El control social de la gestión de gobierno no es otra cosa que el derecho legítimo de los ciudadanos a exigir resultados concretos y cuentas claras a sus gobernantes. Pero además, el control social de las administraciones gubernamentales también supone impedir (en lo posible) la utilización de las instituciones estatales para fines privados o intereses particulares, de quienes ejercen la función de gobierno. Por otra parte, la contraloría social representa una innovación frente a los controles clásicos gubernamentales y, parte del principio, de que el Estado y sus instituciones son ineludiblemente responsables ante la sociedad. Pero por encima de todo, esta modalidad de participación puede constituirse en un auténtico evento de protagonismo ciudadano.
En Venezuela, la denominada “contraloría social” es un derecho constitucional de recientísima data. Por supuesto, que operativamente la contraloría social no se traduce aún en una condición administrativa completamente estructurada; incluso es todavía desconocida en su concepto y trascendencia, por amplios sectores de la sociedad civil. En otro sentido, la controlaría social exige el desarrollo de cierto grado de capacidad o inteligencia organizativas de parte las asociaciones civiles que no siempre está presente en ellas; y por si fuera poco, este es un tema que no suele ser “aceptado” por las propias entidades gubernamentales.
La contraloría social y los controles clásicos sobre el gobierno
A lo largo de la historia de la democracia moderna, de la democracia liberal, la necesidad de control sobre la gestión del Estado, sus instituciones y el ejercicio del gobierno se han convertido en un tema central de las ciencias políticas y de la dinámica propia y cotidiana de este tipo de sociedades. Un primer tipo de control clásico los representa el control de tipo Parlamentario, que se basa en la “vigilancia política” que realiza el Poder Legislativo, sobre el al actividad gubernamental desplegada desde el Poder Ejecutivo. Otro control estatal típico, es aquel aplicado por el Poder Judicial, sobre otros poderes públicos y, que supone la observancia y la pertinencia por parte de aquellos de la constitucionalidad. El control Administrativo que se realiza dentro de los poderes públicos sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen la gestión de gobierno, es la otra variante de fiscalización y vigilancia que se realiza en las agencias estatales. Además se estila que en cada ejercicio fiscal, las entidades gubernamentales presenten su memoria y cuenta. Por último, y como una alternativa innovadora ante la modalidades mencionadas encontramos el control social del gobierno. Este sería realizado por la ciudadanía, por la población en general, en su papel de sujeto activo y beneficiario directo de la gestión de los distintos componentes del Estado.
El marco legal de la contraloría social en Venezuela
A partir de 1999, la opción de ejercer un control sobre la actividad pública cobró una inusitada relevancia en marco legal vigente. La primera mención obligatoriamente es hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el tema de la contraloría social se menciona de manera directa o indirecta en unos veintiocho (28) artículos. La otra mención la referiremos a un amplio abanico de leyes orgánicas y ordinarias que también recogen entre sus mandatos la participación social como un medio de control de la actividad pública; tales como: la Orgánica de Régimen de Municipal (1989), la Orgánica de Administración Pública (2001), la Orgánica de Administración Financiera del Sector Público(2003), la Orgánica de Planificación (2001), la Ley del Estatuto Orgánico de la Función Pública (2002), la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas(2001) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002, 2006) y la Ley de los Consejos Comunales (2006) .
Habría que hacer especial mención a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), en su Capítulo VIII consagra la participación social dentro del sistema de control; a través de: la atención de las iniciativas y las denuncias ciudadanas, el establecimiento de estrategias para la promoción de participación ciudadana en la gestión fiscal y en los proyectos de alto impacto económico, financiero y social. Además esta ley determina que las organizaciones comunitarias y las representativas de los sectores sociales pueden postular candidatos a los organismos de control de entidades gubernamentales.
Dificultades y desafíos de la controlaría social
Las posibilidades de controlar la gestión gubernamental desde una “óptica ciudadana” se encuentran en medio de un campo lleno de requisitos técnicos y políticos, que pudieran tornarse en serias dificultades, si no se abordan adecuadamente. En el interior del sector público, por ejemplo, se debe estructurar un sistema de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño transparente, global y sectorial, que comprenda con precisión los indicadores de desempeño a considerar. Otro caso, es el desarrollo de un programa de capacitación y adiestramiento dirigido a los funcionarios públicos para incorporarlos al nuevo paradigma de gestión. De parte de la ciudadanía, los desafíos técnicos no son menores. De hecho, el ciudadano, las asociaciones y las comunidades organizadas deben asimilar y digerir adecuadamente sus posibilidades de participación. La sociedad civil debe continuar preparándose para ejercer su protagonismo. De allí, que las iniciativas dirigidas a capacitar a entidades no gubernamentales (temáticas o comunitarias) en estos asuntos sea de una relevancia estratégica. Así pues que, la contraloría social implicaría en consecuencia, un esfuerzo técnico e institucional formidable; tanto para la burocracia pública (casi siempre indispuesta ante cualquier tipo de control y/o fiscalización), como también para las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, ahora dotadas; al menos formalmente, de un protagonismo cívico.
Bajo una perspectiva política, la evaluación gubernamental desde una “óptica social” remueve los paradigmas clásicos del control gubernamental y ofrece una posibilidad abierta hacia una mayor democratización de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, una tendencia marcadamente autoritaria desplegada desde del gobierno, pudiera disuadir a la población de ejercer su derecho de control sobre las ejecutorías públicas; entre otros efectos. Un escollo adicional lo constituye la férrea resistencia frente a la intervención ciudadana en los asuntos públicos que se manifiesta en todos los niveles político-territoriales de gobierno (y sin distinción política, por cierto). Cabe agregar que, este nuevo proceso de control, será afectado por los intereses, opiniones y visiones de los distintos actores que interactúan en la administración gubernamental.
