directa de las movilizaciones de protesta. Por último, y quizás en una “jugada de última hora” algunos voceros oficialistas han llamado a una especie de confrontación social; exigiendo a los “barrios que bajen” a defender la decisión en contra de RCTV. Particularmente no creo, que esto ocurra, no sólo porque en los barrios RCTV tenía una gran sintonía; sino porque la amplia mayoría del pueblo venezolano no suscribe la violencia como método de gobierno.

Lo que si pienso, es que el caso de RCTV colocó al gobierno socialista contra la pared. El oficialismo perdió el debate y buena parte de su credibilidad dentro y fuera del país. El gobierno lo sabe, está consciente de ello; pero pretender utilizar la confrontación de pueblo contra pueblo no parece el camino más indicado para superar la auto-crisis generada por la restricción al ejercicio de la libertad de expresión, a la pluralidad del pensamiento, del derecho a la protesta o del derecho a la integridad física.

No sabemos si en el oficialismo, han comprendido que la acción política basada en el odio social y en la lucha de clases sólo agravará la crisis actual y, no la solucionará. Pero si acaso, el “núcleo dirigente de la revolución” insistiera en operar bajo un esquema opresivo y violento, el pueblo venezolano le propiciará una contundente derrota; mediante su apego a los valores democráticos.

A luz de los acontecimientos actuales, todo indica que un nuevo cambio pacífico, democrático y plural se está gestando en Venezuela. Ojalá tengamos la paciencia y el talante necesario para participar en él.

SOCIALISMO Y RCTV

El cierre de RCTV –mediante la no renovación de su concesión- reafirma la contradicción antagónica entre los principios democráticos y, la “elite socialista” que se ha apoderado del Estado venezolano. En ese contexto, RCTV constituye además de un patrimonio histórico-cultural del país, representa un pivote fundamental del periodismo independiente y crítico, en un momento en que el sistema de libertades ciudadanas se encuentra bajo el acoso asfixiante del socialismo bolivariano.

Con la eliminación del canal 2, el gobierno socialista ha dado un paso importante para el establecimiento de un domino comunicacional e informativo en Venezuela. De esta forma, busca alcanzar tres objetivos políticos, muy importantes para sus intereses; a saber: i) reducir la vigilancia y el control de la opinión pública sobre su gestión; ii) restringir el acceso de los líderes democráticos a los medios de comunicación; y, iii) ampliar el margen de manipulación propagandística al proyecto revolucionario.

Para un régimen con aspiraciones de perpetuarse en el tiempo, el control y el sometimiento de los medios de comunicación de masas; y la restricción del ejercicio de los derechos humanos asociados a los mismos, resultan asuntos estratégicos. En otras palabras, para el autoritarismo, el control de la información y la restricción progresiva de las libertades públicas constituyen una regla de oro.

Por otra parte, en el caso venezolano, el cierre de un canal independiente como RCTV, coloca de nuevo sobre la mesa el debate en torno a la incompatibilidad del socialismo con la libertad y los derechos humanos. Y es que en efecto, la experiencia histórica nos señala que los modelos socialistas emprendidos en Asia, Europa y América Latina estuvieron signados por la opresión de una “elite revolucionaria” sobre el resto de la sociedad. En tal sentido, y en su debido momento regímenes como el Soviético, el de China comunista, el socialista de Cuba, el socialista de Corea del Norte o la experiencia del Khmer Rouge en Camboya recibieron serios señalamientos por la censura, la persecución, detención indebida y desaparición de disidentes. Bajo esas experiencias revolucionarias, la violación de los derechos humanos se hizo una práctica recurrente. Pero lo peor de esos casos fue que, las atrocidades políticas que se cometieron se hicieron en nombre de un “hombre nuevo” y un “mundo mejor”.

No obstante, en el campo socialista latinoamericano hubo avances importantes. De hecho, nace un pensamiento anti-imperialista, de izquierda y social-demócrata latinoamericano de manos del líder peruano Haya de la Torre, y con aportes del mismo Rómulo Betancourt. Más adelante, la izquierda latinoamericana se deslinda de los partidos comunistas y de la Internacional Comunista, sometidos durante décadas a la voluntad del Kremlin. Así mismo aparecen otras vertientes ideológicas progresistas como la llamada “Teología de la Liberación” en Brasil. La fallida experiencia del Presidente Salvador Allende en Chile, fue una muestra de los avances de una izquierda renovada y democrática, con ambiciones de romper los viejos paradigmas totalitarios del conocido “socialismo real”. En síntesis, en Suramérica (salvo el caso cubano) se desarrolló un pensamiento de izquierda autónomo, y muy diferente a los viejos modelos estalinistas y maoístas, europeos y asiáticos.

