Por considerarlo de interés para todos aquellos lectores y lectoras, de CIUDADANOLIBRE, que siguen el desarrollo del tema de la organización popular en Venezuela, decidí publicar la nueva versión del Decreto Presidencial referido a una nueva Ley de los Consejos Comunales, que actualmente se considera en el alto gobierno.
De esta manera, queremos contribuir a la más amplia difunsión para que cada ciudadano y ciudadana; y cada comunidad organizada se forme un criterio propio y autónomo en este asunto tan trascendente. Allí lo tienen.
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros,
DICTA
el siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES DEL PODER POPULAR
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Objeto
Artículo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto regular lo relativo a la conformación, integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales del poder popular, y su relación con los órganos y entes del Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.
Consejos Comunales del poder popular
Artículo 2. Los Consejos Comunales del poder popular en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, se crean para la participación, integración y articulación de las diversas organizaciones comunales y grupos sociales con los órganos y entes del Estado, con la finalidad de garantizar al pueblo el ejercicio pleno de la soberanía popular en la formulación, gestión, ejecución y contraloría social de políticas públicas, planes y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social, en el marco de los planes de desarrollo aprobados conforme a la planificación centralizada.
Principios
Artículo 3. La organización, funcionamiento y acción de los Consejos Comunales del poder popular se rige conforme a la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, los principios de soberanía, participación popular, democracia participativa y protagónica, disciplina, interés colectivo, deber social, respeto, complementariedad y diversidad cultural, corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, contraloría social, trabajo voluntario, sustentabilidad ambiental, igualdad social y de género, equidad, justicia y defensa de la soberanía nacional.
Definiciones
Artículo 4. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se entiende por:
1. Comunidad: es el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada y se conocen y relacionan entre sí, que comparten una historia, intereses comunes, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole. La comunidad está conformada por Consejos Comunales del poder popular.
2. Comunidades Indígenas: son grupos humanos formados por familias indígenas, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicados en un determinado espacio geográfico y organizado según las formas de vida propia de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de otras culturas.
3. Área geográfica de la comunidad: es el territorio que ocupan los y las habitantes de la comunidad, cuyos límites geográficos se establecen o ratifican en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas dentro de los cuales funciona el Consejo Comunal del poder popular. El área geográfica será decidida por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de acuerdo con las particularidades de cada comunidad y con estricta sujeción a la base poblacional de la comunidad.
4. Base poblacional de la comunidad: la base poblacional será decidida por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de acuerdo con las particularidades de cada comunidad, tomando en cuenta las comunidades aledañas. A los efectos de la participación protagónica, la planificación y la gobernabilidad de los Consejos Comunales del poder popular, se fijan como referencias los criterios técnicos y sociológicos que señalan que las comunidades se agrupan en familias. En las áreas urbanas tendrán como límite máximo cuatrocientas (400) familias, en las áreas rurales, será a partir de veinte (20) familias, y para las comunidades indígenas será a partir de diez (10) familias.
5. Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas: es la máxima instancia para el ejercicio del poder, participación y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad, el Consejo Comunal del poder popular y la Comuna, en el marco de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás Leyes de la República.
6. Comité de Trabajo del Consejo Comunal del poder popular: es el colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas, atender necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las potencialidades de su comunidad. Los comités de trabajo articularán y promoverán la participación e integración con las organizaciones comunales de base, movimientos sociales y habitantes de la comunidad.
7. Organizaciones Comunales de base: son organizaciones que existen o pueden existir en las comunidades y que agrupan a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en base a objetivos e intereses comunes, tales como: mesas técnicas de agua, grupos culturales, organizaciones deportivas, puntos de encuentro y organizaciones de mujeres, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, organizaciones juveniles, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, asociaciones civiles y cooperativas, entre otras.
8. Vocero o vocera: es la persona electa por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas previamente postulada por su comité de trabajo u otras formas de organización comunal de base, la cual deberá tener reconocida solvencia moral, vocación patriótica, trabajo comunal articulado, espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad, a fin de coordinar todo lo relacionado con el funcionamiento del Consejo Comunal del poder popular, la instrumentación de sus decisiones y la comunicación de las mismas ante las instancias correspondientes. En el caso de los voceros del Banco Comunal y Contraloría Social, la postulación será efectuada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
9. Banco Comunal: es el órgano de gestión económico-financiera de los Consejos Comunales del poder popular, integrado por cinco (5) habitantes al servicio de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Es una organización flexible, abierta, democrática, solidaria y participativa.
10. Ciclo del Poder Comunal: es el proceso mediante el cual la comunidad materializa la participación popular a través de las siguientes fases: diagnóstico comunal, planificación comunal, presupuesto comunal, ejecución comunal y contraloría social, las cuales pueden ser sucesivas, permanentes, alternadas o simultáneas. Debe ser integral y se enmarca en cinco (5) ejes de trabajo permanentes. Los ejes de trabajo son: económico, moral, político, social y de seguridad y defensa integral de la patria, que deberán estar en concordancia con la planificación pública aprobada conforme a la planificación centralizada.
11. Presupuesto Comunal: es un instrumento en el cual se reflejan los recursos financieros y no financieros expresados en costos y gastos para llevar a cabo el Plan Comunal. Dichos recursos pueden ser retornables y no retornables dependiendo de su direccionalidad. Este se compone por el presupuesto cultural, presupuesto político, presupuesto social y presupuesto económico y contiene la suma de todos los proyectos de acuerdo al eje de bienestar comunal al cual pertenezca.
12. Plan Comunal: es un instrumento de formación continua compuesto por una serie de ideas, propuestas y proyectos con objetivos claros, viables y ejecutables en un tiempo determinado, con el fin de alcanzar el bienestar integral de la comunidad, y constituye la guía del Gobierno Comunal para conducir a la comunidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
13. Comuna: es una unidad funcional política – administrativa que corresponde a la totalidad de una asentamiento humano incluyendo el territorio que le es propio para sus actividades, conformada por las comunidades expresadas a través de sus Consejos Comunales del poder popular.
Deberes
Artículo 5. Son deberes de los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los Consejos Comunales del poder popular: la disciplina, la participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social, el respeto y el amor a la naturaleza.
Son deberes de los voceros y voceras integrantes de los Consejos Comunales del poder popular, adicionales a los anteriormente enunciados: la rendición de cuentas, el manejo transparente, oportuno y eficaz de los recursos que dispongan, bien sea por asignación del Estado o cualquier otra vía de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y todo cuanto tenga que ver con la ejecución eficaz y eficiente del Plan Comunal.
CAPÍTULO II
De la integración y organización del
Consejo Comunal del poder popular
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 6. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de decisión de la Comunidad, del Consejo Comunal del poder popular, de la Comuna y de las organizaciones propias de las comunidades indígenas, está integrada por todos los habitantes dentro de la poligonal o área geográfica que conforma una comunidad, en la cual tendrán derecho a voz y voto todos los habitantes mayores de quince (15) años.
Atribuciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 7. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas tiene las siguientes atribuciones:
1. Aprobar las normas de convivencia de la comunidad.
2. Aprobar el Plan Comunal a través del Ciclo del Poder Comunal.
3. Aprobar los estatutos y el acta constitutiva del Consejo Comunal del poder popular, la cual contendrá: nombre del Consejo Comunal del poder popular; área geográfica que ocupa; número de familias que lo integran con la identificación de sus integrantes; listado de asistentes a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas (Nombre y apellido, número cédula de identidad); lugar, fecha, hora y acuerdos de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y los resultados de la elección de los voceros y las voceras del Consejo Comunal del poder popular.
4. Aprobar los proyectos presentados al Consejo Comunal del poder popular en beneficio de la comunidad, así como la integración de los proyectos para resolver las necesidades afines y desarrollar potencialidades con otras comunidades e instancias de gobierno, bajo la orientación del desarrollo endógeno en el marco de los principios de la producción socialista.
5. Ejercer actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que ejerza la Unidad de Contraloría Social.
6. Adoptar las decisiones esenciales de la vida comunitaria.
7. Elegir a los voceros y las voceras del Órgano Ejecutivo.
8. Elegir a los voceros y las voceras de la Unidad de Contraloría Social.
9. Elegir a los voceros y las voceras del Banco Comunal.
10. Elegir al vocero o a la vocera del Consejo Comunal del poder popular, quien participará en la elección de los representantes de la comunidad ante el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al artículo 4 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.
11. Revocar el mandato de voceros o voceras del Consejo Comunal del poder popular, conforme a lo que establezca el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
12. Evaluar y aprobar la gestión financiera.
13. Definir y aprobar los mecanismos necesarios para el funcionamiento del Consejo Comunal del poder popular.
14. Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
Integración
Artículo 8. A los fines de su funcionamiento, el Consejo Comunal del poder popular está integrado por:
1. El Órgano Ejecutivo, integrado por voceros y voceras de cada Comité de Trabajo.
2. Banco Comunal integrado por voceros y voceras, como órgano económico– financiero.
3. La Unidad de Contraloría Social integrada por voceros y voceras, como órgano de control.
Órgano Ejecutivo
Artículo 9. El Órgano Ejecutivo es la instancia de dirección política del Consejo Comunal del poder popular, donde se articulan los comités u otras formas de organización comunal de base, se reúnen a fin de planificar la ejecución de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, así como para la interrelación, apoyo mutuo y conocer las actividades de cada uno de los comités u otras formas de organización comunal de base.
El Órgano Ejecutivo está integrado por voceros y voceras electos o electas en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas postulados previamente por los comités u otras formas de organización comunal de base. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas podrá promover la creación de comités u otras formas de organización comunal de base permanentes o temporales, aparte de los existentes, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, con base a sus necesidades, contingencias, coyunturas particulares, o necesidad de organizar comités para la ejecución de políticas públicas.
Conformación del Órgano Ejecutivo
Artículo 10. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas elige el número de voceros o voceras postulados por los comités de trabajo u organizaciones comunales de base de acuerdo a la cantidad de comités de trabajo que existan o se conformen en la comunidad, tales como:
1. Comité de Salud.
2. Comité de Tierra Urbana.
3. Organización Comunitaria Integral de Vivienda y Hábitat.
4. Comité de Protección e Igualdad Social.
5. Comité de Economía Comunal.
6. Comité de Cultura.
7. Comité de Defensa Integral.
8. Medios Alternativos Comunitarios.
9. Comité de Recreación y Deportes.
10. Comité de Alimentación.
11. Mesa Técnica de Agua.
12. Mesa Técnica de Energía y Gas.
13. Comité de Contraloría Social para el Abastecimiento.
14. Comité de Conservacionista.
15. Comité de Usuarios y Usuarias de Radio y Televisión.
16. Puntos de Encuentro de la Mujer.
17. Comité Madres del Barrio.
18. Comité de Cooperativas.
19. Comités de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes.
20. Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad.
21. Comités de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras categorías de personas.
PARÁGRAFO PRIMERO: La constitución de los comités mencionados en el presente artículo no es obligatoria, el Consejo Comunal del poder popular se conformará con los comités existentes y en la medida que la comunidad lo requiera podrá crearlos progresivamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la constitución, funcionamiento y atribuciones de los comités u otras organizaciones comunales de base, se rijan por normativa contenida en leyes y reglamentos, la comunidad deberá respetar y acatar las mismas en la conformación o adecuación al ámbito del Consejo Comunal del poder popular. En caso de requerir un nuevo comité, se constituirán de acuerdo a la norma jurídica vigente y formarán parte del Consejo Comunal del poder popular.
Banco Comunal
Artículo 11. El Banco Comunal está encargado de administrar los recursos financieros y no financieros, servir de ente de inversión y de crédito, y realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital.
A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley, el Banco Comunal pertenecerá a un Consejo Comunal del poder popular o a una Federación de Consejos Comunales, de acuerdo con el desarrollo de las mismas y a las necesidades por ellos establecidas.
Los ciudadanos y ciudadanas que habiten en el ámbito geográfico definido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y que conforman el Consejo Comunal del poder popular, tienen el derecho de formar parte del Banco Comunal.
El Banco Comunal se regirá por la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero y otras leyes aplicables, así como por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento. Los Bancos Comunales quedarán exceptuados del ámbito de aplicación de la Ley que rija la actividad de los Bancos y Otras Instituciones Financieras.
La Unidad de Contraloría Social
Artículo 12. La Unidad de Contraloría Social es un órgano integrado por cinco (5) habitantes de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para ejercer la contraloría social, la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el Consejo Comunal del poder popular, así como sobre los programas y proyectos de inversión publica presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal. La Unidad de Contraloría Social será sujeto de control por parte de la Comunidad.
En las Comunidades Indígenas, las autoridades tradicionales podrán formar parte de la Unidad de Contraloría Social.
CAPÍTULO III
De la constitución del Consejo Comunal
del poder popular
Comisión Organizadora
del Consejo Comunal del poder popular
Artículo 13. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas elegirán a las personas de la comunidad para conformar la Comisión Organizadora del Consejo Comunal del poder popular. Aquellas comunidades que no hayan constituido Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, las personas que tengan la iniciativa de crear un Consejo Comunal del poder popular en su ámbito geográfico, podrán constituirse en una Comisión Organizadora. El objetivo será incentivar a los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad a conformar la Asamblea Constituyente Popular, la cual tiene como finalidad la elección primaria de los voceros y voceras de los Comités de Trabajo, del Banco Comunal y de la Unidad de Contraloría Social.
Tareas
Artículo 14. La Comisión Organizadora tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en un lapso no mayor de treinta (30) días contados a partir de su constitución.
2. Realizar el censo de los habitantes del área geográfica de la comunidad para elaborar el registro electoral.
3. Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines de los Consejos Comunales del poder popular.
4. Convocar a los comités u otras formas de organización comunal de base, mediante medios de información locales, avisos y escritos colocados en sitios públicos, a fin de postular a sus aspirantes a voceros y voceras del Consejo Comunal del poder popular. Cada comité o forma de organización comunal de base postulara a dos (2) personas como mínimo.
5. Hacer del conocimiento de los habitantes todo lo relativo a la elección de voceros y voceras de los órganos del Consejo Comunal del poder popular.
6. Organizar y llevar a cabo el proceso de elección de voceros y voceras de los órganos del Consejo Comunal del poder popular.
7. Proclamar y juramentar a los voceros y voceras del Consejo Comunal del poder popular.
8. Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados.
9. Elaborar el Acta de creación y constitución del Consejo Comunal del poder popular y efectuar su registro correspondiente.
PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellas comunidades donde no existan comités de trabajo u otras formas de organización comunal de base, la Comisión Organizadora podrá constituirlos de acuerdo a lo previsto en los artículos 8 y 9 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y sus voceros serán elegidos por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Asamblea Constituyente Popular
Artículo 15. La Asamblea Constituyente Popular es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en la cual se eligen, por primera vez, los voceros y voceras de los comités de trabajo, del Banco Comunal y de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal del poder popular. La Asamblea Constituyente Comunal se considerará válidamente conformada con la asistencia de al menos el quince por ciento (15%) de los miembros de la comunidad.