¿Entonces, es posible ejercer el control social del gobierno?
Indudablemente que la respuesta es afirmativa; pero no será una tarea fácil. Pese a la “plataforma jurídico-constitucional” que protege y prescribe al control social del gobierno, el cambio de paradigma, requiere de un arduo trabajo técnico y político. Además, el sector gubernamental debe partir de una visión incluyente, democrática y plural de este proceso para garantizar su viabilidad. La sociedad civil debe estar conciente de sus responsabilidades y oportunidades y, además debe ser fuerte, capacitada e intransigente para en el ejercicio de sus derechos. De lo contrario, sólo tendremos más ineficiencia, corrupción y desigualdad.
lunes, febrero 16, 2009
jueves, febrero 12, 2009
VENEZUELA: ENMIENDA Y MOVILIZACIÓN POPULAR
Durante los últimos diez años, Venezuela ha estado sumergida en un proceso de profunda movilización social y política; alrededor de un propósito central: la defensa de las libertades democráticas. En ese contexto, este próximo Domingo 15 de Febrero se producirá otra confrontación electoral entre los dos bloques que se disputan el control del Estado venezolano. El evento refrendario confirmará de nuevo la polarización del país y, aunque los expertos vaticinan que no habrá una victoria amplia para cualquiera de los dos bloques, de nuevo quedará asentada la importancia de la movilización popular en torno a los valores democráticos.
La movilización de base, la movilización social constituye una expresión asociativa, diversa, no estatal, plural, voluntaria y con autonomía de gestión que se produce de manera temporal o permanente en apoyo o no, a un objetivo o tema de interés colectivo. En el caso venezolano y, de manera creciente, se han venido produciendo distintas y constantes manifestaciones de movilización popular a lo largo de esta década de revolución en defensa de los derechos humanos y la democracia. Así, el movimiento sindical, el empresariado independiente, los sectores medios profesionales, las asambleas de ciudadanos, la red de organizaciones no gubernamentales y; últimamente el movimiento estudiantil han ocupado un lugar relevante y de protagonismo en el desarrollo de esa luchas. Han sido estos movimientos sociales los que -ante la debilidad y casi ausencia de la actividad de los partidos políticos-, junto a la Iglesia Católica, las universidades y los medios de comunicación social independientes, han asumido una función de vanguardia en el debate ideológico-político que existe en Venezuela.
Inicialmente, el gobierno nacional propició la movilización popular; a través de un conjunto de acciones políticas y técnicas. Hay que reconocer que las nociones de “organización del pueblo” y “poder popular” han sido constantes en el discurso propositivo oficial. El proceso constituyente de 1999 fue un claro ejemplo del emprendimiento oficial hacia la movilización social. Otro caso, fue el impulso de algunas instancias de participación popular como los Círculos Bolivarianos y Mesas Técnicas de Agua (1999), Comités de Tierras y las Misiones (2002), los Comités de Salud (2003), hasta llegar a los Consejos Comunales (2006). Por supuesto, estas iniciativas oficialistas perseguían la construcción de una plataforma política para el “proceso revolucionario”; mediante la cooptación de los integrantes y beneficiarios de tales programas públicos. De hecho, tales mecanismos de organización contribuyeron a “organizar” la base social del chavismo durante un lapso importante. Sin embargo, con el tiempo esas plataformas de ”incidencia popular en la gestión pública” devinieron en mecanismos de simple clientelismo político.
A partir del año 2001 comienza una recuperación de los movimientos sociales independientes; que adoptan por una parte, una clara política de reclamo frente a la calidad de las ejecutorias gubernamentales y, por la otra, una decidida política de oposición ante la evolución hacia el autoritarismo y la concentración de poder; por parte del gobierno nacional. Así la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) celebra sus elecciones internas y sale triunfador de ellas el dirigente obrero petrolero Carlos Ortega, de formación socialdemócrata frente al dirigente magisterial Aristóbulo Istúriz, candidato del oficialismo. De esta forma, el movimiento sindical venezolano reafirmó su independencia y su posición contestataria al Gobierno Nacional. La elección de Carlos Ortega será determinante en los sucesos políticos posteriores. Por su parte, en Diciembre de ese mismo año, la asociación gremial FEDECÁMARAS lideró un paro cívico de 24 horas, en protesta por las políticas económicas emprendidas por la administración gubernamental.
El año 2002 continuó siendo un año de profunda movilización social y política donde la denominada clase media (sectores profesionales empleados e independientes y los pequeños y medianos empresarios) de las principales ciudades del país asume una actitud de mayor beligerancia y protesta frente a las ejecutorias gubernamentales. En otras palabras, en el 2002 irrumpe la clase media como un movimiento social de oposición en el país. La clase media urbana venezolana se convierte en la columna vertebral (y vanguardia) de las movilizaciones opositoras. Se trata de un movimiento anónimo; pero radicalizado y decidido a hacer valer los principios y valores que considera justos. Durante los sucesos de Abril de 2002, los movimientos sociales jugaron un papel importante en todo el proceso de renuncia y restitución del Presidente Chávez en el gobierno. De los sucesos de Abril quedan como testigos once funcionarios policiales presos en uno de los procesos judiciales más largos y lleno de opacidades, que haya conocido la historia de nuestro país.
