LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES, A LOS EFECTOS DE SU SEGUNDA DISCUSIÓN

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.

Consejos Comunales
Artículo 2. Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos y ciudadanas, las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.

Principios y valores
Artículo 3. La organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios y valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate de las ideas, celeridad, coordinación, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social, control social, libertad, equidad, justicia, igualdad social y de género, con el fin de establecer la base sociopolítica del socialismo que consolide un nuevo modelo político, social, cultural y económico.

Definiciones
Artículo 4. A los efectos de la presente Ley se entiende por:
1. Comunidad: núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que viven unidas en un ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes; comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole.
2. Ámbito Geográfico: es el territorio que ocupan los habitantes de la comunidad, cuyos límites geográficos se establecen o ratifican en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo con sus particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad.
3. Base Poblacional de la Comunidad: es el número de habitantes dentro del ámbito geográfico que integra una comunidad. Se tendrá como referencia para constituir el consejo comunal: en el ámbito urbano entre ciento cincuenta (150) y cuatrocientas (400) familias; en el ámbito rural a partir de veinte (20) familias y para las comunidades indígenas a partir de diez (10) familias; manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del gobierno comunitario y la democracia protagónica.
4. Organizaciones Comunitarias: son las organizaciones que existen o pueden existir en el seno de las comunidades y agrupan un conjunto de personas en base a objetivos e intereses comunes, para desarrollar actividades propias en el área que les ocupa.
5. Comité de Trabajo: es el colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas, atender necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las aspiraciones y potencialidades de su comunidad.
6. Vocero o Vocera: es la persona electa mediante proceso de elección popular, a fin de coordinar el funcionamiento del consejo comunal, la instrumentación de las decisiones y la comunicación ante las instancias correspondientes. El vocero o vocera no está facultado para tomar decisiones a título personal, por cuanto sus actos expresan las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
7. Proyectos Comunitarios: es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. Los proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas en el tiempo, los recursos, los responsables y los resultados esperados.
8. Áreas de Trabajo: son espacios de gestión que se constituyen en relación con las particularidades, potencialidades y los problemas más relevantes de la comunidad. El número y contenido de las áreas de trabajo dependerá de la realidad, las practicas tradicionales, las necesidades colectivas y las costumbres de cada comunidad. Las áreas de trabajo agruparán varios comités de trabajo.
9. Plan Comunitario de Desarrollo Integral: es el documento que identifica las potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que colaborarán al logro del desarrollo integral de la comunidad.
10. Gestión: son las acciones que exigen el cumplimiento de los objetivos y metas, aprobados por la asamblea de ciudadanos, de cada una de las unidades de trabajo que integran el consejo comunal.
11. Economía comunal: es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, cambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar.
12. Redes socio productivas: es la articulación e integración de los procesos productivos de las organizaciones socio productivas comunitarias, para el intercambio de saberes, bienes y servicios, basados en los principios de cooperación y solidaridad; sus actividades se desarrollan mediante nuevas relaciones de producción, distribución, cambio y consumo, sustentables y sostenibles que contribuyen al fortalecimiento del poder popular.

CAPÍTULO II
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en los Consejos Comunales

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 5. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular, sus decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal en el marco de esta Ley.

Constitución
Artículo 6. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estará conformada por los habitantes de la comunidad mayores de quince (15) años, conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Decisiones
Artículo 7. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, siempre que la misma cuente con un quórum del treinta por ciento (30%) de la base poblacional en primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) de la base poblacional en segunda convocatoria.

Funciones
Artículo 8. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas tiene las siguientes funciones:
1. Elegir los o las integrantes de la Comisión Electoral.
2. Aprobar el ámbito geográfico del consejo comunal.
3. Aprobar la creación de Comités de Trabajo u otras formas de organización comunitaria, con carácter permanente o temporal.
4. Elegir y revocar a los voceros y voceras del consejo comunal a través de un proceso de elección popular comunitaria, conforme a lo que establezca la presente Ley.
5. Aprobar el Plan Comunitario de Desarrollo Integral y demás planes, de acuerdo a los aspectos esenciales de la vida comunitaria a los fines de contribuir a la transformación integral de la comunidad
6. Garantizar el funcionamiento del ciclo comunal.
7. Aprobar los proyectos comunitarios, socio productivos, de vivienda y hábitat, de infraestructura, de funcionamiento y la creación de organizaciones socio productivas a ser propuestos ante distintos órganos y entes del Poder Público o instituciones privadas.
8. Evaluar la gestión de cada una de las unidades que conforman el consejo comunal.
9. Aprobar las normas de convivencia de la comunidad, sin menoscabo de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
10. Designar a los voceros o voceras del consejo comunal para las distintas instancias de participación popular y de gestión de políticas públicas.
11. Aprobar la solicitud de transferencias de servicios.
12. Designar a los miembros de la Comisión de Contratación, conforme a la Ley con competencia en la materia.
13. Aprobar el Acta Constitutiva y Estatutos del consejo comunal.
14. Las demás establecidas en la presente Ley.

CAPÍTULO III
Organización del Consejo Comunal

Integración
Artículo 9. A los fines de su funcionamiento, el consejo comunal estará integrado por:
1. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del consejo comunal.
2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria.
3. La Unidad Ejecutiva
4. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
5. La Unidad de Contraloría Social.

Colectivo de Coordinación Comunitaria
Artículo 10. El Colectivo de Coordinación Comunitaria es la instancia de articulación, trabajo conjunto y funcionamiento, conformado por los voceros y voceras de la Unidad Ejecutiva, Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y Unidad de Contraloría Social del consejo comunal.

Funciones del Colectivo de Coordinación Comunitaria
Artículo 11. El Colectivo de Coordinación Comunitaria como expresión de articulación de las unidades del consejo comunal, tendrá las siguientes funciones:
1. Realizar seguimiento y control de las decisiones aprobadas en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
2. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Comunitario de Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y estadal de conformidad con las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
3. Conocer, previa su ejecución, la gestión de la Unidad Financiera del consejo comunal.
4. Presentar propuestas aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para la elaboración de políticas públicas.
5. Convocar para los asuntos de interés común a las demás unidades del consejo comunal.
6. Coordinar la aplicación del ciclo comunal para la elaboración del Plan Comunitario de Desarrollo Integral.
7. Coordinar con la Milicia Nacional Bolivariana lo referente a la defensa integral de la nación.
8. Coordinar acciones estratégicas que impulsen el modelo socio productivo comunitario y redes socio productivas vinculadas al plan comunitario de desarrollo integral.
9. Elaborar propuesta de informe sobre la solicitud de transferencia de servicios y presentarlo ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
10. Coordinar acciones con los distintos comités que integran la Unidad Ejecutiva en sus relaciones con los órganos y entes de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines.
11. Elaborar los estatutos del Consejo Comunal.
12. Las demás que establezca la presente Ley, los Estatutos del consejo comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Sistema de Trabajo Colectivo
Artículo 12. El Colectivo de Coordinación Comunitaria y las unidades que conforman el consejo comunal establecerán el sistema de trabajo en el reglamento interno, que deberá contemplar como mínimo una periodicidad quincenal para las reuniones, sin menoscabo de realizar convocatoria cuando lo estimen necesario, dejando constancia escrita de los acuerdos aprobados.

Unidad Ejecutiva
Artículo 13. La Unidad Ejecutiva es la instancia del consejo comunal encargada de promover y articular la participación organizada de los habitantes de la comunidad, organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y populares en los diferentes comités de trabajo; se reunirá a fin de planificar la ejecución de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, así como conocer las actividades de cada uno de los comités y de las áreas de trabajo.

Conformación de la Unidad Ejecutiva
Artículo 14. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas elige el número de voceros o voceras postulados de acuerdo a la cantidad de comités de trabajo u otras organizaciones comunitarias que existan o se conformen en la comunidad, tales como:
1. Comité de Salud.
2. Comité de Tierra Urbana.
3. Comité de Vivienda y Hábitat.
4. Comité de Economía Comunal.
5. Comité de Seguridad y Defensa Integral.
6. Comité de Medios Alternativos Comunitarios.
7. Comité de Recreación y Deportes.
8. Comité de Alimentación y Defensa del Consumidor.
9. Comité de Mesa Técnica de Agua.
10. Comité de Mesa Técnica de Energía y Gas.
11. Comité de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes.
12. Comité Comunitario de Personas con Discapacidad.
13. Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana.
14. Los demás comités que la comunidad estime necesario.

En los casos en que hubiere otras formas organizativas establecidas en la comunidad, diferentes a las señaladas en la presente Ley, la comunidad deberá incorporarlas a la constitución, funcionamiento y atribuciones de los comités de trabajo de la Unidad Ejecutiva, de conformidad con la normativa que los regula.
Los consejos comunales que sean fronterizos, podrán crear un Comité de Asuntos Internacionales.
Las funciones de los comités de trabajo se desarrollarán en los Estatutos del consejo comunal y en el Reglamento de la presente Ley.

Funciones de la Unidad Ejecutiva
Artículo 15. La Unidad Ejecutiva del consejo comunal tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su competencia.
2. Crear y organizar el Sistema de Información Comunitario interno.
3. Coordinar y articular todo lo referido a la organización, funcionamiento y ejecución de los planes de trabajo de los comités y su relación con la Unidad de Contraloría Social, la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y las demás organizaciones sociales de la comunidad.
4. Promover la creación de nuevas organizaciones con la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de la comunidad.
5. Organizar el voluntariado social como escuela generadora de conciencia y activadora del deber social en cada comité de trabajo.
6. Promover la participación de los comités de trabajo u otras formas de organización comunitaria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, mediante la presentación de propuestas a los órganos y entes del Poder Público.
7. Promover, participar y contribuir, conjuntamente con la Milicia Nacional Bolivariana, en la Seguridad y Defensa Integral de la Nación.
8. Coadyuvar con los órganos y entes del Poder Público en el levantamiento de información relacionada con la comunidad, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
9. Impulsar y promover la formulación de proyectos comunitarios que busquen satisfacer las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad.
10. Conocer las solicitudes y emitir las constancias de residencias de los habitantes de la comunidad, a los efectos de las actividades inherentes del consejo comunal, sin menoscabo del ordenamiento jurídico vigente.
11. Las demás que establezca la presente Ley, los Estatutos del consejo comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria
Articulo 16. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia del consejo comunal que funciona como un ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital. Estará integrada por cinco (5) habitantes de la comunidad, electos o electas a través de un proceso de elección popular.

Funciones de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria
Articulo 17. Son funciones de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria:
1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su competencia.
2. Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados.
3. Presentar trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuenta pública cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por el Colectivo de Coordinación Comunitaria o por cualquier otro órgano o ente del Poder Público que le haya otorgado recursos.
4. Prestar servicios financieros y no financieros en el área de su competencia.
5. Realizar la intermediación financiera comunitaria, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital.
6. Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa.
7. Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para lograr la satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía local.
8. Promover el ahorro familiar.
9. Facilitar herramientas que permitan el proceso de evaluación y análisis de los créditos de las organizaciones socio productivas previstas en la Ley para el Fomento y Desarrollo para la Economía Popular.
10. Consignar ante la Unidad de Contraloría Social del consejo comunal, el comprobante de la Declaración Jurada de Patrimonio de los voceros y voceras de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria al inicio y cese de sus funciones.
11. Administrar los fondos del consejo comunal con la consideración del Colectivo de Coordinación Comunitaria y la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
12. Elaborar y presentar el Proyecto Anual de Gastos de los fondos del consejo comunal.
13. Presentar y Gestionar ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria el financiamiento de los proyectos aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
14. Las demás que establezca la presente Ley, los Estatutos del consejo comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Responsabilidades
Artículo 18. Los voceros o voceras de la Unidad Administrativa y Financiera incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa, según sea el caso, por los actos, hechos u omisiones que alteren el destino de los recursos del consejo comunal, por lo cual serán sancionados conforme a las leyes que regulen la materia.

Unidad de Contraloría Social
Artículo 19. La Unidad de Contraloría Social es la instancia del consejo comunal para realizar la evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades, recursos y administración de los fondos del consejo comunal. Estará integrada por cinco (5) habitantes de la comunidad electos o electas, a través de un proceso de elección popular.
Esta Unidad realizará sus funciones sin menoscabo del control social que ejerza la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y otras organizaciones comunitarias, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Funciones de la Unidad de Contraloría Social
Artículo 20. Son funciones de la Unidad de Contraloría Social:
1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que correspondan a sus funciones.
2. Ejercer seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución de los planes, proyectos comunitarios y socio productivos, organizaciones socio productivas, fases del ciclo comunal y gasto anual generado con los fondos y los recursos financieros y no financieros asignados por órganos y entes del Poder Público o instituciones privadas al consejo comunal.
3. Rendir cuenta pública mediante la presentación de informe ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y al Colectivo de Coordinación Comunitaria, cuando lo requiera.
4. Cooperar con los órganos y entes del Poder Público en la función de control, conforme a la legislación y demás instrumentos normativos vigentes.
5. Promover la capacitación y formación en materia de control social en el consejo comunal.
6. Informar oportunamente sobre las irregularidades de las actuaciones de las unidades que conforman el consejo comunal y formular las denuncias pertinentes ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria.
7. Conocer y procesar las denuncias interpuestas por los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad en relación a cualquier irregularidad en el ámbito del consejo comunal.
8. Ejercer la contraloría preventiva sobre los planes y proyectos del consejo comunal.
9. Remitir ante el ministerio del poder popular con competencia en participación ciudadana, las declaraciones juradas de patrimonio de los voceros y voceras de la Unidad de Gestión Financiera Comunitaria del consejo comunal.
10. Las demás que establezca la presente Ley, los Estatutos del consejo comunal y las que sean aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos.

Coordinación con el Poder Ciudadano
Artículo 21. La Unidad de Contraloría Social del consejo comunal deberá coordinar, en el ejercicio de sus funciones, con los órganos del Poder Ciudadano.




