La recomposición de la democracia venezolana pasa inevitablemente por un nuevo modo de relación entre el Estado y la sociedad civil, basado en la corresponsabilidad, la inclusión y la libertad; es decir, sustentado en la propuesta ideológica de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
viernes, marzo 07, 2008
miércoles, marzo 05, 2008
JUGANDO A LA GUERRA
Con el inadecuado tratamiento otorgado por el Gobierno Nacional al conflicto colombiano-ecuatoriano, Venezuela perdió una oportunidad formidable para asumir una posición constructiva, contributiva y de mediación entre las dos naciones andinas. El Gobierno Nacional no entendió que, a nuestro país le correspondía ejercer una posición de verdadero liderazgo; abriendo espacios hacia la reflexión y el entendimiento entre Colombia y Ecuador. Por el contrario, finalmente se impuso la visión beligerante, prevaleció el enfoque militarista quedando de esta manera, nuestro país atrapado en una indeseable situación conflictiva.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
sábado, marzo 01, 2008
LA GRAN REVANCHA
El Presidente de la República viene anunciando con motivo de las elecciones de gobernadores, diputados estadales, alcaldes metropolitanos y alcaldes municipales del próximo mes de Noviembre que se producirá una revancha. Y es posible que eso ocurra; porque al parecer, el pueblo se cansó de la ineficacia oficial y luce aburrido de su discurso disfuncional. En otras palabras, en Noviembre el gobierno podría sufrir otra importante derrota.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
miércoles, febrero 27, 2008
CONSEJOS COMUNALES Y ELECCIONES ESTADALES Y MUNICIPALES
Las elecciones son mecanismos de participación e inclusión ciudadana. En el ámbito regional y municipal, los procesos electorales cobran excepcional relevancia porque suponen la selección; mediante el sufragio directo, universal y secreto de las autoridades públicas más cercanas a la población.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
jueves, febrero 21, 2008
¿UN LÍDER PARA CARACAS?
Las autoridades electas democráticamente, cumplen la función fundamental de ser conductores de la actividad pública de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta función de liderazgo cobra mayor relevancia en los ámbitos subnacionales y locales. Y justamente, ese sea el “nudo gordiano” de la problemática del Área Metropolitana de Caracas: la carencia de una referencia gubernamental cercana, eficaz y responsable.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
miércoles, febrero 06, 2008
¿ESTRATEGIAS METROPOLITANAS?
Los problemas del área metropolitana de Caracas están siendo analizados desde distintos enfoques –partidistas y políticos- que no siempre se corresponden con la legítima aspiración de sus habitantes por alcanzar una metrópolis con calidad de vida.
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
viernes, febrero 01, 2008
ELECCIONES ESTADALES Y LOCALES, A PRIMERA VISTA
¿Qué duda cabe? Este año será signado por los procesos de elección popular (directa, universal y secreta) de las autoridades públicas de las 23 entidades federales, de la alcaldía metropolitana y, por supuesto de cada uno de los 335 municipios que integran la República Bolivariana de Venezuela. Será una confrontación electoral dura, ¡y quizás a rajatabla!; pero eso no importa, siempre y cuando en el debate predomine la óptica de los derechos ciudadanos; por encima del oportunismo y del simple encono particular y sectario.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
lunes, enero 14, 2008
CARACAS Y LAS ELECCIONES DEL 2008
El proceso de renovación electoral de gobernaciones, alcaldías y consejos legislativos estadales que se realizará este año 2008 en todo el país, ofrece la oportunidad para que la población seleccione la opción que considere más adecuada para elevar su calidad de vida en su entorno inmediato. La ciudad de Caracas y su Área Metropolitana presenta una situación de particular interés; pues los municipios (Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y Libertador) que la integran, elegirán obligatoriamente nuevas autoridades. Además, Caracas podrá reelegir o no; tanto a su actual Alcalde Metropolitano, como al Gobernador del estado Miranda; entidad que agrupa a cuatro de sus cinco componentes municipales.
Demográficamente Caracas y sus áreas aledañas reúnen aproximadamente, unos cinco millones de habitantes, que representan una quinta parte de la población del país. La ciudad es el centro de poder político-administrativo y financiero de Venezuela. Y desde una óptica político-partidista el Área Metropolitana de Caracas, pasó a ser un territorio de mayoría opositora; según los últimos resultados electorales del pasado Diciembre.
La problemática de Caracas es ya, un problema de Estado. La ciudad es víctima de un conjunto de problemas crónicos y acrecentados por tres factores determinantes: i) los malos gobiernos pasados y recientes; ii) el fracaso de sus planes y sus planificadores; y, iii) la indolencia de buena parte de sus ciudadanos. Así pues, Caracas se convirtió en una de las ciudades más violentas de América Latina, cubierta de desechos sólidos, con áreas recreativas abandonadas, con sus calles saturadas por el tránsito vehicular y, con un rendimiento decreciente de la calidad de sus servicios públicos.
Con la elección democrática de sus autoridades, se abre una esperanza y una posibilidad de cambio y de rescate de los derechos de todos los caraqueños a una vida digna. Queda en manos de los ciudadanos (como debe ser) la escogencia de las nuevas autoridades capitalinas; y en consecuencia, la selección de un futuro inmediato para la urbe capitalina. Sin embargo, la polarización partidista y la baja participación del movimiento ciudadano pudieran dificultar una escogencia adecuada. Estaremos pendientes del proceso.
Demográficamente Caracas y sus áreas aledañas reúnen aproximadamente, unos cinco millones de habitantes, que representan una quinta parte de la población del país. La ciudad es el centro de poder político-administrativo y financiero de Venezuela. Y desde una óptica político-partidista el Área Metropolitana de Caracas, pasó a ser un territorio de mayoría opositora; según los últimos resultados electorales del pasado Diciembre.
La problemática de Caracas es ya, un problema de Estado. La ciudad es víctima de un conjunto de problemas crónicos y acrecentados por tres factores determinantes: i) los malos gobiernos pasados y recientes; ii) el fracaso de sus planes y sus planificadores; y, iii) la indolencia de buena parte de sus ciudadanos. Así pues, Caracas se convirtió en una de las ciudades más violentas de América Latina, cubierta de desechos sólidos, con áreas recreativas abandonadas, con sus calles saturadas por el tránsito vehicular y, con un rendimiento decreciente de la calidad de sus servicios públicos.
Con la elección democrática de sus autoridades, se abre una esperanza y una posibilidad de cambio y de rescate de los derechos de todos los caraqueños a una vida digna. Queda en manos de los ciudadanos (como debe ser) la escogencia de las nuevas autoridades capitalinas; y en consecuencia, la selección de un futuro inmediato para la urbe capitalina. Sin embargo, la polarización partidista y la baja participación del movimiento ciudadano pudieran dificultar una escogencia adecuada. Estaremos pendientes del proceso.
miércoles, enero 09, 2008
"REVISIÓN, RECTIFICACIÓN Y REIMPULSO"
El Presidente Chávez comenzó el año político con una buena consigna propagandística: revisión, rectificación y reimpulso. La consigna es buena, y se ajusta al momento si consideramos la estratégica derrota política, electoral y constitucional que sufrió la revolución bolivariana en Diciembre pasado. No sabemos qué revisará, rectificará o reimpulsará el Presidente desde el pináculo donde suele ubicarse; lo que sí percibimos es que la revolución entró en un tortuoso laberinto.
Las tres erres y el ámbito político
El problema central que padecemos en Venezuela es que, la agenda de la revolución no coincide en lo absoluto con las aspiraciones de lograr una vida próspera, que posee la gran mayoría de la población del país. Para la revolución bolivariana lo prioritario es –al fin y al cabo- la perpetuación de su dirigencia en el poder. Nada más. Mientras que la población venezolana en general (además de que no comulga con ese precepto revolucionario), reclama simplemente el ejercicio de una gestión pública eficaz y eficiente. Así de sencillo. Ahora bien, que el gobierno logre entender o no, esta situación es otra cosa. En todo caso, aún le quedan cinco años para intentarlo.
El fracaso del partido único es otro callejón del laberinto político del gobierno. Otro sendero del mismo laberinto, lo constituye la baja formación ideológico-política de la pretendida dirigencia revolucionaria venezolana. Al respecto, basta observar la calidad (a veces divertida) de muchas de las intervenciones de esa élite socialista representada en la Asamblea Nacional. La concentración y la centralización de la toma de decisiones, el burocratismo y una gestión pública ineficaz e ineficiente, el hostigamiento y la exclusión de una buena parte de la población, la hostilidad hacia los medios de comunicación social independientes; así como el creciente culto a la personalidad, son otros aspectos relevantes que tendrían que ser al menos revisados por la cúpula revolucionaria que todavía dirige al país.
Las tres erres y el ámbito social
Siempre he afirmado que una de las apuestas estratégicas del gobierno ha sido la organización popular. Es innegable el esfuerzo institucional y financiero que el gobierno nacional desplegó para organizar a las comunidades; mediante la formación de redes de “consejos participativos” de distinto tipo. Y esta propuesta de organizar a las comunidades puede ser ampliamente aceptable en un marco jurídico-político fundamentado en valores de democracia, inclusión, responsabilidad, pluralidad y transparencia. Empero, el emprendimiento oficial para la organización comunitaria NO se basó en estos valores. Algunas de estas instancias –como los consejos comunales-, fueron utilizadas y manipuladas políticamente. Además, el incentivo utilizado para la organización popular fue estrictamente “crematístico”; propiciando un tipo de relación clientelar entre el Estado y la población organizada en consejos comunales, comités de tierra o mesas técnicas de agua.
Igual ocurrió con las denominadas misiones. Concebidas inicialmente como programas sociales compensatorios, las misiones terminaron siendo utilizadas como mecanismos de cooptación político-partidista. Por otro lado, la calidad de las misiones recibió serios cuestionamientos por parte de especialistas y de los propios beneficiarios. En síntesis, el gobierno (de acuerdo a su percepción revolucionaria) desfiguró la organización popular; y desvirtuó sus propias políticas sociales con inadecuadas prácticas clientelistas y una exacerbación ideológica. Aquí en el ámbito social, el oficialismo tiene bastante que escarbar.
Las tres erres y el ámbito económico
La revolución socialista bolivariana (fundamentada en el marxismo tradicional) no podía tampoco evitar impulsar el intervencionismo estatal en todas las esferas de la sociedad y, muy especialmente en el ámbito económico. Sin mucha imaginación, el gobierno emprendió una costosa y singular campaña propagandística en contra del capitalismo y todo lo que sospechosamente se le asemejara; según la discrecionalidad oficial. En tal sentido, la iniciativa individual y la privada comenzaron a ser descalificadas de manera sistemática. Ante ellas, se pretendió contraponer a rajatabla, un colectivismo dirigido desde el Estado. Bajo ese esquema, la revolución ensayó con los núcleos de desarrollo endógeno, las cooperativas o los “fundos zamoranos”, que luego abandonó. Y bajo ese mismo enfoque, el oficialismo socialista impulsó empresas socialistas sin reglas claras. La revolución bolivariana también inventó el denominado “socialismo petrolero” que consiste en vivir de la renta petrolera y criticar con dureza al principal comprador de petróleo: los Estados Unidos de América.
La revolución en su laberinto económico le fijó impuestos a los alimentos de primera necesidad. También implementó un sistema de control de divisas que terminó favoreciendo a las minorías de siempre. Generó escasez en lista de alimentos básicos como el azúcar, la leche, la harina, la carne y el pollo; entre otros rubros. Las metas mínimas inflacionarias no se alcanzaron y los trabajadores del campo y la ciudad -aquellos pertenecientes al sector público o privado-, siguieron sin poseer un régimen de asistencia y protección social. Así van las cosas en este renglón. Ojalá haya alguna iniciativa de revisión y reflexión en este campo.