Ese mismo año 2002, las fuerzas sociales opositoras (CTV; FEDECÁMARAS y una parte de la burocracia pública petrolera) lideraron la realización de un paro cívico en contra del gobierno. El paro cívico (o paro petrolero para algunos analistas) significó sin lugar a dudas, una innegable demostración de fuerza y movilización de amplios sectores de la población venezolana que asumieron el camino de la desobediencia civil, como medio de expresión de su descontento político. Fueron casi tres meses, de manifestaciones de calle en todo el territorio nacional y, donde buena parte de la población del país asumió una postura de enfrentamiento extremo contra el poder constituido.
Derrotado el paro cívico (en Febrero de 2003), la sociedad civil venezolana demostró; sin embargo, una impresionante capacidad de recuperación política pese al debilitamiento institucional de la CTV, del repliegue del sector empresarial y de la dispersión y persecución del movimiento profesional de la industria petrolera. Se inicia el tránsito por el referendo revocatorio del Presidente de la República, dentro de los procedimientos constitucionales. De nuevo, se desarrollan largas jornadas de participación ciudadana donde la recolección de firmas a favor de la consulta revocatoria. Esta vez, los movimientos sociales contaron con una estructura de organización denominada “Coordinadora Democrática” que reunía en su seno, y por igual; tanto a los partidos políticos como al voluntariado y a las organizaciones sociales privadas que encabezaban el proceso revocatorio.
Con el evento revocatorio se consolidó en forma definitiva un sector opositor y se agudizó la polarización en el país. Se enfrentaban un bloque político-social diverso y plural; al bloque oficial estructurado y soportado sobre la base institucional del Estado venezolano. El proceso revocatorio significó también un asedio social y constitucional al gobierno, que utilizó todos los recursos “institucionales y técnicos” legalmente establecidos, para realizar el referendo consultivo en una coyuntura favorable. Además de lograrlo, desde el oficialismo se elaboró la denominada “Lista Tascón” (apellido del diputado oficialista, que motorizó la idea) que sirvió para acosar y perseguir a cientos de miles de empleados públicos y de ciudadanos comunes, que firmaron a favor del proceso revocatorio.
La derrota en el referendo revocatorio, en el año 2004, debilitó de nuevo la plataforma democrática que venía estructurándose con mucho esfuerzo desde la sociedad civil. De hecho, la “Coordinadora Democrática” fue desmantelada y, el escepticismo creció de manera exponencial entre el bloque opositor; siendo la expresión más concreta de ese escepticismo político la reducción de las gobernaciones en manos de la oposición a tan solo dos entidades federales (Nueva Esparta y Zulia) y la estrategia abstencionista que se impulsó desde la propia sociedad civil en las elecciones parlamentarias del año 2005. Allí, con una exigua votación que no llegó al 20% del electorado venezolano, el bloque oficial se apoderó de la totalidad de los 167 puestos de la Asamblea Nacional. La estrategia abstencionista significó pues, un duro golpe para la reconstrucción del equilibrio democrático en el país. Incluso, luego de cuatro años; aún la nación sufre las consecuencias de una Asamblea Nacional hegemonizada por un solo sector ideológico y, sin ningún equilibrio ni control político.
Las elecciones a la Presidencia de la República del año 2006, representaron un duro reto para los factores democráticos (político y ciudadanos), en tanto se tenía que remontar la cuesta empinada que constituía la reorganización de un movimiento social disperso y la recuperación y relanzamiento de las organizaciones partidistas frente a un bloque oficial fortalecido por los resultados electorales inmediatamente anteriores. Sin embargo, y a pesar de la derrota un nuevo perfil de la oposición comenzaba a trazarse. Una oposición política y social más curtida y sobre todo sin la sombra de una proposición golpista ni de salidas cortoplacistas.
El cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión, a principios de 2007, va a propiciar un nuevo y aparente y definitivo despertar de los movimientos sociales venezolanos. El cierre de un canal televisivo con más de 53 años de trayectoria en el país, se tradujo en la concreción de una amenaza autoritaria que muchos venezolanos y venezolanas no querían terminar de aceptar. La defensa del canal televisivo RCTV se transformó en un emblema para la defensa de los derechos democráticos y, sirvió para la incorporación de un nuevo actor social: el movimiento estudiantil venezolano.
La incorporación del movimiento estudiantil representó la activación de un sector poblacional con tradición de lucha por las libertades y derechos democráticos. Si bien, los jóvenes venían acompañando las luchas emprendidas por la oposición, su participación era dispersa y no se encontraba focalizada como sector específico. Además y, por definición el movimiento estudiantil es una expresión crítica de la “institucionalidad del sistema”; tanto en el ámbito universitario como en la sociedad. Por otra parte, el movimiento estudiantil universitario no podía ser acusado por el bloque oficialista de haber participado en los procesos de protesta y desobediencia civil realizados entre 2001 y 2003; entre otras cosas, por la edad con la que contaban para ese momento. Pero además, la participación de la vanguardia de jóvenes universitarios a la lucha por la democracia por sí misma, significó una dura derrota para el gobierno nacional.
El mismo año 2007 se produce otro amplio proceso de movilización popular; esta vez alrededor de la propuesta de reforma de la Constitución Bolivariana presentada desde el gobierno nacional. Y es así que en Diciembre de ese mismo año se produce la histórica derrota político electoral de la propuesta gubernamental. Tras un amplio y febril despliegue de las distintas manifestaciones asociativas de la sociedad civil venezolana se detiene estratégicamente y de manera democrática, el proyecto revolucionario impulsado por el socialismo oficialista. Las cosas habían cambiado en Venezuela. Un nuevo tejido democrático había surgido del aprendizaje de las derrotas y los pequeños avances previos; y ahora se expresaba de manera contundente en las urnas electorales con una victoria inobjetable. Con el triunfo del 2-D de 2007 se abrieron las esperanzas para la restitución del equilibrio democrático en Venezuela y para el impulso de los mecanismos cívicos de control sobre el gobierno.