CAPÍTULO IV
Constitución del Consejo Comunal

Equipo Promotor
Artículo 22. El Equipo Promotor es la instancia conformada por un grupo de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, que asume la iniciativa de motivar, impulsar e informar a la comunidad sobre la importancia de la organización comunitaria, a efectos de conformar por primera vez al consejo comunal.

Funciones de Equipo Promotor
Artículo 23. El Equipo Promotor tendrá las siguientes funciones:

1. Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines del consejo comunal.
2. Elaborar un croquis del ámbito geográfico de la comunidad.
3. Organizar la realización del censo demográfico y socioeconómico de la comunidad.
4. Notificar al órgano rector de la conformación del Equipo Promotor.
5. Convocar una Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, en un lapso no mayor de sesenta (60) días a partir de su conformación, que elegirá la comisión electoral con la participación mínima del diez por ciento (10%) de la población mayor de quince (15) años de la comunidad respectiva, dejando constancia escrita en el acta que se levante para tal fin.
6. Consultar, establecer y proponer ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para su aprobación, los comités de trabajo que serán creados para conformar la Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal.

El Equipo Promotor cesa en sus funciones al momento de la constitución de la Comisión Electoral.

Comisión Electoral
Artículo 24. La Comisión Electoral es la instancia del consejo comunal encargada de organizar y conducir de forma permanente, los procesos de elección o revocatoria de los voceros o voceras del consejo comunal y las consultas sobre aspectos relevantes de la vida comunitaria, así como cualquier otro que decida la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Estará integrada por cinco (5) habitantes de la comunidad, quienes serán electos y electas, con sus respectivos suplentes, durarán dos (2) años en sus funciones, contados a partir de su elección en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Quienes integren la Comisión Electoral no podrán postularse a las unidades del consejo comunal.

Funciones de la Comisión Electoral
Articulo 25. La Comisión Electoral del consejo comunal ejercerá las siguientes funciones:
1. Convocar a la Asamblea Constitutiva Comunitaria en un lapso no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la constitución por primera vez del consejo comunal.
2. Elaborar y mantener actualizado el Registro Electoral de la comunidad, conformado por todos los habitantes de la comunidad, mayores de quince (15) años, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
3. Informar a la comunidad todo lo relativo a la elección, reelección o revocatoria de los voceros o voceras del consejo comunal, así como los temas objeto de consulta.
4. Elaborar y custodiar el material electoral.
5. Convocar a los habitantes de la comunidad para que se postulen como aspirantes a voceros o voceras a las unidades del consejo comunal.
6. Verificar los requisitos exigidos a los postulados o las postuladas en las instancias del consejo comunal.
7. Escrutar y totalizar los votos, firmando los resultados con los testigos electorales designados.
8. Conocer y decidir sobre las impugnaciones presentadas sobre los procesos electorales o las consultas formuladas.
9. Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados.
10. Proclamar y juramentar a los que resulten electos o electas como voceros o voceras de las unidades del consejo comunal.
11. Organizar y coordinar los procesos electorales en los lapsos establecidos en la presente Ley y en los Estatutos del consejo comunal.
12. Informar los resultados de las consultas realizadas en la comunidad.
13. Velar por la seguridad y transparencia de los procesos electorales.
14. Cuidar y velar por la preservación de los bienes y archivos electorales de la comunidad.
15. Elaborar y presentar ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria un estimado de los recursos, a los fines de llevar los procesos electorales, de revocatoria y las consultas sobre los aspectos relevantes de la comunidad.
16. Notificar al Colectivo de Coordinación Comunitaria, con dos (2) meses de anticipación al cese de las funciones de la Comisión Electoral, a los fines de la preparación del proceso de elección de sus nuevos integrantes.
17. Coordinar, en el ejercicio de sus funciones, con el Poder Electoral.
18. Las demás que establezca la presente Ley.

Asamblea Constitutiva Comunitaria
Artículo 26. La Asamblea Constitutiva Comunitaria es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en la cual se eligen, por primera vez, los voceros o voceras del consejo comunal. Se considerará válidamente conformada con la participación efectiva del veinte (20%) por ciento de los habitantes de la comunidad, mayores de quince (15) años.

Postulación y elección
Artículo 27. Los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva tendrán derecho a participar y postularse como voceros o voceras de las Unidades del consejo comunal.
La elección de los voceros o voceras de las Unidades Ejecutiva, Administrativa y Financiera Comunitaria y Contraloría Social se realizará de manera uninominal. En ningún caso, se efectuará por plancha o lista electoral.
Quienes se postulen a cualquiera de las unidades del consejo comunal no podrán ser electos o electas en más de una unidad.

Duración y reelección
Artículo 28. Los voceros y voceras de las unidades que conforman el consejo comunal durarán dos (2) años en sus funciones, contados a partir del momento de su elección y podrán ser reelectos.

Carácter voluntario
Artículo 29. El ejercicio de las funciones de los voceros y voceras del consejo comunal tendrá carácter voluntario y se desarrollará con espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad y de la patria.

Deberes
Artículo 30. Son deberes de los voceros o voceras del consejo comunal la disciplina, la participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social, la rendición de cuentas, el manejo transparente, oportuno y eficaz de los recursos que dispongan para el funcionamiento del consejo comunal.

Requisitos
Artículo 31. Para postularse como vocero o vocera del consejo comunal así como integrante de la Comisión Electoral, se requiere:
1. Ser venezolano o extranjero residente, habitante de la comunidad con al menos un (1) año de residencia en la misma, salvo en los casos de comunidades recién constituidas.
2. Presentación de la carta de postulación o manifestación de voluntad por escrito identificando nombre, apellido y cédula de identidad.
3. Ser mayor de quince (15) años.
4. Estar inscrito en el Registro Electoral Permanente.
5. De reconocida solvencia moral y honorabilidad.
6. Tener capacidad de trabajo colectivo con disposición y tiempo para el trabajo comunitario.
7. Espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad.
8. No poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con los demás voceros o voceras integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y de la Unidad de Contraloría Social que conforman el consejo comunal, salvo las comunidades de áreas rurales y comunidades indígenas.
9. No ocupar cargos de elección popular.
10. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política.
11. No ser requerido por instancias judiciales.

Para ser vocero o vocera de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y de la Unidad de Contraloría Social deberá ser mayor de dieciocho (18) años y no podrá formar parte de la Comisión Electoral.

Acta Constitutiva del Consejo Comunal
Artículo 32. El Acta Constitutiva del consejo comunal contendrá:
1. Nombre del consejo comunal, ámbito geográfico con su ubicación y linderos.
2. Fecha, lugar y hora de la Asamblea Constitutiva Comunitaria, conforme a la convocatoria realizada.
3. Identificación con nombre, cédula de identidad y firmas de los participantes en la Asamblea.
4. Resultados del proceso de elección de los voceros o voceras para las unidades del consejo comunal.
5. Identificación por cada una de las unidades de los voceros o voceras electos o electas con sus respectivos suplentes.

Registro de los Consejos Comunales
Artículo 33. Los consejos comunales constituidos y organizados conforme a la presente Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo al siguiente procedimiento:
1. Los responsables designados por la Asamblea Constitutiva Comunitaria presentarán, ante la oficina competente del ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana en un lapso de quince (15) días posteriores a la constitución y organización del consejo comunal, solicitud de registro, acompañada de copia simple con originales a la vista del acta constitutiva, estatutos, censo demográfico y socioeconómico y el croquis del ámbito geográfico. Estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo del Consejo Comunal en los términos señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El acta constitutiva y los estatutos deberán ir firmados por todos los participantes de la Asamblea Constitutiva Comunitaria en prueba de su autenticidad.
2. El funcionario responsable del Registro recibirá los documentos que le hayan sido presentados con la solicitud y en un lapso no superior a diez (10) días ordenará el registro del consejo comunal, con este acto administrativo, adquirirán la personalidad jurídica plena para todos los efectos legales.
3. Si el funcionario encontrare alguna deficiencia lo comunicará a los solicitantes, quienes gozarán de un lapso de treinta (30) días para corregirla. Subsanada la falta, el funcionario del Ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana procederá al registro.
4. Si los interesados no subsanan la falta en el lapso señalado en este artículo, el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana se abstendrá de registrar al consejo comunal.
5. Contra la decisión del ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con lo cual queda agotada la vía administrativa. Los actos administrativos dictados por el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Abstención del registro
Artículo 34. El ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana, únicamente podrá abstenerse del registro de un consejo comunal en los siguientes casos:
1. Cuando tenga por objeto finalidades distintas a las previstas en la presente Ley.
2. Si el consejo comunal no se ha constituido con la determinación exacta del ámbito geográfico o si dentro de éste ya existiere registrado un consejo comunal.
3. Si no se acompañan los documentos exigidos en la presente Ley o si éstos presentan alguna deficiencia u omisión.

Capítulo V
Revocatoria en el Consejo Comunal

Revocatoria
Artículo 35. A los efectos de la presente Ley se entiende por revocatoria la separación definitiva de los voceros o voceras del consejo comunal del ejercicio de sus funciones por estar incurso en alguna de las causales de revocatoria establecidas en la presente Ley.

Causales de la Revocatoria
Artículo 36. Los voceros o voceras del consejo comunal, podrán ser revocados o revocadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que se encuentren incursos en alguna de las causales siguientes:
1. Actuar de forma contraria a las decisiones tomadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o el Colectivo de Coordinación Comunitaria del consejo comunal.
2. Falta evidente a las funciones que le sean conferidas de conformidad con la presente Ley y los Estatutos, salvo que la falta sea por caso fortuito o de fuerza mayor.
3. Omisión o negativa por parte de los voceros o voceras del consejo comunal, a presentar los proyectos comunitarios decididos por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por ante la instancia de Gobierno Nacional, Estadal o Municipal correspondiente o cualquier otro órgano o ente del Poder Público, a los fines de su aprobación.
4. Presentar los proyectos comunitarios, en orden distinto a las prioridades establecidas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
5. Representar, negociar individualmente asuntos propios del consejo comunal que corresponda decidir la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
6. No rendición de cuentas en el tiempo legal establecido para ello o en el momento exigido por el Colectivo de Coordinación Comunitaria o la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
7. Incurrir en malversación, apropiación, desviación de los recursos asignados, generados o captados por el consejo comunal o cualquier otro delito previsto en la Ley Contra la Corrupción y el ordenamiento jurídico penal.
8. Omisión en la presentación o falsedad comprobada en los datos de la Declaración Jurada de Patrimonio de inicio y cese de funciones.
9. Desproteger, dañar, alterar o destruir el material electoral, archivos o demás bienes electorales del consejo comunal.
10. Proclamar y juramentar como electos o electas, a personas distintas de las indicadas en los resultados definitivos.
11. No hacer la respectiva y amplia publicidad a los fines de la realización de los procesos electorales.
12. No llevar el registro electoral o no actualizarlo conforme a lo establecido en la presente Ley.

Solicitud de Revocatoria de voceros y voceras
Artículo 37. La iniciativa de solicitud para la revocatoria de los voceros o voceras del consejo comunal, así como los de la Comisión Electoral, procede en los siguientes casos:
1. Por solicitud del diez por ciento (10%) de la población mayor de quince (15) años habitantes de la comunidad.
2. Por solicitud de la Unidad de Contraloría Social del consejo comunal.
3. La solicitud de la revocatoria deberá formalizarse por escrito ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria del consejo comunal.

Procedimiento
Artículo 38. La solicitud de revocatoria de los voceros o voceras del consejo comunal, así como los de la Comisión Electoral, deberá formalizarse ante la Unidad de Contraloría Social. Esta Unidad preparará el informe respectivo en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, el cual presentará ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria para su consideración.
Recibido el informe de la Unidad de Contraloría Social, el Colectivo de Coordinación Comunitaria en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, lo presentará ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para la toma de decisiones correspondiente. De ser aprobada la revocatoria, asumirá el suplente y la Comisión Electoral organizará el proceso para suplir la vacante respectiva. El Colectivo de Coordinación Comunitaria informará sobre los resultados de la revocatoria al Ministerio del poder popular con competencia en participación ciudadana.
Durante todo el procedimiento de revocatoria deberá garantizarse el derecho a la defensa y debido proceso.
En caso que la denuncia sea en contra de un vocero o vocera de la Unidad de Contraloría Social, la solicitud de revocatoria se presentará directamente ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria.
La decisión revocatoria será tomada por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que la misma cuente con un quórum del veinte (20%) de la población mayor de quince (15) años de esa comunidad.

No postulación
Articulo 39. Los voceros o voceras del consejo comunal, que hayan sido revocados de sus funciones, no podrán postularse a una nueva elección durante los dos periodos siguientes a la fecha de revocatoria.

Pérdida de la condición de vocero
Artículo 40. Se consideran causas de la pérdida de la condición de vocero o vocera del consejo comunal, las siguientes:
1. La renuncia.
2. La revocatoria.
3. Cambio de residencia debidamente comprobado, fuera del ámbito geográfico del consejo comunal respectivo.
4. La enfermedad que le imposibilite ejercer sus funciones.
5. Resultar electo o electa en un cargo público de elección popular.
6. Estar sujeto a una sentencia definitivamente firme dictada por los órganos jurisdiccionales.
7. En cualquiera de los casos establecidos en el presente artículo, el suplente asumirá las funciones del vocero o vocera del consejo comunal que ha perdido esta condición.

CAPÍTULO VI
Ciclo Comunal como Proceso de Participación Popular

Ciclo Comunal
Artículo 41. El ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los consejos comunales, es un proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que responde a las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comunidad. Se concreta como una expresión del poder popular, a través de la realización simultánea de cinco (5) fases: Diagnóstico, Plan, Presupuesto, Ejecución y Contraloría Social.