Las tres erres y el ámbito internacional
Si el propósito de la actual política internacional venezolana es promover la imagen del Presidente Chávez a como de lugar, puede afirmarse que este objetivo se ha cumplido inobjetablemente. Otra cosa resulta al considerar, si la proyección internacional alcanzada por la figura presidencial se ha traducido en beneficios concretos y palpables en la calidad de vida de la población del país. Ambas dimensiones tienen una distribución asimétrica de resultados positivos.
Debe señalarse; sin embargo, un análisis detallado de la calidad de la proyección del Presidente Chávez e indefectiblemente del país, no ofrecería datos muy alentadores después de la serie de desaciertos, en su relación con países de nuestro continente y del resto del mundo. El prestigio internacional de la política exterior venezolana se ha deteriorado progresivamente; y para muchos no pasa de ser un mero show mediático. Mientras a lo interno, el descontento popular hacia las indulgentes y generosas donaciones que realiza el gobierno a sus “aliados” más cercanos, sigue creciendo. ¿Se replanteará el gobierno su estrategia internacional? ¿Habrá sacado alguna lección el gobierno revolucionario de su más reciente aventura internacional, con Oliver Stone incluido? Y es que curiosamente la política anti-imperialista de la revolución bolivariana al parecer, requiere del apoyo de figuras de la “farándula internacional” como Naomí Cambpell, Sean Penn, Danny Glover o Don King; entre otros.
En el camino de la revisión, la rectificación y el reimpulso, el oficialismo debe atravesar un duro laberinto lleno de temas políticos pendientes y sin aprobar, pleno también de promesas sociales incumplidas y cubierto de las espinas de una revolución derrotada política, electoral y constitucionalmente.
Las tres erres y el ámbito político
El problema central que padecemos en Venezuela es que, la agenda de la revolución no coincide en lo absoluto con las aspiraciones de lograr una vida próspera, que posee la gran mayoría de la población del país. Para la revolución bolivariana lo prioritario es –al fin y al cabo- la perpetuación de su dirigencia en el poder. Nada más. Mientras que la población venezolana en general (además de que no comulga con ese precepto revolucionario), reclama simplemente el ejercicio de una gestión pública eficaz y eficiente. Así de sencillo. Ahora bien, que el gobierno logre entender o no, esta situación es otra cosa. En todo caso, aún le quedan cinco años para intentarlo.
El fracaso del partido único es otro callejón del laberinto político del gobierno. Otro sendero del mismo laberinto, lo constituye la baja formación ideológico-política de la pretendida dirigencia revolucionaria venezolana. Al respecto, basta observar la calidad (a veces divertida) de muchas de las intervenciones de esa élite socialista representada en la Asamblea Nacional. La concentración y la centralización de la toma de decisiones, el burocratismo y una gestión pública ineficaz e ineficiente, el hostigamiento y la exclusión de una buena parte de la población, la hostilidad hacia los medios de comunicación social independientes; así como el creciente culto a la personalidad, son otros aspectos relevantes que tendrían que ser al menos revisados por la cúpula revolucionaria que todavía dirige al país.
Las tres erres y el ámbito social
Siempre he afirmado que una de las apuestas estratégicas del gobierno ha sido la organización popular. Es innegable el esfuerzo institucional y financiero que el gobierno nacional desplegó para organizar a las comunidades; mediante la formación de redes de “consejos participativos” de distinto tipo. Y esta propuesta de organizar a las comunidades puede ser ampliamente aceptable en un marco jurídico-político fundamentado en valores de democracia, inclusión, responsabilidad, pluralidad y transparencia. Empero, el emprendimiento oficial para la organización comunitaria NO se basó en estos valores. Algunas de estas instancias –como los consejos comunales-, fueron utilizadas y manipuladas políticamente. Además, el incentivo utilizado para la organización popular fue estrictamente “crematístico”; propiciando un tipo de relación clientelar entre el Estado y la población organizada en consejos comunales, comités de tierra o mesas técnicas de agua.
Igual ocurrió con las denominadas misiones. Concebidas inicialmente como programas sociales compensatorios, las misiones terminaron siendo utilizadas como mecanismos de cooptación político-partidista. Por otro lado, la calidad de las misiones recibió serios cuestionamientos por parte de especialistas y de los propios beneficiarios. En síntesis, el gobierno (de acuerdo a su percepción revolucionaria) desfiguró la organización popular; y desvirtuó sus propias políticas sociales con inadecuadas prácticas clientelistas y una exacerbación ideológica. Aquí en el ámbito social, el oficialismo tiene bastante que escarbar.
Las tres erres y el ámbito económico
La revolución socialista bolivariana (fundamentada en el marxismo tradicional) no podía tampoco evitar impulsar el intervencionismo estatal en todas las esferas de la sociedad y, muy especialmente en el ámbito económico. Sin mucha imaginación, el gobierno emprendió una costosa y singular campaña propagandística en contra del capitalismo y todo lo que sospechosamente se le asemejara; según la discrecionalidad oficial. En tal sentido, la iniciativa individual y la privada comenzaron a ser descalificadas de manera sistemática. Ante ellas, se pretendió contraponer a rajatabla, un colectivismo dirigido desde el Estado. Bajo ese esquema, la revolución ensayó con los núcleos de desarrollo endógeno, las cooperativas o los “fundos zamoranos”, que luego abandonó. Y bajo ese mismo enfoque, el oficialismo socialista impulsó empresas socialistas sin reglas claras. La revolución bolivariana también inventó el denominado “socialismo petrolero” que consiste en vivir de la renta petrolera y criticar con dureza al principal comprador de petróleo: los Estados Unidos de América.
La revolución en su laberinto económico le fijó impuestos a los alimentos de primera necesidad. También implementó un sistema de control de divisas que terminó favoreciendo a las minorías de siempre. Generó escasez en lista de alimentos básicos como el azúcar, la leche, la harina, la carne y el pollo; entre otros rubros. Las metas mínimas inflacionarias no se alcanzaron y los trabajadores del campo y la ciudad -aquellos pertenecientes al sector público o privado-, siguieron sin poseer un régimen de asistencia y protección social. Así van las cosas en este renglón. Ojalá haya alguna iniciativa de revisión y reflexión en este campo.
Las tres erres y el ámbito internacional
Si el propósito de la actual política internacional venezolana es promover la imagen del Presidente Chávez a como de lugar, puede afirmarse que este objetivo se ha cumplido inobjetablemente. Otra cosa resulta al considerar, si la proyección internacional alcanzada por la figura presidencial se ha traducido en beneficios concretos y palpables en la calidad de vida de la población del país. Ambas dimensiones tienen una distribución asimétrica de resultados positivos.
Debe señalarse; sin embargo, un análisis detallado de la calidad de la proyección del Presidente Chávez e indefectiblemente del país, no ofrecería datos muy alentadores después de la serie de desaciertos, en su relación con países de nuestro continente y del resto del mundo. El prestigio internacional de la política exterior venezolana se ha deteriorado progresivamente; y para muchos no pasa de ser un mero show mediático. Mientras a lo interno, el descontento popular hacia las indulgentes y generosas donaciones que realiza el gobierno a sus “aliados” más cercanos, sigue creciendo. ¿Se replanteará el gobierno su estrategia internacional? ¿Habrá sacado alguna lección el gobierno revolucionario de su más reciente aventura internacional, con Oliver Stone incluido? Y es que curiosamente la política anti-imperialista de la revolución bolivariana al parecer, requiere del apoyo de figuras de la “farándula internacional” como Naomí Cambpell, Sean Penn, Danny Glover o Don King; entre otros.
En el camino de la revisión, la rectificación y el reimpulso, el oficialismo debe atravesar un duro laberinto lleno de temas políticos pendientes y sin aprobar, pleno también de promesas sociales incumplidas y cubierto de las espinas de una revolución derrotada política, electoral y constitucionalmente.
lunes, diciembre 10, 2007
EL CONTRAPESO DEMOCRÁTICO
Con el resultado del referendo del pasado Domingo 2 de Diciembre, entramos en otro estadio de la polarización en Venezuela. Sólo que esta vez, la polarización expresa una nueva correlación de fuerzas en el país. El bloque del NO se yergue victorioso de manera inobjetable, en un esfuerzo popular, mancomunado e incluyente que significó la reivindicación de los valores democráticos del país. El bloque oficialista del SÍ, una vez derrotado -pese a las enormes ventajas institucionales y financieras que disfrutó- parece entrar ahora en un momento de crisis estratégica y desorientación táctica. En realidad, la autoestima de la revolución sufrió un duro revés al descubrir el inédito país que emergía de manera inexorable del conteo de votos.
La derrota revolucionaria
El pasado Domingo, el Presidente Chávez no tenía alternativa; sino reconocer el resultado que ofreció el referendo sobre la propuesta de reforma constitucional. No haberlo hecho significaba simplemente colocarse al margen de la institucionalidad. En tal sentido, no podría esperarse otra conducta del Jefe de Estado venezolano. Las declaraciones posteriores tienen como base la resaca producida por la desaprobación popular del proyecto revolucionario que pretendía instaurar en Venezuela un Estado socialista, alrededor de un liderazgo perpetuo y un pensamiento único.
El 2-D significó en términos electorales una verdadera debacle. Tres millones de “votos duros” migraron del apoyo presidencial en un año. Y, recuperarlos no va a ser una tarea fácil. Mucho más si, el gobierno insiste en utilizar a la amenaza, la descalificación, el insulto, o retaliación política como elementos persuasivos. Por otra parte, la población comienza a sentirse defraudada –o ¿quizás engañada?- por una revolución que después de nueve años ofrece como resultados más relevantes altos niveles de inseguridad pública, carestía y desabastecimiento, crecientes de denuncias de privilegios y corrupción en la esfera pública y el efecto pernicioso de unos programas de “redistribución clientelista” del ingreso fiscal.
Por lo demás, no coincido con la afirmación de que hubo un error de cálculo al momento de presentar la propuesta constitucional. El momento era este: i) el Presidente venía de una reciente reelección, ii) el gobierno aún poseía recursos fiscales para financiar sus programas, iii) el oficialismo poseía un amplio dominio propagandístico y comunicacional y, iv) la oposición aparentaba un insuficiente reagrupamiento. No había otra oportunidad que, el año 2007 para la presentación electoral de la reforma. Sólo que esta coyuntura también incluía la probabilidad política de sufrir una derrota. Y justamente, esa posibilidad fue la que terminó imponiéndose limpiamente.
Sí coincido con la opinión de que el pueblo venezolano no está maduro para el socialismo. En realidad, el pueblo venezolano está maduro para vivir en democracia, en paz y en libertad que es otra cosa. Y es que Venezuela, como nación y como pueblo, posee una amplia y sólida cultura democrática que por cierto, ha sido el escollo insalvable para las pretensiones hegemónicas de la revolución.
Otra cosa que vale la pena resaltar fue el fracaso operativo de los motores socialistas. Esta propuesta ideológico-política (y en especial los Motores “Moral y Luces” y “La Explosión del Poder Comunal”) que pretendía dar una visión integral y viabilidad al proceso de construcción del modelo presentado por el oficialismo no funcionó a la luz de los resultados obtenidos.
En resumen, -no me extiendo en un tema ampliamente analizado- la derrota del 2-D se traduce para la revolución en la derrota de su proyecto estratégico: un socialismo autoritario. También avizora el declive de esa élite popular-militarista y, que desde el Estado antepone sus intereses por encima de las aspiraciones de aquellos sectores sociales medios y populares que alguna vez una vez creyeron en su mensaje.