En Venezuela, ocurrió igual. Antes que nada hay que reconocer que los socialistas han formado parte de la historia de este país. Por supuesto, no como supone el régimen chavista afirmando que nuestro Libertador Simón Bolívar era socialista. No, esa afirmación del oficialismo es simplemente una especie de “ardid publicitario” para mercadear mejor su propuesta ante el pueblo venezolano. Nada más.

Salvador de Plaza, con su Partido Revolucionario del Proletariado (PRP), fue uno de los pioneros del pensamiento marxista-leninista en el país, cuestión que ignoran al parecer los ideólogos del oficialismo. También encontramos a los hermanos Machado: Gustavo y Eduardo, fundadores del Partido Comunista de Venezuela (PCV); junto con otros notables intelectuales. Cabe agregar que los comunistas criollos, a pesar de su debate constante con Acción Democrática (su gran rival ideológico durante años), se mantuvieron al lado de las luchas democráticas; como por ejemplo, lo demuestra su enfrentamiento contra la dictadura militar del General Marcos Pérez Jiménez.

Pero escribía que, en Venezuela al igual que en el resto de Suramérica hubo una renovación ideológica y política dentro de las filas socialistas. Y es que luego, del estrepitoso fracaso de la “lucha armada” emprendida por al izquierda venezolana durante la década de los años sesenta, se produjo en distintos tiempos y con diversidad de opiniones una recomposición de ese sector. Los desaparecidos Alfredo Maneiro (La Causa Radical) y Moisés Moleiro (Movimiento de Izquierda Revolucionaria); por una parte y, Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff (ambos PCV y luego Movimiento al Socialismo) y Américo Martín (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, luego Nueva Alternativa); entre otros, impulsaron un amplísimo movimiento de reflexión y renovación del socialismo venezolano buscando su relanzamiento con base al rescate de los valores de la democracia, la libertad y la paz. De manera pues, que en nuestro país los socialistas produjeron una ruptura con las posiciones más oscuras del “socialismo real” y del totalitarismo.

Al margen de todo esto, el “socialismo bolivariano” que hoy se impone en Venezuela también ha realizado su deslinde. Pero un deslinde que nada tiene que ver con los avances y las experiencias producidas en nuestro continente ni con los aportes que brindaron algunos pensadores socialistas venezolanos para reconducir la utopía del mundo nuevo, del mundo mejor por los senderos de la democracia. Nada que ver.

Este “socialismo del siglo XXI” –y que de paso en nada se relaciona con El Libertador Simón Bolívar- sólo nos muestra la concreción del discurso intolerante, de la confrontación entre venezolanos, del irrespeto al derecho ajeno, que no admite críticas y que se recrea con la intimidación y el sometimiento del “contrario”. Este es un “socialismo reaccionario”, para el cual es inaceptable la existencia de la diversidad y pluralidad de opiniones, mensajes y contenidos. Para este socialismo, lo único permisible es la imposición hegemónica de una visión de la vida, del mundo y del país. Craso error.

A partir del 28 de Mayo, un nuevo ciclo político se abre. Una nueva etapa cuyas bases serían el autoritarismo y la represión discrecional e ideológico-política de cualquier factor o sector social que manifieste un pensamiento alternativo, autónomo, crítico y plural.

También el 28 de Mayo surgirá la bandera de lucha más poderosa que hayan tenido en los últimos tiempos los sectores democráticos venezolanos. Esa bandera será RCTV, ahora convertida en un nuevo símbolo de libertad y de democracia.

UNA PROPUESTA: EL FORO SOCIAL DE BARUTA

Cada día más, la solución de los problemas municipales requiere de un tratamiento corresponsable y participativo. En muchas localidades es común que, las autoridades públicas fundamenten su actuación en la visión doméstica que poseen del municipio, en detrimento de las posibilidades de inclusión de las iniciativas y opiniones ciudadanas. Se parte del concepto clásico de la “división social del trabajo”, entre aquellos que gobiernan –y que pretenden saberlo todo- y los demás; es decir, los gobernados, que sólo tendrían que votar por los que gobiernan (por supuesto) y pagar impuestos.