Elección, duración y carácter del ejercicio
de voceros y voceras del Consejo Comunal del poder popular
Artículo 16. Los voceros y las voceras de los comités de trabajo previamente postulados por sus comités de trabajo u organización comunal de base, así como los voceros y voceras del Banco Comunal y de la Unidad de Contraloría Social, serán electos y electas en votaciones directas y secretas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Quienes se postulen no podrán ser electos en más de un órgano del Consejo Comunal del poder popular, durarán tres (3) años en sus funciones, podrán ser reelectos. El carácter de su ejercicio es ad honorem y podrán ser revocados en cualquier momento por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Los pueblos y comunidades indígenas elegirán los órganos de los Consejos Comunales del poder popular, de acuerdo con sus usos, costumbres, tradiciones y formas de vida, así como también por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Requisitos para la elección de voceros y voceras
del Consejo Comunal del poder popular
Artículo 17. Para ser electo o electa se requiere:
1. Ser habitante de la comunidad.
2. Ser integrante de comités u otras formas de organización comunal de base existentes en la comunidad.
3. Acta de postulación del comité u otras formas de organización comunal de base.
4. Ser mayor de quince (15) años.
5. Tener disposición y tiempo para el trabajo comunal.
6. Estar inscrito en el Registro Electoral Permanente, en caso de ser mayor de edad.
7. Tener solvencia moral.
8. Tener compromiso con la patria.
9. No ocupar cargos públicos de elección popular.
Requisitos para la elección de voceros y voceras
del Banco Comunal y de la Unidad de Contraloría Social
Artículo 18. Para ser electo o electa como vocero o vocera del Banco Comunal o de la Unidad de Contraloría Social, además de los requisitos establecidos en el artículo anterior se requiere:
1. Ser habitante de la comunidad, con al menos un (1) año de residencia en la misma, salvo en los casos de comunidades recién constituidas o circunstancias de fuerza mayor.
2. Ser mayor de edad.
3. No poseer parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con los demás voceros o voceras integrantes de los comités que conforman el Consejo Comunal del poder popular. En los casos especiales se regirá por lo establecido en el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Registro de los Consejos Comunales
del poder popular
Artículo 19. Los Consejos Comunales del poder popular serán registrados ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, para lo cual harán entrega de los Estatutos y Acta Constitutiva aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, copia de la recepción de la declaración jurada de bienes consignada ante la Contraloría General de la República de voceros y voceras del Banco Comunal y demás requisitos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento. Las condiciones para el registro serán establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Poder Popular.
El registro de los Consejos Comunales del poder popular ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana les reviste de personalidad jurídica para todos los efectos relacionados con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
CAPÍTULO IV
Del funcionamiento del Consejo Comunal del poder popular
Funciones del Órgano Ejecutivo
Artículo 20. El Consejo Comunal del poder popular a través de su Órgano Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
2. Articular las organizaciones sociales presentes en la comunidad, integrar los planes de trabajo de los comités y promover la creación de nuevas organizaciones con la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral, bajo la orientación del desarrollo endógeno en el marco de los principios de la producción socialista y los planes vigentes de la Nación.
3. Elaborar planes de trabajo para solventar los problemas y desarrollar las potencialidades que la comunidad pueda resolver por sus propios medios y evaluando sus resultados para presentarlo ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para su aprobación.
4. Organizar el voluntariado social como escuela generadora de conciencia y activadora del deber social en cada uno de los comités de trabajo.
5. Formalizar su inscripción ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
6. Organizar el Sistema de Información Comunal a través de la sala de control, evaluación y seguimiento del Consejo Comunal del poder popular.
7. Elevar propuestas órganos y entes de la Administración Pública que permitan la participación de los comités u otras formas de organización comunal de base en la elaboración y ejecución de políticas públicas en el marco del principio de la corresponsabilidad en los niveles que corresponda para ejercer la participación.
8. Promover y participar activamente en la defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación.
9. Elaborar el Plan Comunal a través del Ciclo del Poder Comunal.
10. Postular Jueces de Paz conforme a la legislación que regule la materia.
11. Coadyuvar con lo órganos y entes de la Administración Pública en el levantamiento de información relacionada con la Comunidad.
12. Las demás funciones establecidas en el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Funciones del Banco Comunal
Artículo 21. Son funciones del Banco Comunal:
1. Administrar los recursos asignados, generados o captados tanto financieros como no financieros en base a los principios de equidad y justicia social.
2. Articular con las organizaciones que conforman el sistema microfinanciero de la economía comunal.
3. Rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
4. Prestar servicios financieros y no financieros en el área de su competencia.
5. Realizar la intermediación financiera, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital.
6. Rendir cuenta ante el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales anualmente o cuando este así lo requiera o ante cualquier otro ente del cual haya recibido recursos.
7. Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para lograr la satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía local.
8. Promover el ahorro familiar.
9. Prestar asistencia social a las comunidades a través del Fondo de Asistencia Social.
Funciones de la Unidad de Contraloría Social
Artículo 22. Son funciones de la Contraloría Social:
1. Dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal del poder popular en su conjunto.
2. Ejercer la coordinación en materia de Contraloría Social Comunal.
3. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan comunal en correspondencia al Plan de la Nación vigente.
4. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia del Ciclo del Poder Comunal.
5. Rendir cuenta pública cada seis (6) meses, según lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
6. Coordinar con los órganos del Estado lo referente a su participación en la actividad contralora, conforme a la legislación y demás instrumentos normativos vigentes.
7. Acompañar, orientar, prevenir y formar al Consejo Comunal del poder popular en materia de la Contraloría Social.
Articulación con la Contraloría General de la República
Artículo 23. La Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal del poder popular, a los efectos de realizar su función de control, supervisión, vigilancia y fiscalización de los recursos asignados, generados o captados por el Banco Comunal, podrá articularse y apoyarse en la Contraloría General de la República, mediante la incorporación al Sistema Nacional de Control Fiscal.
Exención de Impuesto y Tasas en las Actividades
Artículo 24. Los Consejos Comunales del poder popular están exentos del pago de impuestos y tasas relacionadas con la inscripción y autenticación de documentos ante las oficinas de registro público y notarías.
Las donaciones que les sean otorgadas a los Consejos Comunales del poder popular de conformidad con la legislación vigente están exentas del pago de impuesto.
CAPÍTULO V
De la gestión y administración de los
recursos del Consejo Comunal del poder popular
Recursos
Artículo 25. Los Consejos Comunales del poder popular recibirán de manera directa los siguientes recursos:
1. Los que sean transferidos por los órganos y entes del Estado.
2. Los que provengan de los Fondos especiales para los Consejos Comunales del poder popular.
3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado.
4. Los generados por su actividad propia, incentivando el ahorro familiar voluntario, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos, así como los aportes voluntarios de la utilidad de los proyectos productivos financiados por el Banco Comunal.
5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico, exceptuando aquellas que estén en contradicción a los intereses de la patria o lesionen la soberanía nacional.
Manejo de los recursos
Artículo 26. El manejo de los recursos financieros establecidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se orientará de acuerdo a las decisiones aprobadas en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Tales decisiones serán recogidas en actas que deberán contener al menos la firma de la mayoría simple de las y los asistentes a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal del poder popular.
Los recursos financieros aprobados por el órgano o ente correspondiente para un determinado proyecto no podrán ser utilizados en otro distinto al que fue aprobado y destinado inicialmente.
Responsabilidad en la administración de los recursos
Artículo 27. Quienes administren los recursos a los que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, estarán obligados a llevar un registro de la administración con los soportes que demuestren los ingresos y desembolsos efectuados y tenerlos a disposición de la Unidad de Contraloría Social y demás miembros de la comunidad, a través del procedimiento que será establecido en el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Los voceros y las voceras del Banco Comunal incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa, según sea el caso, por los actos, hechos u omisiones contrarios a las disposiciones legales que regulen la materia; asimismo, deberán presentar declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República y copia del comprobante de la recepción de la misma ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
Apoyo en las actividades contraloras
Artículo 28. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana en conjunto con la Contraloría General de la República, brindarán los mecanismos para orientar en la correcta administración de los recursos y ejercer las actividades de Contraloría Social, que incluirá los instructivos técnicos y administrativos como parte del desarrollo del Ciclo del Poder Comunal, las herramientas para la rendición de cuentas e informes de gestión que deben ser presentados ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y demás órganos y entes del Estado.
Se garantizará la formación y asistencia en materia de contraloría social.
CAPÍTULO VI
Del Ciclo del Poder Comunal
Asesoría Integral
Artículo 29. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana brindará la asesoría integral al Consejo Comunal del poder popular, comités o comunas en la planificación del Ciclo del Poder Comunal, pudiendo crear equipos de apoyo técnico integral en las localidades según sea el caso o naturaleza de planes y proyectos aprobados en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Finalidad
Artículo 30. El Ciclo del Poder Comunal tiene como finalidad superar los problemas estructurales, desarrollar potencialidades de la comunidad y lograr la plena satisfacción de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO VII
De la Comuna
Comuna
Artículo 31. Las comunidades que conformen la comuna deben poseer una memoria histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comunes, con claros y definidos ejes territoriales diversos, que persiguen un modelo de sociedad colectiva de equidad y de justicia, y compartir un Plan de Gobierno Común, creado a partir de los planes comunales de cada Consejo Comunal del poder popular.
Los Consejos Comunales del poder popular son la célula básica de la comuna y mantendrán su identidad, territorialidad y su organización originaria, y podrán ser constituidas con un mínimo de dos (2) y hasta diez (10) comunidades.
Las comunidades indígenas establecerán las comunas de acuerdo a sus particularidades y formas de vida propias.
Declaración
Artículo 32. La decisión de constituir una comuna será tomada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de cada Consejo Comunal del poder popular, la cual será expresada en una declaración conjunta entre los Consejos Comunales del poder popular que pretendan integrar dicha comuna.
Finalidad
Artículo 33. La finalidad de las comunas es la solución de problemas comunes, la ejecución de planes y proyectos conjuntos que trascienden a sus capacidades, el desarrollo de actividades, la creación de Bancos Comunales y la seguridad y defensa integral de la patria.
CAPÍTULO VIII
Del Fondo Nacional de lo Consejos Comunales del poder popular
Fondo Nacional de los
Consejos Comunales del poder popular
Artículo 34. El Fondo Nacional de los Consejos Comunales del poder popular, estará adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana y se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y el Reglamento Orgánico respectivo. Tendrá una (1) junta directiva conformada por un presidente o presidenta, tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes, designados por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros y Ministras.
Objeto
Artículo 35. El Fondo Nacional de los Consejos Comunales del poder popular, tiene por objeto financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos, aprobados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana en sus componentes financieros y no financieros.
La transferencia de los recursos financieros se hará a través de los Bancos Comunales creados conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Los Consejos Comunales constituidos antes de la publicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tendrán plena vigencia y se garantiza la continuidad en la gestión para la ejecución de sus proyectos.
SEGUNDA: El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana efectuará de manera progresiva un proceso de regularización y adecuación de los Consejos Comunales a las disposiciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA. Queda derogada la Ley de los Consejos Comunales publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 5.806 de fecha 10 de abril de 2006.
miércoles, abril 30, 2008
jueves, abril 24, 2008
LA CARACAS QUE MERECEMOS TODOS
Ayer 23 de Abril, en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, Leopoldo López presentó ante un nutrido grupo de líderes comunitarios y sociales, los principales lineamientos de su propuesta para el Distrito Metroplitano de Caracas.
“La Caracas que Merecemos” como se denomina la propuesta de Leopoldo López, visualiza a Caracas como un espacio vital y humano. Como una ciudada pensada y realizada para sus habitantes; con base a los principios de inclusión social, equidad, tolerancia, eficiencia, transparencia, unión, participación y, visión de conjunto y largo plazo con la incorporación de las distintas instancias del gobierno metropolitano y de los gobiernos municipales. La propuesta de Leopoldo López implica una serie de desafíos muy interesantes, que le agregan un mayor atractivo. Veamos.
Uno de ellos, es la apuesta de Leopoldo López por la incorporación directa de la gente; tanto a su campaña como en la elaboración de su programa de gobierno metropolitano. Y en realidad, la consulta popular que pretende impulsar Leopoldo resulta una innovación audaz que le podría estructurar una sólida alianza con las amplias mayorías de la población del Área Metropolitana de Caracas. Las áreas de trabajo en las cuales se trabajarían conjuntamente con la ciudadanía serían:
- Bienestar Social
- Gobernabilidad y Participación
- Seguridad Humana
- Movilidad y Transporte
- Recuperación e Integración de Barrios
- Economía Social
- Medio Ambiente
El otro desafío que encarna la candidatura del actual Alcalde de Chacao, es que desde el oficialismo se pretende su “inhabilitación pólítica” en abierta violación al marco constitucional. Y es que Leopoldo López se ha venido convirtiendo en una esperanza real de cambio para todos aquellos ciudadanos que desean vivir en paz, en democracia y en libertad. En su discurso de ayer 23 de Abril, el joven dirigente de la naciente democracia social venezolana anunciaba que el próximo 5 de Agosto 2008 estaría inscribiendo su candidatura; por ante el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto del caso, es que cada día que pasa, el avance de la candidatura de Leopoldo López se convierte una creciente y dura realidad, para el oficialismo: el momento del cambio en democracia ha llegado y parece indetenible.
miércoles, abril 16, 2008
LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POLICÍA Y DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL
El gobierno nacional acaba de promulgar -vía habilitante-, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (LOSPCPN). Con esta ley se pretende sentar las bases institucionales para la gestión policial en los distintos niveles político-territoriales de la República. En un análisis frío, tres aspectos llaman la atención: su carácter marcadamente centralista, la incorporación de ciertos valores progresistas; y por último, la apertura hacia mecanismos de control y evaluación ciudadanos.
La Ley de Policía Nacional permite la intervención discrecional del gobierno central sobre las policiales estadales y municipales. Las policiales de esas entidades podrán ser intervenidas o suspendidas directamente, sin intermediación judicial del Ministerio Público o del Tribunal Supremo de Justicia. También la organización de las policías estadual y municipal y, la designación de sus autoridades tendrán que contar con el “visto bueno” del MPP de Relaciones Interiores y Justicia. La ley crea un Consejo General de Policía con representación de las policías regionales y locales; pero con un carácter meramente asesor y deliberativo. En otras palabras, el gobierno ha apelado al viejo modelo centralista para el tratamiento del tema de la seguridad pública.
La ley nos ofrece; sin embargo, algunas sorpresas como el respeto de los derechos humanos, la inclusión de otros valores progresistas; tales como: la actuación proporcional, la celeridad, la cooperación, la eficiencia, la información, la igualdad, la imparcialidad y la participación ciudadana. Otro aspecto resaltante es el control ciudadano sobre la gestión policial. La ley otorga a las organizaciones sociales y a los consejos comunales, facultades para la participación en la programación y control social de la gestión policial. Además, establece la obligación de los cuerpos policiales de rendir cuentas de su actividad pública; lo cual es positivo. Estos aspectos significan una apertura que los movimientos sociales y las comunidades organizadas no deberían desperdiciar.
Aún queda un amplio margen dudas razonables en cuanto a la aplicación eficaz de esta ley. La ideologización con que han venido siendo manipuladas las políticas públicas en materia de seguridad desde el gobierno nacional, crea un margen de incertidumbre ampliamente justificado. Tampoco el rendimiento decreciente de las ejecutorias públicas ofrece perspectivas halagadoras en el sector. Lo que pasa en el fondo es que el gobierno nacional no constituye un actor institucional confiable para la mayoría de la población del país; y esa condición afecta de manera notable, la credibilidad y la eficacia de sus acciones. En todo caso, habrá que esperar los primeros resultados de su aplicación. Estaremos pendientes.
La Ley de Policía Nacional permite la intervención discrecional del gobierno central sobre las policiales estadales y municipales. Las policiales de esas entidades podrán ser intervenidas o suspendidas directamente, sin intermediación judicial del Ministerio Público o del Tribunal Supremo de Justicia. También la organización de las policías estadual y municipal y, la designación de sus autoridades tendrán que contar con el “visto bueno” del MPP de Relaciones Interiores y Justicia. La ley crea un Consejo General de Policía con representación de las policías regionales y locales; pero con un carácter meramente asesor y deliberativo. En otras palabras, el gobierno ha apelado al viejo modelo centralista para el tratamiento del tema de la seguridad pública.