Otros derrotados y vencedores y, el voto
La victoria de los factores democráticos significó también un duro revés para aquellos otros factores ideológico-políticos que centraban su oferta en el desaliento, en las salidas milagrosas, en la abstención o en la violencia. El NO también los alcanzó a ellos, dejándoles un mensaje constructivo, si lo recogen o no, es otra cosa y de su exclusiva responsabilidad. El partido PODEMOS, el Movimiento Estudiantil, la Iglesia Católica (en sus dos versiones) y otros actores individuales provenientes del sector militar y del propio “chavismo” se consolidaron como sujetos activos con peso político específico para nuevas confrontaciones ideológicas, políticas y electorales. Hubo otros vencedores, un tanto más callados; pero vencedores al fin y al cabo. Me refiero a los gobernadores y alcaldes y, en general a toda la redecilla de cargos de elección popular del nivel estadal y local se salvaron de la “tropa de autoridades federales” –y por lo tanto destinadas a dedo- que venía en camino con la reforma constitucional. Pero por encima de todo, la victoria de la oposición rescató la importancia y la verdadera trascendencia del voto, como mecanismo de participación popular e incidencia política.
El surgimiento de un contrapeso democrático
La nueva polarización que se presenta ahora cuenta un sector alternativo emergente que permite balancear democráticamente el ejercicio del gobierno en el país. Y es que, desde 1998 se había producido una peligrosa acumulación de poder en un solo sector político. Esa acumulación de poder impedía el verdadero ejercicio de la democracia participativa y la auténtica inclusión de los ciudadanos y ciudadanos en los asuntos públicos de su interés. En realidad, lo que venía ocurriendo en Venezuela era el progresivo copamiento de los espacios de participación e incidencia pública; es decir, se preparaba la instalación de un sistema de gobierno sin contrapeso alguno.
Ahora la situación cambia sustancialmente. Los resultados electorales demarcan la presencia de una fuerza social y política alternativa que puede regular con éxito –y esto se acaba de demostrar-, las operaciones del sector oficialista. La conformación del sistema político venezolano nos muestra que posee unas “reservas políticas democráticas” con potencialidad de generar alternancia y control social sobre el Estado y el gobierno. Esto sin lugar a dudas, constituye un avance en dirección opuesta al modelo fundamentado en el autoritarismo y en la centralización y la concentración del poder.
El juego político nacional se refresca y se diversifica. Los actores alternativos ganan espacios (PODEMOS, el Movimiento Estudiantil). Por otra parte, se amplían las posibilidades de debate plural y se obliga a cada uno de los sectores en disputa a una sana reflexión autocrítica constante destinada a potenciar sus operaciones en un contexto político definitivamente plural, compartido y competido. Por supuesto, la revolución bolivariana no hace fiestas por ello; pero no le queda más opción que aceptar el nuevo contrapeso democrático que se ha conformado frente a sí.
La articulación de una plataforma de naturaleza popular, social y democrática, y que sea efectivamente alternativa a esta revolución, pasa por el avance de la agenda de las justas reivindicaciones que tienen los distintos sectores que conforman la sociedad venezolana. Y esta es una agenda de vasto alcance. Estas luchas de estricto carácter social deben ser plurales e incluyentes. El otro sentido verdaderamente vital de un contrapeso democrático es proponerse obligar al gobierno de turno a gestionar los asuntos públicos en el marco de la Constitución y el marco legal vigente; y, con apego estricto al respeto de los derechos humanos fundamentales.
La combinación práctica de estos dos elementos será garantía para la restitución de la democracia plena en Venezuela. Una democracia que no se perdió por el esfuerzo de unos y la toma de conciencia de otros. Sin embargo, aún la democracia no se ha ganado. Pero podemos hacerlo para su disfrute responsable y ciudadano. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
martes, diciembre 04, 2007
UNA PRIMERA IMPRESIÓN: NOS SALVAMOS TODOS
La victoria político-electoral obtenida por la oposición el pasado domingo 2 de diciembre tiene una trascendencia de largo alcance. Primero, impidió que se legitimara en Venezuela, una proyecto político fundamentado en el autoritarismo; y en la centralización y la concentración del poder. En segundo lugar, significó también una dura derrota para el uso abusivo y discrecional de los recursos públicos por parte del gobierno que pretendió imponer su propuesta mediante toda suerte de propaganda; y, de un marcado ventajismo institucional. En tercer lugar, rescató la importancia del sufragio, del voto como mecanismo de participación popular e incidencia política. En cuarto lugar, la derrota del oficialismo ofrece un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la fortaleza de las “reservas democráticas” que existen en el país.
La victoria del 2-D fue asimismo, un emblema del encuentro y la concertación de la más amplia diversidad de sectores políticos y sociales (incluso identificados con el Presidente Chávez) que salieron al frente a defender la amenazada democracia venezolana. Pero además, se puede agregar que el triunfo popular del pasado domingo 2 de Diciembre, rompió finalmente el mito de la “invencibilidad electoral” del régimen.
Desde el domingo pasado quedó definida una nueva correlación de fuerzas entre los factores deliberantes venezolanos de naturaleza económica, social y política. Los componentes oficialistas están “disminuidos” por el reciente descalabro electoral; por el rechazo de su proyecto socialista de país y, por carecer de un partido político consolidado. En el otro lado, han emergido nuevos factores de incidencia como el movimiento estudiantil y asimismo, se han consolidado otros como los medios de comunicación social independientes y la iglesia. Por último, el reagrupamiento de los partidos democráticos también constituye una buena noticia.
Los voceros del oficialismo tratarán de justificar su derrota. Pero la realidad es muy sencilla: las propuestas de reelección indefinida, de restringir la propiedad privada, y de implantar un Estado socialista fueron vencidas y rechazadas por el pueblo venezolano. Felicidades Venezuela, nos salvamos todos.
sábado, diciembre 01, 2007
EN "LE MONDE": 01-12-2007
La "révolution bolivarienne" n'est pas parvenue à réduire la dépendance à l'égard du pétrole
LE MONDE | 01.12.07 | 14h01
Noublie pas d'apporter du sucre et du lait en poudre", dit Julia Hernandez, avant de raccrocher. Sa fille, étudiante à Bogota, va venir à Caracas pour voter non, dimanche 2 décembre, au référendum sur la réforme constitutionnelle du président Hugo Chavez. A l'aéroport de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, José fait ses affaires. Aux voyageurs qui débarquent, il offre discrètement 5 000 bolivars pour 1 dollar, alors que le cours officiel est à 2 150 bolivars. José revendra ses dollars 10 % plus cher "à un type qui voyage souvent aux Etats-Unis".
Dopée par l'argent du pétrole et les dépenses publiques, l'économie vénézuélienne continue d'afficher un taux de croissance à faire pâlir ses voisins. Il pourrait dépasser les 9 % fin 2007. Toutefois, les problèmes d'approvisionnement, le marché parallèle de devises et l'inflation - supérieure à 16 %, un record en Amérique latine - reflètent les déséquilibres d'un marché que l'Etat tente de réguler.
"La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, ne fera qu'aggraver la situation", juge l'universitaire José Guerra, promoteur d'un "manifeste des économistes". Les signataires s'inquiètent de "l'économie socialiste" aux contours mal définis que prétend instaurer le nouveau texte, en octroyant de larges pouvoirs à l'exécutif.
L'inquiétude porte sur le moyen terme. Pour le moment, les caisses de l'Etat sont pleines, le secteur de la construction progresse, la consommation explose, le chômage est baisse et la part de l'emploi informel diminue - même s'il concerne encore plus de 40 % des Vénézuéliens. Selon un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la pauvreté a chuté au Venezuela de 31 % au cours des neuf ans du gouvernement Chavez. "Et certains se demandent encore pourquoi Chavez reste populaire", ironise un fonctionnaire de la Cepal.
Cependant, les produits de première nécessité manquent dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement incrimine les spéculateurs. Les producteurs et les importateurs accusent, eux, le contrôle des prix et Mercal, le réseau de distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés.
"Pour ne pas vendre à perte le sucre aux consommateurs, les producteurs préfèrent le vendre à l'industrie agroalimentaire, qui en fera des bonbons ou des boissons gazeuses, dont le prix n'est pas contrôlé", explique l'universitaire Miguel Gonzalez. L'importation de lait n'est plus rentable pour les opérateurs privés et l'Etat peine à prendre la relève. "Les problèmes d'approvisionnement restent sporadiques, mais ils ont le don d'exaspérer les gens, qui y voient le symbole de l'inefficacité et de la corruption qui règne au sein de l'Etat", note M. Gonzalez.
PASSAGE AU "BOLIVAR FORT"
La réforme agraire annoncée par M. Chavez a semé la panique chez les grands propriétaires terriens, sans réussir à réduire la dépendance alimentaire du Venezuela, qui continue d'importer plus de 70 % de ses besoins. L'augmentation des revenus des milieux populaires s'est traduite par une hausse de la consommation de certains produits, comme la viande et le lait. Inquiètes de l'avenir, les classes moyennes préfèrent consommer des voitures ou des dollars, plutôt qu'épargner dans une monnaie dépréciée.
Le passage au "bolivar fort", le 1er janvier - quand la monnaie nationale perdra trois zéros - ne suffit pas à rassurer. Les investisseurs nationaux et étrangers se montrent pour le moins frileux. "La désindustrialisation du pays est dramatique", souligne José Guerra.
Le gouvernement met en avant l'exceptionnelle croissance du secteur non pétrolier, qui, depuis 2004, progresse plus rapidement que le pétrolier, en déclin relatif. Les chavistes y voient un succès de la "révolution bolivarienne", qui s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance pétrolière du pays. Le pétrole représente toujours 27 % du produit intérieur brut, 47 % des recettes de l'Etat et 90 % des exportations.
A en croire Domingo Maza Zavala, qui fut jusqu'à 2006 directeur de la Banque centrale, la contraction du secteur pétrolier hypothèque à terme le développement du pays. Pour financer ses programmes sociaux, le gouvernement puise dans les réserves de l'entreprise publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), qui n'a pas retrouvé le niveau de production antérieur à la grève de 2003 et qui ne réalise pas les investissements nécessaires à son maintien.
Faute d'une politique économique et industrielle cohérente, juge M. Maza Zavala, le Venezuela est aujourd'hui "plus vulnérable, plus instable et plus dépendant du pétrole qu'hier".
M. Ds
LE MONDE | 01.12.07 | 14h01
Noublie pas d'apporter du sucre et du lait en poudre", dit Julia Hernandez, avant de raccrocher. Sa fille, étudiante à Bogota, va venir à Caracas pour voter non, dimanche 2 décembre, au référendum sur la réforme constitutionnelle du président Hugo Chavez. A l'aéroport de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, José fait ses affaires. Aux voyageurs qui débarquent, il offre discrètement 5 000 bolivars pour 1 dollar, alors que le cours officiel est à 2 150 bolivars. José revendra ses dollars 10 % plus cher "à un type qui voyage souvent aux Etats-Unis".
Dopée par l'argent du pétrole et les dépenses publiques, l'économie vénézuélienne continue d'afficher un taux de croissance à faire pâlir ses voisins. Il pourrait dépasser les 9 % fin 2007. Toutefois, les problèmes d'approvisionnement, le marché parallèle de devises et l'inflation - supérieure à 16 %, un record en Amérique latine - reflètent les déséquilibres d'un marché que l'Etat tente de réguler.
"La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, ne fera qu'aggraver la situation", juge l'universitaire José Guerra, promoteur d'un "manifeste des économistes". Les signataires s'inquiètent de "l'économie socialiste" aux contours mal définis que prétend instaurer le nouveau texte, en octroyant de larges pouvoirs à l'exécutif.