En las pasadas elecciones regionales del 23-N de 2008 se sintió el cambio en la correlación de fuerzas del país; a pesar de los “errores tácticos” de la oposición en muchos municipios y gobernaciones del país. Con estos antecedentes y en un contexto electoralmente polarizado se realizará en el país, este 15 de Febrero de 2009, una nueva consulta popular sobre una nueva propuesta de reelección indefinida impulsada por el Presidente Chávez. Este planteamiento reeleccionista desconoce los resultados que sobre el particular arrojó el referendo realizado el pasado 2007.
Para esta consulta, el bloque oficialista ha emprendido una inversión multimillonaria en propaganda con el propósito de convencer a un “electorado aburrido y cansado” de que el actual Presidente de la República sería el único dirigente político capaz de gobernar el país. Sin embargo, la realización de la utopía presidencial tropieza con una dura realidad; una realidad compuesta por su gestión pública, que confunde el enfoque de derechos con el clientelismo; por su acción institucional, que supedita la transparencia a los intereses de la nueva elite gubernamental y, su propia concepción política que mal entiende la democracia con el culto a la personalidad. Pero por encima de todo, la utopía reeleccionista muy probablemente tropezará con un pueblo movilizado y organizado, cada día más consciente de sus potencialidades y de sus derechos democráticos.
lunes, febrero 02, 2009
VENEZUELA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Uno de los problemas centrales que atraviesa nuestro país en la actualidad es la creciente ola de intolerancia que se ha venido impulsando desde el gobierno por el bloque oficialista. Lamentablemente, hoy en día en Venezuela, las libertades democráticas y los derechos humanos se encuentran comprometidos y en situación de riesgo.
Los reprochables sucesos de violencia (que rayan en el terrorismo político) realizados en contra de autoridades independientes legítimamente electas por el voto popular en las elecciones del pasado 23 de noviembre; y, el atroz atentado perpetrado en contra de la Sinagoga judía ubicada en la ciudad de Caracas, son un claro indicativo de la consolidación de un clima político totalitario que no acepta los principios más elementales de la convivencia democrática.
Afortunadamente, existen organizaciones sociales privadas, que de manera tesonera continuan su labor de difusión y de educación en materia de derechos humanos, en muchas comunidades del país. Y esa labor voluntaria y contributiva de la sociedad civil venezolana sin duda siembra, renueva y fortalece nichos de esperanza alrededor de una cultura ciudadana fundamentada en valores democráticos y en la vigencia de los derechos humanos como vínculo de igualdad y de equidad social y como auténtica expresión suprema de paz y libertad.
Así como reconocemos la labor de las entidades voluntarias en su recorrido y peregrinar defendiendo la vigencia y la necesidad de los derechos humanos en nuestro país, reclamamos al gobierno nacional su obligación de RECONOCER, RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y CUMPLIR con los derechos humanos fundamentales contemplados en los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y, recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
¡ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA! ¡NO A LA INTOLERANCIA!
jueves, enero 22, 2009
VENEZUELA: EL CAMBIO CIUDADANO DE CARACAS
El Distrito Metropolitano de Caracas requiere un proceso de transformación integral y de largo plazo; orientado hacia la mejora de la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Esa transformación integral tendría que basarse en una alianza del binomio gobierno-ciudadanía, impulsada desde la Alcaldía Metropolitana. Esta alianza serviría de plataforma para los cambios que requiere nuestra ciudad, garantizando a la vez un acento participativo y social.
Convertir a Caracas en una “ciudad para la vida” requiere de una variada gama de acciones en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y la habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la renovación urbana, la movilidad y, el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.
Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones y, con sostenibilidad financiera y presupuestaria que permita elevar el desempeño en la ejecución de las políticas públicas. Caracas reclama la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo, que recoja la diversidad de opiniones de las fuerzas vivas de su área metropolitana; privilegiando así la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión.
La transformación ciudadana de Caracas implica la renovación democrática del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, el mejoramiento de instancias de participación; tales como: los consejos comunales, la justicia de paz, las contralorías sociales y el presupuesto participativo otorgándoles el sentido de la eficacia, la inclusión y la pluralidad que han perdido. Un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la organización y participación comunitaria, serían –sin duda alguna-, parte sustancial de esa agenda ciudadana para el cambio.
Convertir a Caracas en una “ciudad para la vida” requiere de una variada gama de acciones en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y la habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la renovación urbana, la movilidad y, el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.
Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones y, con sostenibilidad financiera y presupuestaria que permita elevar el desempeño en la ejecución de las políticas públicas. Caracas reclama la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo, que recoja la diversidad de opiniones de las fuerzas vivas de su área metropolitana; privilegiando así la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión.