Bajo ese esquema, se ha gobernado Baruta durante los últimos siete años. Los resultados son hasta ahora: una ineficiente planificación urbana y un crecimiento urbanístico desordenado, la exclusión de los sectores populares de las políticas públicas locales, la omisión de la aplicación de preceptos constitucionales y legales en materia de participación ciudadana y, la afectación incontrolada del ambiente y de la zona protectora del Área Metropolitana de Caracas; entre otros asuntos. En esto, los representantes sociales y comunitarios del municipio también tenemos responsabilidad. Un poco por omisión, otro poco por hacer oposición a ultranza a los partidos que gobiernan el municipio y, también hasta por simple comodidad. En todo caso, el modelo de gestión burocrático que predomina en Baruta, sumado a la ineficaz participación de sus movimientos sociales y vecinales, está arruinando la calidad de todos.

Una salida constructiva puede ser la búsqueda de espacios de encuentro entre la sociedad civil y las autoridades públicas de Baruta, para que con el concurso de ambos factores, se intenten viabilizar salidas a los problemas domésticos. Mediante el impulso del Foro Social de Baruta, se pretendería crear confianza entre gobierno y ciudadanía, con el debate en mesas técnicas de trabajo; y donde temas como el urbanismo, la protección del ambiente, los servicios públicos o la inclusión de las comunidades populares sean tratados, considerando los distintos puntos que conviven en el municipio.

El Foro Social de Baruta representaría una oportunidad formidable para abordar de manera plural, democrática e incluyente los problemas que afectan nuestra calidad de vida. Allí les dejo la propuesta.

SOCIALISMO BOLIVARIANO

La construcción del socialismo bolivariano y venezolano, de ese socialismo catalogado como nuevo y del siglo XXI demuestra día a día, su incapacidad para innovar políticamente y presentar una alternativa humana y civilizada, fundamentada en la convivencia democrática, en la promoción de la paz y en el respeto por la libertad. Organizaciones no gubernamentales, sindicatos y gremios, medios de comunicación social, periodistas y opinadores; y hasta cualquier hijo de vecina se han convertido en “preciados objetos de caza” de la intolerancia revolucionaria, por tan sólo expresar críticas a la gestión pública u opiniones distintas a la “verdad oficial”.

Las ONG´s vienen siendo amenazadas desde hace algún tiempo con la elaboración de leyes dirigidas a restringir su actividad. El caso de la Ley de Cooperación Internacional (LCI), es un claro ejemplo de la visión intervencionista y estatizadora que maneja el gobierno sobre sus relaciones con aquellas expresiones asociativas independientes. Además, en nuestro país se ha venido acusando desde el gobierno (y en un decidido intento de descalificación) a distintas organizaciones cívicas de poseer vinculaciones con gobiernos extranjeros o imperialistas; al punto que ya encontramos a dirigentes de organizaciones sociales venezolanas acusados de traición a la patria o con expresa prohibición de salida del país. Con estas medidas, pensamos que el oficialismo pretende alcanzar dos objetivos: primero, limitar las potencialidades de organización autónoma y popular, en torno a determinados intereses sociales; y segundo, evitar las posibilidades de contraloría social sobre las ejecutorias públicas.

El movimiento sindical y lo sindicatos también han comenzado a “recibir lo suyo”. Por una parte, la revolución ha hecho público su deseo de que tales organizaciones clasistas desaparezcan o por lo menos, sean cooptadas por los “mecanismos de participación bolivariano” como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Y por la otra, desde el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo se elabora un proyecto de ley destinado a crear los consejos de los trabajadores en los distintos centros laborales, con el único y simple objetivo de crear medios de organización paralela –e imaginamos que revolucionaria- a las organizaciones sindicales tradicionales. Cabe agregar que, según notas de prensa, los consejos de trabajadores tendrían entre sus funciones “la suspensión de las huelgas” bajo determinadas circunstancias. Así, los sindicatos y el movimiento obrero venezolanos -pese a su erosión y debilitamiento progresivo-, son considerados como enemigos de la revolución bolivariana. ¿Por qué prevalece esta percepción en el gobierno? Muy sencillo, porque pese a debilidades los sindicatos y el movimiento de obrero, son semilleros para la formación de líderes con sentido combativo, crítico y de conciencia social.