La ley nos ofrece; sin embargo, algunas sorpresas como el respeto de los derechos humanos, la inclusión de otros valores progresistas; tales como: la actuación proporcional, la celeridad, la cooperación, la eficiencia, la información, la igualdad, la imparcialidad y la participación ciudadana. Otro aspecto resaltante es el control ciudadano sobre la gestión policial. La ley otorga a las organizaciones sociales y a los consejos comunales, facultades para la participación en la programación y control social de la gestión policial. Además, establece la obligación de los cuerpos policiales de rendir cuentas de su actividad pública; lo cual es positivo. Estos aspectos significan una apertura que los movimientos sociales y las comunidades organizadas no deberían desperdiciar.
Aún queda un amplio margen dudas razonables en cuanto a la aplicación eficaz de esta ley. La ideologización con que han venido siendo manipuladas las políticas públicas en materia de seguridad desde el gobierno nacional, crea un margen de incertidumbre ampliamente justificado. Tampoco el rendimiento decreciente de las ejecutorias públicas ofrece perspectivas halagadoras en el sector. Lo que pasa en el fondo es que el gobierno nacional no constituye un actor institucional confiable para la mayoría de la población del país; y esa condición afecta de manera notable, la credibilidad y la eficacia de sus acciones. En todo caso, habrá que esperar los primeros resultados de su aplicación. Estaremos pendientes.
viernes, abril 11, 2008
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ACCIÓN
En Venezuela, los movimientos sociales se encuentran involucrados -de lleno- en un conjunto de debates y acciones en directa y legítima contraposición, a ciertas ejecutorias gubernamentales. Los temas que componen, con mayor o menor énfasis, esta agenda del debate entre el gobierno y la sociedad civil son la orientación curricular de la educación y el acceso a las instituciones de educación superior, la intervención estatal en propiedades agrícolas productivas o sobre asuntos más locales como el uso de los espacios públicos urbanos, y los medios de organización comunitaria.
El desarrollo de estos asuntos que ha sido complejo y desigual, nos refleja la dinámica actual de Venezuela. Las relaciones del binomio Estado-sociedad se vienen caracterizando por el conflicto con múltiples expresiones y con serias posibilidades de irse incrementando, paulatinamente. Al parecer, el gobierno nacional aún se resiste a aceptar los resultados del referendo consultivo del pasado 2 Diciembre, cuando la mayoría de la población desechó el modelo socialista que se ofrecía.
En el campo educativo, el gobierno acaba de sufrir una trascendental derrota. La propuesta de reforma curricular bolivariana, asentada más sobre criterios ideológico-políticos que sobre desarrollos didácticos y pedagógicos tuvo que ser “elegantemente” recogida y pospuesta por el propio Presidente Chávez. La propuesta educativa mostró la enorme brecha entre la visión que tiene el oficialismo sobre el tema educativo y, las verdaderas necesidades y urgencias del sector. También desnudó la muy baja calidad gerencial y técnica que predomina en el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), que pretendía imponer la reforma este mismo año.
En ese sentido, la propuesta presidencial de someter la reforma curricular a un proceso refrendario el próximo año suena más a propaganda que a otra cosa. En el tratamiento de la reforma curricular bolivariana, quedaron demostradas las reservas analíticas y propositivas de las organizaciones no gubernamentales del sector educativo y, la capacidad de movilización y lucha de los gremios educativos y las familias venezolanas.
El tema del acceso a las instituciones de educación superior ha sido otro asunto de importante relevancia en la agenda del país. Allí, la propuesta oficial pretende sustituir las pruebas de admisión interna de las universidades públicas y privadas, para garantizar el “acceso universal” a dichas instituciones; con base a un registro único de estudiantes y el simple promedio de notas (calificaciones) de los estudiantes de educación media.
Hasta el momento, la contienda no luce definida. Las universidades nacionales autónomas (por mandato constitucional) no eliminaron sus pruebas internas de selección. Por su parte, el gobierno nacional; a través de Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) accedió por este año a mantener los actuales mecanismos de admisión; mientras continúan las conversaciones con las autoridades universitarias, para alcanzar un acuerdo. Lo que queda claro es que, el debate en cuanto al ingreso al subsistema de educación superior se ha reducido a dos actores públicos como son: las autoridades universitarias y su contraparte gubernamental. El movimiento estudiantil independiente bajó su perfil en este caso.
Últimamente, se ha producido en el estado Lara una escalada de intervenciones en el sector agrícola. Hasta treinta y dos fincas en pleno proceso de producción –según la versión de sus dueños-, han sido intervenidas por autoridades públicas nacionales. El argumento esgrimido por los agentes gubernamentales, no es otro que la improductividad de la mayoría de esas fincas. Esta medida para muchos ciudadanos, no es otra cosa que la continuación de la arremetida del gobierno contra la iniciativa privada, en su afán de consolidar su posición de principal agente interventor en el desarrollo económico del país. Al respecto, baste recordar las recientes estatizaciones de las empresas cementeras y siderúrgicas que operaban en el país.
En esta situación, el tejido asociativo de productores de la zona –fundamentalmente vinculados a la producción de caña de azúcar-, ha comenzado a defender de manera legítima y por la vía jurídica sus propiedades. Todo indica que, los productores iniciarán su lucha para defenderse de aquellas que ha emprendido el Estado; bajo criterios poco transparentes.
El uso de los espacios públicos en el Área Metropolitana de Caracas cobró inusitada relevancia mediática, últimamente. Pasa que los terrenos de La Carlota se convirtieron en una especie de paradigma de las luchas vecinales urbanas. Lo más importante -en este caso-, es que los actores involucrados (autoridades públicas, nacionales y locales y voceros ciudadanos) comprendan que inician un proceso de negociación compartida y responsable, en el cual debe privilegiarse el sentido ético, la pertinencia técnica y el interés social para la definición del uso de ese espacio público.
Con mucho menos cobertura mediática, una alianza de veintisiete consejos comunales de la zona de Hoyo de La Puerta, en el municipio Baruta logró detener la construcción de una planta de transferencia de desechos sólidos. Con este evento, de nuevo, las comunidades organizadas propiciaron una contundente derrota a las autoridades del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a la Alcaldía de Baruta y a la empresa FOSPUCA (de carácter privado). Aquí el establecimiento de redes de cooperación entre los consejos comunales y otras organizaciones sociales del sector fue decisivo para detener, a quienes de manera inconsulta pretendían construir el depositario de desechos sólidos.
En el campo comunitario, vienen otros debates muy interesantes e igualmente trascendentes. Uno de ellos se dará alrededor de la nueva Ley de Los Consejos Comunales que ya prepara el gobierno nacional. En una versión de la reforma de esta ley –la segunda para el sector en dos años-, se ignora la relación de los consejos con las autoridades regionales y locales, modifica los mecanismos de elección de los voceros comunales, eleva el número de comités de trabajo y exige que los proyectos considerados por el consejo comunal, se ajusten al “modo de producción socialista”. Los consejos comunales se han convertido en “genuinos motores” de la protesta social que vienen realizando amplios sectores populares en todo el país de manera independiente; por lo tanto, es muy probable que un intento de cooptación ideológica se genere de nuevo un rechazo natural a esa iniciativa oficialista.
El desarrollo de estos asuntos que ha sido complejo y desigual, nos refleja la dinámica actual de Venezuela. Las relaciones del binomio Estado-sociedad se vienen caracterizando por el conflicto con múltiples expresiones y con serias posibilidades de irse incrementando, paulatinamente. Al parecer, el gobierno nacional aún se resiste a aceptar los resultados del referendo consultivo del pasado 2 Diciembre, cuando la mayoría de la población desechó el modelo socialista que se ofrecía.
En el campo educativo, el gobierno acaba de sufrir una trascendental derrota. La propuesta de reforma curricular bolivariana, asentada más sobre criterios ideológico-políticos que sobre desarrollos didácticos y pedagógicos tuvo que ser “elegantemente” recogida y pospuesta por el propio Presidente Chávez. La propuesta educativa mostró la enorme brecha entre la visión que tiene el oficialismo sobre el tema educativo y, las verdaderas necesidades y urgencias del sector. También desnudó la muy baja calidad gerencial y técnica que predomina en el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), que pretendía imponer la reforma este mismo año.
En ese sentido, la propuesta presidencial de someter la reforma curricular a un proceso refrendario el próximo año suena más a propaganda que a otra cosa. En el tratamiento de la reforma curricular bolivariana, quedaron demostradas las reservas analíticas y propositivas de las organizaciones no gubernamentales del sector educativo y, la capacidad de movilización y lucha de los gremios educativos y las familias venezolanas.
El tema del acceso a las instituciones de educación superior ha sido otro asunto de importante relevancia en la agenda del país. Allí, la propuesta oficial pretende sustituir las pruebas de admisión interna de las universidades públicas y privadas, para garantizar el “acceso universal” a dichas instituciones; con base a un registro único de estudiantes y el simple promedio de notas (calificaciones) de los estudiantes de educación media.
Hasta el momento, la contienda no luce definida. Las universidades nacionales autónomas (por mandato constitucional) no eliminaron sus pruebas internas de selección. Por su parte, el gobierno nacional; a través de Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) accedió por este año a mantener los actuales mecanismos de admisión; mientras continúan las conversaciones con las autoridades universitarias, para alcanzar un acuerdo. Lo que queda claro es que, el debate en cuanto al ingreso al subsistema de educación superior se ha reducido a dos actores públicos como son: las autoridades universitarias y su contraparte gubernamental. El movimiento estudiantil independiente bajó su perfil en este caso.
Últimamente, se ha producido en el estado Lara una escalada de intervenciones en el sector agrícola. Hasta treinta y dos fincas en pleno proceso de producción –según la versión de sus dueños-, han sido intervenidas por autoridades públicas nacionales. El argumento esgrimido por los agentes gubernamentales, no es otro que la improductividad de la mayoría de esas fincas. Esta medida para muchos ciudadanos, no es otra cosa que la continuación de la arremetida del gobierno contra la iniciativa privada, en su afán de consolidar su posición de principal agente interventor en el desarrollo económico del país. Al respecto, baste recordar las recientes estatizaciones de las empresas cementeras y siderúrgicas que operaban en el país.
En esta situación, el tejido asociativo de productores de la zona –fundamentalmente vinculados a la producción de caña de azúcar-, ha comenzado a defender de manera legítima y por la vía jurídica sus propiedades. Todo indica que, los productores iniciarán su lucha para defenderse de aquellas que ha emprendido el Estado; bajo criterios poco transparentes.
El uso de los espacios públicos en el Área Metropolitana de Caracas cobró inusitada relevancia mediática, últimamente. Pasa que los terrenos de La Carlota se convirtieron en una especie de paradigma de las luchas vecinales urbanas. Lo más importante -en este caso-, es que los actores involucrados (autoridades públicas, nacionales y locales y voceros ciudadanos) comprendan que inician un proceso de negociación compartida y responsable, en el cual debe privilegiarse el sentido ético, la pertinencia técnica y el interés social para la definición del uso de ese espacio público.
Con mucho menos cobertura mediática, una alianza de veintisiete consejos comunales de la zona de Hoyo de La Puerta, en el municipio Baruta logró detener la construcción de una planta de transferencia de desechos sólidos. Con este evento, de nuevo, las comunidades organizadas propiciaron una contundente derrota a las autoridades del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a la Alcaldía de Baruta y a la empresa FOSPUCA (de carácter privado). Aquí el establecimiento de redes de cooperación entre los consejos comunales y otras organizaciones sociales del sector fue decisivo para detener, a quienes de manera inconsulta pretendían construir el depositario de desechos sólidos.
En el campo comunitario, vienen otros debates muy interesantes e igualmente trascendentes. Uno de ellos se dará alrededor de la nueva Ley de Los Consejos Comunales que ya prepara el gobierno nacional. En una versión de la reforma de esta ley –la segunda para el sector en dos años-, se ignora la relación de los consejos con las autoridades regionales y locales, modifica los mecanismos de elección de los voceros comunales, eleva el número de comités de trabajo y exige que los proyectos considerados por el consejo comunal, se ajusten al “modo de producción socialista”. Los consejos comunales se han convertido en “genuinos motores” de la protesta social que vienen realizando amplios sectores populares en todo el país de manera independiente; por lo tanto, es muy probable que un intento de cooptación ideológica se genere de nuevo un rechazo natural a esa iniciativa oficialista.
martes, abril 08, 2008
SIGUIENDO LA RUTA ELECTORAL
Los próximos comicios se celebrarán, justo cuando los partidos políticos se encuentran en un proceso de recomposición y, los movimientos sociales y comunitarios incrementan su actividad reivindicativa. Pero lo más importante es que, las elecciones regionales de Noviembre están modelando la conducta política del gobierno y de los distintos factores de la oposición; y esto es muy alentador.
La construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continúa su curso, de arriba hacia abajo, y del centro a la periferia (como reza, la vieja consigna). Por supuesto, no habrá mucha participación de la base en ese proceso de construcción partidista. Así fue como la designación de las presidencias regionales, obedeció a una racionalidad burocrática que ignoró por completo el proceso de votación realizado. Sin embargo, el PSUV se encuentra ahora más estructurado, a un alto costo institucional y financiero; pero al menos respira.
El oficialismo afrontará el venidero proceso electoral con el PSUV como plataforma electoral. El polo patriótico cumplirá una doble función: servir como medio para articular acuerdos con los aliados menores pro-gubernamentales; y, presentar una “fachada plural”; ante la opinión pública, nacional e internacional.
El tema de las candidaturas oficialistas se resolverá de manera vertical y, con base a la lealtad revolucionaria como condición predominante. Por supuesto, y como andan las cosas dentro del movimiento popular chavista -ante candidaturas impuestas-, es muy probable que se presenten disensiones y fracturas en distintos ámbitos locales. No parece fácil ignorar los liderazgos naturales. El oficialismo sabe que le urge cohesión interna para afrontar las elecciones. De allí, el secreto con que se están manejando –y definiendo- las candidaturas en el PSUV. Ya el país conocerá sus nombres; muy probablemente a través de un “show mediático” desde algún espacio público.
Por lo demás, la figura presidencial será el apoyo propagandístico de fondo de las candidaturas gubernamentales. El gobierno sabiéndose en desventaja, trata de ganar terreno; mediante la posposición de conflictos –censura a los medios, reforma curricular, aeródromo de La Carlota- que le permita desmovilizar la protesta social o incluso por medio de la “inhabilitación electoral” de candidatos claves para la oposición. Y si bien este último truco, tendría un altísimo costo político nacional y en la imagen internacional del régimen, no dudamos que sea empleado ante el desasosiego que provoque una derrota político-electoral inminente.
La buena noticia en el sector de la oposición fue la presentación el pasado Jueves 3 de Abril de las bases filosóficas y programáticas del partido Un Nuevo Tiempo. Con ello, la democracia social en Venezuela tiene un rostro nuevo. En términos generales, este evento pone sobre la mesa el rescate de una gestión partidista fundamentada en principios ideológicos, éticos y políticos. En Venezuela, las organizaciones partidistas perdieron mucho de esto; convirtiéndose más bien en franquicias dependientes de los intereses particulares de su principal lider. Por supuesto, esta desviación erosionó significativamente el tejido político venezolano; contribuyendo a la crisis que padece el país desde hace rato. Para que haya una democracia auténtica y fuerte se necesita un tejido político también robusto, fundamentado en organizaciones partidistas formadas ideológicamente; cuya gestión genere valor agregado a la dinámica política de ese sistema. Ese es uno de los retos que se tienen planteados hoy en Venezuela.