La transformación ciudadana de Caracas implica la renovación democrática del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, el mejoramiento de instancias de participación; tales como: los consejos comunales, la justicia de paz, las contralorías sociales y el presupuesto participativo otorgándoles el sentido de la eficacia, la inclusión y la pluralidad que han perdido. Un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la organización y participación comunitaria, serían –sin duda alguna-, parte sustancial de esa agenda ciudadana para el cambio.
miércoles, enero 14, 2009
VENEZUELA: LA QUIMERA DE LA ENMIENDA
La acción política del bloque socialista oficial -definitivamente perturbada por un oscuro afán reeleccionista-, se aleja cada vez más del marco constitucional bolivariano vigente en el país. Y es que ahora, además de la proposición de reelección indefinida para el cargo de Presidente de la República, se ha extendido la misma intención continuista para todos los cargos de elección popular como diputados a la Asamblea Nacional, a las Gobernaciones de las entidades federales, a las Alcaldías Metropolitanas, a las Alcaldías Municipales y, los diputados a los Consejos Legislativos Regionales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales. Es decir, el oficialismo “dió su salto cualitativo” y, de una propuesta de enmienda (ampliamente desaprobada; por cierto) pasó a una propuesta de reforma constitucional de las bases de elección de nuestro sistema republicano. La enmienda es ahora una reforma.
En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.
Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.
En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.
Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.
lunes, enero 12, 2009
UN NUEVO PLAN PARA BARUTA
El Plan Municipal de Desarrollo; además de constituir un mandato legal y un requerimiento técnico, para garantizar una visión equilibrada entre el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente y el patrimonio humano de cada entidad local; representa un espacio para impulsar la inclusión y la participación ciudadana de la manera más amplia, democrática y eficaz.
En Baruta, con la nueva gestión que recién se inicia se presenta una nueva oportunidad de emprender la construcción de un plan de desarrollo para el municipio que sirva como instrumento de consolidación y concertación de voluntades entre el gobierno local y las distintas fuerzas comunitarias, culturales, económicas y sociales que hacen vida en el municipio.
Los lineamientos programáticos que presentó -durante la pasada campaña electoral-, el actual Alcalde Gerardo Blyde, representaría el elemento base, técnico y político para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo del municipio de Baruta. Por supuesto que, la alcaldía tendría que diseñar y estructurar los mecanismos de consulta pública y de participación ciudadana que acompañe la progresiva elaboración del plan municipal de desarrollo.
La participación de los vecinos y vecinas de las comunidades organizadas y de los distintos sectores del municipio, agregarían un mayor compromiso social que le brindaría mayores oportunidades de una realización responsable y, por lo tanto, exitosa del Plan Municipal de Desarrollo. Por otra parte, la visión estratégica del municipio que propiciaría el PMD, contribuiría una mejor definición de otros instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano Local.
Estamos claros que, el tema de la planificación local no ha sido totalmente comprendido por las distintas autoridades públicas que con anterioridad han dirigido algunos de los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas; sin embargo, la temprana convocatoria al CLPP para discutir el plan de inversión 2009, constituye una buena señal de la nueva administración, en materia de planificación. En todo caso, la realización de una planificación local con inclusión de los ciudadanos resulta una oportunidad formidable para incrementar la calidad de vida en Baruta.
En Baruta, con la nueva gestión que recién se inicia se presenta una nueva oportunidad de emprender la construcción de un plan de desarrollo para el municipio que sirva como instrumento de consolidación y concertación de voluntades entre el gobierno local y las distintas fuerzas comunitarias, culturales, económicas y sociales que hacen vida en el municipio.
Los lineamientos programáticos que presentó -durante la pasada campaña electoral-, el actual Alcalde Gerardo Blyde, representaría el elemento base, técnico y político para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo del municipio de Baruta. Por supuesto que, la alcaldía tendría que diseñar y estructurar los mecanismos de consulta pública y de participación ciudadana que acompañe la progresiva elaboración del plan municipal de desarrollo.
La participación de los vecinos y vecinas de las comunidades organizadas y de los distintos sectores del municipio, agregarían un mayor compromiso social que le brindaría mayores oportunidades de una realización responsable y, por lo tanto, exitosa del Plan Municipal de Desarrollo. Por otra parte, la visión estratégica del municipio que propiciaría el PMD, contribuiría una mejor definición de otros instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano Local.
Estamos claros que, el tema de la planificación local no ha sido totalmente comprendido por las distintas autoridades públicas que con anterioridad han dirigido algunos de los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas; sin embargo, la temprana convocatoria al CLPP para discutir el plan de inversión 2009, constituye una buena señal de la nueva administración, en materia de planificación. En todo caso, la realización de una planificación local con inclusión de los ciudadanos resulta una oportunidad formidable para incrementar la calidad de vida en Baruta.
viernes, enero 02, 2009
MAS PARTICIPACIÓN EN EL 2009
El año 2009 comienza lleno de esperanzas y retos, colectivos e individuales. Será pues, otro año de sueños y de luchas para alcanzar esas aspiraciones. La enmienda constitucional ocupará un lugar privilegiado dentro del curso del debate ideológico-político que viene sucediéndose en el país, durante los últimos años. No cabe duda que, para un planteamiento de tal alcance estratégico este es el mejor momento para intentarlo. A medida que se acerque el final del actual período presidencial, resultará más difícil realizar una consulta popular de ese nivel. Cabe agregar que, hasta el momento, el bloque oficial socialista ha carecido de fuerza y de capacidad de convencimiento para tratar de imponer su propuesta reeleccionista en la opinión pública y, sobre todo en la opinión del público. El oficialismo comienza el 2009, perdiendo el debate sobre la reelección presidencial indefinida.
La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.
Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.
A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.
Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.
Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.
El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.
La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.
Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.
A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.
Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.
Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.
El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.
lunes, diciembre 22, 2008
¡ FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2009, PARA TODAS Y TODOS!
