Brasil, Junio 2012
Las organizaciones y redes internacionales de habitantes por la
reforma urbana y los derechos al hábitat vamos a participar en la Cumbre
de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida y de la
naturaleza, en defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de
Janeiro, Brasil, del 15 al 23 de junio de 2012, ante la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20).
Hacemos
este llamado para que este espacio sea un hito en el proceso de
consolidación del diálogo y de las alianzas, en la definición de una
plataforma y programa de acción comunes entre movimientos de habitantes,
del campo y de la ciudad, y todas aquellas organizaciones que luchan
por territorios justos, democráticos y sostenibles.
Construyamos
este diálogo para seguir hacia nuevos espacios, tales como el Foro
Urbano Mundial 6 -Foro Social Urbano 2- (Nápoles, septiembre 2012) y el
Foro Social Mundial -Asamblea Mundial de los Habitantes- (Túnez,
marzo-abril 2013).
Las ciudades y el derecho a resistir el modelo neoliberal que provocó la crisis
Comenzamos
este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades y
la tasa de urbanización seguirá creciendo. Las ciudades son territorios
potenciales de gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y
cultural. Sin embargo, el modelo neoliberal, implementado prácticamente
en el mundo entero, concentra ingresos y poder en manos de las élites;
los procesos de urbanización acelerada contribuyen a la depredación del
medio ambiente y a la privatización del espacio público, causando
empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Este es el
modelo que hizo estallar la crisis financiera y global que está
exacerbando los problemas de vivienda, en el campo y en la ciudad.
La
gran mayoría de los habitantes de las ciudades sufre los embates de
este modelo y de sus crisis repetidas. Está privada o limitada en la
satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto tiene el derecho y
la legitimad de resistir a las violaciones en sus derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Desde la primera Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro (ECO'92), movimientos populares, organizaciones
sociales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e
internacionales de la sociedad civil han asumido el reto de construir un
modelo de sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los
principios de solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia
social.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plataforma común para exigir nuestros derechos y defender los bienes comunes
Un
resultado de esta movilización internacional de los sectores de la
sociedad civil a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001
fue la elaboración y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad que propone una plataforma por ciudades justas, democráticas, más
humanas y sostenibles.
A sabiendas de que la construcción de una
ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por el disfrute
social, equitativo y sustentable de los bienes comunes, como el agua, la
flora y la fauna, por la democratización del acceso a la tierra urbana y
rural, de la lucha por la reforma urbana y la reforma agraria, por la
democratización de la gestión del territorio, por la soberanía
alimentaria de los pueblos, por las prácticas agrícolas ambientalmente
responsables, por la garantía de los modos y medios de vida de las y los
agricultores familiares y de las poblaciones tradicionales e indígenas
en todo el mundo, ahora en 2012, frente a los gobiernos, el G20 y a las
instituciones financieras internacionales, con nuestras luchas y
nuestras capacidades, volvemos a exigir las condiciones necesarias, en
particular las políticas públicas, para vivir en armonía, paz y
felicidad en territorios justos, democráticos y sostenibles.
A partir de la definición suscrita por el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2010, "el
Derecho a la Ciudad es
el derecho colectivo de las generaciones presentes y futuras para una
ciudad sostenible sin discriminación de sexo, edad, raza, estado de
salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, migración, orientación
política, violencia sexual o religiosa, así como a preservar su
identidad y la memoria cultural",es hora de que estados y sociedad
civil, juntos, despleguemos obligaciones y responsabilidades hacia
nuevos pactos sociales territoriales fundamentados en paradigmas
alternativos a los neoliberales, asumiendo los siguientes compromisos:
1.
El ejercicio pleno de la ciudadanía.
Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s
mayores, mujeres y hombres, que viven de forma permanente o transitoria
en las ciudades) realizan y disfrutan todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de
bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. A tal
efecto, el derecho de las ciudades, o civitas -sus habitantes, actores
sociales e instituciones-, a ejercer su autonomía para resistir a la
agresividad de la globalización neoliberal, sin sufrir la
criminalización de sus expresiones cívicas.
2.
La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad.
Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del
territorio y la regulación de su uso garanticen el usufructo equitativo
de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una
ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente,
garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del
territorio. Por lo tanto, se deben generar e implementar políticas
públicas e instrumentos específicos para frenar la especulación, la
segregación urbana, la exclusión, los desalojos y desplazamientos y el
acaparamiento de la tierra urbana y rural.
3.
La gestión democrática de la ciudad.
Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de
decisión -hasta el más alto nivel- para la formulación e implementación
de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto
público y el control de los procesos urbanos. Se refiere a fortalecer
los espacios institucionalizados de toma de decisiones -no sólo los
espacios consultivos ciudadanos- con participación en la gestión,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
4.
La producción democrática de la ciudad y en la ciudad.
Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus
habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando
la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades
económicas solidarias, incluyendo la agricultura urbana para fortalecer
la soberanía alimentaria. El derecho a producir la ciudad y a un hábitat
productivo, incluyendo el derecho a la energía, que genere ingresos
para todas y todos, que fortalezca la economía popular y no sólo las
ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos. Una ciudad abierta y alerta a
las necesidades de los grupos vulnerables, las personas en situación de
pobreza y de riesgo ambiental (amenazadas y/o víctimas de desastres
ambientales generados por el ser humano), las personas amenazadas y/o
víctimas de la violencia, las personas discapacitadas, los y las
inmigrantes y refugiado(a)s y a todos los sectores que están
marginalizados o en desventaja respecto a los demás habitantes.
5.
El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno.
Una ciudad donde sus habitantes y autoridades implementan políticas
públicas para una relación responsable de los bienes comunes como el
agua y el medio ambiente -sin privatización-, para asegurar la vida
digna de las personas, de las comunidades y pueblos, en igualdad de
condiciones y sin afectar las áreas naturales de reserva ecológica; para
ahora y para las futuras generaciones.
6.
El disfrute democrático y equitativo de la ciudad.
Una ciudad que reconoce en todo la trama urbana el derecho a la
accesibilidad y a la igualdad de oportunidades, favoreciendo la
convivencia social, promoviendo la equidad de género, respetando a todas
las personas, independientemente de su etnia, edad, capacidades,
orientación sexual y religión. Una ciudad que facilita la movilidad de
todos sus habitantes, con tecnología sustentable no contaminante e
incentivos al transporte público y a medios alternativos -como la
bicicleta- para todas y todos. Una ciudad que incluye, en la formación
escolar, universitaria y de los funcionarios públicos responsables de
las políticas públicas locales, el derecho a la ciudad sostenible y el
derecho a la comunicación horizontal y a la información.
Abril
2012 Suscriben: Alianza Internacional de los Habitantes, AIH Foro
Nacional de Reforma Urbana, FNRU, Brasil Habitat International
Coalition, HIC