L'inquiétude porte sur le moyen terme. Pour le moment, les caisses de l'Etat sont pleines, le secteur de la construction progresse, la consommation explose, le chômage est baisse et la part de l'emploi informel diminue - même s'il concerne encore plus de 40 % des Vénézuéliens. Selon un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la pauvreté a chuté au Venezuela de 31 % au cours des neuf ans du gouvernement Chavez. "Et certains se demandent encore pourquoi Chavez reste populaire", ironise un fonctionnaire de la Cepal.
Cependant, les produits de première nécessité manquent dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement incrimine les spéculateurs. Les producteurs et les importateurs accusent, eux, le contrôle des prix et Mercal, le réseau de distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés.
"Pour ne pas vendre à perte le sucre aux consommateurs, les producteurs préfèrent le vendre à l'industrie agroalimentaire, qui en fera des bonbons ou des boissons gazeuses, dont le prix n'est pas contrôlé", explique l'universitaire Miguel Gonzalez. L'importation de lait n'est plus rentable pour les opérateurs privés et l'Etat peine à prendre la relève. "Les problèmes d'approvisionnement restent sporadiques, mais ils ont le don d'exaspérer les gens, qui y voient le symbole de l'inefficacité et de la corruption qui règne au sein de l'Etat", note M. Gonzalez.
PASSAGE AU "BOLIVAR FORT"
La réforme agraire annoncée par M. Chavez a semé la panique chez les grands propriétaires terriens, sans réussir à réduire la dépendance alimentaire du Venezuela, qui continue d'importer plus de 70 % de ses besoins. L'augmentation des revenus des milieux populaires s'est traduite par une hausse de la consommation de certains produits, comme la viande et le lait. Inquiètes de l'avenir, les classes moyennes préfèrent consommer des voitures ou des dollars, plutôt qu'épargner dans une monnaie dépréciée.
Le passage au "bolivar fort", le 1er janvier - quand la monnaie nationale perdra trois zéros - ne suffit pas à rassurer. Les investisseurs nationaux et étrangers se montrent pour le moins frileux. "La désindustrialisation du pays est dramatique", souligne José Guerra.
Le gouvernement met en avant l'exceptionnelle croissance du secteur non pétrolier, qui, depuis 2004, progresse plus rapidement que le pétrolier, en déclin relatif. Les chavistes y voient un succès de la "révolution bolivarienne", qui s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance pétrolière du pays. Le pétrole représente toujours 27 % du produit intérieur brut, 47 % des recettes de l'Etat et 90 % des exportations.
A en croire Domingo Maza Zavala, qui fut jusqu'à 2006 directeur de la Banque centrale, la contraction du secteur pétrolier hypothèque à terme le développement du pays. Pour financer ses programmes sociaux, le gouvernement puise dans les réserves de l'entreprise publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), qui n'a pas retrouvé le niveau de production antérieur à la grève de 2003 et qui ne réalise pas les investissements nécessaires à son maintien.
Faute d'une politique économique et industrielle cohérente, juge M. Maza Zavala, le Venezuela est aujourd'hui "plus vulnérable, plus instable et plus dépendant du pétrole qu'hier".
M. Ds
lunes, noviembre 26, 2007
AL CIERRE DE LA CAMPAÑA
El referendo constitucional del próximo 2 de Diciembre es un evento electoral; es decir, el referendo se definirá mediante el sufragio. No se ganará mostrando encuestas por la televisión, ni tampoco haciendo llamados a la abstención. La decisión de aprobar o no, la propuesta de reforma constitucional –a pesar del ventajismo gubernamental y de la cuestionada imparcialidad parcialidad del Consejo Nacional Electoral-, dependerá del número de votos contabilizados para cada una de las opciones que rivalizan en la consulta electoral. Por lo tanto, hay que salir a votar.
En una circunstancia electoral como la que vivimos, las posibilidades de victoria de asientan en buena parte en la capacidad de organización y movilización popular que tengan los factores en competencia. El gobierno ha puesto en marcha de nuevo, un gigantesco operativo financiero y propagandístico para mover a su seguidores y a su clientela natural. La oposición hace lo mismo, con muchos menos recursos; pero con una fuerte convicción moral y, esa convicción moral libertaria se convierte en un agregado político importante y, hasta decisivo.
Una derrota de la propuesta oficial no significa la salida ni el fin del gobierno del Presidente Chávez. El actual Presidente de la República continuaría en ejercicio gubernamental hasta el año 2012, cuando le tocaría entregar el poder a un nuevo gobernante surgido de elecciones directas, universales y secretas; de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de 1999 (todo esto después de trece años de gobierno). La derrota de la propuesta oficialista también se traduciría en la relegitimación de las condiciones democráticas vigentes en la actualidad en Venezuela. También implicaría algo fundamental y extremadamente importante, como lo es la restitución del equilibrio democrático perdido en el país en los últimos ocho años. Hay que ir a sufragar.
Una eventual derrota de la oposición en el referendo del 2 de Diciembre tendría por supuesto, amplias repercusiones en la vida de todos los venezolanos y venezolanas. El gobierno ya ha anunciado la implementación de un “tsunami legal” con la aprobación de unas cien leyes aprovechando la habilitación legislativa que le otorgó la Asamblea Nacional y consolidar el nuevo Estado socialista. Sin embargo, aún en este caso la situación no será fácil para el oficialismo. Este deberá entender y asimilar obligatoriamente, que pese a una victoria tendrá frente sí a una considerable porción del país que no votó ni comparte un proyecto basado en la exclusión y en el pensamiento único. En este escenario, la oposición venezolana se hallaría obligada con más razón, a sobreponerse con celeridad y actuar en defensa de los sectores democráticos del país.
La presión que genera la incertidumbre sobre el resultado electoral del próximo 2 de Diciembre se nota en los voceros oficialistas. El discurso gubernamental se ha tornado más agresivo y se ha encasillado en la amenaza y el insulto. Se trata de intimidar a todo aquel venezolano o venezolana que no suscriba o critique el pensamiento, o que evalúe críticamente las ejecutorias gubernamentales. Así, voceros de la iglesia, de los estudiantes, de los periodistas y de los artistas son catalogados de enemigos o de cualquier otro epíteto insultante, con tal de acallar su opinión disidente. ¿Acaso, será este el preludio de la democracia socialista que se nos promete con la reforma?
La oposición venezolana –deslastrándose de alguna manera, de anteriores errores políticos- se ha concentrado en movilizarse por el país explicando la reforma; y además, exigiendo en forma pública y notoria el debido cumplimiento de los mandatos legales vigentes en esa materia. Por ello ha acudido ante las instancias jurisdiccionales competentes para presentar formalmente sus legítimas aspiraciones y reclamos; aunque no se espera que las acciones de carácter legal resulten favorables.
Un elemento adicional –y profundamente crítico- al proceso de consulta electoral viene dado por los nuevos y más recientes tropiezos que ha sufrido el gobierno en el plano internacional. No cabe duda que, con el anunciado congelamiento de las relaciones diplomáticas con España y con los señalamientos al Presidente Uribe y la congelación de las relaciones con Colombia, el gobierno intente matizar las tendencias y el clima electoral que hoy predomina en Venezuela.
El bloque oficialista acude a la consulta electoral dividido y sin tener todas las variables políticas bajo su total control, como en otras ocasiones. Su oportunidad de triunfo se reduce a la identificación de la propuesta de reforma con el liderazgo del Presidente Chávez. Nada más, no tiene otra opción. La entrevista realizada la pasada noche del Domingo 25 de Noviembre (transmitida por canales estatales y la mayoría de emisoras privadas) al presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, es un claro indicativo de la fragilidad conque el gobierno autoevalúa su participación en el referendo.
El bloque opositor (integrado por una diversidad de movimientos sociales independientes, gremios, sindicatos, partidos políticos democráticos y, últimamente por una parte de la disidencia del “chavismo”) asiste al evento comicial un tanto más organizado que en oportunidades anteriores, con objetivos políticos más transparentes y con más entusiasmo. No sabemos si esto será suficiente para que alcance la victoria. De lo que sí tenemos certeza, es que iremos a votar.
jueves, noviembre 22, 2007
EN EL DIARIO "TAL CUAL": CONSEJOS POLICIALES
Carlos Crespo
(16 de noviembre 2007)
"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.
Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.
Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.
Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.
Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.
Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".
(16 de noviembre 2007)
"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.
Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.
Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.
Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.
Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.
Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".
martes, noviembre 20, 2007
LA HORA DEL REFERENDO
El momento del referendo constitucional se aproxima cada vez más; aunque sin una definición clara. El gobierno está consciente de ello y, de sus posibilidades de derrota. Del otro lado, la oposición pareciera que aún no cree en las considerables oportunidades de victoria que ha venido construyendo con tesón y demostrando su fuerza y capacidad de movilización popular. Las cartas están echadas, las cartas están sobre la mesa; y, no hay vuelta atrás.
La aceptación popular de la propuesta de reforma constitucional ha sido precaria. Su autoritarismo originario, la manipulación política impulsada desde la Asamblea Nacional y, la violencia propiciado por el mismo gobierno han signado su rechazo popular. En tal sentido, el oficialismo ha comenzado a mover sus fichas. El Presidente realiza de nuevo, visitas puntuales a determinados estados del país montando su “camioncito rojo”. Y aprovecha para reiterar en forma amenazante que: “votar por el NO es votar contra Chávez”.
Como complemento, la burocracia pública también se mueve buscando apoyos electorales. Para ello ofrece recursos a los consejos comunales o implementa operativos asistenciales en los sectores populares. Un detalle adicional, es la “presión sutil” que ya se ejerce sobre la nómina de empleados públicos -y que alcanzaría el millón doscientos mil de trabajadores-, a los cuales se les recuerda la conveniencia de votar en favor de la propuesta de reforma. En síntesis, se trata de conseguir los votos a como de lugar.
Hay voceros gubernamentales que se han desmedido en su discurso de apoyo al proyecto de reforma constitucional. Y en efecto, la amenaza y la intimidación se incorporaron como argumento frente a las críticas formuladas por la oposición. Expresiones como: “ya sabemos donde están” o “los iremos a buscar por oponerse a la reforma” son los nuevos razonamientos para un oficialismo que carece de respuestas asertivas en la discusión planteada. En realidad, lo que ocurre es que el gobierno siente que perdió el debate sobre la reforma constitucional en el ámbito de la opinión pública. Y esa sensación de la derrota gubernamental se traduce en amenazas, manifestaciones de violencia y represión política. Así de sencillo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una pieza vital en este proceso de referendo. Formalmente es la institución que rige el proceso de consulta. Sin embargo, en Venezuela nadie apuesta por la imparcialidad de ese Consejo Nacional Electoral. Es público y notorio para afectos y desafectos al proceso revolucionario que la conformación del CNE, obedece y responde al proyecto del Gobierno Nacional. Y de hecho, sus últimas actuaciones parecieran más bien dirigidas a silenciar a la oposición que a garantizar la realización de una consulta popular confiable, responsable y transparente. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación ética y moral de expresar en forma pública y notoria (nacional e internacionalmente) que reconocerá los resultados electorales en caso de una victoria del “NO”. En el país nadie duda que ese reconocimiento ocurriría –y con rapidez- si el factor SÍ obtuviera el triunfo. Pero en caso contrario, hay un inmenso océano de incertidumbre. En tal sentido, el tribunal electoral venezolano tiene la obligación ineludible de emitir una declaración donde exprese que reconocerá y avalará una ganancia electoral del bloque del “NO”.