En medio de las festividades navideñas y de fin de año, activistas, dirigentes y líderes comunitarios y sociales se encuentran preparándose para el importante papel que les corresponderá desempeñar el próximo año 2009, en el marco del dificultoso proceso político que atraviesa nuestro país. Como todo sabemos, hay una cartera de asuntos estratégicos que tienen que ser abordados con el mayor número de enfoques y voluntades individuales y colectivas que proceden de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad como el académico, el comunitario, el cultural, el deportivo, el económico, el social y el ideológico-político.
Temas como el rescate democrático del espacio local, la ciudad y el municipio; aspectos como la formación ciudadana y el liderazgo social y comunitario ético y responsable; los puntos referidos al fortalecimiento de los espacios institucionales para el ejercicio del protagonismo popular y la ruptura del cerco; al cual se quiere someter a las comunidades organizadas y a los consejos comunales son tópicos cruciales que tendrán ser contenidos y desarrollados en su momento, de manera eficaz por una plataforma ciudadana de alcance nacional. Esta plataforma ciudadana impulsará el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela, como paso previo para la reconstrucción de nuestra nación; bajo una visión moderna y orientada hacia una democracia social, una democracia plena, una democracia de todos.
No he olvidado el tema de la enmienda constitucional de carácter continuista, que ha propuesto el Gobierno Nacional. Si bien al liderazgo del bloque socialista oficial, le asiste el derecho de proponer de nuevo –aunque ya fue rechazada por el pueblo el 2 de Diciembre de 2007-, la reelección indefinida del cargo del Presidente de la República; al resto de la población de Venezuela también nos ampara el derecho democrático de defender el marco constitucional bolivariano vigente que fuera aprobado mediante referendum consultivo en Diciembre de 1999 y, luego ratificado en el año 2007 cuando la mayoría de la voluntad popular descartó las modificaciones propuestas. La acción voluntaria de los activistas, dirigentes y líderes de los distintos movimientos sociales y comunitarios del país será vital en la defensa de la Constitución Bolivariana, de los principios y de los derechos humanos fundamentales.
Muy estimados lectores y lectoras de CIUDADANOLIBRE les deseamos con el alma, los sentimientos y la razón –que siempre hace falta-, unas felices fiestas navideñas y un próspero año 2009. VAMOS TODOS JUNTOS A CONTINUAR NUESTRA LUCHA POR UNA VENEZUELA DONDE EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA, EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA PROSPERIDAD NO SEA UN PRIVILEGIO DE UNOS POCOS, SINO UN BENEFICIO DE TODOS.
RECIBAN UN FUERTE Y FRATERNO ABRAZO ...!
jueves, diciembre 04, 2008
VENEZUELA: PROPÓSITO DE ENMIENDA
El líder del proceso anunció con bombos y platillos un propósito de enmienda: crear las posibilidades constitucionales y legales para lograr su reelección indefinida. Y en realidad, la iniciativa no sorprende a nadie; más bien esa propuesta era esperada luego de la recuperación electoral obtenida por las fuerzas opositoras el 23 de Noviembre.
El Presidente de la República se encuentra en su derecho de impulsar de nuevo la propuesta de reelección indefinida con la aspiración de gobernar el país por tiempo indeterminado. Lo que pasa es que una buena parte del pueblo venezolano –sino la mayoría- desea simplemente vivir en paz y en libertad y sin presidencias eternas.
Uno de los principales fracasos que ha tenido el actual gobierno ha sido su incapacidad para articular los esfuerzos de todos los actores económicos, sociales y políticos del país de manera constructiva e incluyente. Y es que al parecer, para el gobierno lo fundamental y lo relevante es satisfacer sus intereses particulares como una burocracia política que se “ha pegado” al aparato estatal para disfrutar discrecionalmente de sus beneficios.
Resulta decepcionante –aunque pintoresco- escuchar a diario en las cadenas nacionales de radio y televisión, un discurso oficial y socialista que promueve la descalificación personal, la confrontación entre compatriotas y el resentimiento social, como único y principal argumento. ¡Lamentable! Y lo es, mucho más cuando el fin último de toda esa “encendida oratoria” sólo persigue rendir culto a una persona y de un caudillo, por encima de los verdaderos intereses y necesidades del colectivo, del pueblo venezolano.
Venezuela requiere de verdad, de un auténtico propósito de enmienda. Una enmienda en la conducta del gobierno destinada cumplir con los valores democráticos, los derechos humanos, el comportamiento ético, la igualdad de oportunidades, la justicia, el respeto a la vida y la libertad, el pluralismo político, la responsabilidad social y la solidaridad. Esa tendría que ser la verdadera enmienda. Y no otra, esa que se propone ahora por allí, basada en el personalismo y en la mera ambición de poder. A esa enmienda, que busca satisfacer la concentración de poder en una persona, simplemente le decimos: ¡NO!
El Presidente de la República se encuentra en su derecho de impulsar de nuevo la propuesta de reelección indefinida con la aspiración de gobernar el país por tiempo indeterminado. Lo que pasa es que una buena parte del pueblo venezolano –sino la mayoría- desea simplemente vivir en paz y en libertad y sin presidencias eternas.
Uno de los principales fracasos que ha tenido el actual gobierno ha sido su incapacidad para articular los esfuerzos de todos los actores económicos, sociales y políticos del país de manera constructiva e incluyente. Y es que al parecer, para el gobierno lo fundamental y lo relevante es satisfacer sus intereses particulares como una burocracia política que se “ha pegado” al aparato estatal para disfrutar discrecionalmente de sus beneficios.