Fases
Artículo 42. El ciclo comunal esta conformado por cinco (5) fases, las cuales se complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:
1. Diagnóstico: esta fase caracteriza integralmente las comunidades, se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad.
2. Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad.
3. Presupuesto: esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral.
4. Ejecución: esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad.
5. Contraloría Social: esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del Plan Comunitario de Desarrollo Integral y en general, sobre las acciones realizadas por el consejo comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de Contraloría Social del consejo comunal.

Las fases del ciclo comunal deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el consejo comunal respectivo.

Proyectos Socio productivos
Articulo 43. Los consejos comunales a través de los comités de economía comunal elaborarán los proyectos socio productivos, con base a las potencialidades de su comunidad, impulsando la propiedad social, orientados a la satisfacción de las necesidades colectivas y vinculados al Plan Comunitario de Desarrollo Integral.

CAPÍTULO VII
Gestión y Administración de los Recursos
de los Consejos Comunales

De los Recursos
Artículo 44. Los Consejos Comunales recibirán de manera directa los siguientes recursos financieros y no financieros:
1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
2. Los que provengan de lo dispuesto en la Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE).
3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado.
4. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos.
5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
6. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

Recursos Financieros
Artículo 45. El consejo comunal manejará recursos financieros que son los expresados en unidades monetarias, propios y/o asignados orientados a desarrollar las políticas, programas y proyectos comunitarios establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, se clasifican en:
1. Recursos Retornables: son los recursos que están destinados a ejecutar políticas, programas y proyectos de carácter socio productivos con alcance de desarrollo comunitario que deben ser reintegrados al órgano o ente financiero mediante acuerdos entre las partes.
2. Recursos No Retornables: son los recursos financieros para ejecutar políticas, programas y proyectos con alcance de desarrollo comunitario, que tienen características de donación, asignación o adjudicación y no se reintegran al órgano o ente financiero y a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.

Recursos No Financieros
Artículo 46. El consejo comunal manejará recursos no financieros, entendidos como los que no tienen expresión monetaria y son necesarios para concretar la ejecución de las políticas, planes y proyectos comunitarios.

Ejecución de los recursos
Artículo 47. Los recursos aprobados y transferidos para los consejos comunales serán destinados a la ejecución de políticas, programas y proyectos comunitarios contemplados en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral y deberán ser manejados de manera eficiente y eficaz para lograr la transformación integral de la comunidad.
Los recursos aprobados por los órganos o entes del Poder Público para un determinado proyecto no podrán ser utilizados para fines distintos a los aprobados y destinados inicialmente, salvo que sea debidamente autorizado por el órgano o ente del Poder Público que otorgó los recursos, para lo cual el consejo comunal deberá motivar el carácter excepcional de la solicitud de cambio del objeto del proyecto, acompañada de los soportes respectivos, previo debate y aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Fondos internos del Consejo Comunal
Articulo 48. El consejo comunal, deberá formar cuatro (4) fondos internos: Acción Social; Gastos Operativos y de Administración; Ahorro y Crédito Social; y, Riesgos; para facilitar el desenvolvimiento armónico de sus actividades y funciones. Serán administrados por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, previa aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, con la justificación del Colectivo de Coordinación Comunitaria.
Lo relativo al funcionamiento de los fondos se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

Fondo de Acción Social
Articulo 49. El Fondo de Acción Social será destinado a cubrir las necesidades sociales, tales como: situaciones de contingencia, de emergencia o problemas de salud, que no puedan ser cubiertas por los afectados debido a su situación socio-económica. Se presentará una propuesta para la utilización de estos recursos que deberá ser aprobada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, excepto en los casos de emergencia o fuerza mayor. Este fondo se constituye mediante:
1. Los intereses anuales cobrado de los créditos otorgados con recursos retornables del financiamiento.
2. Los ingresos por concepto de los intereses y excedentes devengados de los recursos de inversión social no retornables.
3. Los recursos generados de la autogestión comunitaria.

Fondo de Gastos Operativos y de Administración
Articulo 50. El Fondo de Gastos Operativos y de Administración estará para contribuir con el pago de los gastos que se generen en la operatividad y manejo administrativo del consejo comunal. Este fondo se constituye mediante tres fuentes:
1. Los intereses anuales cobrado de los créditos otorgados con recursos retornables de la línea de crédito o contrato de préstamo.
2. Los que sean asignados para estos fines, por los órganos y entes del Poder Público en los respectivos proyectos que le sean aprobados.
3. Recursos generados por la autogestión comunitaria.

Fondo de Ahorro y Crédito Social
Articulo 51. El Fondo de Ahorro y Crédito Social será destinado a incentivar el ahorro en las comunidades con una visión socialista y promover los medios socio productivos mediante créditos solidarios. Estará conformado por la captación de recursos monetarios de forma colectiva, unipersonal y familiar, recursos generados de las organizaciones autogestionarias, los excedentes de los recursos no retornables y los propios intereses generados de la cuenta de ahorro y crédito social.

Fondo de Riesgo
Articulo 52. El Fondo de Riesgo será destinado a cubrir los montos no pagados de los créditos socio-productivos, que incidan u obstaculicen el cumplimiento y continuidad de los proyectos comunitarios, en situación de riesgos y asumidos por el consejo comunal, constituido por:
1. Los intereses anuales cobrado de los créditos otorgados con recursos retornables del financiamiento. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria deberá realizar un informe donde se contemple la voluntad por parte de las organizaciones socio-productiva de no cancelar el saldo adeudado, o cualquier circunstancia que imposibilite el pago del mismo por situación de emergencia, enfermedad o muerte. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria está en la capacidad de proponer formas alternativas para el pago de un crédito. Para su trámite administrativo se tendrá una cuenta bancaria en la que se depositará mensualmente el monto.
2. El interés de mora de los créditos otorgados con recursos retornables.
3. Los recursos generados de la autogestión comunitaria.

CAPÍTULO VIII
Relación de los consejos comunales con los órganos
y entes del Poder Público

Rectoría
Artículo 53. El Ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos como forma de participación comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, articulando las relaciones entre éstos y los órganos y entes del Poder Público.

Atribuciones
Artículo 54. El ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Diseñar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, planes y estrategias que deberán atender los órganos y entes del Poder Público en todo lo relacionado con el apoyo a los consejos comunales.
2. El registro de los consejos comunales y la emisión del certificado correspondiente.
3. Diseñar y coordinar el sistema de información comunitario y los procedimientos referidos a la organización y desarrollo de los consejos comunales.
4. Diseñar y dirigir la ejecución de los programas de capacitación y adiestramiento de los consejos comunales.
5. Orientar técnicamente en caso de presunta responsabilidad civil, penal y administrativa derivada del funcionamiento de las instancias del consejo comunal.
6. Recabar, sistematizar, divulgar y suministrar la información proveniente de los órganos y entes del Poder Público relacionada con el financiamiento y características de los proyectos de los consejos comunales.
7. Promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo endógeno de las comunidades articulados al Plan Comunitario de Desarrollo.
8. Prestar asistencia técnica en el proceso del ciclo comunal.
9. Coordinar con la Contraloría General de la República, mecanismos para orientar a los consejos comunales sobre la correcta administración de los recursos.
10. Fomentar la organización de consejos comunales.
11. Financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por los consejos comunales en sus componentes financieros y no financieros, con recursos retornables y no retornables, en el marco de esta Ley.

Simplificación de trámites
Artículo 55. El Ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana articulará los mecanismos para facilitar y simplificar toda tramitación ante los órganos y entes del Poder Público vinculados a los consejos comunales.

Atención a los consejos comunales
Artículo 56. Los órganos y entes del Estado en sus relaciones con los consejos comunales darán preferencia a la atención de los requerimientos que éstos formulen y a la satisfacción de sus necesidades, asegurando el ejercicio de sus derechos cuando se relacionen con éstos. Esta preferencia comprende:
1. Especial atención de los consejos comunales en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas.
2. Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para la atención de los requerimientos formulados por los consejos comunales.
3. Precedencia de los consejos comunales en la transferencia de los servicios públicos.

Fiscales del Ministerio Público
Articulo 57. El Ministerio Público debe contar con fiscales especializados para atender las denuncias y acciones interpuestas, relacionadas con los consejos comunales, que se deriven directa o indirectamente del ejercicio del derecho a la participación.

Exenciones
Articulo 58. Los consejos comunales estarán exentos de todo tipo de pagos de impuestos nacionales, estadales y municipales, directos o indirectos, tasas, contribuciones especiales y derechos de registro.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Participación Ciudadana deberá incorporar en su reglamento orgánico las disposiciones relativas al Servicio Desconcentrado Fondo Nacional de los Consejos Comunales, en un lapso no mayor de sesenta (60) días posteriores a la aprobación de la estructura orgánica del referido Ministerio por parte del órgano con competencia en la materia.

SEGUNDA. Los Consejos Comunales constituidos bajo el régimen legal anterior serán objeto de un proceso de adecuación de sus Estatutos a las disposiciones establecidas en la presente Ley, a los fines de su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, en un lapso no mayor de ciento ochenta (180) días contado a partir de su publicación. Durante ese período se garantizará la continuidad de sus diferentes instancias en su gestión, para la ejecución de sus planes, programas y proyectos comunitarios aprobados conforme al régimen legal anterior.

TERCERA. A partir de la adecuación del consejo comunal de conformidad con la presente Ley, quedarán disueltas las Asociaciones Cooperativas Banco Comunal, en su carácter de unidad de gestión financiera de los Consejos Comunales; por consiguiente, deberán transferir al consejo comunal, en un lapso no mayor a treinta (30) días, los recursos financieros y no financieros, los provenientes de la intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados, bienes, obligaciones, deudas, compromisos, planes, programas, proyectos y cualquier otro adquirido en el ejercicio de sus funciones.

CUARTA. Una vez efectuada la transferencia por parte de la Asociación Cooperativa Banco Comunal, el Consejo Comunal asumirá los compromisos económicos, la ejecución y tramitación de los proyectos y los procesos administrativos y judiciales en curso causados durante la gestión de la Asociación Cooperativa Banco Comunal.

QUINTA. Los voceros y voceras de las instancias de gestión financiera de la Asociación Cooperativa Banco Comunal serán responsables civil, penal y administrativamente conforme a la ley, por la omisión, retardo e incumplimiento de la transferencia indicada en la Disposición Transitoria Tercera.

SEXTA. Los integrantes de las instancias de gestión financiera de la Asociación Cooperativa Banco Comunal mantendrán su condición de voceros y voceras en la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria a los efectos del cumplimiento de la continuidad del periodo para los cuales fueron electos y electas.

SEPTIMA. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela dictará el Reglamento de la presente Ley, en un lapso de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la publicación de la presente Ley.

OCTAVA. Hasta tanto se dicta el Reglamento de la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Participación Ciudadana dictará los lineamientos y elaborará los instructivos que se requieren para hacer efectivo el Registro de los Consejos Comunales, conforme a las disposiciones de esta Ley.




CAPITULO X
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

UNICA. Queda derogada la Ley de los consejos comunales sancionada a los siete días del mes de abril de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 5.806 de fecha 10 de abril de 2006 y todas las demás disposiciones legales que coliden con la presente Ley.

CAPITULO XI
DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Dada en Caracas, a los _____ (___) días del mes de ( ) del año dos mil nueve (2.009). Año 198º de la Independencia y 150º de la Federación.

UN MENU PARA LA MESA DEMOCRÁTICA

A principios del pasado mes de Junio, las organizaciones políticas de oposición crearon la Mesa de la Unidad Democrática como una instancia para “superar las divisiones y defender la democracia”. En realidad, la iniciativa representa un paso sustantivo para aumentar; tanto sus capacidades estratégicas como operativas. De ello, no hay duda. Sin embargo, el arranque de las distintas mesas ha sido lento, lo que supone impulsar los correctivos necesarios.

La crisis del país ha desbordado -desde hace un buen rato-, la acción gubernamental. Así el deterioro institucional, la inseguridad pública, la carestía y escasez de bienes y servicios, la creciente impunidad y la deficiente actuación de los órganos de justicia se han convertido en las variables determinantes de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los habitantes del país. Esto ha hecho que, los distintos sectores sociales comiencen a defender legítimamente su derecho a una vida mejor. Frente a esta circunstancia, el Gobierno Nacional como única respuesta ha emprendido una política de criminalización y persecución de la protesta social y de la disidencia política.

En este contexto, resulta indispensable la acción coherente de los factores populares y políticos vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática con el preciso y claro objetivo de conformar un bloque político y social que permita de restitución del equilibrio democrático en el país. Conceptualmente, siempre respondo que el marco constitucional vigente; es decir, la Constitución Bolivariana debe ser el punto de partida para la reconstrucción del país en una democracia social y donde la gestión de las políticas públicas garantice la inclusión de todos los sectores sociales que conforman nuestra nación.

Por otra parte, el enfoque de derechos tendría que ser asumido como la herramienta fundamental en la gestión de políticas públicas que propicie de manera inequívoca la inclusión de todos los venezolanos a los beneficios de una nueva gestión gubernamental. La prédica que sentencia de forma afortunada “que todos los derechos para todas las personas”, tendría que ser el paradigma de cada Mesa de la Unidad Democrática que se constituya en Venezuela.

La conformación de las Mesas de la Unidad debería responder a criterios programáticos, técnicos y no sólo políticos. Si bien esto supone un gran esfuerzo para las organizaciones populares y políticas que participan en cada una de esas instancias, también implica una garantía de mayor sincronía la amplia problemática que caracteriza la situación del país. Pero también las Mesas de la Unidad Democrática deben ser justamente eso: instancias para la construcción de visiones compartidas y corresponsables de cada actividad ideológica y política que se impulse desde allí. Por lo tanto, resultará ocioso contraponer falsamente a las entidades asociativas de la sociedad, contra los movimientos sociales o los partidos políticos. En las Mesas de la Unidad Democrática (en sus distintos niveles político-territoriales) deben caber todos, con sentido de equidad para aportar elementos que contribuyan a construir en forma progresiva el factor de cambio que todos necesitamos.