En igual situación, queda ubicado el Gobierno Nacional. Para el país, lo más recomendable sería que las autoridades públicas nacionales – y fundamentalmente el Presidente de la República- emitieran una posición similar; es decir, aquella de reconocer en el caso de que sucediese una victoria de los factores democráticos. Una declaración de este tenor contribuiría a bajar la presión y a reducir las tensiones políticas que se han venido inculcando en los sectores participantes. La situación de la oposición es un tanto diferente. Ella está constituida por movimientos sociales y populares, que no se encuentran incrustados en la institucionalidad pública, ni poseen armas ni tampoco mando de tropas. Y la oposición, por ejemplo, ya reconoció el triunfo electoral del Presidente Chávez el pasado año. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora?
El fenómeno de la abstención sigue vigente. Esta opción política no ha desaparecido. Sólo que en esta oportunidad la abstención afecta las posibilidades de triunfo de los dos factores en disputa. La abstención para los factores sociales que mantienen un apoyo al Gobierno Nacional, podría significar una posibilidad de no romper en forma definitiva este vínculo sin tener que apoyar un proyecto de reforma constitucional que no comparten o al menos no entienden. Además para los sectores populares aún afectos al proceso; así como para todo resto del país, la reforma no resuelve en lo absoluto los problemas de inseguridad, de desabastecimiento, de educación, de salud y de vivienda que conforman una agenda de asuntos pendientes y aún por resolver, después de casi nueve años de gobierno revolucionario.
En la oposición, la propuesta abstencionista ha tenido su fuerza y posicionamiento. De hecho, en otras oportunidades –como en las pasadas elecciones parlamentarias de 2005-, la tesis abstencionista se impuso finalmente y la oposición no concurrió a tal proceso, cediendo la totalidad de los espacios parlamentarios al oficialismo revolucionario. En realidad y de cara al proceso refrendario del 2 de Diciembre, la propuesta abstencionista ha venido perdiendo alguna relevancia política en el seno de la oposición venezolana.
Un elemento crucial en el desarrollo de esta nueva medición de fuerzas será la capacidad de organización popular y de movilización de votantes que, efectivamente tengan los dos bloques enfrentados. Vamos hacia un nuevo estadio de la polarización en esta Venezuela del siglo XXI que no se resolverá con el referendo consultivo del 2 de Diciembre. Y es que por los vientos que soplan, la democracia no se perderá tan fácilmente.
miércoles, noviembre 14, 2007
NOS FREGAMOS TODOS
Si se aprueba la reforma “nos fregamos todos” fue la conclusión que sacaron un grupo de activistas y líder comunitarios oficialistas del área metropolita de Caracas, luego de un taller de análisis sobre el contenido de la propuesta. Y arribar a esa conclusión para ellos no fue fácil. Además fue doloroso. Y les dolió porque el liderazgo del Presidente Chávez, aún sigue vigente en sus sentimientos.
¿Y por qué, nos fregaríamos todos? Por la tendencia hacia la perpetuación en el poder de un hombre, las serias restricciones que en materia de derechos económicos y políticos y, el enorme riesgo de “cubanización” que viene con la propuesta. El venezolano no es tonto, aún participando del PSUV o siendo un anónimo beneficiario de las políticas sociales del proceso. El venezolano chavista ha comenzado a percibir –y a sentir- que el régimen de libertades democráticas, que se sostiene en Venezuela se encuentra amenazado de muerte.
La violencia política que ha envuelto este proceso, la inseguridad que padece la población en general; y, la escasez de alimentos que se muestra cada día más, como una nueva condición de la calidad de vida del pueblo venezolano, se han convertido últimamente en sólidos argumentos disuasivos del apoyo “chavista” a la propuesta reforma constitucional. Y es que al parecer, la fiebre con el “discurso social” del gobierno ha disminuido entre sus seguidores que ya sienten cierto escalofrío ante la posibilidad de instaurar “con su voto” un régimen autoritario, corrupto e ineficaz en el país.
El drama sigue para ellos, porque la ruptura con la reforma constitucional supone la búsqueda de otra referencia ideológica-política. Y esa otro referente ideológico-político no se vislumbra aún consolidado en el panorama político nacional. De allí, que resulte comprensible el desasosiego que predomine en ciertos sectores del oficialismo militante y también de su periferia inmediata.
No se, si las dudas que afloran alrededor de la reforma en el seno del chavismo culminen en un voto castigo contra de la propuesta presidencial, o propiciando una abstención entre el propio oficialismo. Lo que sí aprendí, en ese taller, fue que la frase “nos fregamos todos” nos acercó a compartir incertidumbres y temores y aspiraciones y esperanzas sobre el futuro de Venezuela.
¡NO, A ESA REFORMA CONSTITUCIONAL!
domingo, noviembre 04, 2007
DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN "PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL"
Este lunes 5 de noviembre, a partir de la 5 de la tarde, comienza el Diploma en “Participación en la Gestión Pública Local” en el Centro de Extensión Profesional (CEP) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”, esta dirigido especialmente a líderes sociales y comunitarios, a representantes y voceros populares en instancias de participación ciudadana, y funcionarios públicos nacionales, regionales y locales. Tendrá doscientas horas académicas de duración.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
• Fortalecer las capacidades gerenciales y operativas de los gobiernos locales, de las entidades no estatales y de las comunidades en los procesos de participación en la gestión de asuntos públicos.
• Elevar la formación conceptual y técnica de los participantes comunitarios, sociales y oficiales para concebir, aplicar y evaluar de manera creativa y eficaz proyectos de intervención social en el marco de la corresponsabilidad en la gestión gubernamental.
• Proveer a los participantes de destrezas y herramientas para el diseño de estrategias dirigidas al adecuado manejo de un entorno local cada día más exigente.
El contenido académico del DEUS incluye el conocimiento del marco constitucional que promueve la participación popular, la comprensión de las finanzas públicas locales, el desarrollo de técnicas de diagnóstico social y de identificación de necesidades, el diseño de planes, proyectos y presupuestos inclusivos, el análisis de posibilidades de innovación de la gestión local; mediante las tecnologías de información y de comunicación pública y, el avance en los procesos de control ciudadano y la mediación de conflictos, resultan elementos indispensables para avanzar hacia una gestión local mucho más moderna y democrática; y basada en la corresponsabilidad del gobierno y de la ciudadanía.
En este programa de estudios superiores universitarios contaremos con la participación docente de expertos académicos e investigadores y de líderes sociales y comunitarios, de amplio reconocidos por sus contribuciones en el área y, entre los cuales podemos mencionar a Luz Elena Aldazoro, Consuelo Ascanio, Yolanda D´Elia, José Gregorio Delgado e Iván Zambrano.
El Ingeniero Carmelo Ecarri, activista comunitario y experto académico en el tema de participación comunitaria, tendrá a cargo la “Lección Magistral” que inaugurará el DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”.
Centro de Extensión Profesional (CEP). Centro Comercial Los Chaguaramos. Piso 7. e-mail: direccioncep@gmail.com. Teléfonos: 0212-662.23.97
El DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”, esta dirigido especialmente a líderes sociales y comunitarios, a representantes y voceros populares en instancias de participación ciudadana, y funcionarios públicos nacionales, regionales y locales. Tendrá doscientas horas académicas de duración.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
• Fortalecer las capacidades gerenciales y operativas de los gobiernos locales, de las entidades no estatales y de las comunidades en los procesos de participación en la gestión de asuntos públicos.
• Elevar la formación conceptual y técnica de los participantes comunitarios, sociales y oficiales para concebir, aplicar y evaluar de manera creativa y eficaz proyectos de intervención social en el marco de la corresponsabilidad en la gestión gubernamental.
• Proveer a los participantes de destrezas y herramientas para el diseño de estrategias dirigidas al adecuado manejo de un entorno local cada día más exigente.
El contenido académico del DEUS incluye el conocimiento del marco constitucional que promueve la participación popular, la comprensión de las finanzas públicas locales, el desarrollo de técnicas de diagnóstico social y de identificación de necesidades, el diseño de planes, proyectos y presupuestos inclusivos, el análisis de posibilidades de innovación de la gestión local; mediante las tecnologías de información y de comunicación pública y, el avance en los procesos de control ciudadano y la mediación de conflictos, resultan elementos indispensables para avanzar hacia una gestión local mucho más moderna y democrática; y basada en la corresponsabilidad del gobierno y de la ciudadanía.
En este programa de estudios superiores universitarios contaremos con la participación docente de expertos académicos e investigadores y de líderes sociales y comunitarios, de amplio reconocidos por sus contribuciones en el área y, entre los cuales podemos mencionar a Luz Elena Aldazoro, Consuelo Ascanio, Yolanda D´Elia, José Gregorio Delgado e Iván Zambrano.
El Ingeniero Carmelo Ecarri, activista comunitario y experto académico en el tema de participación comunitaria, tendrá a cargo la “Lección Magistral” que inaugurará el DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”.
Centro de Extensión Profesional (CEP). Centro Comercial Los Chaguaramos. Piso 7. e-mail: direccioncep@gmail.com. Teléfonos: 0212-662.23.97
jueves, noviembre 01, 2007
EL GIRO DE LA REFORMA
Se acaba de producir un viraje en el proceso de reforma constitucional. El Presidente Chávez anunció el Miércoles 31 de Octubre, la posibilidad de votar por bloques su propuesta de cambio de la Constitución Bolivariana. Esta nueva posición política nos indica la posible percepción negativa del Jefe del Estado sobre el trabajo realizado en la Asamblea Nacional por el propio oficialismo aderezado; además con el escaso calado que ha tenido la propuesta en amplios sectores de la población.
Una división en bloques de la propuesta constitucional quizás le permitiría al oficialismo, refrescar “la fachada de la reforma”, ante su público natural y también frente a los sectores políticos más blandos de la oposición. El viraje también podría abrir – o ahondar- una brecha en el bloque opositor para así neutralizar los avances, que lentamente ha venido obteniendo la oposición democrática del país alrededor del tema. Por otra parte, se tendería un puente o se lanzaría un mensaje a determinadas fuerzas políticas que, como el partido PODEMOS han marcado distancia de las actitudes asumidas por el bloque revolucionario oficial.
En todo caso, para el Presidente Chávez resulta ineludible y estratégico impulsar con rapidez y ganar con holgura la reforma constitucional. La posibilidad de posponer el referendo de la reforma no existe para el gobierno. Y esa posibilidad no existe, porque políticamente significaría una derrota definitiva para sus pretensiones hegemónicas. Por lo tanto, allí, con ese punto no hay oportunidades de negociación. De eso, no hay dudas.
En tal sentido, la opción de dividir la propuesta de reforma es una salida razonable –así deje en ridículo a algunos de los voceros más encendidos de la revolución-, en una situación de relativa incertidumbre electoral y en medio de una creciente movilización social de la oposición. Por supuesto, el gobierno aún cuenta con amplios recursos; entre ellos, el control absoluto de toda la institucionalidad del Estado; además de las frecuentes inconsistencias de la misma dirigencia opositora (algunos hasta solicitan ingenuamente la posposición de la reforma). En todo caso, queda claro que el gobierno busca ganar tiempo, se repliega para reordenar sus fichas y moverlas con mayor precisión. Y esto debe hacerlo con rapidez. De lo contrario, el desconcierto puede seguir creciendo en las filas revolucionarias, al percibir que el mensaje de la oposición es una cruda realidad.
La conformación de los bloques dependerá de quienes realicen el trabajo. Al respecto, tampoco dudamos que “la tarea” sea emprendida por el equipo más cercano al Presidente. La Asamblea Nacional queda relegada. Nos muestra el escaso “peso político” que posee en este proceso revolucionario. Nos enseña también el final de aquellos incondicionales de la revolución. La oposición por su parte, tiene que entender la nueva situación –sin candidez-; pero continuando con su estrategia de construir consensos populares alrededor de los valores democráticos.