Resulta decepcionante –aunque pintoresco- escuchar a diario en las cadenas nacionales de radio y televisión, un discurso oficial y socialista que promueve la descalificación personal, la confrontación entre compatriotas y el resentimiento social, como único y principal argumento. ¡Lamentable! Y lo es, mucho más cuando el fin último de toda esa “encendida oratoria” sólo persigue rendir culto a una persona y de un caudillo, por encima de los verdaderos intereses y necesidades del colectivo, del pueblo venezolano.
Venezuela requiere de verdad, de un auténtico propósito de enmienda. Una enmienda en la conducta del gobierno destinada cumplir con los valores democráticos, los derechos humanos, el comportamiento ético, la igualdad de oportunidades, la justicia, el respeto a la vida y la libertad, el pluralismo político, la responsabilidad social y la solidaridad. Esa tendría que ser la verdadera enmienda. Y no otra, esa que se propone ahora por allí, basada en el personalismo y en la mera ambición de poder. A esa enmienda, que busca satisfacer la concentración de poder en una persona, simplemente le decimos: ¡NO!
lunes, diciembre 01, 2008
VENEZUELA DE VERDAD
En el 2012 se producirá una mega elección, donde además de elegir a un nuevo Presidente de la República para el período 2012-2018; también se podrán renovar a los gobernadores, alcaldes y legisladores estadales (electos la semana pasada). El tránsito hacia esa mega elección comenzó ya con una Venezuela polarizada electoralmente en dos bloques relativamente parejos y, con una nueva distribución entre ambos polos de las entidades gubernamentales. En el bloque oficial se han encendido las alarmas, porque su hegemonía está cerca a un “punto de quiebre”. No sabemos si en el campo opositor se ha entendido la oportunidad histórica que se avecina.
El proceso electoral del pasado 23 de Noviembre contó con una altísima participación electoral estimada en un 65.45% del padrón electoral nacional; de acuerdo a cifras oficiales. Ese alto nivel de participación nos indica la revalorización del sufragio como el mecanismo para la elección, renovación y revocación de las autoridades públicas; sin embargo, el proceso tuvo sus opacidades. Una de ellas fue la lentitud del proceso. Otra fue el “tutelaje militar”, al cual fuera sometido el evento electoral. La incidencia de las Fuerzas Armadas fue significativa a lo largo de la jornada y, no sólo a nivel mediático; sino justamente en el momento de cerrar los centros de votación, una vez cumplidos las condiciones legales; según denuncias de los partidos políticos de oposición y de los propios ciudadanos. Por su parte, organizaciones como “Ojo Electoral” y “SÚMATE” se encargaron de presentar sus informes en los cuales destacan sus observaciones al desarrollo del proceso de votación y al cierre de mesas.
El bloque oficial obtuvo en conjunto 5.5 millones de votos, y ahora cuenta con 17 gobernaciones y 269 alcaldías, además de 178 legisladores estadales; lo cual significa una fuerza considerable. Mientras la plataforma democrática alcanzó 4.3 millones de votos, y ahora tiene 5 gobernaciones y la estratégica Alcaldía Metropolitana de Caracas; sin embargo redujo su presencia a 56 alcaldías, con apenas 55 legisladores regionales. No cabe duda que, la oposición venezolana ha dado un paso gigantesco en su necesaria recuperación para el restablecimiento del equilibrio democrático en Venezuela. Por su parte, el chavismo acusa un relativo revés electoral, que ratifica su vulnerabilidad político-electoral.
Las recientes intervenciones y amenazas del Presidente de la República en contra de las nuevas autoridades públicas del sector democrático, indican la valoración que se otorga dentro de la dirección revolucionaria a los resultados electorales. Y es que, el oficialismo no está preparado ni política ni psicológicamente para gobernar con la participación legítima y democrática de otros factores sociales y políticos del país. Y en realidad, la estrategia oficialista de atacar discrecionalmente a los nuevos gobernadores y alcaldes de oposición, pudiera convertirse a la larga en un autogol para sus aspiraciones hegemónicas.
En términos generales, la oposición comienza este período frente al gobierno con una notable ventaja comparativa: los seis mandatarios regionales electos son gerentes exitosos. Todos ellos reúnen experiencia y capacidad probada en la gestión pública; es decir, el país tiene ahora la posibilidad de comparar el discurso violento del gobierno nacional con las posibilidades de una gestión democrática de gobernaciones y alcaldías basada en la inclusión, la participación, la tolerancia y el respeto a las leyes. Por allí va la cosa.
Una gestión de los gobernadores y alcaldes democráticos debería colocar sobre el debate público, los siguientes temas orientadores de su actividad gubernamental:
1. El establecimiento del Consejo Federal de Gobierno como órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y municipios y, de estas instancias hacia las comunidades organizadas y las entidades no estatales. Así como promover la creación del Fondo de Compensación Interterritorial, como soporte al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las entidades federales y, el apoyo a la dotación de obras y servicios estratégicos en aquellas regiones y comunidades con menor grado de desarrollo; según lo establecido en la Constitución Bolivariana.
2. La promulgación definitiva; por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal con la Disposición Transitoria Nº 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999. Esta ley fortalece la descentralización; por cuanto le otorga a las gobernaciones, competencias en la recaudación de impuestos, con lo cual las entidades federales aumentan su autonomía de gestión presupuestaria y programática.
3. Rescatar y fortalecer los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) de cada una de las entidades federales, que en su casi totalidad se encuentran con plazos vencidos y, sin mayor actividad institucional desde el año 2004. Los CEPLACOP deben cumplir su rol de ente coordinador de la gestión de las distintas agencias gubernamentales en su respectiva entidad federal; bajo la autoridad de los gobernadores, a los fines de promover su desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.