El bloque oficialista se encuentra enredado cada vez más en su visión hegemónica del cambio social y, ha venido perdiendo espacios en los distintos sectores sociales que conforman nuestra nación. Así, con la clase media casi perdida, el oficialismo trata de refugiarse en un segmento de los sectores populares mediante el clientelismo, por medio de la cooptación o simplemente a través del amedrentamiento. No todo está abonado para los sectores democráticos; pues el posible resurgimiento de la anti-política en la clase media, las peleas intestinas entre los partidos políticos y la consolidación de un sentimiento de frustración en amplios sectores del pueblo venezolano, pudieran convertirse en factores que apuntalen la posición gubernamental por un nuevo período.


Las Mesas de la Unidad Democrática deben ser el pivote para impulsar de manera abierta, constructiva y permanente las luchas democráticas del pueblo venezolano. Para ello, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben integrar esfuerzos reconociendo sus diferencias y su diversidad; pero caminando de manera cierta hacia la construcción de esa Venezuela democrática, incluyente y próspera que todos merecemos. Ese el camino.

DÍA DEL VECINO

Ayer, Sábado 3 de Octubre; atendiendo una cordial invitación de La Escuela de Ciudadanos que dirige el destacado líder social Elías Santana, asistí a un coloquio sobre el futuro de las Asociaciones de Vecinos en Venezuela. Como todos sabemos, cada 3 de Octubre desde el año 1981 se celebra en nuestro país, el Día del Vecino.

Allí, durante unas tres horas pude intercambiar impresiones sobre este tema con distinguidos dirigentes vecinales y comunitarios de larga trayectoria como: Ligia Gerbasi, Kiomara Scovino, Miguel Ron Pedrique, Alfredo Call, Milagros Pérez, Maribel Ferrer y con el concejal César David Chirinos del municipio Chacao.

En el evento se abordó el tema del fortalecimiento de las Asociaciones de Vecinos desde distintas ópticas. Propuse un esquema básico para la elaboración de un programa de formación de dirigentes vecinales y comunitarios. Ese esquema comprende cuatro componentes; a saber:

1- La referencia histórico-conceptual de las Asociaciones de Vecinos en Venezuela y su ubicación dentro de los movimientos sociales.
2- El marco legal institucional que ha venido regulando el desarrollo de los movimientos vecinales y comunitarios en nuestro país.
3- Las distintas formas y posibilidades de organización que han adoptado y pueden adoptar las expresiones vecinales y comunitarias y,
4- Los mecanismos de participación e incidencia pública que pueden desarrollar los ciudadanos y ciudadanas; a partir de las organizaciones y grupos vecinales.

Por otra parte, considero importante el desarrollo de una nueva ética ciudadana basada en la democracia, la inclusión, la libertad y corresponsabilidad como enfoque global de la participación popular en el ámbito comunitario y vecinal.

El coloquio organizado por la Escuela de Ciudadanos sirvió también como paso inicial para la realización del V Encuentro de las Asociaciones de Vecinos de Caracas que se tiene previsto desarrollar el Sábado 31 de Octubre, con la participación de invitados nacionales e internacionales.

Por lo demás, deseo reiterar desde CIUDADANOLIBRE mi más cordial saludo y también mi firme compromiso con el movimiento vecinal y comunitario de Venezuela. ¡Felicidades en su día, en su mes..! El movimiento vecinal y comunitario es un actor relevante y de mucha perspectiva estratégica en la reconstrucción de una Venezuela democrática, incluyente, libre, próspera y plural.

ALGUNOS COMENTARIOS MUY PRELIMINARES SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS MUNICIPIOS BARUTA Y SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

En entregas anteriores, había prometido algunos comentarios sobre el presupuesto participativo. Pues bien, para cumplir con esa promesa les presento algunas consideraciones sobre las experiencias que he venido compartiendo; tanto en el municipio Baruta como en el municipio Sucre, en la aplicación de este mecanismo de participación popular.

Sobre la base legal del presupuesto participativo

Un elemento importante sobre el cual se presentan dudas y observaciones es sobre la base legal del presupuesto participativo. En términos generales puede afirmarse que, el presupuesto participativo se encuentra contemplado de manera directa e indirecta en el marco constitucional y legal vigente en Venezuela. Por ejemplo, el presupuesto participativo se encuentra mencionado -de manera indirecta- en los artículos, 51, 62, 70, 132, 184, 299 y 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPMP, 2006) determina las condiciones para la incorporación de las necesidades y propuestas presentadas por las comunidades en el presupuesto de inversión de cada alcaldía; mediante el presupuesto participativo en sus artículos 88, 231 y 268.

El presupuesto participativo está recogido de manera especial en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año 2006). En esa ley de los CLPP se estima al presupuesto participativo como parte del Plan Municipal de Desarrollo (artículo 34). También se ofrece un concepto de presupuesto participativo (artículo 35) acorde con el contenido en la LOPPM y, se incorpora una importante definición del diagnóstico participativo (artículo 36), como una fase importante para la elaboración del presupuesto participativo. Cabe destacar que, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública establece la necesaria incorporación de los Consejos Comunales a toda esta serie de eventos de transcendencia para el desarrollo del municipio. Y por supuesto que, la Ley de los Consejos Comunales del año 2006 también incluye el tema del presupuesto participativo, como una función específica de la unidad de gestión financiera o banco comunal (artículo 22). También algunos municipios han legislado sobre este asunto, como son los casos de los municipios Baruta y El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda y del Municipio Bolivariano Libertador, del ahora Distrito Capital.

El presupuesto participativo en los municipios Baruta y Sucre

Ahora bien, el presupuesto participativo no está consolidado aún en nuestro país; pese a poseer una plataforma constitucional y jurídica que favorece y promueve su puesta en marcha. Quizás sean causas de esta situación: la debilidad institucional o el recelo de los gobernantes locales para su aplicación; sumado al escepticismo o la debilidad del movimiento ciudadano para abordar o exigir la aplicación de este derecho civil, que también supone la organización y la corresponsabilidad.

En los municipios Baruta y Sucre -ambas entidades pertenecientes al estado Bolivariano de Miranda-, se viene implementando el presupuesto participativo con enfoques distintos; pero con propósitos similares. Por ejemplo, en el municipio Baruta se enmarca como un instrumento de participación para la formulación del plan de inversión municipal correspondiente el ejercicio fiscal siguiente; mientras que en el municipio Sucre se concibió –inicialmente-, como un proceso de planificación participativa, en el cual cada comunidad visualizaba sus proyectos para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, en Baruta, el diseño técnico del proceso se encuentra en manos de la Alcaldía y del Consejo Local de Planificación Pública y su respectiva Sala Técnica; mientras que en el municipio Sucre ha sido la Alcaldía y especialmente FUNDASUCRE la que asumió directamente la gestión del proceso; quizás por la debilidad del Consejo Local de Planificación Pública de esa entidad, que de paso se encuentra vencido desde hace seis años.

La base legal que ampara el desarrollo de este mecanismo de participación popular es similar; aunque en el caso de Baruta se aplica la ordenanza específica aprobada por el Concejo Municipal. Es de destacar que, en ambos municipios utilizan una sectorización social y demográfica dentro de los límites de su división parroquial para emprender las consultas comunitarias. En el caso del municipio Sucre -por su mayor extensión territorial y número de habitantes-, la sectorización empleada es más compleja; pues incluye variables de organización comunitaria y política. En Baruta, se realizaron siete asambleas comunitarias durante el mes de Agosto 2009 (en igual número de zonas del municipio) a las que asistieron más de cuatrocientos cincuenta dirigentes o voceros comunitarios. En Sucre, por su parte, se programaron treinta y cuatro encuentros comunitarios (aún falta por realizarse algunos) con una asistencia aproximada –a la fecha-, de unos seiscientos cincuenta voceros comunitarios.

Un elemento interesante –en esta medición- lo representan las asambleas comunitarias como procedimientos de consulta. En el caso de Baruta, las comunidades y sus representantes reciben información técnica para que puedan presentar posteriormente (ante la Sala Técnica del CLPP y en un lapso establecido previamente) sus requerimientos y puedan participar de este modo en el proceso de elaboración del plan de inversión municipal. Además allí, el Alcalde, acompañado por el Vicepresidente del CLPP y parte del cuerpo directivo de la alcaldía, rinde cuentas sobre el avance o no de los proyectos contemplados en el presente ejercicio fiscal y que fueran incluidos en el año anterior.

En el municipio Sucre, la actividad que se desarrolla es muy diferente. En principio, los asistentes a los encuentros comunitarios elaboran un diagnóstico en mesas sectoriales de trabajo (cuyo número varía; según la dimensión del encuentro) y, luego definen allí mismo las “ideas fuerza” que más adelante se convertirán en proyectos. Ahora bien, cabe agregar que, en este contexto, se firma un acuerdo de corresponsabilidad entre el Alcalde y una representación de las comunidades existentes, con el propósito de unir esfuerzos para realizar de manera exitosa los proyectos allí definidos. Pero además, esos voceros seleccionados por comunidades participantes en cada evento reciben capacitación en la formulación de proyectos comunitarios, con lo cual se consolida; aún más, la relación alcaldía-pueblo.

Otra cosa es el proceso de formulación del presupuesto de inversión municipal. Allí no hay mayor incidencia pública; pues ya entra en un proceso “técnico” donde influye y es determinante la relación cantidad de proyectos presentados y la cantidad real de fondos presupuestarios existentes para su financiación. Por otra parte, el elemento político también puede llegar a ser determinante; pues el presupuesto de inversión municipal tendrá que pasar por los sucesivos filtros. En primer lugar, la Plenaria de cada Consejo Local de Planificación Pública y, en segundo término, por el propio Concejo Municipal.

La forma en que ambas municipalidades abordan el tema promocional o publicitario del presupuesto participativo es otro elemento distintivo. Así mientras, la Alcaldía de Baruta adoptó –de manera efectiva- mecanismos tradicionales de difusión; a través de medios de comunicación social, el sitio web de la institución o el volanteo y la utilización de “call center”; la Alcaldía de Sucre agregó a ellos, la producción audiovisual, la edición de afiches y la producción gráfica de hojas informativas denominadas “Rumbo Propio”, referidas a cada evento comunitario particular y, ya se prepara un sitio web del proceso.

Un último comentario, lo quiero referir a las expectativas observadas entre las comunidades organizadas de ambos municipios; y donde también se precisan similitudes y diferencias. Un evento común a cada municipio es la expectativa positiva y crítica que despierta entre las comunidades y sus voceros, la reunión y el encuentro con las autoridades públicas. Otra es la apertura de mecanismos para el establecimiento de mayor compromiso entre las autoridades locales y sus electores y las comunidades organizadas. Ahora bien, en el caso del municipio Sucre (en 2 o 3 zonas), algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han tratado de impedir infructuosamente y, a costa de amenazar a la población de sus comunidades, la realización de los encuentros comunitarios del presupuesto participativo.

Con esta primera aproximación comparativa entre los procesos de presupuesto participativo que se desarrollan en los municipios Baruta y Sucre, pretendo compartir con los lectores de CIUDADANOLIBRE, estas observaciones relativamente sistematizadas con el único propósito de que sirvan como un insumo para una reflexión prospectiva que ayude a fortalecer esta experiencia en nuestras vecindades.

ALGUNAS NOCIONES ELEMENTALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son aquellas condiciones necesarias para que los seres humanos podamos vivir con dignidad. Una vida digna se basa en el respeto para todas las personas; así como de las oportunidades para que puedan desarrollarse a plenitud y, por lo tanto, ser felices. Los derechos humanos corresponden a todas las personas; sin distinción alguna. Los derechos humanos constituyen una obligación para el Estado y, también para toda la sociedad que debe respetarlos y velar por su disfrute.

Los derechos humanos tienen unas características propias. Veamos.

Los derechos humanos son innatos o inherentes a la persona humana. Esto quiere decir, que todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. En otras palabras, los derechos humanos se originan en la propia naturaleza humana. Por lo tanto, el Estado, las leyes y la sociedad están sometidos a los derechos humanos. En el ámbito institucional; por ejemplo, cualquier ley o medida gubernamental que los viole es nulo, porque va en contra de la naturaleza humana.

Otra característica de los derechos humanos es su universalidad. Esto implica que todas las personas –mujeres, hombres, niños y niñas- tienen derechos humanos sin importar la raza, el sexo, la cultura, ni la religión o la nacionalidad que tengan. Tampoco el lugar donde vivan. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede ser excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. En síntesis, los derechos humanos son universales.

Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles. Los derechos humanos son productos de las luchas sociales. Son conquistas de las luchas populares. A la vez que los derechos humanos se acumulan, pasan a formar parte de la dignidad humana. Tampoco caducan los derechos humanos; es decir, no pierden vigencia; aún siendo superadas las circunstancias que originaron su conquista.

Por otra parte, los derechos humanos son inviolables. Las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Las leyes dictadas por los gobiernos no pueden ser contrarias a estos y, las políticas económicas y sociales tampoco. En otras palabras, toda la acción de los gobiernos debe estar sometida sin ninguna excusa o pretexto ideológico-político.

De la misma manera los derechos humanos son obligatorios. Esto quiere decir que, los derechos humanos imponen la obligación concreta; tanto a la sociedad como al Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que lo exprese directamente. Todos nos encontramos en la obligación de respetar los derechos humanos, tanto aquellos que se encuentren indicados en nuestro marco legal, como aquellos que no lo estén.

Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. El cumplimento de los derechos humanos trasciende los límites fronterizos de todas las naciones del mundo. Además los derechos humanos son parte del derecho internacional. Al respecto, la comunidad internacional puede y debe intervenir, cuando un Estado se encuentre violando los derechos humanos de su población. Cabe agregar que, existe todo un sistema internacional dedicado a la protección de los derechos humanos.

Por último, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. En otras palabras, los derechos humanos no pueden dividirse ni seccionarse, se encuentran relacionados entre sí. Además, la negación de un derecho comprometería a la dignidad de la personas. El disfrute de los derechos humanos no puede hacerse a costa de otros derechos.