Una división en bloques de la propuesta constitucional quizás le permitiría al oficialismo, refrescar “la fachada de la reforma”, ante su público natural y también frente a los sectores políticos más blandos de la oposición. El viraje también podría abrir – o ahondar- una brecha en el bloque opositor para así neutralizar los avances, que lentamente ha venido obteniendo la oposición democrática del país alrededor del tema. Por otra parte, se tendería un puente o se lanzaría un mensaje a determinadas fuerzas políticas que, como el partido PODEMOS han marcado distancia de las actitudes asumidas por el bloque revolucionario oficial.
En todo caso, para el Presidente Chávez resulta ineludible y estratégico impulsar con rapidez y ganar con holgura la reforma constitucional. La posibilidad de posponer el referendo de la reforma no existe para el gobierno. Y esa posibilidad no existe, porque políticamente significaría una derrota definitiva para sus pretensiones hegemónicas. Por lo tanto, allí, con ese punto no hay oportunidades de negociación. De eso, no hay dudas.
En tal sentido, la opción de dividir la propuesta de reforma es una salida razonable –así deje en ridículo a algunos de los voceros más encendidos de la revolución-, en una situación de relativa incertidumbre electoral y en medio de una creciente movilización social de la oposición. Por supuesto, el gobierno aún cuenta con amplios recursos; entre ellos, el control absoluto de toda la institucionalidad del Estado; además de las frecuentes inconsistencias de la misma dirigencia opositora (algunos hasta solicitan ingenuamente la posposición de la reforma). En todo caso, queda claro que el gobierno busca ganar tiempo, se repliega para reordenar sus fichas y moverlas con mayor precisión. Y esto debe hacerlo con rapidez. De lo contrario, el desconcierto puede seguir creciendo en las filas revolucionarias, al percibir que el mensaje de la oposición es una cruda realidad.
La conformación de los bloques dependerá de quienes realicen el trabajo. Al respecto, tampoco dudamos que “la tarea” sea emprendida por el equipo más cercano al Presidente. La Asamblea Nacional queda relegada. Nos muestra el escaso “peso político” que posee en este proceso revolucionario. Nos enseña también el final de aquellos incondicionales de la revolución. La oposición por su parte, tiene que entender la nueva situación –sin candidez-; pero continuando con su estrategia de construir consensos populares alrededor de los valores democráticos.
miércoles, octubre 31, 2007
PONENCIA PRESENTADA EN EL SEMINARIO "CONSEJOS COMUNALES, PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y PODER POPULAR"
Alcances de la Planificación Municipal
en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales
Municipios y consejos comunales
Los municipios constituyen la base territorial para la organización de la República; gozan de autonomía y personalidad jurídica. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de sus competencias y la creación y recaudación de sus ingresos. Las competencias municipales están determinadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; entre otros referentes legales. La organización del Poder Público Municipal contemplada en la LOPPM, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, realizada por el alcalde, responsable del gobierno y la administración; la función legislativa (deliberante) correspondiente al Concejo Municipal; la función del control fiscal; cuya responsabilidad es de la Contraloría Municipal y, la función de planificación que será ejercida conjuntamente con el Consejo Local de Planificación Pública.
Los principios constitucionales de la participación en la formación, gestión y control de la gestión pública determinan cualidades y procesos de inclusión ciudadana al Poder Público Municipal. La ejecutiva debe desarrollarse con la participación (de manera vinculante o no) de la opinión popular en la formación y ejecución de programas públicos. La función deliberante del Poder Municipal se encuentra obligada a propiciar la implementación de mecanismos de consulta pública y de recepción de las iniciativas legislativas, a las cuales tienen derecho las comunidades organizadas de cada entidad local. Los contralores municipales están obligadas legalmente a atender las denuncias ciudadanas. Las organizaciones de contraloría social, son parte del sistema nacional de control fiscal. Y la función de planificación otorgada a los CLPP es compartida e incluyente para otras formas asociativas no estatales como los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas técnicas (de agua, de energía) y otras instancias de participación popular. Por último, el presupuesto participativo –en este contexto-, constituye una herramienta única y formidable; mediante la cual las comunidades organizadas tienen la posibilidad de incidir en la gestión pública.
Los consejos comunales –hasta el presente- son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos. (LCC: artículo 2).
A los efectos de nuestro ejercicio, es factible agrupar las funciones de los consejos comunales; de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Así ubicamos funciones de carácter ejecutivo; tales como: impulsar el desarrollo comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo endógeno; la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación; así como la prestación de asistencia social.
De la misma manera, podemos mencionar funciones de carácter deliberante, como la definición de normas de convivencia comunitaria; el emprendimiento de la iniciativa legislativa y la participación en los procesos de consulta en el parlamentarismo social de calle. En materia de control, hay funciones que prescriben la contraloría social del propio consejo comunal y los programas y proyectos de inversión de carácter nacional, estadal o municipal que se realicen en su ámbito. Por último, en materia de planificación, compete a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y al consejo comunal, aprobar y elaborar del plan de desarrollo comunal, el diagnóstico y presupuesto participativo, la preparación de proyectos de inversión y el diseño de sistemas de información comunitaria.
Esta “realidad participativa” y la posibilidad de sincronizar funciones entre municipio y ciertas instancias de participación que supone el marco constitucional y legal vigente, plantea -sin lugar a dudas-, el reto de pasar de un modelo de gestión centralista y auto-referenciado y por lo tanto excluyente, a otro abierto y descentralizado orientado a la satisfacción de las demandas sociales con base a las nuevas relaciones entre el Estado, en sus distintos niveles político-territoriales y sus entidades orgánicas y los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad civil; a través de sus expresiones asociativas.
La planificación municipal en el marco del Sistema Nacional de Planificación
La planificación es un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 de la actual CBRV establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”. De allí que, en los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convirtió en uno de sus objetivos. De la misma manera, la Asamblea Nacional aprobó en el año 2001 una Ley Orgánica de Planificación para regular; tanto el proceso de planificación como el proceso técnico gubernamental y, como mecanismo de inclusión popular.
El planteamiento teórico del Sistema Nacional de Planificación –ya que nunca se logró implementar- comprendía la articulación de un conjunto sistemático de planes de distinto tipo y alcance (nacionales, institucionales, sectoriales, operativos) y de una red de instancias estatales y públicas nacionales, regionales, estadales y municipales responsables de elaborar e impulsar la actividad de planificación; de acuerdo a los mandatos establecidos en la Constitución Bolivariana y el resto del marco legal; tales como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV: artículo 185); los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CRBV: artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (CRVB: artículo 182).
Más aún, en materia de planificación y desarrollo regional estadal y municipal, el sistema suponía los planes regionales de desarrollo; a cargo de los organismos regionales de desarrollo (LOP: artículo 23), los planes estadales de desarrollo a cargo del gobernador de la entidad federal (LOP: artículo 24) y bajo la coordinación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (LOP: artículo 25) y, los planes municipales de desarrollo bajo responsabilidad del alcalde de cada municipio, como máxima autoridad civil (LOP: artículo 26) y bajo la coordinación del respectivo Consejo Local de Planificación Pública (LOP: 27).
La planificación municipal se concebía como el eslabón más cercano a la población de urbanizaciones, barriadas, aldeas y caseríos. En este contexto, el CLPP fue creado como “el órgano de planificación integral ... del gobierno local orientado a lograr la incorporación de las comunidades y grupos vecinales …; mediante la descentralización y la desconcentración de competencias y recursos (LCLPP: artículo 2). Los Consejos Locales de Planificación Pública estaban integrados a la red de los consejos parroquiales y consejos comunales. Además; según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005) se define al municipio como el espacio primario para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública (LOPPM: artículo 7).
Pese a este conjunto de previsiones conceptuales y legales, el Sistema Nacional de Planificación nunca funcionó. El Consejo Federal de Gobierno no contó con el apoyo del Ejecutivo Nacional para ser implementado, los Consejos Estadales no funcionaron como instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil; los Consejos Locales de Planificación Pública fueron obstruidos de manera sistemática; y aquellos que finalmente se consolidaron no adelantaron sus respectivas redes de consejos parroquiales y comunales. La cascada de planes -desde el nivel nacional hacia los niveles estadales y municipales-, no funcionó de manera eficaz ni como supone el marco legal que pretende regular “el Sistema Nacional de Planificación”.
En síntesis, la apuesta bolivariana inicial para lograr la inclusión popular en la formulación de las políticas públicas fue asfixiada institucional y políticamente. Sin embargo, desde el gobierno hubo un replanteamiento del tema: en el año 2006 se relanzan los Consejos Comunales; y luego dentro de los Cinco Motores se propone la “Explosión del Poder Comunal”. A mediados del presente año, se creó mediante el Decreto 528, la Comisión Central de Planificación con el propósito de impulsar la transición hacia un modelo de planificación centralizada con la integración de los planes de alcaldías y gobernaciones, y demás entes funcionales de la administración pública.
La planificación municipal: una responsabilidad diversa y compartida
La planificación municipal posee diversas manifestaciones. Es decir, dentro de un municipio hay distintos tipo de planes y de niveles de planificación. Por ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo es uno de ellos; y quizás el fundamental, porque expresa las directrices de gestión en un período de cuatro años de cada municipio (LOP: artículos 55, 56, 57). Además, cada municipio tendrá un plan que contemple la ordenación de su desarrollo económico y social (LOPPM: artículo 60) y de la misma manera, cada municipio con vocación turística tendrá su plan local de turismo. Uno de los aspectos más controversiales en la planificación municipal lo constituye el plan de desarrollo urbano local. El PDUL es un instrumento; mediante el cual se regula el uso y aprovechamiento del suelo. De tal forma que, el PDUL contendrá una clasificación de los suelos y sus usos; definiendo sus espacios libres y su equipamiento comunitario e incluso podría determinar y fijar medidas para la protección del ambiente, para la conservación de la naturaleza. El PDUL contendrá las operaciones para las ciudades del municipio (LOPPM: artículo 62).
Otro elemento central en la planificación municipal lo constituye el presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal. El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de planificación y gestión para el gobierno local (LOPPM: artículo 230). El presupuesto municipal contempla el denominado “presupuesto de inversión municipal” dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico de cada entidad local. Este presupuesto será conformado por las prioridades presentadas por las comunidades organizadas (LOPPM: artículo 234).
Así como una hay diversidad de planes en el municipio, la actividad de planificación está sujeta a su realización compartida con los vecinos y vecinas, con las organizaciones comunitarias y con las comunidades organizadas. Recordemos que esta corresponsabilidad se sustenta en la participación y la inclusión de ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública local. El marco constitucional vigente establece como un derecho y como un deber la participación popular en los asuntos públicos y comunitarios del país (CRBV: artículos 62 y 132). Pero además, en materia de planificación está determinado que, los sectores sociales tienen el derecho a estar debidamente informados, a elaborar propuestas, a identificar prioridades y también a formular recomendaciones en el proceso de planificación (LOP: artículos 14 y 58).
Los consejos locales de planificación pública, el presupuesto participativo y los consejos comunales son los órganos, procesos e instancias que se han impulsado desde el gobierno central, con el propósito de incluir a ciudadanos y ciudadanas en los distintos eventos de planificación de políticas públicas en el ámbito municipal y en los espacios locales. El mismo Presidente Chávez, ha resaltado la importancia de los consejos locales de planificación pública y del presupuesto participativo como elementos fundamentales de la “Nueva Democracia Popular” (Mapa de los 10 Objetivos Estratégicos: 2004).
La participación popular en la planificación municipal es un evento ineludible dentro de una democracia participativa. Los planes que deban realizar y emprender las autoridades públicas locales tienen que considerar la opinión y las propuestas de la ciudadanía. Esto resulta un paso imprescindible.