En el campo de la oposición, el tema electoral ha estado basado más en el carisma –o el mero interés personal- de algunos líderes individuales que en un análisis político de calidad sobre la coyuntura política. Claro que encontramos excepciones y liderazgos naturales indiscutibles. La candidatura de Leopoldo López a la Alcaldía Metropolitana de Caracas es sin dudas, una de esas excepciones.
La presencia de varios líderes nacionales –ex parlamentarios- en la carrera por la nominación a cargos de naturaleza local (sobre todo alcaldías), nos produce curiosidad. Por supuesto, que ellos tienen el legítimo derecho a ofrecer sus capacidades políticas, profesionales y técnicas para impulsar planes de desarrollo local; sin embargo, nos atrevemos a sugerirles de la manera más constructiva que reflexionen muy sobre su aspiración actual. Deben recordar que, el próximo año (2009)habrá elecciones parlamentarias.
Sobre este particular, Julio Andrés Borges es un ejemplo de lo que podría ser una adecuada ponderación del uso de sus responsabilidades como dirigente nacional. Y es que el dirigente de Primero Justicia, a pesar de su indiscutible proyección nacional, no se aprovechó de ello para postularse a cargo alguno en estos comicios electorales.
Para la oposición, el proceso más álgido será definir las candidaturas unitarias. Sobre ese tema, los partidos que suscribieron el “acuerdo de unidad” del 23 de Enero de 2008, anunciaron recientemente la estructuración de un cronograma de trabajo que los lleve sucesivamente a definir las pre-candidaturas internas; para luego ir determinando aquellas candidaturas unitarias para cada gobernación o alcaldía. Este proceso que será muy discutido indudablemente, no debería confrontar mayores dificultades entre los partidos firmantes, si en realidad hay una vocación unitaria.
Tal vez la mayor resistencia a los acuerdos unitarios provenga de aquellas candidaturas independientes o autodenominadas de la “sociedad civil”, que intenten presentarse como una alternativa anti-partido o anti-política. Otra pifia que cometen ciertos dirigentes y líderes de opinión es contraponer las crecientes luchas sociales con el proceso electoral de Noviembre. Para ello, argumentan que en el país hay muchos problemas o que Venezuela se cae a pedazos, o que la oposición está “encandilada” con las elecciones. Craso error.
Esta posición política no reconoce que, buena parte de la solución a los problemas que sufre el país y padecemos todos los ciudadanos comunes, pasan por el ejercicio democrático del voto. Las elecciones (directas, universales y secretas) son el mecanismo idóneo para reemplazar gobiernos incapaces y, también para que el movimiento popular exprese sus opiniones e incida de manera protagónica en el rumbo del Estado. De la misma manera, una separación aséptica entre luchas sociales y luchas políticas y electorales, nos refleja una óptica analítica muy tradicional que no termina de comprender lo que ocurre en el país.
En el terreno de la lucha social, los casos de la reforma curricular bolivariana, el debate en torno a la base aérea de La Carlota, la suspensión de la construcción de la planta de tratamiento de desechos sólidos en Hoyo de La Puerta, más que el “frenazo gubernamental” (que sí pasó, y, en distintos niveles y sectores), también nos deja claro; por lo menos que emerge en Venezuela una nueva correlación de fuerzas en el binomio Estado-sociedad; que así mismo la población ha adquirido más conciencia y mayor disposición para defender sus derechos constitucionales y; por último, que aparecen nuevos actores sociales y políticos que también aspiran a participar en los procesos gubernamentales.
Las elecciones regionales de Noviembre serán una oportunidad para sincerar la recomposición política y social que hay ahora en el país. Y por otra parte, pudieran significar la consolidación de los valores democráticos, que con mucho empeño han tratado de borrar de la cultura del venezolano, algunos sectores durante todos estos años.
La construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continúa su curso, de arriba hacia abajo, y del centro a la periferia (como reza, la vieja consigna). Por supuesto, no habrá mucha participación de la base en ese proceso de construcción partidista. Así fue como la designación de las presidencias regionales, obedeció a una racionalidad burocrática que ignoró por completo el proceso de votación realizado. Sin embargo, el PSUV se encuentra ahora más estructurado, a un alto costo institucional y financiero; pero al menos respira.
El oficialismo afrontará el venidero proceso electoral con el PSUV como plataforma electoral. El polo patriótico cumplirá una doble función: servir como medio para articular acuerdos con los aliados menores pro-gubernamentales; y, presentar una “fachada plural”; ante la opinión pública, nacional e internacional.
El tema de las candidaturas oficialistas se resolverá de manera vertical y, con base a la lealtad revolucionaria como condición predominante. Por supuesto, y como andan las cosas dentro del movimiento popular chavista -ante candidaturas impuestas-, es muy probable que se presenten disensiones y fracturas en distintos ámbitos locales. No parece fácil ignorar los liderazgos naturales. El oficialismo sabe que le urge cohesión interna para afrontar las elecciones. De allí, el secreto con que se están manejando –y definiendo- las candidaturas en el PSUV. Ya el país conocerá sus nombres; muy probablemente a través de un “show mediático” desde algún espacio público.
Por lo demás, la figura presidencial será el apoyo propagandístico de fondo de las candidaturas gubernamentales. El gobierno sabiéndose en desventaja, trata de ganar terreno; mediante la posposición de conflictos –censura a los medios, reforma curricular, aeródromo de La Carlota- que le permita desmovilizar la protesta social o incluso por medio de la “inhabilitación electoral” de candidatos claves para la oposición. Y si bien este último truco, tendría un altísimo costo político nacional y en la imagen internacional del régimen, no dudamos que sea empleado ante el desasosiego que provoque una derrota político-electoral inminente.
La buena noticia en el sector de la oposición fue la presentación el pasado Jueves 3 de Abril de las bases filosóficas y programáticas del partido Un Nuevo Tiempo. Con ello, la democracia social en Venezuela tiene un rostro nuevo. En términos generales, este evento pone sobre la mesa el rescate de una gestión partidista fundamentada en principios ideológicos, éticos y políticos. En Venezuela, las organizaciones partidistas perdieron mucho de esto; convirtiéndose más bien en franquicias dependientes de los intereses particulares de su principal lider. Por supuesto, esta desviación erosionó significativamente el tejido político venezolano; contribuyendo a la crisis que padece el país desde hace rato. Para que haya una democracia auténtica y fuerte se necesita un tejido político también robusto, fundamentado en organizaciones partidistas formadas ideológicamente; cuya gestión genere valor agregado a la dinámica política de ese sistema. Ese es uno de los retos que se tienen planteados hoy en Venezuela.
En el campo de la oposición, el tema electoral ha estado basado más en el carisma –o el mero interés personal- de algunos líderes individuales que en un análisis político de calidad sobre la coyuntura política. Claro que encontramos excepciones y liderazgos naturales indiscutibles. La candidatura de Leopoldo López a la Alcaldía Metropolitana de Caracas es sin dudas, una de esas excepciones.
La presencia de varios líderes nacionales –ex parlamentarios- en la carrera por la nominación a cargos de naturaleza local (sobre todo alcaldías), nos produce curiosidad. Por supuesto, que ellos tienen el legítimo derecho a ofrecer sus capacidades políticas, profesionales y técnicas para impulsar planes de desarrollo local; sin embargo, nos atrevemos a sugerirles de la manera más constructiva que reflexionen muy sobre su aspiración actual. Deben recordar que, el próximo año (2009)habrá elecciones parlamentarias.
Sobre este particular, Julio Andrés Borges es un ejemplo de lo que podría ser una adecuada ponderación del uso de sus responsabilidades como dirigente nacional. Y es que el dirigente de Primero Justicia, a pesar de su indiscutible proyección nacional, no se aprovechó de ello para postularse a cargo alguno en estos comicios electorales.
Para la oposición, el proceso más álgido será definir las candidaturas unitarias. Sobre ese tema, los partidos que suscribieron el “acuerdo de unidad” del 23 de Enero de 2008, anunciaron recientemente la estructuración de un cronograma de trabajo que los lleve sucesivamente a definir las pre-candidaturas internas; para luego ir determinando aquellas candidaturas unitarias para cada gobernación o alcaldía. Este proceso que será muy discutido indudablemente, no debería confrontar mayores dificultades entre los partidos firmantes, si en realidad hay una vocación unitaria.
Tal vez la mayor resistencia a los acuerdos unitarios provenga de aquellas candidaturas independientes o autodenominadas de la “sociedad civil”, que intenten presentarse como una alternativa anti-partido o anti-política. Otra pifia que cometen ciertos dirigentes y líderes de opinión es contraponer las crecientes luchas sociales con el proceso electoral de Noviembre. Para ello, argumentan que en el país hay muchos problemas o que Venezuela se cae a pedazos, o que la oposición está “encandilada” con las elecciones. Craso error.
Esta posición política no reconoce que, buena parte de la solución a los problemas que sufre el país y padecemos todos los ciudadanos comunes, pasan por el ejercicio democrático del voto. Las elecciones (directas, universales y secretas) son el mecanismo idóneo para reemplazar gobiernos incapaces y, también para que el movimiento popular exprese sus opiniones e incida de manera protagónica en el rumbo del Estado. De la misma manera, una separación aséptica entre luchas sociales y luchas políticas y electorales, nos refleja una óptica analítica muy tradicional que no termina de comprender lo que ocurre en el país.
En el terreno de la lucha social, los casos de la reforma curricular bolivariana, el debate en torno a la base aérea de La Carlota, la suspensión de la construcción de la planta de tratamiento de desechos sólidos en Hoyo de La Puerta, más que el “frenazo gubernamental” (que sí pasó, y, en distintos niveles y sectores), también nos deja claro; por lo menos que emerge en Venezuela una nueva correlación de fuerzas en el binomio Estado-sociedad; que así mismo la población ha adquirido más conciencia y mayor disposición para defender sus derechos constitucionales y; por último, que aparecen nuevos actores sociales y políticos que también aspiran a participar en los procesos gubernamentales.
Las elecciones regionales de Noviembre serán una oportunidad para sincerar la recomposición política y social que hay ahora en el país. Y por otra parte, pudieran significar la consolidación de los valores democráticos, que con mucho empeño han tratado de borrar de la cultura del venezolano, algunos sectores durante todos estos años.
viernes, abril 04, 2008
¿UN PACTO DE ELITES PARA CARACAS?
Un grupo de académicos y expertos vecinales ha propuesto la firma de “un acuerdo” suscrito por los aspirantes a esa Alcaldía, para resolver el problema de la gobernabilidad capitalina. El pacto se basaría en un programa elaborado por ese mismo grupo e incluiría; entre otros aspectos: la atención a los barrios, el transporte público, la inseguridad o el destino de los espacios públicos como La Carlota. Este acuerdo se encontraría en plena elaboración y, sería presentado a los distintos aspirantes en el mes de Julio, para su adhesión; so pena de recibir una “sanción electoral”, de parte del grupo proponente. Se trataría de esta manera de construir un consenso alrededor de un proyecto para Caracas.
Esta receta muestra algunas debilidades: i) se parte de una premisa falsa: la gobernabilidad democrática depende de un acuerdo de cúpulas o de élites. En realidad, la gobernabilidad si es democrática, depende de la participación popular que le otorga el sufragio, ii) la propuesta de acuerdo tendría que emerger de un proceso de consulta amplio y, no solamente de la visión privilegiada de un grupo de presión; iii) este nuevo pacto de élites constituye la reproducción del “viejo estilo de hacer política”, que tanto se crítica en Venezuela por su falta de transparencia y, que al parecer aún ofrece su resistencia; y, iv) la firma del acuerdo entre candidatos no garantiza eficacia política para establecer la gobernabilidad requerida para el proceso de transformación que tiene planteado el Área Metropolitana de Caracas. Pero entonces, ¿se puede hacer algo constructivo? Por supuesto que sí.
En principio, cualquier grupo de ciudadanos puede emprender iniciativas políticas. Eso es un derecho humano fundamental e indiscutible. Empero, si realmente se desea crear las bases para un proceso de compromiso político para la transformación de Caracas, habría que articular espacios de encuentro con vecindades y comunidades organizadas, con consejos comunales y con movimientos sociales; es decir, con la población que recibiría los supuestos beneficios de un “pacto de gobernabilidad”.
¿Por qué la academia no puede salir de su torre de marfil y compartir –con humildad y franqueza-, las luchas del ciudadano común? ¿Acaso no se confía en la participación de la población para realizar un proceso de cambio? Académicos y especialistas tienen una magnífica oportunidad de incorporarse, ya, justo en este momento a la lucha vecinal, alrededor del uso de los espacios públicos en la ciudad; tales como: La Carlota, la ampliación del Parque del Oeste o de la zona protectora de Caracas.
Nos parece errado, la pretensión de resolver los problemas sociales y urbanos del Área Metropolitana de Caracas; con base a un “acuerdo de élites”. El “pactismo cupular” suele conducir al establecimiento de mecanismos de negociación excluyentes, que terminan favoreciendo a sectores muy particulares y privilegiados.
Esta receta muestra algunas debilidades: i) se parte de una premisa falsa: la gobernabilidad democrática depende de un acuerdo de cúpulas o de élites. En realidad, la gobernabilidad si es democrática, depende de la participación popular que le otorga el sufragio, ii) la propuesta de acuerdo tendría que emerger de un proceso de consulta amplio y, no solamente de la visión privilegiada de un grupo de presión; iii) este nuevo pacto de élites constituye la reproducción del “viejo estilo de hacer política”, que tanto se crítica en Venezuela por su falta de transparencia y, que al parecer aún ofrece su resistencia; y, iv) la firma del acuerdo entre candidatos no garantiza eficacia política para establecer la gobernabilidad requerida para el proceso de transformación que tiene planteado el Área Metropolitana de Caracas. Pero entonces, ¿se puede hacer algo constructivo? Por supuesto que sí.
En principio, cualquier grupo de ciudadanos puede emprender iniciativas políticas. Eso es un derecho humano fundamental e indiscutible. Empero, si realmente se desea crear las bases para un proceso de compromiso político para la transformación de Caracas, habría que articular espacios de encuentro con vecindades y comunidades organizadas, con consejos comunales y con movimientos sociales; es decir, con la población que recibiría los supuestos beneficios de un “pacto de gobernabilidad”.
¿Por qué la academia no puede salir de su torre de marfil y compartir –con humildad y franqueza-, las luchas del ciudadano común? ¿Acaso no se confía en la participación de la población para realizar un proceso de cambio? Académicos y especialistas tienen una magnífica oportunidad de incorporarse, ya, justo en este momento a la lucha vecinal, alrededor del uso de los espacios públicos en la ciudad; tales como: La Carlota, la ampliación del Parque del Oeste o de la zona protectora de Caracas.
Nos parece errado, la pretensión de resolver los problemas sociales y urbanos del Área Metropolitana de Caracas; con base a un “acuerdo de élites”. El “pactismo cupular” suele conducir al establecimiento de mecanismos de negociación excluyentes, que terminan favoreciendo a sectores muy particulares y privilegiados.
martes, abril 01, 2008
LA CARLOTA EN UNA MESA (DE TRABAJO)
La intervención del gobierno nacional; a través del Vice-Presidente Carrizales en el conflicto de La Carlota, trajo varios beneficios directos: primero, logró una tregua que permitió reposicionar y refrescar la imagen oficial ante la opinión pública, segundo, produjo el reconocimiento –como interlocutor válido- al movimiento vecinal aledaño a la base aérea y sus reclamaciones sobre las obras que allí se adelantaban y, tercero, redimensionó el ámbito del problema y difuminó la base social que puede ahora participar en el largo proceso de consulta ciudadana propuesto.