MARCHA, BARANDILLA Y ARENGA

La marcha del pasado Sábado 22 de Agosto, realizada en la ciudad de Caracas, en contra de la recién aprobada y promulgada Ley Orgánica de Educación, cumplió en buena parte, con su objetivo: demostró la decidida disposición de un sector del pueblo venezolano en defender su legítimo derecho de tener una educación libre y de calidad. Pero además, la masiva manifestación popular evidenció de nuevo la forma autoritaria e intolerante; mediante la cual el bloque oficial enfrenta cualquier movilización política o social, crítica a su gestión.

Desde otro punto de vista, la movilización popular exhibió las debilidades en la organización del evento; por parte de los actores convocantes. Y es que, aún cuando el objetivo de la marcha estaba claramente establecido -cuestión que quedó demostrada con la masiva asistencia de madres, padres y representantes, de adultos y jóvenes- el final del recorrido careció de la necesaria referencia orientadora de una dirección política para el adecuado cierre del evento. En realidad, hizo falta una vanguardia que fuera adelante enseñando el camino. Y aquí no se trata de culpabilizar a algún sector en particular, léase partidos políticos. Simplemente, es un hecho que tiene que ser atendido. Los partidos políticos no están reñidos con los movimientos sociales y, mucho menos con sus luchas. Por el contrario, los partidos políticos deberían prestar sus plataformas (aunque en el caso venezolano son débiles) para brindar el soporte estratégico, organizativo y técnico requerido por las luchas sociales, gremiales y sindicales. No debemos caer en la tentación –y el error-, de tratar de separar o confrontar actores sociales y políticos que se complementan. Ojo con ello.

Ahora bien, el asunto de la barandilla es sorprendente. Sin temor a exagerar, resulta extraño ubicar en la historia reciente del país, la apertura de una investigación por derribar una barandilla metálica en una manifestación pública. En todo caso, la caída de la muy preciada barandilla resultó un “pretexto ideal” para emprender la represión sin contemplaciones de la avanzada de la multitudinaria marcha que protestaba contra la aprobación y promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación. La otra curiosidad que se hizo presente el Sábado 22 de Agosto, fue la “arenga ideológico-política” que recibieron; tanto los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, como miembros de la Policía Metropolitana para el cumplimiento de sus funciones. En ella, además de algún insulto ocasional, hasta salió a relucir el caso de Honduras. Hay que estar alerta sobre el “contenido” ideológico-político de esas arengas, porque podrían convertirse en un instrumento que incite al odio y la confrontación entre aquellos factores que les corresponde mantener el orden público, con estricto respeto de los derechos humanos, desviando hacia otros fines, su actividad institucional.

Con la marcha del sábado 22 de Agosto quedó demostrado que, la reserva democrática de Venezuela sigue allí, intacta y dispuesta a defender su país. La marcha del Sábado 22 de Agosto de 2009 se convirtió en el verdadero festival de la paz y de la educación libre y de calidad que todos aspiramos y, contra ello no caben barandillas ni arengas ideológicas.

COLOQUIO DEL 3ER SECTOR; PONENCIA: "APORTES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA REFORMA DE LA LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES"

CONSEJOS COMUNALES: ¿AUTÓNOMOS O ENTES PARAGUBERNAMENTALES?

Resumen (en seis líneas)

La reforma de la Ley de los Consejos Comunales debe circunscribirse al marco constitucional vigente y, con respeto los derechos humanos. La reforma debe propiciar consejos comunales sin burocracia, convertidos en nuevos sujetos de descentralización, vinculados a su realidad político-territorial inmediata, en comunicación y cooperación con sus autoridades locales y, de acuerdo y en sintonía con las decisiones de su respectiva asamblea de ciudadanos.

Muy breves antecedentes al tema

El modelo de Estado en Venezuela supone ser federal, descentralizado y participativo. Esa organización de la República, en su componente participativo se sustenta en un conjunto de órganos políticos territoriales para el ejercicio de la participación y el protagonismo popular. Así nuestra Carta Magna contempla: el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185), el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182). En ese contexto, se crean los consejos comunales -como parte integrante- de los Consejos Locales de Planificación Pública; según su ley de creación en el año 2002.

Por otra parte, el gobierno sostiene como valor estratégico la promoción de la organización y la movilización de la población. En tal sentido, el consejo comunal se ha convertido en contenido recurrente dentro del discurso oficial. Para el año 2006 y, con motivo de la inoperancia de los consejos locales de planificación pública, el bloque oficial determina una nueva ruta para impulsar la organización popular. Separa a los consejos comunales del ámbito organizativo de los CLPP. Para ello, se promulga la Ley de los Consejos Comunales (en Abril de 2006) y, reforman tanto la Ley Orgánica del Poder Público Municipal como la propia Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. En Octubre de 2006, se creó la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular; aunque sin mayor trascendencia operativa. Sobre este particular, cabe señalar que FUNDACOMUNAL (adscrita al Ministerio de Participación y Desarrollo y Protección Social), pasó a desempeñar una función de primer orden en la promoción de los consejos comunales.

A partir de 2007, el tema de los consejos comunales se “ideologiza” abiertamente y se integra al componente denominado “Explosión del Poder Comunal”, dentro de la propuesta ideológica-política denominada “Los Cinco Motores Socialistas”. De igual manera, los consejos comunales se incluyeron en la propuesta de Reforma Constitucional de ese mismo año con la creación del poder comunal. Ese mismo año; es decir, en el 2007, los consejos comunales fueron incorporados como asunto al proceso de la Ley Habilitante en la que recibieron una serie de asignaciones funcionales en áreas vinculadas a la planificación alimentaria, la seguridad ciudadana, las contrataciones públicas, la firmas de convenios de cogestión, la reducción de procedimientos administrativos, la actividad turística y las fuerzas armadas bolivarianas; entre otras. También en Febrero de 2007 se creó el Consejo Presidencial del Poder Comunal, que pasó a sustituir a la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular.

Por último, la gestión oficial ha venido intentando adecuar la estructura gubernamental y de gestión a la propuesta de organización comunal. Al respecto, vale la pena mencionar la creación del Ministerio de Economía Comunal y su posterior fusión con el Ministerio de Participación y Desarrollo Social; mediante la cual se creó el Ministerio de las Comunas en el año 2008. La reforma de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), con el propósito de otorgar recursos financieros directos a los consejos comunales, la creación de la “Misión 13 de Abril” o de programas específicos al financiamiento de proyectos de inversión social o socio-productiva o programas de telecomunicaciones son una prueba de ello que sin embargo, no suponen su rendimiento eficaz y eficiente. De hecho, en el año 2008, la misma Contraloría General de la República, emitió una resolución solicitando la declaración jurada de patrimonio a los integrantes de la unidad económica-financiera de los consejos comunales.

La propuesta de reforma de la Ley de los Consejos Comunales

En esta parte, se presenta versión muy resumida sobre los detalles que se consideran más relevantes y que traería consigo la reforma total de la Ley de los Consejos Comunales.

1. La propuesta de reforma de la ley adopta elementos de carácter ideológico a la conformación de los consejos comunales, al incorporar “la construcción del socialismo” como finalidad de estas instancias de organización vecinal.

2. La propuesta de reforma no establece de manera clara y pertinente las relaciones entre los consejos comunales y los órganos del poder municipal y de los medios de participación constitucionalmente y legalmente establecidos; favoreciendo por contraposición, una adscripción a la coordinación de organismos centrales. Tampoco muestra relación con el conjunto de atribuciones funcionales que han venido siendo asignadas por otros mecanismos legislativos.

3. La propuesta de reforma considera como integración del consejo comunal a los siguientes componentes: Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como máxima instancia de decisión del consejo comunal; el Colectivo de Coordinación Comunitaria (como instancia de articulación, trabajo conjunto, y funcionamiento de las unidades: Ejecutiva, de Gestión Administrativa y Contraloría Social del consejo comunal), la Unidad Ejecutiva (conformada por 22 comités de trabajo), la Unidad de Gestión Administrativa (que sustituye al Banco Comunal o Cooperativa) y la Unidad de Contraloría Social.

4. La propuesta elimina el banco comunal (y su carácter de cooperativa) y los sustituye por la unidad de gestión administrativo- financiera que manejaría cuatro fondos; a saber: el Fondo de Solidaridad Social, el Fondo de Proyectos de Inversión Social, el Fondo de Inversión en Proyectos Socio-Productivos y el Fondo de Riesgo.

5. La propuesta de reforma incrementa discrecionalmente, el número de comités de trabajo hasta veintidós componentes, sin considerar un conjunto de competencias y atribuciones para los consejos comunales como instancias de participación.

6. La propuesta de reforma precisa con mayor amplitud los mecanismos de elección y revocación del consejo comunal; sin embargo, no resuelve el tema de la burocracia semi-pública que se crea alrededor de la gestión de los consejos comunales.

7. La propuesta de reforma incorpora el tema del denominado Ciclo Comunal asumido como un proceso continuo de participación popular; cuyo objeto es la atención de las necesidades y desarrollo de las potencialidades de la comunidad, que se concreta a través de la realización de cinco fases: Diagnóstico, Plan, Presupuesto, Ejecución y Contraloría. Tiene como meta la elaboración el Plan Comunal de Desarrollo.

Los aportes para la reforma de la Ley de los Consejos Comunales desde una óptica ciudadana

Los siguientes puntos se consideran relevantes y trascendentes para la elaboración de una propuesta a la reforma de la Ley de los Consejos Comunales:

1. Establecer con precisión y claridad la naturaleza estrictamente comunitaria, social y vecinal de los consejos comunales como instancias ciudadanas de participación; sin prevalencia de sesgo ideológico alguno que propicie la discriminación y, con estricto apego a los principios y valores contenido en el marco constitucional.

2. Ajustar la propuesta de reforma de la Ley de los Consejos Comunales al modelo de Estado democrático, federal, descentralizado y participativo contenido en la Constitución Bolivariana (artículos 4 y 6). Y por lo tanto, rescatar la vinculación institucional de los consejos comunales con el consejo local de planificación pública y demás entidades del poder público municipal como la alcaldía, el concejo municipal y las juntas parroquiales.

3. La propuesta de reforma de esta Ley, debe contemplar y rescatar la figura de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como medio de participación y protagonismo del pueblo venezolano (CRBV, artículo 70) y, como instancias de suprema decisión de los consejos comunales.

4. Determinar las competencias y atribuciones del consejo comunal de acuerdo a su naturaleza como instancia de participación y, en correspondencia con el nivel político-territorial al que pertenece y donde realizarán, sus actividades regularmente. En tal sentido, se propone como competencias generales de los consejos comunales:

4.1. La gestión ante las autoridades públicas municipales, estadales y nacionales (y sus entes desconcentrado y descentralizados funcionalmente) de la atención de las necesidades y problemas de sus respectivas comunidades.

4.2. La promoción de la organización y la participación de las comunidades para su incorporación en los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas, programas, proyectos y obras públicas.

4.3. El impulso de la descentralización, transferencia, autogestión y cogestión de programas y servicios desde los estados y municipios hacia las comunidades organizadas y entidades no estatales; mediante el establecimiento de convenios de gestión, previa demostración de sus capacidades.

4.4. La participación en los procesos de planificación comunitaria, parroquial y municipal de carácter territorial, urbano, sectorial y especial en coordinación con los consejos locales de planificación pública y demás entidades gubernamentales vinculadas a ese proceso.

4.5. Establecer relaciones de coordinación y cooperación en su respectivo ámbito geográfico, con otras expresiones asociativas y autónomas de la sociedad civil; tales como: asociaciones ambientales y ecológicas, agrupaciones deportivas, comunidades educativas, grupos culturales, juntas de condominio, organizaciones de derechos humanos y de otros sectores sociales.

5. Simplificar y flexibilizar la estructura organizativa de los consejos comunales, evitando la recomendación legal de estructuras pesadas y excesivamente burocráticas y estableciendo claros mecanismos de rendición de cuentas, ante las autoridades públicas y su correspondiente asamblea de ciudadanos.

6. Eliminar su adscripción jerárquica, operativa o funcional a entidades gubernamentales de carácter nacional central, desconcentrada o descentralizada funcionalmente.

Piedras Azules (Hoyo de La Puerta) Baruta también organiza su Consejo Comunal

La comunidad de "Piedras Azules" en el sector de Hoyo de La Puerta, del Municipio Baruta, en estado Bolivariano de Miranda también se prepara para elegir su consejo comunal. Para ello, el pasado viernes 7 de agosto, realizó su asamblea correspondiente donde eligió la comisión promotora y la comisión electoral respectiva.

Con gran satisfacción participamos como observadores de este proceso vecinal; y podemos dar fe del entusiasmo de los vecinos y vecinas de la comunidad de "Piedras Azules" en el proceso de organización de su consejo comunal. La ocasión también fue propicia para informar sobre el proceso de presupuesto participativo que adelanta el CLPP-Baruta.

Deseamos el mayor de los éxitos a esta comunidad en la realización de su proceso de organización; y estaremos pendientes para seguirlos apoyando institucionalmente.

NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El presupuesto participativo es un medio de participación e incidencia popular; cuyo objetivo fundamental es que los ciudadanos y los colectivos comunitarios y sociales de cada municipio propongan, deliberen y decidan en los procesos de formulación, ejecución y control del presupuesto de inversión anual municipal. El plan -o también, presupuesto- de inversión anual municipal, constituye un instrumento de gestión que tendría que reunir de manera sistemática los principales proyectos de inversión en áreas como: infraestructura, urbanismo, servicios y vialidad, con el propósito impulsar desarrollo humano, social, cultural y económico del municipio.

En tal sentido, con la implementación del presupuesto participativo se viabilizaría la elaboración del plan de inversión municipal de cada ejercicio fiscal -en cada uno de los municipios del país-, de manera más armónica y validada con las exigencias y demandas de las comunidades. De esta forma, el presupuesto participativo pasa a convertirse en una herramienta potencial para lograr el empoderamiento ciudadano en la gestión pública local y, por otra parte, de legitimación de la actividad de los gobernantes locales. Un elemento adicional, es que el presupuesto participativo puede crear las condiciones para la realización posterior de procesos de contraloría y evaluación social de las políticas públicas en el ámbito parroquial y municipal.