En resumen, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL); así como también el Presupuesto de Inversión Municipal –por medio del presupuesto participativo (LOPPM: 271)- o cualquier otro plan de carácter económico, social, de servicios o de infraestructura debe contar con la opinión del pueblo, sus entidades asociativas naturales y también de los consejos comunales. Por último, las autoridades municipales se encuentran en la obligación de implementar los mecanismos para el ejercicio pleno de la participación popular y corresponsable.
Los consejos comunales y sus responsabilidades en la planificación municipal
Los Consejos Comunales constituyeron -hasta hace poco-, la última propuesta del Gobierno Nacional en materia de organización popular. La propuesta de reforma constitucional incluye otros mecanismos de organización popular; tales como: los consejos populares de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, de la tercera edad, de discapacitados, de artesanos y de deportistas; entre otros.
Los Consejos Comunales estuvieron articulados inicialmente a los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP, 2002: artículo 8; y LOPPM; 2005: artículos 112 y 113). Los primeros consejos comunales organizados datan del año 2003 y fueron promovidos por el CLPP de la ciudad de Valencia; y aún se encuentran vigentes y operativos. Sin embargo, la experiencia de los CLPP y por ende, de los consejos comunales no fue exitosa. Tres factores fueron determinantes para ello: en primer lugar, la resistencia de los factores partidistas (de todos las tendencias políticas) a la implementación de los CLPP y en consecuencia de los consejos parroquiales y comunales; en segundo término, la baja capacidad estratégica y operativa de las instituciones del poder público municipal, y en tercer término, la debilidad y la desmovilización de los sectores comunitarios alrededor del tema.
Los Consejos Comunales fueron lanzados como instancias para el ejercicio de los derechos ala participación del pueblo en el año 2006, con la promulgación de su correspondiente ley. En esta ocasión los consejos comunales fueron separados de su ámbito institucional natural como eran los CLPP y las alcaldías; pasando a ser adscritos a las Comisiones Presidenciales del Poder Popular (nacional, estadal y local). Esta nueva afiliación generó amplias reservas en los gobiernos estadales y municipales y en la misma sociedad civil, por considerarla centralista. Por último, la LCC creó el Fondo Nacional de los Consejos Comunales (adscrito al Ministerio de Finanzas), y de cuyo funcionamiento no se tiene una información transparente. Los Consejos Comunales tienen que registrarse ante los Consejos Locales de Planificación Pública, para articularse al Sistema Nacional de Planificación.
Finalmente, con la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del mes de Diciembre 2006, se trata de vincular de nuevo, los Consejos Comunales a los CLPP; mediante la elección de los representantes comunitarios de esa instancia (LCLPP: artículo 6); y así mismo, se le confieren funciones precisas en la formulación y control del plan y en el presupuesto de inversión municipal (LCLPP: Título III, De la Participación Ciudadana en el Plan y Presupuesto Municipal, artículos 34-40).
Los Consejos Comunales han tenido un relativo éxito en el país. Tanto en barrios como en urbanizaciones hay consejos comunales. Desde Abril de 2006 y, hasta el presente, se han conformado un poco más de 30.000 consejos comunales en todo el país; y se les ha asignado aproximadamente 6 billones de bolívares para la ejecución de proyectos; según cifras oficiales. La distribución territorial de los consejos comunales se concentra en el interior del país, donde estados como Delta Amacuro, Falcón, Lara y Mérida despuntan por su alto número de instancias constituidas.
Los Consejos Comunales poseen funciones directas y específicas en materia de planificación municipal. De esto, no debe quedar duda alguna. En principio, y como hemos señalado, constitucionalmente tales instancias tienen el derecho y la obligación de participar en la vida social y comunitaria del país. De la misma manera, tienen la atribución de elaborar y aprobar el plan de desarrollo de su comunidad respectiva y los proyectos que se deriven de ese plan. Por otra parte, los consejos comunales participan en los procesos de formulación, ejecución y control de los planes y presupuestos municipales incorporando a estos instrumentos de gestión las propuestas; según el marco legal que se ha señalado. En tal sentido, los consejos comunales podrían convertirse en la instancia de planificación más cercana a las vecindades y a los ciudadanos y ciudadanas, si su actividad se desarrollara al menos, en un marco valorativo de democracia, inclusión, solidaridad, pluralidad y transparencia.
Para el Gobierno Nacional –según la Comisión Presidencial del Poder Popular- los Consejos Comunales deben cumplir con “un ciclo comunal” que comprendería cinco fases; a saber: el diagnóstico participativo, el plan de desarrollo comunitario, el presupuesto participativo, la ejecución del proyecto comunitario y la contraloría social. En realidad, la actividad general de los consejos comunales se ajusta poco a esta “prescripción técnica”. Lo que ha pasado es que consejos comunales ha presentado “proyectos específicos” a organismos nacionales, gobernaciones o ante las mismas alcaldías para acceder a recursos; mediante mecanismos de financiamiento como la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, sin que se tenga una visón global e integrada de las necesidades de cada comunidad y de los planes diseñados o emprendidos por las autoridades públicas municipales.
Existe un alto número de casos, en los que los consejos comunales no están informados y suelen ser ignorados, en cuanto a la planificación municipal se refiere. Generalmente, los municipios se encuentran atrasados en relación al tema de los planes municipales de desarrollo o de aquello vinculados al tema del ordenamiento y del desarrollo urbanístico. Para completar el panorama, una buena parte de los consejos comunales no tiene información sobre el tema o son simplemente manipulados. Esta situación -sin duda-, debilita y pone en entredicho las posibilidades reales del ejercicio de participación ciudadana de la población; y, se afecta en forma negativa la calidad de vida de amplios sectores de la población.
La planificación como nexo entre la población, los consejos comunales y las instancias de gobierno municipal
La planificación puede ser una conexión eficaz entre gobiernos locales, vecinos y vecinas, y, consejos comunales. Un enfoque participativo de la planificación de las políticas públicas locales redundará en un mayor acierto de los diagnósticos de las necesidades comunitarias; así como también en la legitimidad y la transparencia en al asignación de recursos a los proyectos de inversión pública que hayan sido definidas mediante este esfuerzo. Por supuesto, esta visión de este proceso gubernamental requiere de un gran esfuerzo institucional por parte de todos los actores involucrados: autoridades públicas y los ciudadanos y ciudadanas organizados de manera independiente, o por medio, de los consejos locales de planificación pública y los mismos consejos comunales.
Un comentario adicional e infaltable en este contexto debe estar referido a al comportamiento ético y responsable tanto de los funcionarios públicos, como de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos procesos. La utilización de los medios de organización popular para obtener “provecho ilegítimo” de los fondos públicos; o la manipulación conciente de esos fines con fines ideológico-partidistas con conductas impropias e inaceptables para la organización popular y ciudadana. La contraloría social y ciudadana y aquellos de mecanismos de rendición de cuentas son intrínsecos al ejercicio de los derechos de participación ciudadana; y de manera simultánea constituyen el mejor antídoto para enfrentar constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el desarrollo de estos procesos de relación –tan complejos- entre el gobierno y la sociedad civil.
en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales
Municipios y consejos comunales
Los municipios constituyen la base territorial para la organización de la República; gozan de autonomía y personalidad jurídica. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de sus competencias y la creación y recaudación de sus ingresos. Las competencias municipales están determinadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; entre otros referentes legales. La organización del Poder Público Municipal contemplada en la LOPPM, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, realizada por el alcalde, responsable del gobierno y la administración; la función legislativa (deliberante) correspondiente al Concejo Municipal; la función del control fiscal; cuya responsabilidad es de la Contraloría Municipal y, la función de planificación que será ejercida conjuntamente con el Consejo Local de Planificación Pública.
Los principios constitucionales de la participación en la formación, gestión y control de la gestión pública determinan cualidades y procesos de inclusión ciudadana al Poder Público Municipal. La ejecutiva debe desarrollarse con la participación (de manera vinculante o no) de la opinión popular en la formación y ejecución de programas públicos. La función deliberante del Poder Municipal se encuentra obligada a propiciar la implementación de mecanismos de consulta pública y de recepción de las iniciativas legislativas, a las cuales tienen derecho las comunidades organizadas de cada entidad local. Los contralores municipales están obligadas legalmente a atender las denuncias ciudadanas. Las organizaciones de contraloría social, son parte del sistema nacional de control fiscal. Y la función de planificación otorgada a los CLPP es compartida e incluyente para otras formas asociativas no estatales como los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas técnicas (de agua, de energía) y otras instancias de participación popular. Por último, el presupuesto participativo –en este contexto-, constituye una herramienta única y formidable; mediante la cual las comunidades organizadas tienen la posibilidad de incidir en la gestión pública.
Los consejos comunales –hasta el presente- son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos. (LCC: artículo 2).
A los efectos de nuestro ejercicio, es factible agrupar las funciones de los consejos comunales; de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Así ubicamos funciones de carácter ejecutivo; tales como: impulsar el desarrollo comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo endógeno; la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación; así como la prestación de asistencia social.
De la misma manera, podemos mencionar funciones de carácter deliberante, como la definición de normas de convivencia comunitaria; el emprendimiento de la iniciativa legislativa y la participación en los procesos de consulta en el parlamentarismo social de calle. En materia de control, hay funciones que prescriben la contraloría social del propio consejo comunal y los programas y proyectos de inversión de carácter nacional, estadal o municipal que se realicen en su ámbito. Por último, en materia de planificación, compete a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y al consejo comunal, aprobar y elaborar del plan de desarrollo comunal, el diagnóstico y presupuesto participativo, la preparación de proyectos de inversión y el diseño de sistemas de información comunitaria.
Esta “realidad participativa” y la posibilidad de sincronizar funciones entre municipio y ciertas instancias de participación que supone el marco constitucional y legal vigente, plantea -sin lugar a dudas-, el reto de pasar de un modelo de gestión centralista y auto-referenciado y por lo tanto excluyente, a otro abierto y descentralizado orientado a la satisfacción de las demandas sociales con base a las nuevas relaciones entre el Estado, en sus distintos niveles político-territoriales y sus entidades orgánicas y los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad civil; a través de sus expresiones asociativas.
La planificación municipal en el marco del Sistema Nacional de Planificación
La planificación es un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 de la actual CBRV establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”. De allí que, en los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convirtió en uno de sus objetivos. De la misma manera, la Asamblea Nacional aprobó en el año 2001 una Ley Orgánica de Planificación para regular; tanto el proceso de planificación como el proceso técnico gubernamental y, como mecanismo de inclusión popular.
El planteamiento teórico del Sistema Nacional de Planificación –ya que nunca se logró implementar- comprendía la articulación de un conjunto sistemático de planes de distinto tipo y alcance (nacionales, institucionales, sectoriales, operativos) y de una red de instancias estatales y públicas nacionales, regionales, estadales y municipales responsables de elaborar e impulsar la actividad de planificación; de acuerdo a los mandatos establecidos en la Constitución Bolivariana y el resto del marco legal; tales como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV: artículo 185); los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CRBV: artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (CRVB: artículo 182).
Más aún, en materia de planificación y desarrollo regional estadal y municipal, el sistema suponía los planes regionales de desarrollo; a cargo de los organismos regionales de desarrollo (LOP: artículo 23), los planes estadales de desarrollo a cargo del gobernador de la entidad federal (LOP: artículo 24) y bajo la coordinación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (LOP: artículo 25) y, los planes municipales de desarrollo bajo responsabilidad del alcalde de cada municipio, como máxima autoridad civil (LOP: artículo 26) y bajo la coordinación del respectivo Consejo Local de Planificación Pública (LOP: 27).