Los periodistas han sido un trofeo muy buscado a lo largo del proceso revolucionario venezolano. Así encontramos a periodistas agredidos, periodistas muertos, periodistas exilados, enjuiciados o presos. ¿Pero cuál ha sido su pecado? Uno muy grave, para el régimen: informar con libertad sobre los distintos eventos que han ocurrido en el país durante los últimos ocho años. Los medios de comunicación social tampoco han escapado a la ofensiva gubernamental. Y aunque algunos hayan cedido a la enorme presión oficialista, otros medios –la mayoría-, continúan en su diario batallar por seguir informando al pueblo. El caso de RCTV se ha convertido en todo un emblema de la más cruda represión a la libertad de expresión en los anales de la historia de Venezuela y, quizás en el mundo.

En realidad, uno de los mecanismos más efectivos de contraloría social sobre la gestión pública que existe, la constituyen los medios de comunicación social y ese pequeño ejército de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que todos los días sale desde muy temprano a cubrir su pauta informativa. En tal sentido, para un gobierno que prioriza la hegemonía ideológica y la incondicionalidad sobre otros valores humanos, el periodismo independiente pasa a irremediablemente a convertirse en otro enemigo.

En Venezuela, la actividad de las organizaciones no gubernamentales, de los sindicatos y de los medios informativos impresos y audiovisuales han jugado un papel estratégico en el desarrollo de una cultura democrática y plural que ha sido asimilada ampliamente por los distintos sectores sociales que conforman nuestra nación. Hoy, esos actores sociales y esa cultura plural y democrática se encuentran amenazados; por una política oficial que en nombre del socialismo del siglo XXI o de un socialismo bolivariano, sólo ha sido capaz de reproducir los viejos vicios del estalinismo más ramplón y dañino.

SOBRE EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

Los partidos políticos son un componente esencial de la lucha política civilizada. Pero también, las organizaciones partidistas pueden convertirse en instrumentos de dominación de un sector sobre el resto de la sociedad. También los partidos son canales de mediación; entre ese conjunto de instituciones que denominamos Estado y la ciudadanía común. Y de la misma manera, los partidos pueden convertirse en mecanismos perversos; mediante los cuales se capturan y se secuestran las instituciones estatales. Las plataformas partidarias son medios idóneos para el debate ideológico y político. Aunque asimismo son “campos de batalla” donde la disensión suele ser aplastada, en función de los intereses supremos de algún ideal o utopía societaria. Hay partidos de masas y partidos de cuadros. Hay organizaciones plurales y otras de pensamiento único. En todo partido político, el elemento ideológico es lo importante. De tal manera que, habrá partidos social-demócratas, demo-cristianos, marxistas-leninistas, neo-nazistas y neo-fascistas o incluso otros partidos que fundamentan su “filosofía” en el culto a la personalidad de algún individuo. En síntesis, existe una variedad para todos los gustos.

La actividad de “construir partido”, no es una tarea fácil y no siempre es exitosa. Puede tardar años en constituirse, y deshacerse en minutos. Requiere un esfuerzo voluntario, disciplinado y cotidiano, en barrios y urbanizaciones, en liceos y universidades, en gremios y sindicatos, en el campo y en las fábricas; así como también en los distintos frentes de movilización social como el femenino, el de profesionales y técnicos o el internacional. Se trata de consolidar una plataforma sólida; cuyo fin último es acceder al poder, para ejercerlo con todas sus consecuencias y en función de una visión de la sociedad.

El gobierno ha emprendido la tarea de “construir su partido”, el partido de la revolución. Para ello, ha decidido postergar la realización de su proyectada reforma constitucional. No hay prisa. En otras palabras, para el oficialismo -en este momento-, la construcción del partido es su primera prioridad. En tal sentido, hemos visto el enorme despliegue propagandístico e institucional destinado a promocionar el proceso de inscripción de aquellos aspirantes a militantes del nuevo partido oficialista.