También la intervención del alto gobierno, omitió las iniciativas del Cabildo Metropolitano que venía asumiendo compromisos con los vecinos para la solución del problema; es decir, en el sector público, el poder central asumió el liderazgo. El riesgo de esta circunstancia es que ahora se concentren y se centralicen ciertas decisiones, en detrimento de las atribuciones de la Alcaldía Metropolitana y de los municipios que componen Caracas. Por tanto, es necesario recordarle al gobierno nacional, que se encuentra en la obligación de aceptar la presencia y la participación de las autoridades municipales locales, con sus respectivos planes de gestión ambiental y territorial; con el propósito de hilvanar un proyecto metropolitano coherente y con posibilidades reales de coordinación. De no ocurrir esto, se creará inevitablemente un conflicto adicional.
Pero siendo optimistas, nos encontramos frente a una oportunidad formidable para tratar un tema especialmente estratégico como es el referido al uso de los espacios públicos en Caracas de manera democrática, incluyente y participativa. Y es que con las mesas de trabajo, propuestas por el gobierno, se podría impulsar una experiencia de planificación democrática del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad capital. Todo dependerá de la capacidad de construir consensos; por parte de los actores participantes.
En tal sentido, las autoridades públicas y la vocería ciudadana (especialmente) necesitan adquirir conciencia plena de que apenas inician un proceso técnico y político de formulación, discusión y evaluación de alternativas. Y que, en dicho proceso no siempre habrá visiones coincidentes. Así que, tener paciencia no es malo.
Las condiciones del conflicto de La Carlota cambiaron sustancialmente. El Estado central luce ahora con relativa ventaja para negociar ante una sociedad civil diversa y con enfoques quizás encontrados. Sin embargo, si la representación del gobierno nacional se empecina en imponer su visión y su proyecto para La Carlota, sólo agravará la disputa –especialmente con los sectores medios- y las repercusiones electorales que justamente trata de evitar. Del otro lado, si el movimiento vecinal se limita a “patalear”, por una mera consigna enunciativa; sin otro aporte cualitativo, muy probablemente termine aislado. Los promotores vecinales deben comprender que de ahora en adelante, el tema de La Carlota sobrepasó la dimensión de las urbanizaciones de Chuao o El Cafetal; por lo que tendrán que aumentar sus capacidades estratégicas, técnicas y operativas.
Un fracaso de la mesa de trabajo metropolitana significaría el desperdicio de una magnífica oportunidad para contribuir con el desarrollo urbano democrático, incluyente y sustentable de Caracas. Apostemos entonces a su éxito.
También la intervención del alto gobierno, omitió las iniciativas del Cabildo Metropolitano que venía asumiendo compromisos con los vecinos para la solución del problema; es decir, en el sector público, el poder central asumió el liderazgo. El riesgo de esta circunstancia es que ahora se concentren y se centralicen ciertas decisiones, en detrimento de las atribuciones de la Alcaldía Metropolitana y de los municipios que componen Caracas. Por tanto, es necesario recordarle al gobierno nacional, que se encuentra en la obligación de aceptar la presencia y la participación de las autoridades municipales locales, con sus respectivos planes de gestión ambiental y territorial; con el propósito de hilvanar un proyecto metropolitano coherente y con posibilidades reales de coordinación. De no ocurrir esto, se creará inevitablemente un conflicto adicional.
Pero siendo optimistas, nos encontramos frente a una oportunidad formidable para tratar un tema especialmente estratégico como es el referido al uso de los espacios públicos en Caracas de manera democrática, incluyente y participativa. Y es que con las mesas de trabajo, propuestas por el gobierno, se podría impulsar una experiencia de planificación democrática del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad capital. Todo dependerá de la capacidad de construir consensos; por parte de los actores participantes.
En tal sentido, las autoridades públicas y la vocería ciudadana (especialmente) necesitan adquirir conciencia plena de que apenas inician un proceso técnico y político de formulación, discusión y evaluación de alternativas. Y que, en dicho proceso no siempre habrá visiones coincidentes. Así que, tener paciencia no es malo.
Las condiciones del conflicto de La Carlota cambiaron sustancialmente. El Estado central luce ahora con relativa ventaja para negociar ante una sociedad civil diversa y con enfoques quizás encontrados. Sin embargo, si la representación del gobierno nacional se empecina en imponer su visión y su proyecto para La Carlota, sólo agravará la disputa –especialmente con los sectores medios- y las repercusiones electorales que justamente trata de evitar. Del otro lado, si el movimiento vecinal se limita a “patalear”, por una mera consigna enunciativa; sin otro aporte cualitativo, muy probablemente termine aislado. Los promotores vecinales deben comprender que de ahora en adelante, el tema de La Carlota sobrepasó la dimensión de las urbanizaciones de Chuao o El Cafetal; por lo que tendrán que aumentar sus capacidades estratégicas, técnicas y operativas.
Un fracaso de la mesa de trabajo metropolitana significaría el desperdicio de una magnífica oportunidad para contribuir con el desarrollo urbano democrático, incluyente y sustentable de Caracas. Apostemos entonces a su éxito.
lunes, marzo 31, 2008
LA BATALLA POR LA BASE AÉREA DE LA CARLOTA
La construcción de un núcleo de viviendas en los terrenos de la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” generó un conflicto de intereses entre los movimientos sociales, las autoridades públicas y los operadores políticos que confluyen en el Área Metropolitana de Caracas. La disputa sobre el uso de los terrenos del aeropuerto de “La Carlota”, no parece tener una solución cierta; por ahora. Sin embargo, el caso replantea de nuevo el debate –también inconcluso- sobre la calidad de las políticas públicas, en cuanto a la utilización de los espacios públicos en el ámbito capitalino.
El aeródromo de “La Carlota”, fue creado en 1945 por iniciativa privada. A partir de 1947 fue integrado al componente aéreo de las Fuerzas Armadas Nacionales, convirtiéndose de esa manera, en una base militar. Esto no impidió, que en la base aérea cohabitara la aviación militar con la civil, por casi sesenta años; hasta que el gobierno nacional restringiera su uso mediante Decreto 38.087, de fecha 15-12-2004. Con esta medida, más de doscientas aeronaves privadas tuvieron que ser “mudadas” por sus dueños a otros aeródromos o aeropuertos nacionales.
La base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” es una instalación militar; allí estuvo la sede del Comando Estratégico de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional, hasta su reciente traslado a la ciudad de Maracay. Por su naturaleza jurídica, la gestión de esta dependencia militar corresponde al poder central. Ahora bien, la base militar se encuentra ubicada justo en el Área Metropolitana de Caracas. Su extensión alcanza unas 108 hectáreas; y, limita con tres de los cinco municipios (Baruta, Chacao y Sucre), que integran la capital de la República. Por ende, la administración de “La Carlota” tiene que considerar a las autoridades públicas metropolitanas y municipales; y mucho más en un marco de competencias gubernamentales descentralizado y concurrente.
La ubicación geográfica del “enclave militar” determina su relación directa con la ciudad; y, con la calidad de vida de los habitantes de sus zonas aledañas. A lo largo de su historia, el aeródromo de “La Carlota” ha funcionado como un espacio público, si se quiere hasta natural, con el que cuenta el Área Metropolitana de Caracas, para ocasiones relevantes. En tal sentido, baste recordar que la base aérea ha sido utilizada para la realización de espectáculos públicos musicales, para ferias y exposiciones nacionales e internacionales. ¿Y no fue acaso, en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” donde el Papa Juan Pablo II, realizó su histórico encuentro con miles de feligreses en Febrero de 1996? ¿Y no ha sido justamente allí, en ese mismo espacio, donde el gobierno nacional ha organizado últimamente las denominadas ferias internacionales del turismo?
La disputa por el destino final de los terrenos de “La Carlota” delata además, las inconsistencias de los actores involucrados en el problema. Primero que nada, quedó clara la violación del Presidente Chávez de los mecanismos de consulta ciudadana que contempla el ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; y, que sin duda aplican a ese tipo de decisiones. Y es que una decisión de esta cualidad específica tiene que ser sometida a un proceso de consulta popular. No realizar ese proceso consultivo, podría acarrear la nulidad de ese acto administrativo.
Otro elemento álgido, ha sido la incapacidad pública y manifiesta de los distintos niveles de gobierno -nacional, estadal, metropolitano y municipal- para establecer una visión de conjunto sobre el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios públicos en la ciudad de Caracas. De igual manera, el respeto de los derechos de todos los habitantes y su inclusión en los procesos de formulación, gestión y control de las políticas públicas ha sido de nuevo vulnerado por esas mismas autoridades.
La actitud de las agencias gubernamentales involucradas; tales como: los ministerios de Vivienda y Habitat y de Ciencia y Tecnología no han cumplido con la obligación de brindar información veraz y oportuna; y de rendir cuentas a los sectores sociales interesados e involucrados. Estas circunstancias podrían generar inevitables opacidades, en cuanto a la ejecución de los presupuestos públicos asignados para las obras proyectadas por el gobierno. El Cabildo Metropolitano; aunque con bastante retraso, y de forma reactiva ante la presión vecinal, trata ahora de reconducir políticamente el conflicto, buscando la conciliación de las visiones contrapuestas.
Un pequeño grupo de asociaciones vecinales del sureste de Caracas –representante de los sectores medios que habitan en esa zona- asumió el liderazgo de la lucha social, contra la construcción de las seiscientas viviendas y del parque temático en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, anunciadas como obras por el gobierno nacional. Y en realidad, las protestas y las iniciativas presentadas por esta “alianza vecinal” no carecen de legitimidad; por el contrario, indican un alto compromiso para defender sus intereses particulares o las causas que perciben como justas. Otra cosa muy distinta, es que el propósito de la lucha de los vecinos de estas urbanizaciones, sea entendido y compartido por el resto de las comunidades organizadas del municipio Baruta y del resto del Área Metropolitana de Caracas. Su capacidad de establecer redes de cooperación y alianzas con otros sectores; aún está por verse. Si esto no ocurre, el movimiento se debilitará progresivamente.
Por otra parte, el movimiento vecinal pareciera agotar su actividad con la introducción de un recurso jurídico de amparo que logre detener las obras que se adelantan hasta ahora, en la base aérea. De la misma forma, la propuesta del “parque verde” debería ser sustentada técnicamente para que logre superar el nivel superficial de “consigna de lucha”, que por ahora ostenta. ¿Además, no podrían acaso conjugarse los proyectos de un parque verde con un parque tecnológico?
Una de las expresiones asociativas que mantiene una posición más contundente y seria en este proceso es el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En efecto, el CAV viene proponiendo desde hace meses la realización de un “concurso de ideas” que pueda generar sinergia alrededor del tema del desarrollo urbano sustentable de la zona de La Carlota. El problema básico de esta propuesta es su alcance, que puede ser limitado sino es asumido por algunos de los actores que protagonizan el conflicto en la actualidad. En todo caso, desaprovechar las propuestas del CAV sería cometer un craso error.
Los actores políticos son los otros factores se han presentes en este evento. La movilización social alrededor de la base aérea se produce en una zona catalogada de interés estratégico por el gobierno. Por si fuera poco, el conflicto se produce justamente antes de las elecciones regionales y locales de las autoridades públicas de ese ámbito. En tal sentido y, pese a la objeción de algunos sectores vecinales, la participación de algunos precandidatos en los eventos aparenta ser un fenómeno natural. Después de todo, son figuras públicas que pudieran aportar conocimientos específicos a la lucha emprendida por los vecinos; y obtener para ellos, algunos apoyos específicos que les hagan subir en las encuestas.
Por otra parte, el oficialismo luce replegado y sin mucha capacidad de respuesta. El Alcalde Metropolitano ha insinuado su desacuerdo con la construcción de viviendas. Otros voceros oficialistas -esta vez desde el Cabildo Metropolitano-, han mantenido una posición institucional de bajo perfil; mientras quizás esperan el desgaste natural del movimiento. Desde esa misma instancia, la oposición ha sido un tanto más proactiva y ha propuesto un proceso de consulta que involucre a autoridades, académicos y ciudadanos. El Concejo Municipal de Baruta–conciente de la fuerza que tiene el movimiento vecinal en Chuao-, otorgó un derecho de palabra a los representantes vecinales para que expongan en esa Cámara, sus puntos de vista sobre el problema (la actividad se realizará el próximo Martes 1° de Abril). Mientras que el Cabildo Metropolitano realizará otro cabildo abierto (el jueves 3 de Abril); esta vez en el Parque del Este. En todo caso, y con relación a las implicaciones de este caso, los actores políticos encendieron sus alarmas. Ellos están muy claros en la trascendencia del asunto que tienen frente a sí.
La problemática de La Carlota no se resolverá en el corto plazo; salvo que se vuelvan a omitir los derechos que tienen todos los ciudadanos al disfrute democrático y equitativo de la ciudad y de sus espacios públicos. El tema de la base aérea de La Carlota tiene que evaluarse bajo una perspectiva de inclusión, de solidaridad y donde el tratamiento de los espacios públicos y el suelo urbano se correspondan con el interés ambiental, cultural y social de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La batalla por el aeródromo de La Carlota trasciende por mucho el debate sobre la construcción de un grupo de viviendas o de un parque verde o temático. En esta batalla, se pelea por el ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación corresponsable en la planificación y la gestión de la ciudad. De la misma forma, es el momento de exigir y hacer valer los derechos por el diseño y ejecución de políticas públicas urbanas y ambientales de calidad, sustentables, presupuestadas con responsabilidad, con respeto al patrimonio histórico y cultural de Caracas y, orientadas estratégicamente hacia la prevención de su crecimiento urbanístico desordenado.
El aeródromo de “La Carlota”, fue creado en 1945 por iniciativa privada. A partir de 1947 fue integrado al componente aéreo de las Fuerzas Armadas Nacionales, convirtiéndose de esa manera, en una base militar. Esto no impidió, que en la base aérea cohabitara la aviación militar con la civil, por casi sesenta años; hasta que el gobierno nacional restringiera su uso mediante Decreto 38.087, de fecha 15-12-2004. Con esta medida, más de doscientas aeronaves privadas tuvieron que ser “mudadas” por sus dueños a otros aeródromos o aeropuertos nacionales.
La base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” es una instalación militar; allí estuvo la sede del Comando Estratégico de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional, hasta su reciente traslado a la ciudad de Maracay. Por su naturaleza jurídica, la gestión de esta dependencia militar corresponde al poder central. Ahora bien, la base militar se encuentra ubicada justo en el Área Metropolitana de Caracas. Su extensión alcanza unas 108 hectáreas; y, limita con tres de los cinco municipios (Baruta, Chacao y Sucre), que integran la capital de la República. Por ende, la administración de “La Carlota” tiene que considerar a las autoridades públicas metropolitanas y municipales; y mucho más en un marco de competencias gubernamentales descentralizado y concurrente.