La planificación municipal se concebía como el eslabón más cercano a la población de urbanizaciones, barriadas, aldeas y caseríos. En este contexto, el CLPP fue creado como “el órgano de planificación integral ... del gobierno local orientado a lograr la incorporación de las comunidades y grupos vecinales …; mediante la descentralización y la desconcentración de competencias y recursos (LCLPP: artículo 2). Los Consejos Locales de Planificación Pública estaban integrados a la red de los consejos parroquiales y consejos comunales. Además; según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005) se define al municipio como el espacio primario para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública (LOPPM: artículo 7).
Pese a este conjunto de previsiones conceptuales y legales, el Sistema Nacional de Planificación nunca funcionó. El Consejo Federal de Gobierno no contó con el apoyo del Ejecutivo Nacional para ser implementado, los Consejos Estadales no funcionaron como instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil; los Consejos Locales de Planificación Pública fueron obstruidos de manera sistemática; y aquellos que finalmente se consolidaron no adelantaron sus respectivas redes de consejos parroquiales y comunales. La cascada de planes -desde el nivel nacional hacia los niveles estadales y municipales-, no funcionó de manera eficaz ni como supone el marco legal que pretende regular “el Sistema Nacional de Planificación”.
En síntesis, la apuesta bolivariana inicial para lograr la inclusión popular en la formulación de las políticas públicas fue asfixiada institucional y políticamente. Sin embargo, desde el gobierno hubo un replanteamiento del tema: en el año 2006 se relanzan los Consejos Comunales; y luego dentro de los Cinco Motores se propone la “Explosión del Poder Comunal”. A mediados del presente año, se creó mediante el Decreto 528, la Comisión Central de Planificación con el propósito de impulsar la transición hacia un modelo de planificación centralizada con la integración de los planes de alcaldías y gobernaciones, y demás entes funcionales de la administración pública.
La planificación municipal: una responsabilidad diversa y compartida
La planificación municipal posee diversas manifestaciones. Es decir, dentro de un municipio hay distintos tipo de planes y de niveles de planificación. Por ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo es uno de ellos; y quizás el fundamental, porque expresa las directrices de gestión en un período de cuatro años de cada municipio (LOP: artículos 55, 56, 57). Además, cada municipio tendrá un plan que contemple la ordenación de su desarrollo económico y social (LOPPM: artículo 60) y de la misma manera, cada municipio con vocación turística tendrá su plan local de turismo. Uno de los aspectos más controversiales en la planificación municipal lo constituye el plan de desarrollo urbano local. El PDUL es un instrumento; mediante el cual se regula el uso y aprovechamiento del suelo. De tal forma que, el PDUL contendrá una clasificación de los suelos y sus usos; definiendo sus espacios libres y su equipamiento comunitario e incluso podría determinar y fijar medidas para la protección del ambiente, para la conservación de la naturaleza. El PDUL contendrá las operaciones para las ciudades del municipio (LOPPM: artículo 62).
Otro elemento central en la planificación municipal lo constituye el presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal. El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de planificación y gestión para el gobierno local (LOPPM: artículo 230). El presupuesto municipal contempla el denominado “presupuesto de inversión municipal” dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico de cada entidad local. Este presupuesto será conformado por las prioridades presentadas por las comunidades organizadas (LOPPM: artículo 234).
Así como una hay diversidad de planes en el municipio, la actividad de planificación está sujeta a su realización compartida con los vecinos y vecinas, con las organizaciones comunitarias y con las comunidades organizadas. Recordemos que esta corresponsabilidad se sustenta en la participación y la inclusión de ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública local. El marco constitucional vigente establece como un derecho y como un deber la participación popular en los asuntos públicos y comunitarios del país (CRBV: artículos 62 y 132). Pero además, en materia de planificación está determinado que, los sectores sociales tienen el derecho a estar debidamente informados, a elaborar propuestas, a identificar prioridades y también a formular recomendaciones en el proceso de planificación (LOP: artículos 14 y 58).
Los consejos locales de planificación pública, el presupuesto participativo y los consejos comunales son los órganos, procesos e instancias que se han impulsado desde el gobierno central, con el propósito de incluir a ciudadanos y ciudadanas en los distintos eventos de planificación de políticas públicas en el ámbito municipal y en los espacios locales. El mismo Presidente Chávez, ha resaltado la importancia de los consejos locales de planificación pública y del presupuesto participativo como elementos fundamentales de la “Nueva Democracia Popular” (Mapa de los 10 Objetivos Estratégicos: 2004).
La participación popular en la planificación municipal es un evento ineludible dentro de una democracia participativa. Los planes que deban realizar y emprender las autoridades públicas locales tienen que considerar la opinión y las propuestas de la ciudadanía. Esto resulta un paso imprescindible.
En resumen, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL); así como también el Presupuesto de Inversión Municipal –por medio del presupuesto participativo (LOPPM: 271)- o cualquier otro plan de carácter económico, social, de servicios o de infraestructura debe contar con la opinión del pueblo, sus entidades asociativas naturales y también de los consejos comunales. Por último, las autoridades municipales se encuentran en la obligación de implementar los mecanismos para el ejercicio pleno de la participación popular y corresponsable.
Los consejos comunales y sus responsabilidades en la planificación municipal
Los Consejos Comunales constituyeron -hasta hace poco-, la última propuesta del Gobierno Nacional en materia de organización popular. La propuesta de reforma constitucional incluye otros mecanismos de organización popular; tales como: los consejos populares de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, de la tercera edad, de discapacitados, de artesanos y de deportistas; entre otros.
Los Consejos Comunales estuvieron articulados inicialmente a los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP, 2002: artículo 8; y LOPPM; 2005: artículos 112 y 113). Los primeros consejos comunales organizados datan del año 2003 y fueron promovidos por el CLPP de la ciudad de Valencia; y aún se encuentran vigentes y operativos. Sin embargo, la experiencia de los CLPP y por ende, de los consejos comunales no fue exitosa. Tres factores fueron determinantes para ello: en primer lugar, la resistencia de los factores partidistas (de todos las tendencias políticas) a la implementación de los CLPP y en consecuencia de los consejos parroquiales y comunales; en segundo término, la baja capacidad estratégica y operativa de las instituciones del poder público municipal, y en tercer término, la debilidad y la desmovilización de los sectores comunitarios alrededor del tema.
Los Consejos Comunales fueron lanzados como instancias para el ejercicio de los derechos ala participación del pueblo en el año 2006, con la promulgación de su correspondiente ley. En esta ocasión los consejos comunales fueron separados de su ámbito institucional natural como eran los CLPP y las alcaldías; pasando a ser adscritos a las Comisiones Presidenciales del Poder Popular (nacional, estadal y local). Esta nueva afiliación generó amplias reservas en los gobiernos estadales y municipales y en la misma sociedad civil, por considerarla centralista. Por último, la LCC creó el Fondo Nacional de los Consejos Comunales (adscrito al Ministerio de Finanzas), y de cuyo funcionamiento no se tiene una información transparente. Los Consejos Comunales tienen que registrarse ante los Consejos Locales de Planificación Pública, para articularse al Sistema Nacional de Planificación.
Finalmente, con la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del mes de Diciembre 2006, se trata de vincular de nuevo, los Consejos Comunales a los CLPP; mediante la elección de los representantes comunitarios de esa instancia (LCLPP: artículo 6); y así mismo, se le confieren funciones precisas en la formulación y control del plan y en el presupuesto de inversión municipal (LCLPP: Título III, De la Participación Ciudadana en el Plan y Presupuesto Municipal, artículos 34-40).
Los Consejos Comunales han tenido un relativo éxito en el país. Tanto en barrios como en urbanizaciones hay consejos comunales. Desde Abril de 2006 y, hasta el presente, se han conformado un poco más de 30.000 consejos comunales en todo el país; y se les ha asignado aproximadamente 6 billones de bolívares para la ejecución de proyectos; según cifras oficiales. La distribución territorial de los consejos comunales se concentra en el interior del país, donde estados como Delta Amacuro, Falcón, Lara y Mérida despuntan por su alto número de instancias constituidas.
Los Consejos Comunales poseen funciones directas y específicas en materia de planificación municipal. De esto, no debe quedar duda alguna. En principio, y como hemos señalado, constitucionalmente tales instancias tienen el derecho y la obligación de participar en la vida social y comunitaria del país. De la misma manera, tienen la atribución de elaborar y aprobar el plan de desarrollo de su comunidad respectiva y los proyectos que se deriven de ese plan. Por otra parte, los consejos comunales participan en los procesos de formulación, ejecución y control de los planes y presupuestos municipales incorporando a estos instrumentos de gestión las propuestas; según el marco legal que se ha señalado. En tal sentido, los consejos comunales podrían convertirse en la instancia de planificación más cercana a las vecindades y a los ciudadanos y ciudadanas, si su actividad se desarrollara al menos, en un marco valorativo de democracia, inclusión, solidaridad, pluralidad y transparencia.
Para el Gobierno Nacional –según la Comisión Presidencial del Poder Popular- los Consejos Comunales deben cumplir con “un ciclo comunal” que comprendería cinco fases; a saber: el diagnóstico participativo, el plan de desarrollo comunitario, el presupuesto participativo, la ejecución del proyecto comunitario y la contraloría social. En realidad, la actividad general de los consejos comunales se ajusta poco a esta “prescripción técnica”. Lo que ha pasado es que consejos comunales ha presentado “proyectos específicos” a organismos nacionales, gobernaciones o ante las mismas alcaldías para acceder a recursos; mediante mecanismos de financiamiento como la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, sin que se tenga una visón global e integrada de las necesidades de cada comunidad y de los planes diseñados o emprendidos por las autoridades públicas municipales.
Existe un alto número de casos, en los que los consejos comunales no están informados y suelen ser ignorados, en cuanto a la planificación municipal se refiere. Generalmente, los municipios se encuentran atrasados en relación al tema de los planes municipales de desarrollo o de aquello vinculados al tema del ordenamiento y del desarrollo urbanístico. Para completar el panorama, una buena parte de los consejos comunales no tiene información sobre el tema o son simplemente manipulados. Esta situación -sin duda-, debilita y pone en entredicho las posibilidades reales del ejercicio de participación ciudadana de la población; y, se afecta en forma negativa la calidad de vida de amplios sectores de la población.
La planificación como nexo entre la población, los consejos comunales y las instancias de gobierno municipal
La planificación puede ser una conexión eficaz entre gobiernos locales, vecinos y vecinas, y, consejos comunales. Un enfoque participativo de la planificación de las políticas públicas locales redundará en un mayor acierto de los diagnósticos de las necesidades comunitarias; así como también en la legitimidad y la transparencia en al asignación de recursos a los proyectos de inversión pública que hayan sido definidas mediante este esfuerzo. Por supuesto, esta visión de este proceso gubernamental requiere de un gran esfuerzo institucional por parte de todos los actores involucrados: autoridades públicas y los ciudadanos y ciudadanas organizados de manera independiente, o por medio, de los consejos locales de planificación pública y los mismos consejos comunales.
Un comentario adicional e infaltable en este contexto debe estar referido a al comportamiento ético y responsable tanto de los funcionarios públicos, como de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos procesos. La utilización de los medios de organización popular para obtener “provecho ilegítimo” de los fondos públicos; o la manipulación conciente de esos fines con fines ideológico-partidistas con conductas impropias e inaceptables para la organización popular y ciudadana. La contraloría social y ciudadana y aquellos de mecanismos de rendición de cuentas son intrínsecos al ejercicio de los derechos de participación ciudadana; y de manera simultánea constituyen el mejor antídoto para enfrentar constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el desarrollo de estos procesos de relación –tan complejos- entre el gobierno y la sociedad civil.
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