La conformación del PSUV fue anunciada con “serpentinas y bambalinas”. Como todo un acontecimiento festivo. Sólo que ese acontecimiento no fue totalmente festivo para la totalidad del conglomerado de revolucionarios venezolanos. Por ejemplo, su carácter único (ahora matizado con adjetivo unitario) despertó suspicacias y descontento en esa izquierda venezolana que apoya el socialismo del siglo XXI. Por supuesto, tales “suspicacias y descontento” fueron rápidamente aclaradas; por parte del “líder de proceso” mediante una serie de amenazas e insultos a aquellos dirigentes y militantes que tuvieron la osadía de “disentir” en torno al carácter unitario del partido. Este hecho también sirvió para aclarar ante propios y extraños, otra característica del PSUV: me refiero a su sesgo autoritario y a la poca democracia interna que ya prefigura. Imagínese usted lo que le espera dentro del PSUV si se atreve a disentir de la “línea política” impuesta desde arriba. Y es que lo ocurrido con Didalco Bolívar, Ramón Martínez o Ismael García es una muestra determinante de lo que podría ocurrirle a quien piense con un poco de autonomía.

Otra rasgo distintivo del naciente PSUV es su dependencia o articulación a los organismos públicos. En estas semanas ha sido público y notorio como funcionarios públicos de alto nivel han venido haciendo llamados para que la población se registre como aspirante al PSUV. Valga la pena recordar que, desde un comienzo se estableció como una condición indispensable la pertenencia al PSUV si se quería permanecer en el gobierno. Y este hecho es importante porque de nuevo revela otra característica de este partido: la utilización clientelista del aparato público. Al respecto, miembros del propio Consejo Nacional Electoral han considerado inconstitucional la utilización de unidades educativas como centros de afiliación al partido revolucionario. Pero además, ¿será necesario inscribirse en el PSUV, como requisito para contratar o prestar algún servicio a la administración pública? ¿y se respetarán acaso los preceptos constitucionales y legales sobre el ingreso, permanencia y ascenso de personal, o por el contrario, se impondrá una nueva meritocracia revolucionaria basada en la afiliación al PSUV? Todo parece indicar que el Estado y sus instituciones se convertirán en el viejo y clásico “botín de guerra” para el partido de turno en el ejercicio de gobierno, con el consecuente perjuicio para la mayoría de la población del país.

Algunos dirigentes revolucionarios del oficialismo estiman que el PSUV debe absorber las iniciativas organizativas del movimiento popular. En efecto, se ha planteado que este partido asuma el control de los sindicatos y de los consejos comunales; por ejemplo. A los sindicatos, se ha ofrecido (o pronosticado) su eliminación salvo que, por supuesto, se acojan a las directrices que emanarán del gobierno y su partido. En cuanto a los consejos comunales, ya el Alcalde Freddy Bernal ha sugerido que estas instancias comunitarias sean vinculadas al futuro PSUV; de manera contraria, para el concejal metropolitano Nicmar Evans, no debería confundirse el nuevo partido con los consejos comunales. En todo caso, esta polémica refleja la permanencia de aquellas visiones totalitarias que propugnaban la utilización del partido como un medio de control y avasallamiento de cualquier iniciativa popular. Y con los precedentes conocidos, confieso que no le veo muchas oportunidades de triunfo a la posición esgrimida por Evans, al momento que se debata ese tema en el PSUV.

Otros dirigentes oficialistas –con mayor franqueza aún- consideran que el PSUV debe estar al servicio del Presidente de la República. En efecto, el ciudadano Vice-Presidente Jorge Rodríguez argumentaba recientemente que, entre los fines del partido estaría la defensa de la revolución y del Jefe del Estado venezolano. No se refirió en la nota de prensa, el Vice-Presidente Rodríguez a la obligada defensa de los intereses del pueblo, como debería ser; por parte de ese partido. En realidad, tales posiciones se corresponden con el clásico enfoque revolucionario que supedita y limita la acción del gobierno y de su partido, a dos temas fundamentales: la defensa de su líder y la defensa de su proceso. Solamente eso. Los demás asuntos de interés colectivo suelen quedar en un plano de menor magnitud y relevancia.

La iniciativa oficialista de construir su partido revolucionario es legítima, y también portadora de las añejas deficiencias de las organizaciones leninistas tradicionales. El inadecuado y autoritario trato a sus propios aliados, la utilización clientelista de las instituciones estatales y, las claras manifestaciones de culto a la personalidad; por parte de sus dirigentes, así lo señalan. Pero no todo es negativo. Porque el PSUV nos servirá como ejemplo de eso que no debemos hacer en política si valoramos la democracia, la pluralidad, la paz, la inclusión y la libertad.