Desde un punto de vista teórico, el presupuesto participativo implica la creación de un espacio de encuentro entre la población organizada y el gobierno local; en el que se trata de conseguir soluciones consensuadas a problemas específicos; así como definir con mayor eficacia institucional y operativa, las líneas y los proyectos de inversión prioritarias para el municipio. En el terreno de los hechos, el presupuesto participativo supone un gran esfuerzo institucional y honesto de compromiso político, de parte de las autoridades públicas locales para su realización exitosa. Pero también implica una severa prueba de liderazgo, capacidad de movilización y fortaleza organizativa para los vecinos, las comunidades organizadas y los colectivos sociales y, para los representantes vecinales y sociales de los consejos locales de planificación pública de los trescientos treinta y cinco municipios de Venezuela.

No todos los municipios del país poseen las mismas capacidades institucionales y presupuestarias para emprender un proceso de presupuestación participativa. Y en efecto, el presupuesto participativo será mucho más viable en municipios con un mayor desarrollo institucional y financiero. De hecho, el presupuesto participativo requiere la optimación de las políticas y procesos de recaudación de ingresos fiscales; por parte de las autoridades públicas locales. Por supuesto, que a lo anterior hay que agregar, el compromiso y la voluntad política que tengan los gobernantes locales con este tema. Muy probablemente, un gobierno local comprometido con este medio de inclusión popular impulse las iniciativas institucionales pertinentes; aún cuando posea marcadas restricciones institucionales y financieras; es decir, para un alcalde, el presupuesto participativo podría representar una oportunidad formidable para redefinir y reimpulsar la gestión pública en su entidad, de la mano de sus ciudadanos y de su respectivo consejo local de planificación pública.

Por su parte, vecinos (as) de manera individual o colectiva, también tienen materias pendientes en este tema. La realización del presupuesto participativo desde la óptica vecinal requiere de una serie de pasos técnicos que suponen algún grado de organización. No se trata que comunidades o colectivos sociales acudan a una asamblea del presupuesto participativo con una lista de peticiones. Por el contrario, es un proceso un tanto más complicado. Las comunidades o colectivos sociales al menos tienen que realizar una reunión para preparar su diagnóstico o su mapa de necesidades respectivo. De la misma manera, deben recibir las cifras de inversión total y por sector, previstas por la alcaldía respectiva para el ejercicio fiscal correspondiente y analizarlas de acuerdo con las necesidades determinadas en su diagnóstico. Por otra parte, los colectivos comunitarios y sociales tendrían que decidir reunidos en asamblea sus prioridades, para luego ser presentadas en los eventos que convoque el consejo local de planificación pública, para tal fin. Finalmente, a las vecindades les corresponde designar a sus respectivas delegaciones de contraloría social para emprender el seguimiento del proceso de presupuesto participativo.

En el caso venezolano, a los consejos comunales se las ha asignado; mediante la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año 2006) una responsabilidad determinante en el proceso de formación del plan de inversión municipal y del proceso de realización del presupuesto participativo. Sin embargo, ello no impide que tanto los vecinos (as) de manera independiente, y los colectivos sociales de diversa naturaleza con vida en su respectivo municipio, puedan incidir en la formación del plan de inversión municipal, por medio del presupuesto participativo.

Volveremos sobre este tema -en pleno desarrollo en Venezuela- en una próxima entrega.

LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA ES EL CAMINO

El bloque oficial abandonó definitivamente la Constitución Bolivariana para emprender en el terreno de los hechos, la construcción de su proyecto socialista. El viraje del gobierno nacional hacia un enfoque socialista de ortodoxia; presuntamente marxista, se encontraría plasmado en el denominado Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, convertido por decisión de la Asamblea Nacional, en el undécimo plan de la nación, para el lapso 2007-2013.

La perorata socialista del gobierno de turno, comenzó a tomar forma; a partir de 2006, cuando el actual Presidente de la República optaba por la reelección presidencial. Al respecto cabe recordar que, su propuesta gubernamental básica era la de construir una sociedad socialista en Venezuela. Después, durante 2007 el gobierno nacional impulsó el programa político denominado “Los cinco motores socialistas”; que suponía una combinación de medidas legales (proceso constituyente y reforma constitucional), propagandísticas (educación socialista), organizativas de carácter social-comunitario (explosión del poder comunal) y de naturaleza político-territorial (nueva geometría del poder).

En realidad, con dicho programa el bloque oficialista trató de posicionar la propuesta de reforma constitucional que se impulsaba desde la Presidencia de la República, como un medio para redefinir las relaciones entre el binomio Estado-pueblo; bajo un enfoque centralista e intervencionista. La reforma constitucional significaba la ruptura formal con la Constitución Bolivariana; por parte del bloque revolucionario oficial y, simultáneamente el primer paso para la instauración del socialismo en la Venezuela del siglo XXI.

Como es conocido por todos, la propuesta de reforma constitucional fue derrotada popular y electoralmente, lo que significó un duro y estratégico revés político para el régimen. A partir de esa derrota, el bloque oficialista ha tratado de compensar, con la aprobación de un conjunto de leyes que al margen de ciertos preceptos constitucionales intentan convertirse en los cimientos jurídicos del propósito socialista gubernamental. En este aspecto nos referimos a la creación de la Comisión Central de Planificación, a la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público, a la reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública y, a la promulgación de la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana; entre otras leyes aprobadas tanto por la vía habilitante como por la Asamblea Nacional.

Así como el gobierno nacional ha venido alejándose del contenido de la Constitución Bolivariana por su viraje hacia “el socialismo”; por contraposición el pueblo organizado, los sectores alternativos al bloque oficial y las fuerzas democráticas de la oposición venezolana han venido asumiendo cada vez la defensa de ésta. Y es que la defensa de la Constitución Bolivariana representa la única estrategia válida y efectiva para restituir el equilibrio democrático en el país y reorientar su rumbo por hacia un horizonte de prosperidad, democracia y libertad en un marco de plena vigencia de los derechos humanos.

Frente al personalismo, el centralismo y la concentración del poder, la alternativa es el impulso de las luchas por derechos democráticos y libertades públicas. Y es que en ese sentido, no puede haber desmayo posible. En nuestro país, existe un pueblo desasistido y marginado de las posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida. Lamentablemente, en muchas ocasiones se pregona “que necesitamos un proyecto de país”, para salir adelante. Craso error. El proyecto de país ya lo tenemos y, está contenido en la Constitución Bolivariana. Una Constitución que por cierto, ya ha sido aprobada y defendida por el voto popular en más de una ocasión. A diez años del proceso constituyente, la Constitución Bolivariana sigue siendo el camino.

LA COMUNIDAD DE "LA LIMONERA" INICIA LA ORGANIZACIÓN DE SU CONSEJO COMUNAL

En la tarde hoy 25 de julio de 2009, tuvimos la enorme satisfacción de compartir con un nutrido grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de La Limonera, en el Municipio Baruta, del estado Bolivariano de Miranda que decidieron iniciar la organización de su consejo comunal como un medio para mejorar su calidad de vida.
Me correspondió ofrecer una breve inducción sobre distintos aspectos conceptuales, legales, institucionales y procedimentales de los consejos comunales, con el propósito de que la comunidad reflexionara sobre la importancia de la organización popular y emprendiera de manera consciente su proceso de organización comunitaria.
Luego de la charla, reunidos en una asamblea de ciudadanos, los vecinos de La Limonera escogieron a los integrantes de la comisión de promoción provisional con el propósito de asumir con la mayor diligencia y rapidez, las acciones tendentes a la conformación de su consejo comunal.
Un abrazo para todos y todas. Espero verlos de nuevo. Esta vez, en la elección y juramentación del consejo comunal de La Limonera.

CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN DE BARUTA

El Consejo Local de Planificación Pública de Baruta continúa sesionando para ponerse al día. El pasado martes 21 de junio, el pleno del CLPP sesionó y seleccionó, mediante mayoría calificada de sus miembros, a dos de los tres integrantes del jurado que le corresponderá escoger mediante concurso público de credenciales, a los dos profesionales necesarios para cubrir las respectivas vacantes de la Sala Técnica de ese organismo.

La Sala Técnica, del Consejo Local de Planificación Pública, es la unidad de apoyo especializado del CLPP conformada por un equipo multidisciplinario, con un mínimo de tres ciudadanos (as) habitantes del municipio, seleccionado mediante concurso público.

Entre las funciones de la Sala Técnica destacamos:

1. Diseñar e implementar la metodología para la formulación, ejecución seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo, así como otros palanes, programas y proyectos y actividades que se ejecute en el municipio.

2. Seleccionar los mecanismos que le permitan facilitar al CLPP el cumplimiento de sus objetivos.

3. Apoyar a los ciudadanos (as), consejos comunales, organizaciones vecinales y comunitarias de acuerdo con su competencia.

4. asesorar a los consejos comunales en el diseño y presentación de proyectos comunitarios.

5. Ejercer conjuntamente con las contralorías sociales mecanismos de supervisión y control de todas las obras que provenientes del presupuesto de inversión y de los entes de descentralizados se realicen en el e municipio.

6. Proveer la información técnica integral automatizada con el propósito de asegurar información sectorial necesaria para la planificación, el control de gestión y la participación de la comunidad organizada.

7. Coordinar y garantizar con el soporte técnico necesario la elaboración del diagnóstico participativo del municipio.

8. Diseñar y presentar ante la Plenaria del CLPP el informe técnico de la evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos, actividades y políticas públicas municipales.

9. Realizar el seguimiento a los planes, programas, proyectos, actividades y políticas públicas municipales.

10. Garantizar con soporte técnico el diseño y coordinación del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo.

11. Realizar informe detallado de la supervisiones físicas de los proyectos evaluados en la Sala Técnica y presentarlo ante la Plenaria del CLPP.

La Sala Técnica del CLPP-Baruta se encuentra en la actualidad disminuida en sus capacidades operativas, debido a que dos de sus integrantes profesionales tienen otros destinos laborales fuera del municipio Baruta. La primera Sala Técnica del CLPP-Baruta fue elegida en el año 2004 mediante concurso público de credenciales.

El Jurado seleccionado una vez juramentado, tendrá un mes para seleccionar a los dos ciudadanos (as) que se integrarán al trabajo del CLPP-Baruta, por medio de su Sala Técnica.

COLABORANDO CON EL CESAP-CARACAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOCOS CIUDADANOS

Hola..! Hoy estuve compartiendo con la gente del CESAP-Caracas en la actividad inicial del proyecto denominado "Construyendo Cultura Democrática: Los Focos Ciudadanos". Alli me correspondió conversar sobre las posibilidades que brinda el marco jurídico institucional venezolano para el desarrollo de la participación ciudadana.

Durante la actividad abordamos uan agenda temática variada sobre los conceptos, tipos posiblidades y problemas que caracterizan la participación ciudadana en Venzuela. En realidad, para mi fue muy agradable compartir con representantes sociales y comunitarios del Municipio Libertador y del Municipio Sucre. Por lo demás, agradezco la invitación de mis amigos del CESAP para participar en esta parte de su proyecto. Un abrazo...

APUNTES MUY PRELIMINARES PARA SEGUIR LA RUTA DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN VENEZUELA

La creación de los consejos comunales se enmarca sin a lugar dudas, en el valor estratégico que maneja el gobierno nacional sobre la organización y movilización popular, como un elemento de sustentación de su proyecto ideológico-político. De hecho, con la actual propuesta de reforma se propone convertir a los consejos comunales en medios para la construcción del socialismo.

Inicialmente para el año 2002 los consejos comunales formaban parte de los Consejos Locales de Planificación Pública. En efecto, el artículo 8 de la Ley de los CLPP, del año 2002, consideraba que estos promoverían la red de los consejos parroquiales y comunales en cada uno de los espacios de la sociedad civil, como medios de incidencia en la formulación, gestión control y evaluación de las políticas públicas. Cabe agregar, que los consejos locales de planificación pública están incluidos en la Constitución Bolivariana (artículo 182).

Para el año 2004, en la jornada estratégica realizada por el Presidente Chávez Frías con sus ministros y un grupo de gobernadores y alcaldes afectos al pensamiento oficial, en el “Fuerte Tiuna” (instalación militar ubicada en pleno Distrito Capital), se planteó como uno de las tareas importantes, para el proceso revolucionario tanto el impulso de los consejos locales de planificación pública, como de las contralorías sociales como medios de protagonismo popular.

Para el año 2005, se promulga la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), que entre otros aspectos, consagraba la pertenencia de los consejos parroquiales y comunales como parte integrante de los consejos locales de planificación pública. De igual manera, determina la competencia de los alcaldes para promover la red de consejos comunales y parroquiales.

Pese al apoyo legislativo (promulgación de leyes) la implementación de los consejos locales de planificación pública fue un fracaso. Los CLPP sufrieron la resistencia de los operadores políticos municipales; y la indiferencia del movimiento vecinal independiente. En 2006, el gobierno, fiel a sus propósitos de organización popular determinó una nueva ruta: los consejos comunales. Para ello, ese mismo año se promulgó la Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial, Extraordinario, Nº 5.806 del 10-04-06).

Para algunos, los consejos comunales se inspiran en los comités de defensa de la revolución cubanos (CDR), o los comités sandinistas de la revolución (CSR) e incluso los más románticos identifican en los consejos comunales bolivarianos una versión tropical de los “soviets” de la revolución bolchevique, de 1917. Marta Harnecker, ideóloga marxista de origen chileno, impulsó en su paso por la revolución bolivariana venezolana, la idea de crear unas instancias de poder popular similares a las implementadas en las comunas chilenas (equivalentes a los municipios venezolanos) durante el gobierno del Presidente Salvador Allende hacia 1973.