La ubicación geográfica del “enclave militar” determina su relación directa con la ciudad; y, con la calidad de vida de los habitantes de sus zonas aledañas. A lo largo de su historia, el aeródromo de “La Carlota” ha funcionado como un espacio público, si se quiere hasta natural, con el que cuenta el Área Metropolitana de Caracas, para ocasiones relevantes. En tal sentido, baste recordar que la base aérea ha sido utilizada para la realización de espectáculos públicos musicales, para ferias y exposiciones nacionales e internacionales. ¿Y no fue acaso, en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” donde el Papa Juan Pablo II, realizó su histórico encuentro con miles de feligreses en Febrero de 1996? ¿Y no ha sido justamente allí, en ese mismo espacio, donde el gobierno nacional ha organizado últimamente las denominadas ferias internacionales del turismo?
La disputa por el destino final de los terrenos de “La Carlota” delata además, las inconsistencias de los actores involucrados en el problema. Primero que nada, quedó clara la violación del Presidente Chávez de los mecanismos de consulta ciudadana que contempla el ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; y, que sin duda aplican a ese tipo de decisiones. Y es que una decisión de esta cualidad específica tiene que ser sometida a un proceso de consulta popular. No realizar ese proceso consultivo, podría acarrear la nulidad de ese acto administrativo.
Otro elemento álgido, ha sido la incapacidad pública y manifiesta de los distintos niveles de gobierno -nacional, estadal, metropolitano y municipal- para establecer una visión de conjunto sobre el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios públicos en la ciudad de Caracas. De igual manera, el respeto de los derechos de todos los habitantes y su inclusión en los procesos de formulación, gestión y control de las políticas públicas ha sido de nuevo vulnerado por esas mismas autoridades.
La actitud de las agencias gubernamentales involucradas; tales como: los ministerios de Vivienda y Habitat y de Ciencia y Tecnología no han cumplido con la obligación de brindar información veraz y oportuna; y de rendir cuentas a los sectores sociales interesados e involucrados. Estas circunstancias podrían generar inevitables opacidades, en cuanto a la ejecución de los presupuestos públicos asignados para las obras proyectadas por el gobierno. El Cabildo Metropolitano; aunque con bastante retraso, y de forma reactiva ante la presión vecinal, trata ahora de reconducir políticamente el conflicto, buscando la conciliación de las visiones contrapuestas.
Un pequeño grupo de asociaciones vecinales del sureste de Caracas –representante de los sectores medios que habitan en esa zona- asumió el liderazgo de la lucha social, contra la construcción de las seiscientas viviendas y del parque temático en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, anunciadas como obras por el gobierno nacional. Y en realidad, las protestas y las iniciativas presentadas por esta “alianza vecinal” no carecen de legitimidad; por el contrario, indican un alto compromiso para defender sus intereses particulares o las causas que perciben como justas. Otra cosa muy distinta, es que el propósito de la lucha de los vecinos de estas urbanizaciones, sea entendido y compartido por el resto de las comunidades organizadas del municipio Baruta y del resto del Área Metropolitana de Caracas. Su capacidad de establecer redes de cooperación y alianzas con otros sectores; aún está por verse. Si esto no ocurre, el movimiento se debilitará progresivamente.
Por otra parte, el movimiento vecinal pareciera agotar su actividad con la introducción de un recurso jurídico de amparo que logre detener las obras que se adelantan hasta ahora, en la base aérea. De la misma forma, la propuesta del “parque verde” debería ser sustentada técnicamente para que logre superar el nivel superficial de “consigna de lucha”, que por ahora ostenta. ¿Además, no podrían acaso conjugarse los proyectos de un parque verde con un parque tecnológico?
Una de las expresiones asociativas que mantiene una posición más contundente y seria en este proceso es el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En efecto, el CAV viene proponiendo desde hace meses la realización de un “concurso de ideas” que pueda generar sinergia alrededor del tema del desarrollo urbano sustentable de la zona de La Carlota. El problema básico de esta propuesta es su alcance, que puede ser limitado sino es asumido por algunos de los actores que protagonizan el conflicto en la actualidad. En todo caso, desaprovechar las propuestas del CAV sería cometer un craso error.
Los actores políticos son los otros factores se han presentes en este evento. La movilización social alrededor de la base aérea se produce en una zona catalogada de interés estratégico por el gobierno. Por si fuera poco, el conflicto se produce justamente antes de las elecciones regionales y locales de las autoridades públicas de ese ámbito. En tal sentido y, pese a la objeción de algunos sectores vecinales, la participación de algunos precandidatos en los eventos aparenta ser un fenómeno natural. Después de todo, son figuras públicas que pudieran aportar conocimientos específicos a la lucha emprendida por los vecinos; y obtener para ellos, algunos apoyos específicos que les hagan subir en las encuestas.
Por otra parte, el oficialismo luce replegado y sin mucha capacidad de respuesta. El Alcalde Metropolitano ha insinuado su desacuerdo con la construcción de viviendas. Otros voceros oficialistas -esta vez desde el Cabildo Metropolitano-, han mantenido una posición institucional de bajo perfil; mientras quizás esperan el desgaste natural del movimiento. Desde esa misma instancia, la oposición ha sido un tanto más proactiva y ha propuesto un proceso de consulta que involucre a autoridades, académicos y ciudadanos. El Concejo Municipal de Baruta–conciente de la fuerza que tiene el movimiento vecinal en Chuao-, otorgó un derecho de palabra a los representantes vecinales para que expongan en esa Cámara, sus puntos de vista sobre el problema (la actividad se realizará el próximo Martes 1° de Abril). Mientras que el Cabildo Metropolitano realizará otro cabildo abierto (el jueves 3 de Abril); esta vez en el Parque del Este. En todo caso, y con relación a las implicaciones de este caso, los actores políticos encendieron sus alarmas. Ellos están muy claros en la trascendencia del asunto que tienen frente a sí.
La problemática de La Carlota no se resolverá en el corto plazo; salvo que se vuelvan a omitir los derechos que tienen todos los ciudadanos al disfrute democrático y equitativo de la ciudad y de sus espacios públicos. El tema de la base aérea de La Carlota tiene que evaluarse bajo una perspectiva de inclusión, de solidaridad y donde el tratamiento de los espacios públicos y el suelo urbano se correspondan con el interés ambiental, cultural y social de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La batalla por el aeródromo de La Carlota trasciende por mucho el debate sobre la construcción de un grupo de viviendas o de un parque verde o temático. En esta batalla, se pelea por el ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación corresponsable en la planificación y la gestión de la ciudad. De la misma forma, es el momento de exigir y hacer valer los derechos por el diseño y ejecución de políticas públicas urbanas y ambientales de calidad, sustentables, presupuestadas con responsabilidad, con respeto al patrimonio histórico y cultural de Caracas y, orientadas estratégicamente hacia la prevención de su crecimiento urbanístico desordenado.
jueves, marzo 27, 2008
OTRA LEY, PARA LOS CONSEJOS COMUNALES
El gobierno nacional viene preparando –en el marco de la Ley Habitante-, una nueva ley para los consejos comunales. Esta reforma se produciría transcurridos; tan sólo dos años de la promulgación de la ley vigente. Y es que en ese lapso; aún no se tiene una evaluación técnica del impacto real de estas instancias, en la calidad de vida de aquellas comunidades donde han venido operando.
No se tiene una cifra confiable sobre la cantidad de consejos comunales registrados legalmente o de aquellos que se encuentran; aún activos. Muchos consejos comunales se encuentran próximos a cumplir con su primer período de gestión; lo cual obligaría a renovar o confirmar los voceros actuales.
Retomando el tema -antes de formular los comentarios sobre la reforma-, es importante señalar que trabajé sobre una versión de dicha propuesta del 3 de Marzo de 2008. Por consiguiente, es lógico suponer que desde entonces el proyecto de reforma considerado por el gobierno nacional, haya sido modificado en alguno de sus aspectos, que por supuesto no se comentan aquí. Pero, vayamos al punto.
I) Un primer cambio que trae la reforma de la ley es en la denominación de los consejos comunales que ahora pasarían a denominarse Consejos Comunales del Poder Popular; quizás con el propósito de identificarlos con la membresía otorgada a las dependencias ministeriales.
II) La reforma circunscribe a los Consejos Comunales del Poder Popular a la formulación, gestión, ejecución y contraloría de las políticas públicas planes y proyectos; en el marco del “Plan de la Nación” vigente; es decir, ignora la existencia de planes regionales, planes estadales y muy importante, los planes municipales de desarrollo. Esta cualidad limita las potencialidades de incidencia pública de los consejos, en su entorno inmediato.
III) La reforma de la ley, también omite –o por lo menos no menciona- a los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente existen; quedando de esta manera subsumidos a la categoría de “órganos del Estado”.
IV) La reforma no se preocupa por definir los procesos de formulación, ejecución, gestión, control y evaluación de políticas públicas ni tampoco define las condiciones institucionales y técnicas ni tecnológicas para su ejercicio.
V) La propuesta incrementa de trece (13) a veintidós (22) los principios bolivarianos: la soberanía popular, la democracia, la integridad territorial, el respeto, la complementariedad y diversidad cultural, la corresponsabilidad, la cogestión, la autogestión comunal, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, la responsabilidad, la contraloría social, el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, la sustentabilidad ambiental, la equidad, la justicia, la igualdad social y de género y la defensa de la soberanía nacional.
VII) El proyecto de reforma determina que tanto el área geográfica como la base poblacional del consejo comunal será decidida por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. En el caso, de la base poblacional del ámbito urbano se establece un tope de cuatrocientas familias por consejo.
VIII) Un punto importante, para la nueva ley sería la incorporación del denominado ciclo comunal, como proceso de planificación que involucraría cinco fases, a saber: diagnóstico, planificación, presupuesto, ejecución, y contraloría. Cada uno de estos procesos es tratado de manera desigual en la propuesta de reforma de la ley. De la misma manera, parecieran que no guardarían relación con los procesos de planificación, regional, estadal y municipal establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. El presupuesto comunal; por ejemplo, es considerado importante para el presupuesto nacional; pero el presupuesto participativo que se desarrolla a nivel local, ni siquiera es mencionado en la nueva ley.
IX) Otra innovación sería la creación de las comunas. Las comunas son entendidas como un conglomerado de varias comunidades agrupadas entre sí, con fines político-administrativos orientadas hacia la consecución de un modelo de sociedad colectiva. Las comunas estarían articuladas mediante un plan de gobierno común y una declaración conjunta. Estas “mancomunidades” podrían conformarse con un mínimo de dos (2) y con un máximo de diez (10) consejos comunales.
X) Quizás el elemento que más llame la atención es la inclusión de la condición “de producción socialista”, para que tanto la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como el comité ejecutivo del consejo comunal aprueben, gestionen o ejecuten proyectos comunitarios. Con esta condición se colocaría al margen del marco constitucional vigente -y reafirmado el pasado 2 de Diciembre de 2007-, la actividad de los consejos comunales. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla el modo de producción socialista ni como principio del modelo productivo ni como condición para la presentación de solicitudes o propuestas de inversión, ante las autoridades públicas. Esta propuesta sólo agregará más dificultades a la consolidación de los consejos comunales, como medios de participación. Al parecer, el oficialismo está dispuesto a anotarse otro autogol.
XI) El proceso de elección de los consejos comunales fue simplificado notablemente. Eso se lograría mediante la concentración en una sola Comisión Organizadora de todo el proceso de estructuración y de elección del Consejo Comunal del Poder Popular. Sin embargo, la propuesta trae consigo un par de sorpresas. Una, que los miembros del comité ejecutivo serán postulados por las comisiones de trabajo o por las organizaciones existentes en la comunidad; y dos, que la Comisión Organizadora podrá constituir esas comisiones de trabajo o entidades de base comunal, en caso de que las mismas no existieran. En otras palabras, al proceso de elección del consejo comunal se le adereza un factor que restringe las condiciones de verdadera participación popular directa.
XII) La duración de los voceros será ahora de tres (3) años en funciones, con derecho a reelección. El carácter de la vocería seguirá siendo ad-honorem. Asimismo, se elimina la compensación de las erogaciones de los voceros en el cumplimento de sus funciones; por parte del fondo de gastos del consejo comunal. Un detalle adicional, es que la propuesta agrega como condición que, los integrantes del consejo comunal no posean entre sí, parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
XIII) La propuesta para la nueva ley, elimina las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los tres niveles político-territoriales de la República. Estas comisiones nunca funcionaron y constituyeron la mejor demostración que el burocratismo como método para la organización popular no funciona.
No hay duda que, la organización popular ha sido la gran prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, tampoco hay dudas que esa prioridad, es matizada por el erróneo objetivo de cooptar y someter la autonomía del movimiento popular venezolano. Innegables hijos de este proceso, los consejos comunales seguirán allí; llenos de esperanzas y de proyectos y, enfrentando a diario la dura realidad de una burocracia pública auto-referenciada, centralista y minada por la corrupción, que no ha entendido el verdadero significado de la participación popular. No en balde los consejos comunales se han convertido en la vanguardia de la protesta social en Venezuela.
No se tiene una cifra confiable sobre la cantidad de consejos comunales registrados legalmente o de aquellos que se encuentran; aún activos. Muchos consejos comunales se encuentran próximos a cumplir con su primer período de gestión; lo cual obligaría a renovar o confirmar los voceros actuales.
Retomando el tema -antes de formular los comentarios sobre la reforma-, es importante señalar que trabajé sobre una versión de dicha propuesta del 3 de Marzo de 2008. Por consiguiente, es lógico suponer que desde entonces el proyecto de reforma considerado por el gobierno nacional, haya sido modificado en alguno de sus aspectos, que por supuesto no se comentan aquí. Pero, vayamos al punto.
I) Un primer cambio que trae la reforma de la ley es en la denominación de los consejos comunales que ahora pasarían a denominarse Consejos Comunales del Poder Popular; quizás con el propósito de identificarlos con la membresía otorgada a las dependencias ministeriales.
II) La reforma circunscribe a los Consejos Comunales del Poder Popular a la formulación, gestión, ejecución y contraloría de las políticas públicas planes y proyectos; en el marco del “Plan de la Nación” vigente; es decir, ignora la existencia de planes regionales, planes estadales y muy importante, los planes municipales de desarrollo. Esta cualidad limita las potencialidades de incidencia pública de los consejos, en su entorno inmediato.
III) La reforma de la ley, también omite –o por lo menos no menciona- a los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente existen; quedando de esta manera subsumidos a la categoría de “órganos del Estado”.
IV) La reforma no se preocupa por definir los procesos de formulación, ejecución, gestión, control y evaluación de políticas públicas ni tampoco define las condiciones institucionales y técnicas ni tecnológicas para su ejercicio.
V) La propuesta incrementa de trece (13) a veintidós (22) los principios bolivarianos: la soberanía popular, la democracia, la integridad territorial, el respeto, la complementariedad y diversidad cultural, la corresponsabilidad, la cogestión, la autogestión comunal, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, la responsabilidad, la contraloría social, el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, la sustentabilidad ambiental, la equidad, la justicia, la igualdad social y de género y la defensa de la soberanía nacional.
VII) El proyecto de reforma determina que tanto el área geográfica como la base poblacional del consejo comunal será decidida por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. En el caso, de la base poblacional del ámbito urbano se establece un tope de cuatrocientas familias por consejo.
VIII) Un punto importante, para la nueva ley sería la incorporación del denominado ciclo comunal, como proceso de planificación que involucraría cinco fases, a saber: diagnóstico, planificación, presupuesto, ejecución, y contraloría. Cada uno de estos procesos es tratado de manera desigual en la propuesta de reforma de la ley. De la misma manera, parecieran que no guardarían relación con los procesos de planificación, regional, estadal y municipal establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. El presupuesto comunal; por ejemplo, es considerado importante para el presupuesto nacional; pero el presupuesto participativo que se desarrolla a nivel local, ni siquiera es mencionado en la nueva ley.