En todo caso, los consejos comunales también tienen un enorme parecido orgánico-funcional con las antiguas asociaciones de vecinos criollas en tanto a su concepto de zona geográfica, comunidad, atribuciones de relación con las instancias de gobierno parroquial, municipal, estadual y nacional (al respecto puede verse, el Reglamento Nº1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que vincula las asociaciones de vecinos, en 1979). Quizás la gran diferencia entre ambos sea el carácter voluntario de las asociaciones de vecinos, frente al incentivo crematístico que tienen y disfrutan los consejos comunales.

Para 2007, los consejos sufrieron un fuerte proceso de ideologización y pasaron a ser parte sustantiva de los “Cinco Motores Socialistas” (específicamente el quinto motor: “La Explosión del Poder Comunal”); también fueron incorporados en el articulado del proyecto de reforma constitucional presentado ese mismo años por el Presidente de la República.

En el lapso pasó entre febrero 2007 y julio 2008; y, que correspondió al período Habilitante los consejos comunales fueron incorporados a un número relativamente importante de leyes por parte del Ejecutivo Nacional; entre las que cuales mencionaremos la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional; la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria; la Ley de Canalizaciones; la Ley de Ferrocarriles; la Ley Orgánica de Economía Popular; la Ley de Policía Nacional; la Ley de Contrataciones Públicas; y, la Ley de Simplificación de Procedimientos Administrativos.

Por otra parte, los consejos comunales han sido incorporados a otros temas recientemente como al sistema nacional de protección del niño, niña y adolescentes; mediante la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Niñez y la Adolescencia (LOPNA); así como también han sido incorporados al sistema de evaluación de los jueces, por medio del Código de Ética de los Jueces.

El gobierno nacional ha tratado de ser coherente y ha intentado una propuesta de organización pública con base a los consejos comunales. Por ejemplo, de acuerdo al marco legal aún vigente, tendría que estar operativa la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, creada mediante decreto Nº 4.929 de fecha 27 de octubre de 2006. Sin embargo, esta comisión no tuvo trascendencia institucional. Sus funciones fueron trasladadas a una vieja y noble institución cuarto-republicana como es FUNDACOMÚN (fundada por el Presidente Betancourt en 1961; y ahora, renombrada como FUNDACOMUNAL por la revolución, casi cincuenta años después). Finalmente, la CPPPP fue sustituida por el Consejo Presidencial para el Poder Comunal. Este nuevo Consejo Presidencial, con carácter temporal tuvo por objeto de estudiar la legislación actual en materia comunal con miras hacia la construcción del Estado comunal entre otros aspectos.

En ese mismo sentido, se ha impulsado en la administración pública nacional una plataforma organizativa que trata de recoger las iniciativas provenientes de los consejos comunales. La más reciente fue la creación del Ministerio del Poder Popular de las Comunas, que nació de la fusión de los Ministerios de Economía Popular; y, el de Participación y Desarrollo Social. Cabe agregar, que en casi todos los ministerios y demás entidades de la estructura del aparato público existen unidades y programas referidos al tema de los consejos comunales.

Un aspecto ineludible en estos antecedentes, está referido a la cuestión de la cantidad de consejos comunales que hay en el país; y que por cierto, representa un asunto literalmente opaco. Para 2006, según estimaciones oficiales se conformaron 18.000 consejos comunales; para finales de 2007, y de nuevo siguiendo las estimaciones gubernamentales la cantidad de consejos comunales en el país alcanzó la cifra de 30.000. Este número de consejos comunales ha sido mantenido desde 2007 por los distintos voceros oficiales, aunque sin mostrar a la opinión pública mayores pruebas de su exactitud y datos de su distribución geográfica. Otra situación que se ha convertido en un emblema, es la ausencia de control sobre la administración de los recursos públicos que han sido otorgados a los consejos comunales. En 2008 la Contraloría General de la República, decide solicitar la declaración jurada de patrimonio los integrantes de la unidad económico-financiera como un mecanismo para tratar de asegurar el manejo responsable y honesto de los recursos públicos entregados(G.O. Nº 38.983 del 30-07-2008).

En todo caso, y siguiendo el discurso oficial, al parecer la conformación de los consejos comunales a nivel nacional ha sufrido cierta desaceleración; salvo que su crecimiento, evolución y desarrollo haya sido ocultado por las agencias públicas estatales con lo cual se estaría lesionando, al menos, el derecho a la información pública que tienen los ciudadanos en general.

OTRAS NOTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUS VALORES SUPERIORES

La participación ciudadana supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión democrática del gobierno. En ese esquema, la participación del individuo, del pueblo, de las comunidades organizadas y también de sus entidades asociativas persigue otorgar, al menos protagonismo y corresponsabilidad en los procesos de gobierno. La participación ciudadana es un proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en una sociedad. La participación ciudadana está motivada por intereses y valores que se pueden desarrollar individual y colectivamente, en relación a la sociedad y con respecto al Estado, dentro de unas condiciones históricas concretas y, bajo un contexto favorable o no, establecido de manera formal (en el marco jurídico) o de manera informal derivado de la dinámica impuesta por los actores de la propia sociedad.

La participación popular puede ser clasificada en tres tipos básicos: la participación política, la participación comunitaria y la participación social. En términos muy sencillos, la participación política es aquella intervención de los ciudadanos; a través de los partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos municipales y cualquier otro que represente los intereses globales de una comunidad política. La participación comunitaria estaría constituida por iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal (pública) para atender asuntos inmediatos de interés colectivo. La participación social está referida a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones al nivel de la sociedad civil para la defensa de intereses sociales.

La participación ciudadana constituye una práctica cada vez más extendida en nuestro continente como un medio de inclusión del pueblo en los procesos técnicos y políticos referidos a la gestión de gobierno. En toda América Latina, han emergido y se han consolidado experiencias exitosas de participación ciudadana; entre otros casos resaltantes podemos citar: el Presupuesto Participativo de Porto Alegre y Curitiba en Brasil; la organización de los Consejos Comunales, en las comunas (equivalentes a los municipios venezolanos) de Chile; los Gabinetes Comunitarios implementados en Colombia o los más recientes Consejos de Participación Ciudadana de Nicaragua, representan referencias específicas del avance sostenido de esta práctica de inclusión popular en la esfera de los asuntos públicos.

El desarrollo de la participación ciudadana se ubica preferiblemente en ámbitos político-territoriales sub-nacionales, como estados, provincias, ayuntamientos, municipios o alcaldías; sin que esto implique que su práctica no involucre a las agencias del gobierno central. En todo caso, la participación ciudadana supone una mejor práctica; mediante medios de gestión pública descentralizada y desconcentrada.

El ejercicio de la participación ciudadana puede abarcar funciones ejecutivas, deliberantes, contraloras y de justicia. La función ejecutiva está referida a la co-gestión de programas sociales o servicios públicos; mediante acuerdos entre el Estado (nacional estadal o municipal) y las entidades asociativas civiles y, por supuesto, con las comunidades. La función legislativa comprende la posibilidad que tienen individuos, colectivos sociales y comunidades de emprender consultas públicas e iniciativas legislativas sobre temas específicos. La función contralora implica la posibilidad real de que los ciudadanos, colectivos sociales y comunidades organizadas ejerzan el control sobre la gestión gubernamental; y, la participación ciudadana relacionada con la justicia se basa en la posibilidad de impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en ámbito locales y comunitarios. Un último comentario preliminar es que la participación popular es promovida con mucha frecuencia y preferencia en procesos de planificación local y de gestión de programas sociales.

A los efectos de una buena práctica de la participación popular, ésta tendría que enmarcarse dentro de un conjunto de valores superiores como universalidad, corresponsabilidad, equidad, cooperación, igualdad de oportunidades, legalidad, solidaridad, pluralismo, transparencia y tolerancia.

La universalidad supone la práctica de la participación; bajo la integración de acciones, bienes o responsabilidades. La corresponsabilidad implica la responsabilidad compartida entre los actores públicos y privados, para el ejercicio de la participación. La equidad debe contribuir al ejercicio de los derechos que posee cada individuo. Mientras que la cooperación propiciaría el entendimiento y el intercambio entre los actores públicos y privados para el logro de los objetivos propuestos. La igualdad de oportunidades propenderá a la oferta de posibilidades semejantes, parecidas y proporcionadas entre los actores involucrados. La legalidad debe garantizar reglas claras y pre-establecidas para todos los agentes individuales y colectivos vinculados. La solidaridad propicia la adhesión a causas y empresas entre los actores de una comunidad, de un colectivo social o entre comunidades y colectivos sociales distintos. El pluralismo admite los distintos enfoques, posiciones y tendencias que puedan existir en los miembros de una comunidad o colectivo. La transparencia debe propiciar la accesibilidad de la información para todos los agentes o actores vinculados a un proceso determinado. Por último, la tolerancia respetará la libertad de los demás, sus formas de pensar, de actuar y a sus opiniones políticas y religiosas.

NOTAS SOBRE EL MUNICIPIO, LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución Nacional y de las leyes. La autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. (CRBV, artículo 168)

En tal sentido, el municipio es la instancia más específica dentro de la actuación y distribución espacial del Estado. El municipio constituye una unidad de territorio que muestra características históricas, sociales y culturales particulares con una población relativamente próxima y determinada; y, en donde existe una mayor cercanía entre las comunidades y las instituciones públicas.

La cercanía entre el municipio (como representación estatal más próxima a los ciudadanos) y la población permitiría aprovechar sus características y potencialidades para impulsar de una manera sostenible y sustentable el desarrollo local y la calidad de vida. Las competencias municipales están consagradas de manera clara y precisa en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según nuestra Carta Magna, las competencias del municipio deben desarrollarse en el marco de la participación ciudadana.

La división funcional del poder público municipal

Según la Ley del Poder Público Municipal (artículo 75) el poder público municipal se ejerce; a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde el gobierno y administración; la función deliberante que corresponde al concejo municipal, integrado por los concejales y concejalas. La función de control fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal en los términos establecidos en la ley y la ordenanza. Y la función de planificación que será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).

Ese artículo (Nº 75) también establece que, los órganos del poder público municipal, en el ejercicio de sus funciones incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y, en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna; para lo cual deberán crear los mecanismos que lo garanticen.

Las instancias de gobierno del municipio

El gobierno y la administración del municipio corresponden al alcalde o alcaldesa; primera autoridad civil de esa entidad y, quien podrá ser elegido para un período de cuatro años; pudiendo ser reelegido de inmediato por una sola vez y para una nueva administración. Para ser alcalde o alcaldesa se requiere ser venezolano, de estado seglar y mayor de veinticinco años.

La función deliberante en los municipios es potestad de los concejos municipales. La Cámara Municipal está integrada por los concejales y concejalas electos en la forma determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre las funciones del Concejo Municipal se encuentra iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los proyectos de ordenanzas, incluida la de su reglamento interno y de debates. Además deberán aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; además de otros planes y el presupuesto de gastos del municipio.

En cada municipio existirá una contraloría municipal que ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales; así como las operaciones relativas a los mismos. El cargo de contralor (a) municipal está sujeto en sus actuaciones a atender los requerimientos y denuncias de los vecinos, so pena de ser destituido en el caso de que no las atienda o ignore de manera sistemática.

La función de planificación es una de las más interesantes dentro del poder público municipal en atención a que, por mandato expreso de la CRBV y la propia Ley del Poder Público Municipal su gestión debe realizarse de manera corresponsable y compartida con las comunidades organizadas por medio de la gestión del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). En otras palabras, la planificación municipal puede convertirse en un instrumento de empoderamiento ciudadano de notable eficacia política e institucional. Uno de los propósitos centrales de las alcaldías es el desarrollo sostenible y sustentable para cada uno de sus ámbitos territoriales; contribuyendo de esta forma a elevar el nivel de vida de sus habitantes.

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con un horizonte de cuatro años, el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) y el Presupuesto Participativo son los instrumentos por excelencia, para ordenar los proyectos que conduzcan la actividad pública de cada municipio hacia niveles superiores de desarrollo.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) servirían como instrumentos eficaces para la creación de consensos en el campo de las políticas públicas municipales. Con el presupuesto participativo se haría especial énfasis en proporcionar información de calidad a las comunidades y, en ofrecer la debida asesoría y asistencia técnica a los vecinos, con el objeto de que puedan obtener el mayor provecho posible de este importante mecanismo de participación popular.

Por último, las Juntas Parroquiales son las entidades político-administrativas de las parroquias que representan demarcaciones creadas en el ámbito del municipio con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos. Las Juntas Parroquiales tendrían que jugar un papel fundamental en la construcción de “tejido comunitario” y canales de comunicación y cooperación para el ejercicio eficaz de las funciones de planificación en el entorno municipal.

Los mecanismos de participación popular en el ámbito municipal

El municipio cuenta con un conjunto de mecanismos de participación que, a los efectos de las posibilidades de empoderamiento ciudadano en la gestión pública local se hace necesario destacar y mencionar. Los principales medios de participación ciudadana (sin incluir en esta entrega al presupuesto participativo y a la contraloría social, que trataré una nota aparte)son: los cabildos abiertos, las asambleas ciudadanas, los referendos, las consultas públicas, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, el control social, la iniciativa legislativa, los medios de comunicación alternativos, la autogestión y la cogestión.

1. Cabildos Abiertos (LOPPM, artículos 260, 261): constituyen una sesión abierta de la Cámara Municipal organizada con el propósito de buscar soluciones a problemas que afecten a una comunidad determinada.

2. Asambleas Ciudadanas (LOPPM artículos 262, 263): son un medio de participación en el ámbito local de carácter deliberativo en el que pueden participar todos los ciudadanos vinculados a la comunidad o al tema específico considerado. Sus decisiones son de carácter vinculante.

3. Referendos (CRVB artículo 70 y LOPPM artículo 273): los referendos consultivos de carácter revocatorio, abrogatorio o aprobatorio deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Las convocatorias a referendos sobre una ordenanza o tema específico sólo podrá realizarse una vez, durante un período constitucional.

4. Consultas Públicas (LOPPM artículos 265, 266): las consultas públicas son el medio de participación ciudadana; mediante el cual los ciudadanos, comunidades organizadas y los colectivos sociales tienen derecho a formular observaciones y propuestas a los proyectos de ordenanzas en discusión, en especial a aquellos referidos el desarrollo urbano y la conservación ambiental.

5. Iniciativa Popular (CRBV, artículo 70): constituye un medio de participación ciudadana; por medio del cual las comunidades organizadas y los colectivos sociales emprenden de manera autónoma decisiones para alcanzar ciertos objetivos en función de mejorar su calidad de vida.

6. Iniciativa Legislativa (LOPPM, artículo 274): la iniciativa es un medio de participación ciudadana; a través de la cual los habitantes de un municipio en un porcentaje no menor del 0,1 pueden presentar de sus electores proyectos de ordenanzas o modificaciones a las vigentes para la consideración del respectivo concejo municipal.

7. Medios de Comunicación Alternativos (CRBV, artículo 70): son medios de participación popular; mediante los cuales los vecinos, las comunidades organizadas y los colectivos sociales desarrollan medios comunitarios o sectoriales independientes y sin fines de lucro, con el propósito de generar espacios para el fortalecimiento de la confianza, la solidaridad y la cooperación mutua, en función de mejorar su calidad de vida.

8. Autogestión y Cogestión (CRBV; artículos 70, 184): son expresiones de gestión asociativa de carácter corresponsable, descentralizado, desconcentrado y democrático que se producen bajo la figura de convenios entre el municipio y las comunidades organizadas o los colectivos sociales; o entre estos dos últimos para la prestación de servicios públicos o la gestión de programas sociales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

La participación ciudadana es un derecho humano fundamental. El derecho a la participación se encuentra recogida en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional. Veamos.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948) se contempla que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos (artículo 21).

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966) se indica que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las restricciones mencionadas en el artículo 2 (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social), y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades para participar en la dirección de los asuntos públicos directamente, o por medio de representantes libremente elegidos votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre voluntad de los electores y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país (artículo 25).

En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) se expresa que, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 23).

En la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001) se determina a lo largo de su contenido, la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la democracia en el continente americano. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional (artículo 2). Por otra parte, establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia (artículo 6). Y que los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil (artículo 27).

En el caso venezolano y, en materia de Derechos Humanos, la Constitución Bolivariana establece en su articulado mecanismos que garantizan -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público; de cinco maneras diferentes:

- reconoce y se compromete a la protección de los derechos humanos de acuerdo al principio de progresividad y sin discriminación alguna; con base a los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República (CRBV, artículo 19);
- establece que la no enunciación expresa de derechos humanos en el texto constitucional no supone su negación, ni el ejercicio de los mismos (CRBV, artículo 22);
- determina que los pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno; siempre y cuando sean más favorables que las establecidas en la Constitución y las leyes de la República. (CRBV, artículo 24);
- determina la obligación del Estado a investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos (CRBV, artículo 29) y,
- establece el recurso de amparo ante organismos internacionales, en caso de que haya personas afectadas en el disfrute de sus derechos humanos (CRBV, artículo 31).

EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN LOCAL

El empoderamiento ciudadano, en términos sencillos y útiles, es el proceso a través del cual tanto individuos como comunidades obtienen conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.

En los procesos de empoderamiento ciudadano, individuos y comunidades se movilizan en los ámbitos político y social, para obtener beneficios que redunden en sus condiciones de existencia. El empoderamiento popular requiere de comunidades y colectivos fuertes mediante, al menos:

- el desarrollo de modelos de organización interna de naturaleza democrática;
- la capacidad para emprender procesos de diagnósticos y planificación autónomos y participativos;
- la capacidad de negociación y concertación con otros colectivos y con las autoridades públicas; y,
- el desarrollo de la corresponsabilidad y de control social de la gestión gubernamental y de su propia operatividad.

El empoderamiento ciudadano es una actitud reivindicativa que persigue la inclusión de aquellas comunidades menos favorecidas en la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y justa.

También el empoderamiento se encuentra articulado a la participación ciudadana bien sea ésta política, social o comunitaria. La participación ciudadana es un proceso mediante el cual individuos y comunidades, emprenden distintas iniciativas; de acuerdo a sus propias necesidades para contribuir a su desarrollo político, económico y social.

En otras palabras, la participación ciudadana puede contribuir al empoderamiento de individuos, de colectivos sociales y de comunidades organizadas; a través del fortalecimiento de sus capacidades operativas y, sobre todo con la potenciación del ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales.

La gestión pública está referida a la acción de las agencias estatales que, de acuerdo a su naturaleza y a su misión, debe corresponder a atender de manera ordenada las principales necesidades de su colectivo correspondiente.

En tal sentido, la gestión pública local comprende la actividad de aquellas entidades público-territoriales menores como son los municipios y sus componentes gubernamentales básicos como lo son las alcaldías, los concejos municipales y las juntas parroquiales que tendrían que responder a las necesidades, demandas y propuestas que manifieste su población y sus comunidades organizadas.

El municipio es el espacio natural y más inmediato para el desarrollo de procesos de empoderamiento ciudadano, por constituir la representación más cercana del Estado a la población.

NUEVO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO BARUTA

El pasado martes 26 de Mayo de 2009, se juramentó en salón de sesiones de la Concejo Municipal de Baruta (estado Bolivariano de Miranda), el nuevo Consejo Local de Planificación Pública de ese municipio, para el lapso 2009-2011.

En el acto fui juramentado como su Vicepresidente, por el Alcalde-Presidente del CLPP-Baruta, ciudadano Gerardo Blyde. Asumo con alegría y responsabilidad este nuevo compromiso en este órgano de participación ciudadana, con el simple y único objetivo de contribuir a su funcionamiento pleno y eficaz bajo un enfoque democrático, inlcuyente y plural.

Los nuevos representantes ciudadanos (tanto comunitarios como sectoriales) son los siguientes

Parroquia El Cafetal:

HAROLD COVA, LUIS JUBES, Y JOSÉ MEDINA (consejeros principales); y, ALEXIS MACEIRA Y CARLOS LAM (consejeros suplentes).

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Baruta:

MIGUEL GONZÁLEZ MARREGOT, CLAUDIA ALSINA, KIOMARA SCOVINO, ALEXANDRA NUÑEZ (consejeros principales); y, LUIS MAITA, NATALIA ROA, JUDITH SABALZA, MORAIMA LISTA (consejeros suplentes).

Parroquia Las Minas:

JOSÉ VICENTE CARRASQUERO, EDUARD CHACÓN, HERMANN KROHN (consejeros principales); y, GEISHA REBOLLEDO, ELIZABETH HERRERA, VERÓNICA HERNÁNDEZ (consejeros suplentes).

Los nuevos consejeros sectoriales son los siguientes:

Bienestar Social: MARÍA ELENA ARNAL (P) y MARÍA MARGARITA GÓMEZ (S);
Transporte: JOSÉ RICARDO MELO (P) y Daniel Mendoza (S):

Cultura y Deporte: JOSÉ MANUEL ANDRADE (P)y JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ (S);

Educación: LUISANA FUENTES (P) y MARÍA JOSEFINA MATA (S);

Industria y Comercio: ROSALINDA SLEIMAN (P) y ANTONIO FERNÁNDEZ (S);

Profesionales y Técnicos: OLGA GUEDEZ (P); y,

Salud: JOSÉ MANUEL PIÑA (P) y GUILLERMO ALONZO (S).

Además de los representantes vecinales y sectoriales el CLPP está integrado por el Alcalde, los presidentes de las Juntas Parroquiales y los Concejales del Municipio como autoridades públicas.

Seguimos trabajando...

EN ALIANZA CON "LA CASA DEL NUEVO PUEBLO" EN VALENCIA, ESTADO CARABOBO

El pasado miércoles 20 de mayo estuvimos compartiendo con un interesante grupo de dirigentes sociales y comunitarias del Municipio Naguanagua, del estado Carabobo. La jornada sirvió para estudiar el marco jurídico-institucional de la participación ciudadana en Venezuela.

Este encuentro popular fue auspiciado por la Asociación Civil "La Casa del Nuevo Pueblo", entidad asociada a la red de organizaciones no gubernamentales y ciudadanas que coordina el CESAP.



Esta actividad se enmarca dentro del proceso de capacitación que adelanta el CESAP y sus organizaciones aliadas para impulsar el presente año procesos de incidencia pública alrededor de temas altamente valorados por las comunidades, y en función de mejorar su calidad vida.

Por supuesto, desde CIUDADANOLIBRE apoyamos y colaboramos con alegría y determinación este tipo de iniciativas populares y sociales. Adelante CESAP, "La Casa del Nuevo Pueblo" y las comunidades de Naguanagua. Seguimos en contacto.

ÉTICA, MANCOMUNIDADES Y TECNOLOGÍA EN CONSEJOS COMUNALES

En esta nota quiero comentar tres comunicaciones recibidas de distinguidos lectores de CIUDADANOLIBRE, y que refieren a aspectos álgidos de la dinámica de los consejos comunales.

El primero de ellos, se origina en el comentario dejado por el Sr. Alonso, quien denuncia una curiosa situación en un consejo comunal donde fueron electas una tía y su sobrina como miembros de la Unidad de Gestión Económica Financiera (Banco Comunal); y en el que además otro miembro de esa misma dependencia, es esposa del presidente de su Comisión Electoral.

Lo primero que se nos ocurre preguntar, ¿por qué la asamblea constituyente comunitaria aceptó tal situación? Y me hago esta pregunta, porque a todas luces este tipo de relaciones familiares es inconveniente y genera opacidades en la entidad que le corresponde la administración de los dineros públicos destinados a los proyectos de sociales o productivos de ese consejo comunal. Se trata de un tema ético, de mantener una postura honesta que propicie la transparencia y la rendición de cuentas.

En tal sentido, la elección de ese consejo comunal queda en entredicho; pero lo más grave aún es que también queda cuestionado la actitud de la asamblea constituyente comunitaria que permitió la elección de ese consejo comunal en esas circunstancias. Y por cierto, ¿la Unidad de Contraloría Social también guardó silencio?

Desde mi punto de vista, el proceso de elección del consejo comunal, que señala el Sr. Alonso tendría que repetirse reestructurando su comisión electoral y revisando los parentesco y las relaciones de consanguinidad de los aspirantes, con el propósito de salvaguardar la transparencia y el mejor funcionamiento de ese consejo comunal.

Por otra parte, el Sr. Adolfo Borquez, siempre activo nos informa sobre el avance en la organización de mancomunidades de consejos comunales y también de autoridades públicas, en distintas partes del país con el objetivo de abordar de manera eficaz la solución de problemas específicos.

Adolfo, en su mensaje nos indica que sobre al formación de mancomunidades entre los alcaldes de los municipios de Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos y Libertador en el estado Carabobo; entre otros casos. Pero los más importante de la nota de nuestro amigo Adolfo, es que nos informa la estructuración de una mancomunidad en Turgua, zona ruaral de El Hatillo, estado Bolivariano de Miranda que agruparía a 33 consejos comunales.

Al respecto, cabe señalar que la nueva Ley de los Consejos Comunales no menciona, ni trata a profunidad el tema de las mancomunidades; cosa que llama poderosamente la atención. Esta situación genera un vacío legal sobre una posibilidad (la creación de mancomunidades) que seguro se presentará como una consecuencia casi natural, de la necesidad de articular esfuerzos entre distintas comunidades organizadas aledañas para emprender proyectos dirigidos a mejorar su calidad de vida.

Por último, la amiga Ivón Vargas, del Consejo Comunal de la comunidad de La Palomera, Municipio Baruta, estado Bolivariano de Miranda, nos envió el link del página web de su consejo comunal: http://guerrerosdepiedraspintadas.ning.com que de paso recomiendo ampliamente. Visítenlo.

Cabe agregar, que la tecnología y la informática constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la participación popular y para la construcción de redes comunitarias y de naturaleza alternativa. No cabe duda, que el uso de la telemática en la dinámica de una organización popular es un indicador de su empoderamiento y su fortaleza organizativa.

Un abrazo para todas y todos nuestros lectores. Seguimos en contacto.

APOYANDO A LOS CONSEJOS COMUNALES DE BARUTA

El sábado 16 de mayo participamos como observador ciudadano en el proceso de elección del consejo comunal del sector Bucarito, en la zona de Sisipa, zona rural del Municipio Baruta.

En un emotivo y sencillo evento democrático la comunidad de Bucarito se reunió para elegir a su nuevo consejo comunal, de acuerdo a las normas establecidas en el marco jurídico correspondiente y vigente en el país.

El consejo comunal de Bucarito ha presentado de manera exitosa proyectos de inversión comunitaria a distintas entidades públicas y privadas del área metropolitana de Caracas, y cuenta además con el apoyo técnico de la Universidad Simón Bolívar (por medio del Decanato de Extensión).

Felicitaciones a la comunidad de Bucarito. Y mi agradecimiento, personal y profesional, por su invitación para acompañarlos de nuevo en su proceso de elecciones comunitarias.

CON LA GENTE DEL DIPLOMA DE DERECHOS HUMANOS UCAB-AUSJAL

Durante el lapso comprendido entre el 21 al 25 de abril del presente año, estuvimos compartiendo con los participantes, la semana presencial del Diploma en Derechos Humanos, que se dicta bajo el reconocimiento académico de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y la red de instituciones de educación superior de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL).

Este Diploma en DDHH que se imaparte bajo la modalidad de estudios a distancia significa sin lugar a dudas una oportunidad formidable para intercambiar experiencias y adquirir conocimientos firmes sobre en un tema que cada vez cobra mayor relevancia en todo el mundo.

Éxito para todos los participantes de las seis sedes latinoamericanas; y, para los participantes de Venezuela, les digo que espero encotrarlos en una nueva oportunidad no muy lejana. Un abrazo para todos.


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