IX) Otra innovación sería la creación de las comunas. Las comunas son entendidas como un conglomerado de varias comunidades agrupadas entre sí, con fines político-administrativos orientadas hacia la consecución de un modelo de sociedad colectiva. Las comunas estarían articuladas mediante un plan de gobierno común y una declaración conjunta. Estas “mancomunidades” podrían conformarse con un mínimo de dos (2) y con un máximo de diez (10) consejos comunales.
X) Quizás el elemento que más llame la atención es la inclusión de la condición “de producción socialista”, para que tanto la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como el comité ejecutivo del consejo comunal aprueben, gestionen o ejecuten proyectos comunitarios. Con esta condición se colocaría al margen del marco constitucional vigente -y reafirmado el pasado 2 de Diciembre de 2007-, la actividad de los consejos comunales. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla el modo de producción socialista ni como principio del modelo productivo ni como condición para la presentación de solicitudes o propuestas de inversión, ante las autoridades públicas. Esta propuesta sólo agregará más dificultades a la consolidación de los consejos comunales, como medios de participación. Al parecer, el oficialismo está dispuesto a anotarse otro autogol.
XI) El proceso de elección de los consejos comunales fue simplificado notablemente. Eso se lograría mediante la concentración en una sola Comisión Organizadora de todo el proceso de estructuración y de elección del Consejo Comunal del Poder Popular. Sin embargo, la propuesta trae consigo un par de sorpresas. Una, que los miembros del comité ejecutivo serán postulados por las comisiones de trabajo o por las organizaciones existentes en la comunidad; y dos, que la Comisión Organizadora podrá constituir esas comisiones de trabajo o entidades de base comunal, en caso de que las mismas no existieran. En otras palabras, al proceso de elección del consejo comunal se le adereza un factor que restringe las condiciones de verdadera participación popular directa.
XII) La duración de los voceros será ahora de tres (3) años en funciones, con derecho a reelección. El carácter de la vocería seguirá siendo ad-honorem. Asimismo, se elimina la compensación de las erogaciones de los voceros en el cumplimento de sus funciones; por parte del fondo de gastos del consejo comunal. Un detalle adicional, es que la propuesta agrega como condición que, los integrantes del consejo comunal no posean entre sí, parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
XIII) La propuesta para la nueva ley, elimina las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los tres niveles político-territoriales de la República. Estas comisiones nunca funcionaron y constituyeron la mejor demostración que el burocratismo como método para la organización popular no funciona.
No hay duda que, la organización popular ha sido la gran prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, tampoco hay dudas que esa prioridad, es matizada por el erróneo objetivo de cooptar y someter la autonomía del movimiento popular venezolano. Innegables hijos de este proceso, los consejos comunales seguirán allí; llenos de esperanzas y de proyectos y, enfrentando a diario la dura realidad de una burocracia pública auto-referenciada, centralista y minada por la corrupción, que no ha entendido el verdadero significado de la participación popular. No en balde los consejos comunales se han convertido en la vanguardia de la protesta social en Venezuela.
jueves, marzo 20, 2008
EL RETORNO DE LOS PRÍNCIPES
El proceso político por el cual transita Venezuela, continúa su lenta evolución y reacomodo. Es una secuencia de eventos donde los actores en pugna, retroceden o avanzan en el tablero; de acuerdo a sus méritos propios o también por los errores que comete el contrario.
Los dos grandes bloques ideológico-políticos que han contrapuesto visiones distintas del país, nos ofrecen tratamientos diferentes, sobre sus posibilidades de organización partidista. En la actual coyuntura, el tema de los partidos políticos retoma su importancia estratégica como herramienta de trabajo; ante las sucesivas confrontaciones políticas y electorales que se avecinan indefectiblemente en el futuro.
La conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nos ofrece varias lecturas. Una de ellas, es la firme determinación del Presidente Chávez de reinstalar el binomio Estado-partido (predominante en la IV República; por cierto) como paradigma dinamizador de las relaciones en el sistema político venezolano. Por otra parte, nos indica la prioridad del Presidente Chávez por estructurar una plataforma político-organizativa, que permita articular la movilización y el soporte popular necesario para la prospectiva de su proyecto.
En este contexto, la creación del PSUV, podría significar para el oficialismo, la última oportunidad de “barnizar cívicamente” el substrato militarista que caracteriza su propuesta. De hecho, el sector militar del chavismo (sea de izquierda, sea de derecha; ora exógeno o endógeno), recibió una clara y contundente derrota en los comicios internos que dieron origen a la dirección nacional de ese partido.
El hecho que un dirigente social, de vieja y larga trayectoria, como Aristóbulo Istúriz obtuviera la mayor votación, pudiera indicarnos la preferencia mayoritaria del chavismo de base, hacia una visión social y no militarista de la revolución. Igual interpretación se desprendería del acceso a la dirección del PSUV, de ciertos opinadores del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) o también de la emergencia de militantes identificados con movimientos sociales; tales como el indígena o el estudiantil oficialista.
El descalabro político sufrido por algunos “dirigentes revolucionarios” nos augura, revanchas y nuevos enfrentamientos por el control del partido entre los distintos sectores que conviven en el oficialismo. Las próximas batallas se darán alrededor de dos importantes eventos: la conformación de las direcciones regionales (estadales y municipales) y la selección de los candidatos a las elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores regionales.
Quizás lo más difícil para el naciente PSUV y su dirección nacional, sea sobreponerse al liderazgo y al culto a la personalidad que ya se le rinde al Presidente de la República. La dirección nacional del PSUV deberá asumir en forma plena su función y, tratar de compartir la conducción del proceso. De lo contrario, será una dirección política inútil, carente de sentido; y por lo tanto, absolutamente prescindible. Y de ocurrir eso todo el esfuerzo emprendido se habrá perdido.
La oposición democrática venezolana tiene su propio laberinto. Allí, luego de los procesos electorales de Diciembre 2006 y Diciembre 2007 han comenzado a emerger en el panorama político nacional dos plataformas partidistas. Ellas son: “Un Nuevo Tiempo” (UNT) y el Movimiento Primero Justicia (MPJ). Ambas organizaciones, la primera con acento hacia la centro-izquierda, la otra, con un mayor énfasis hacia la derecha (moderada) parecieran encaminarse –si no cometen errores trágicos-, a desempeñar la función de principales fuerzas que permitan establecer el necesario “equilibrio democrático” que reclama el país.
Sin embargo, “Un Nuevo Tiempo” (UNT), con una relativa presencia nacional y poseedor del mayor reservorio de jóvenes líderes políticos, cometió un error táctico al postergar su proceso de definición ideológico-política. “Un Nuevo Tiempo” desaprovechó una formidable oportunidad para proyectar a toda la población, su visión de país y sus propuestas programáticas.
Por su parte, el Movimiento Primero Justicia (MPJ), quizás con mayor arraigo organizativo; tampoco ha sabido perfilar su propuesta de país e incluso no ha podido fijar con mayor fuerza posiciones alternativas, frente a las ejecutorias gubernamentales. Del resto, merece destacar el sostenido esfuerzo político-organizativo del partido COPEI por renovar sus cuadros directivos. Mientras que Acción Democrática (AD), el otrora gran partido socialdemócrata, luce perdido y oscilante, sin una estrategia clara.
A diferencia del polo gubernamental, la oposición viene de obtener algunos triunfos notables. Empero la oposición democrática sigue con dificultades para consolidar esas conquistas en el plano político-organizativo. Esos problemas radican en la escasa comprensión que aún tienen varios dirigentes de la oposición, sobre la trascendencia que justamente tienen los partidos en la política.
En múltiples ocasiones vemos que, desde la propia oposición se pretende sustituir o contraponer a los partidos políticos con otras figuras asociativas denominadas genéricamente como “sociedad civil”; cuando en realidad, ambas expresiones sociales no son antagónicas entre sí y tienen su campo de acción bastante bien delimitado. Los partidos políticos y las expresiones asociativas de la sociedad civil pueden coexistir en el marco de un sistema político democrático; combinando su gestión e incluso cooperando entre sí o defendiendo puntos de vista diferentes, como es natural.
A partir de los años ochenta, los partidos políticos han sufrido una crítica constante (y, a veces ampliamente justificada) que ha puesto en duda su vigencia como canales de participación e intermediación entre el Estado y la sociedad. Ese cuestionamiento y desaprobación (atribuido, en ocasiones y, sin pensarlo mucho a una “concepción neoliberal”) se acentuó en Venezuela a lo largo de la década de los noventa; lo que condujo finalmente a la progresiva sustitución de las maquinarias partidistas -representadas fundamentalmente por AD y COPEI-, por otros medios de organización política; tales como: el movimiento vecinal, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación o simplemente, la plataforma aluvional de algún candidato electoral “outsider” como justamente ocurrió con el MVR en las elecciones de 1998.
El cuestionamiento a los partidos encierra un desprecio por la política (y en consecuencia, por los eventos electorales); lo cual constituye un craso error. En muchas ocasiones, la consecuencia directa del aborrecimiento a los partidos y a la política suele ser la “simpatía” por salidas no democráticas, como mecanismo de resolución de conflictos. Y sin lugar a dudas, ciertos componentes minoritarios de la oposición jugaron durante un tiempo con la idea de estrategias no-democráticas para enfrentar paradójicamente al autoritarismo chavista.
Otro elemento que quizás haya debilitado las posibilidades de organización del “capital político” opositor, es el desaprovechamiento de los partidos como centros de deliberación y preparación de políticas públicas o como medios de formación y movilización popular. Otra cosa, es que para muchos ciudadanos y ciudadanas, los partidos no pasan de constituir referencias electoralistas y clientelistas y, nada más. Y ejemplos saltan a la vista.
El proceso político del país está creando las condiciones objetivas para impulsar un nuevo tejido político democrático. Al respecto, hay varios indicadores; tales como: el fracaso del concepto de partido único en el campo oficialista, la victoria de los candidatos “cívicos” dentro del PSUV, el fortalecimiento de una nueva opción de la izquierda socialista encarnada en el partido PODEMOS, la aparición de los partidos “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia”, la renovación de COPEI; y sobre todo el rescate en la salidas democráticas a través del sufragio.
Por supuesto, que un nuevo tejido político pasa por el relanzamiento de los partidos en su verdadera dimensión; es decir, como medios de articulación y encuentro popular, como tribunas para el debate ideológico-político democrático y de calidad y, como centros colectivos plurales para la regulación del ejercicio del poder. Este tejido político democrático tendrá que abrir espacios para la participación de ese nuevo conjunto de expresiones asociativas que han venido surgiendo, durante los últimos años. ¿Ha comenzado entonces, el retorno de los príncipes de Gramsci? Yo creo que sí. Al menos, hay condiciones para que ello ocurra.
miércoles, marzo 12, 2008
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS
La participación es un derecho humano. En el caso venezolano, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional. La participación se encuentra articulada a la gestión de gobierno, en todos los niveles político-territoriales de la República. En las instancias político-territoriales menores, la participación ciudadana es un elemento sustancial para el gobernante y los ciudadanos.
Venezuela, en los últimos nueve años ha experimentado distintas modalidades participativas. Esos ensayos no siempre han tenido éxito; sin embargo, están allí y, han dejado su secuela. Por lo tanto, la red de instancias participativas y de sus procesos directos son una realidad ineludible que debe ser analizada de manera objetiva, en toda su magnitud para determinar y emprender los correctivos necesarios.
En el caso de la Alcaldía Metropolitana es necesario revisar críticamente, el tratamiento otorgado al ejercicio de la participación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), nunca desempeñó un papel trascendente para el desarrollo de la vida capitalina. Esta instancia ni siquiera tuvo incidencia en el diseño del plan urbano metropolitano (PUM). De igual manera, el presupuesto participativo no fue potenciado lo suficiente como medio de financiamiento de proyectos comunitarios. Los mecanismos de rendición de cuentas recíprocos, entre esa alcaldía y las comunidades, los consejos locales y consejos comunales; tampoco funcionaron de manera eficaz. Estos fracasos conducen al desaliento de los vecinos y del voluntariado capitalino.
El relanzamiento de la plataforma participativa en el ámbito metropolitano debe enmarcarse bajo tres condiciones: i) su valoración como derecho humano; lo cual implica una actitud ética en la relación gobierno-sociedad; ii) su utilización como una herramienta que brinda cercanía, corresponsabilidad y transparencia a la gestión de los gobiernos; y, iii) la asimilación adecuada de prácticas participativas exitosas emprendidas en otros municipios. En todo caso, en la Alcaldía Metropolitana se requiere en materia de participación, un cambio sustancial; y, las próximas elecciones locales son la oportunidad para ello.
Venezuela, en los últimos nueve años ha experimentado distintas modalidades participativas. Esos ensayos no siempre han tenido éxito; sin embargo, están allí y, han dejado su secuela. Por lo tanto, la red de instancias participativas y de sus procesos directos son una realidad ineludible que debe ser analizada de manera objetiva, en toda su magnitud para determinar y emprender los correctivos necesarios.
En el caso de la Alcaldía Metropolitana es necesario revisar críticamente, el tratamiento otorgado al ejercicio de la participación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), nunca desempeñó un papel trascendente para el desarrollo de la vida capitalina. Esta instancia ni siquiera tuvo incidencia en el diseño del plan urbano metropolitano (PUM). De igual manera, el presupuesto participativo no fue potenciado lo suficiente como medio de financiamiento de proyectos comunitarios. Los mecanismos de rendición de cuentas recíprocos, entre esa alcaldía y las comunidades, los consejos locales y consejos comunales; tampoco funcionaron de manera eficaz. Estos fracasos conducen al desaliento de los vecinos y del voluntariado capitalino.
El relanzamiento de la plataforma participativa en el ámbito metropolitano debe enmarcarse bajo tres condiciones: i) su valoración como derecho humano; lo cual implica una actitud ética en la relación gobierno-sociedad; ii) su utilización como una herramienta que brinda cercanía, corresponsabilidad y transparencia a la gestión de los gobiernos; y, iii) la asimilación adecuada de prácticas participativas exitosas emprendidas en otros municipios. En todo caso, en la Alcaldía Metropolitana se requiere en materia de participación, un cambio sustancial; y, las próximas elecciones locales son la oportunidad para ello.
viernes, marzo 07, 2008
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA SOCIAL
La recomposición de la democracia venezolana pasa inevitablemente por un nuevo modo de relación entre el Estado y la sociedad civil, basado en la corresponsabilidad, la inclusión y la libertad; es decir, sustentado en la propuesta ideológica de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
miércoles, marzo 05, 2008
JUGANDO A LA GUERRA
Con el inadecuado tratamiento otorgado por el Gobierno Nacional al conflicto colombiano-ecuatoriano, Venezuela perdió una oportunidad formidable para asumir una posición constructiva, contributiva y de mediación entre las dos naciones andinas. El Gobierno Nacional no entendió que, a nuestro país le correspondía ejercer una posición de verdadero liderazgo; abriendo espacios hacia la reflexión y el entendimiento entre Colombia y Ecuador. Por el contrario, finalmente se impuso la visión beligerante, prevaleció el enfoque militarista quedando de esta manera, nuestro país atrapado en una indeseable situación conflictiva.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
sábado, marzo 01, 2008
LA GRAN REVANCHA
El Presidente de la República viene anunciando con motivo de las elecciones de gobernadores, diputados estadales, alcaldes metropolitanos y alcaldes municipales del próximo mes de Noviembre que se producirá una revancha. Y es posible que eso ocurra; porque al parecer, el pueblo se cansó de la ineficacia oficial y luce aburrido de su discurso disfuncional. En otras palabras, en Noviembre el gobierno podría sufrir otra importante derrota.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.
Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.
La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.
El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.
Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.
En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.
Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.
El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?
El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.
Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.
miércoles, febrero 27, 2008
CONSEJOS COMUNALES Y ELECCIONES ESTADALES Y MUNICIPALES
Las elecciones son mecanismos de participación e inclusión ciudadana. En el ámbito regional y municipal, los procesos electorales cobran excepcional relevancia porque suponen la selección; mediante el sufragio directo, universal y secreto de las autoridades públicas más cercanas a la población.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
Las elecciones en las entidades subnacionales ofrecen la oportunidad para el surgimiento de nuevos líderes locales sociales, comunitarios y, también para muchos provenientes de los partidos políticos. Y justamente, ese liderazgo emergente representa la reserva estratégica para la renovación de la dirigencia política del país en el mediano y largo plazo.
La importancia de estos comicios suele generar encarnizados debates y enfrentamientos; tanto en el ámbito partidista como en el espacio del movimiento vecinal y comunitario. Así se produce una confrontación natural entre los enfoques y los intereses de militantes partidistas y militantes ciudadanos sobre lo más conveniente para su comunidad, para la ciudad o para su región.
Estas próximas elecciones se realizarán con la posible participación de un “nuevo actor socio-comunitario”. Se trata de la red de consejos comunales que, por iniciativa del Presidente Chávez se organiza en Venezuela desde el año 2006. De “éxito relativo” en cuanto a su propósito inicial, los consejos comunales se han convertido sin duda, en una genuina expresión del “empoderamiento popular” en los últimos dos años.
Según cifras oficiales, durante los años 2006 y 2007 se conformaron aproximadamente 30 mil consejos comunales, en igual número de comunidades (barriadas y urbanizaciones) del país. Y ese número de consejos, supondría a unas 450 mil personas vinculadas voluntariamente a esas instancias, en algún momento de su desarrollo operativo.
Aunque un alto porcentaje de consejos comunales se desactivó y, otro segmento presentó dificultades e irregularidades en su funcionamiento; la semilla de la organización popular quedó sembrada con ellos. Los consejos comunales, representan una fuerza social emergente que posee relativa independencia. Esa fuerza está constituida por talento humano voluntario y preparado en procesos álgidos para la gestión pública estadual y municipal como son la formulación, ejecución y control de proyectos de inversión local.
En la actualidad, buena parte de la protesta social que hoy sacude al país es liderada por voceros e integrantes de consejos comunales; que permanecen auténticamente comprometidos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En tal sentido, no resulta descabellada la hipótesis de que la participación de los consejos comunales e incluso de otros medios de organización comunitaria -como las mesas técnicas de agua o los comités de tierra urbana-, pueda resultar decisiva en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. En todo caso, la última palabra la tendrán los propios consejos comunales.
jueves, febrero 21, 2008
¿UN LÍDER PARA CARACAS?
Las autoridades electas democráticamente, cumplen la función fundamental de ser conductores de la actividad pública de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta función de liderazgo cobra mayor relevancia en los ámbitos subnacionales y locales. Y justamente, ese sea el “nudo gordiano” de la problemática del Área Metropolitana de Caracas: la carencia de una referencia gubernamental cercana, eficaz y responsable.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
Nuestra ciudad capital y su espacio metropolitano, requieren hoy más que nunca emprender un vasto proceso de reurbanización integral de largo plazo, basado en la inclusión y la participación, en el respeto y el disfrute responsable de los derechos ciudadanos; y en el ejercicio transparente y eficiente de la gestión de gobierno.
El Área Metropolitana de Caracas necesita recuperar su autoestima como urbe, como ciudad y como espacio público multicultural. El Área Metropolitana de Caracas está urgida de brindar calidad de vida a sus habitantes y transeúntes; rescatando su majestad de capital de una república y de entrada al sub-continente suramericano.
Para emprender este proceso, nuestra ciudad requiere de un cambio sustancial en el modo de gobernar y, en la forma de relación entre sus autoridades públicas y la ciudadanía. Y esa condición pasa en nuestra opinión, por el establecimiento -a través del voto democrático-, de un nuevo liderazgo para la ciudad.
La candidatura de Leopoldo López –actual alcalde del municipio Chacao- representa una alternativa cierta al “viejo estilo” clientelar y autoritario de hacer política, que impera por el momento en nuestra ciudad. Leopoldo no es un líder improvisado ni tampoco un paracaidista; por el contrario, es un joven y exitoso gerente, con probados conocimientos técnicos y políticos del ámbito metropolitano de Caracas.
¿Pudiera encarnar Leopoldo López, el líder para la transformación popular y urbana que necesita nuestra capital y su espacio metropolitano? Pensamos que sí. Nuestro reto como caraqueños es brindar oportunidades al cambio, al desarrollo de una nueva cultura cívica en la que todos los derechos sean para todas las personas.
miércoles, febrero 06, 2008
¿ESTRATEGIAS METROPOLITANAS?
Los problemas del área metropolitana de Caracas están siendo analizados desde distintos enfoques –partidistas y políticos- que no siempre se corresponden con la legítima aspiración de sus habitantes por alcanzar una metrópolis con calidad de vida.
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
Para el oficialismo, por ejemplo, la alcaldía metropolitana se ha convertido en un “punto de honor” que debe ser mantenido a toda costa, como si fuera un botín de guerra. Por si fuera poco, la actual administración bolivariana ha emprendido un proceso de re-centralización de algunas de sus competencias y atribuciones (en materia de seguridad) con el único objetivo previsible de debilitar esa instancia de gobierno metropolitano.
Por otro lado, y de manera increíble, algunos grupos de intelectuales y planificadores, sugieren ahora la posibilidad de que los ciudadanos y los factores alternativos al oficialismo no presenten candidatura alguna ante la Alcaldía Metropolitana, debido a su complejidad estratégica y a los retos que implica la gestión coordinada con los otros alcaldes de la ciudad.
Con un respectivo toque de oportunismo, avispados asesores y estrategas sugieren a sus respectivos precandidatos que evalúen bien sus aspiraciones electorales; para que no “quemar” su capital político y sus potencialidades como dirigentes del futuro. Así, el área metropolitana de Caracas, se ha convertido para algunos políticos, intelectuales y expertos, en un tema cuyo tratamiento depende estrictamente de sus intereses inmediatos y su conveniencia inmediata.
¿Dónde queda el apego al marco constitucional y legal vigente? ¿Son genuinos entonces, los llamados a la participación ciudadana en la gestión local? ¿Acaso la ciudadanía, debe resignarse a la conveniencia de partidos o de elites que medran alrededor del tema urbano? ¿Y cómo es eso, de que Caracas no merece un Alcalde Metropolitano que batalle por su dignificación como un espacio habitable para todos? ¿Por qué seguir corriendo la arruga metropolitana?
Caracas requiere de un gobierno metropolitano democrático, eficaz y moderno comprometido con el ejercicio corresponsable de los derechos de los ciudadanos; y con un desarrollo urbano sustentable y en plena armonía con el entorno que lo rodea. Esto es lo único que aspiramos los caraqueños. ¿Lo podrán entender los estrategas electorales?
viernes, febrero 01, 2008
ELECCIONES ESTADALES Y LOCALES, A PRIMERA VISTA
¿Qué duda cabe? Este año será signado por los procesos de elección popular (directa, universal y secreta) de las autoridades públicas de las 23 entidades federales, de la alcaldía metropolitana y, por supuesto de cada uno de los 335 municipios que integran la República Bolivariana de Venezuela. Será una confrontación electoral dura, ¡y quizás a rajatabla!; pero eso no importa, siempre y cuando en el debate predomine la óptica de los derechos ciudadanos; por encima del oportunismo y del simple encono particular y sectario.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
Los revolucionarios y las elecciones locales
Por el tono –ora agresivo, ora plañidero- de las declaraciones oficialistas, el balance que aparentemente maneja ese sector sobre el venidero proceso electoral, no es el mejor para sus intereses políticos. De allí que, se argumente la posibilidad de “una guerra”, en el caso de consolidarse un triunfo de los sectores independientes y partidistas que disienten del gobierno.
Esa consigna bélica (la guerra en el 2009) es poco consistente, por la actual debilidad política del gobierno; y, por el repliegue de muchos de sus partidarios luego de la derrota del 2-D. Así mismo, la advertencia presidencial tampoco parece asertiva, porque los venezolanos más bien aspiran a vivir en paz; y no peleándose entre sí.
Por otra parte, el pregón de que luego de una eventual victoria de la oposición en estos comicios, se emprendería una estrategia contra el Presidente Chávez; nos suena más a un ego político lastimado que, a un análisis estratégico del tema electoral. ¿Y qué sentido tiene ir por el Presidente Chávez; si aún hay otros objetivos y espacios más relevantes por conquistar?
Más realistas y relativamente eficaces pudieran ser otras “jugadas tácticas”, que aún se encuentran al alcance de la revolución. Por ejemplo, la separación de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos Estadales de la elección de los alcaldes, es una de ellas. De esta forma, el gobierno podría manipular con mayor flexibilidad y eficiencia la coyuntura comicial al “reducir la complejidad del reto” que enfrenta. De la misma manera, esta separación de las elecciones facilitaría la reducción de tensiones y los procesos de negociación interna de las fuerzas políticas por el tema de las candidaturas.
Desde un enfoque institucional, es natural que los alcaldes sean electos a la par de sus componentes legislativos; es decir, una posposición de las elecciones de los alcaldes hacia el año 2009, no luce descabellada desde un punto de vista técnico e institucional. Además, esta situación les otorgaría un año más de gestión a las autoridades locales vigentes. Y ojo, quizás esta propuesta no desagrade del todo, a muchos de los alcaldes en ejercicio.
Otra opción oficialista –ésta un tanto más desesperada-, la representaría la “inhabilitación política selectiva” de aquellos rivales electorales de mayor trascendencia política en el país. Y allí, están los casos de la dirigente social María Corina Machado, del alcalde Leopoldo López, el ex-gobernador Enrique Mendoza o el también el alcalde Henrique Capriles Radonski. Los cuatro son destacados líderes de la oposición democrática; y los cuatro siempre han estado bajo la mira de la peculiar “justicia revolucionaria”. Sin embargo, una decisión de este tipo implicaría un riesgo importante para el propio gobierno.
Una táctica que comienza a utilizar el gobierno socialista (ante la pérdida de gobernaciones y alcaldías que se auto-presagia), es debilitar a esas entidades político-territoriales menores; es decir, ante la posibilidad de perder el control hegemónico sobre algunas gobernaciones se pretende su debilitamiento mediante la re-centralización de atribuciones y funciones. Lo que puede ocurrir con esta operación es justamente la sobrecarga y colapso de una administración pública nacional ya agotada por la descoordinación, la incapacidad de gestión y el burocratismo.
En el contexto estrictamente electoral, un atasco adicional del oficialismo es la carencia de una plataforma partidista establecida, consolidada y con fuerza. Y es que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no se ha engranado pese a la inmensa cantidad de recursos institucionales y financieros que se han invertido en su organización, por cierto, ¿alguien lleva la cuenta de ellos? Y es que hasta ahora, el PSUV ha sido un auténtico fiasco.
Las fuerzas alternativas y las elecciones locales
En el evento comicial programado para finales de este año, las fuerzas alternativas concurrirán como lo que son: un amplio espectro de fuerzas políticas diversas, dispersas, internamente competitivas y no siempre con objetivo claros. Estas características generales no impiden que el bloque alternativo pueda obtener un resultado electoral satisfactorio en las elecciones de Noviembre. En todo caso, los resultados electorales de nuevo dependerán de la capacidad de movilización y de la calidad del mensaje que se presente ante el electorado.
Los factores de oposición partidista se encuentran estructurando un acuerdo unitario. Para ello, han firmado un pacto que al menos ya logró incorporar a los sectores de la derecha más reaccionaria que jugaban a la abstención; y que a partir del resultado del 2-D se encuentran en una fase de transición o de retorno hacia posturas democráticas. Por supuesto, llegar a opciones unitarias, no será un proceso fácil. Su dificultad será directamente proporcional a las opciones de triunfo que se calculen en el análisis político-electoral. Muy seguramente, ocurrirá que en entidades federales (estaduales o locales) con amplios vaticinios de ganancia se presenten una buena cantidad de pre-candidatos y aspirantes.
Por otra parte, los factores de cambio –políticos y sociales- deben comprender a plenitud y a conciencia que, en estas elecciones no está en juego la “figura presidencial”; sino algo mucho más importante: la oportunidad de elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país, en su entorno inmediato y circundante. Las elecciones a las gobernaciones y alcaldías, son eso, mecanismos de participación popular para elegir las autoridades más cercanas a la población. En tal sentido, la oposición política y las fuerzas sociales alternativas se encuentran obligadas a diferenciarse de la ideologización y polarización que erróneamente le ha otorgado el oficialismo a estas elecciones.
Algo que también tendría que estar claro, es el papel y la participación de los movimientos sociales en este evento. Y es que llegó la hora para el movimiento vecinal. Llegó el momento para ese enorme ejército de ciudadanos voluntarios que trabajan a diario en asociaciones de vecinos, consejos comunales y otras organizaciones cívicas, por el bienestar de sus vecindades y comunidades. Sería imperdonable que justo ahora, el movimiento popular no impusiera su agenda comunitaria o no exigiera cuentas a los gobernantes y aspirantes hacerlo; así como que no defendiera sus espacios naturales de participación y protagonismo.
El resto de los movimientos sociales –como estudiantil o el sindical-, debe entender y asumir muy bien su función de aliado ciudadano, de aliado estratégico y de facilitador de procesos, en un marco de respeto para el avance de las luchas populares comunitarias. Lo contrario, sería incitar al oportunismo que siempre termina dando los resultados tan conocidos por todos. De la misma manera, los medios de comunicación social también les convendría ajustar su participación en este proceso, sin pretender imponer candidaturas por simpatía o afinidades ideológicas. Nadie duda del destacado papel de los medios de comunicación en la defensa de las libertades democráticas; de igual manera, nadie duda que ellos también contienen intereses específicos.
Por supuesto, que en un juego político abierto y democrático, los distintos actores sociales, económicos y políticos del país tienen legítimo derecho de expresar sus puntos de vista, sus intereses y, participar y competir entre sí. Eso es natural; estamos de acuerdo. Pero agregamos, que dicha competencia y participación se basen en una revalorización auténtica de la política, en lo verdaderamente sustantivo; y, no en la manipulación consciente de determinadas situaciones para obtener beneficios inmediatos para una parcela ideológico-política particular.
Una conclusión muy preliminar
Las elecciones estadales y locales vindican la descentralización y desconcentración de los mecanismos de participación y protagonismo ciudadano. Aquellos factores en competencia que no comprendan esa cualidad, serán fácilmente derrotados en esos comicios. Al igual que, en Diciembre pasado el gobierno, acude a la cita electoral sin poseer todas las variables bajo su control. Y ya sabemos lo que ocurrió. La oposición se presenta al evento, otra vez muy fragmentada -¿será qué es un nuevo chiripero?-; pero con un mayor aprendizaje proveniente de los recientes aciertos. El bloque oficialista aún tiene una buena capacidad de maniobra táctica y, no dudamos que la utilice para evitar o reducir el descalabro electoral que ya comienza a reconocer. La oposición y las fuerzas alternativas están obligadas e entender la verdadera dimensión de la coyuntura. De lo contrario, dejarán pasar una inmensa oportunidad. Volveremos sobre este tema electoral en nuestra próxima entrega.
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