4. Rescatar y fortalecer los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP); de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley de fecha 26-12-2006 que los rige y, que establece la intervención de las Juntas Electorales Municipales para la organización de su proceso de renovación; así como completar su proceso de conformación interna; es decir, la elección de los Consejos Parroquiales y de las Salas Técnicas de cada CLPP.
5. El diseño y ejecución de un programa de adecuación legislativa a nivel estadal que promocione de manera eficaz el ejercicio de los derechos a la participación y consulta de la ciudadanía en los procesos de planificación, gestión, evaluación y control de las políticas y presupuestos públicos en ese nivel de gobierno.
6. El fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las gobernaciones para el cumplimiento eficaz de sus funciones, en materia de planificación de políticas y programas de un desarrollo ambiental y territorial incluyente, seguro, sostenible, sustentable y equilibrado con la participación de las autoridades municipales y de los voceros de las comunidades organizadas.
7. El desarrollo de medidas para desconcentrar y descentralizar la gestión de programas y la prestación de servicios; mediante formas efectivas de participación popular y el establecimiento de convenios de gestión, de acuerdo al marco constitucional y legal vigente.
8. La implementación de mecanismos institucionales para que todos los habitantes y personas interesadas puedan acceder a la información pública de manera eficaz. Para ello, las autoridades públicas locales (ejecutivas y legislativas) deberán promover el acceso a las nuevas tecnologías de información, como parte de sus programas de descentralización y transferencia hacia las comunidades y entidades no estatales.
9. El rescate y fortalecimiento de la figura político-territorial de las parroquias como entidades desconcentradas de la gestión municipal y como mecanismos promotores de la participación ciudadana por ser canales de relación inmediata con las expresiones asociativas vecinales y comunales.
10. El establecimiento de medios de vinculación con los consejos comunales o mancomunidades de estos, en sus espacios político-territoriales inmediatos en el marco de la corresponsabilidad, la cooperación, la cercanía, la solidaridad, la transparencia y el control de gestión.
11. Promover que los consejos comunales con la debida aprobación de su asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su comunidad respectiva, participen en la elaboración, gestión y control de los planes estadal y municipal de desarrollo, del plan de desarrollo urbano local, de los presupuestos públicos y presupuestos participativos y, de cualquier otro instrumento de planificación o inversión pública, dirigido a impulsar el desarrollo armónico del estado y del municipio.
12. La creación de las condiciones institucionales y criterios mínimos de evaluación que les permitan establecer convenios o compromisos de gestión con aquellas comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y los consejos comunales (con la aprobación previa de su asamblea de ciudadanos) en forma eficaz y transparente y,
13. El impulso de proyectos de adiestramiento y capacitación en materia de gestión de políticas públicas, enfoque de derechos humanos y participación ciudadana que contribuyan paulatinamente a la modificación de la cultura de los funcionarios públicos y a la revalorización del servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Hay posibilidades de reconstruir una Venezuela de verdad, una Venezuela –y lo escribiré de nuevo- democrática, incluyente, plural y con el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales. En la coyuntura actual, el gobierno luce atemorizado ante esa posibilidad, ante el surgimiento y la consolidación de una opción ideológica y política distinta a su visión autoritaria y estatista de las relaciones sociales. Las condiciones han cambiado en la ruta democrática hacia el 2012.
El proceso electoral del pasado 23 de Noviembre contó con una altísima participación electoral estimada en un 65.45% del padrón electoral nacional; de acuerdo a cifras oficiales. Ese alto nivel de participación nos indica la revalorización del sufragio como el mecanismo para la elección, renovación y revocación de las autoridades públicas; sin embargo, el proceso tuvo sus opacidades. Una de ellas fue la lentitud del proceso. Otra fue el “tutelaje militar”, al cual fuera sometido el evento electoral. La incidencia de las Fuerzas Armadas fue significativa a lo largo de la jornada y, no sólo a nivel mediático; sino justamente en el momento de cerrar los centros de votación, una vez cumplidos las condiciones legales; según denuncias de los partidos políticos de oposición y de los propios ciudadanos. Por su parte, organizaciones como “Ojo Electoral” y “SÚMATE” se encargaron de presentar sus informes en los cuales destacan sus observaciones al desarrollo del proceso de votación y al cierre de mesas.
El bloque oficial obtuvo en conjunto 5.5 millones de votos, y ahora cuenta con 17 gobernaciones y 269 alcaldías, además de 178 legisladores estadales; lo cual significa una fuerza considerable. Mientras la plataforma democrática alcanzó 4.3 millones de votos, y ahora tiene 5 gobernaciones y la estratégica Alcaldía Metropolitana de Caracas; sin embargo redujo su presencia a 56 alcaldías, con apenas 55 legisladores regionales. No cabe duda que, la oposición venezolana ha dado un paso gigantesco en su necesaria recuperación para el restablecimiento del equilibrio democrático en Venezuela. Por su parte, el chavismo acusa un relativo revés electoral, que ratifica su vulnerabilidad político-electoral.
Las recientes intervenciones y amenazas del Presidente de la República en contra de las nuevas autoridades públicas del sector democrático, indican la valoración que se otorga dentro de la dirección revolucionaria a los resultados electorales. Y es que, el oficialismo no está preparado ni política ni psicológicamente para gobernar con la participación legítima y democrática de otros factores sociales y políticos del país. Y en realidad, la estrategia oficialista de atacar discrecionalmente a los nuevos gobernadores y alcaldes de oposición, pudiera convertirse a la larga en un autogol para sus aspiraciones hegemónicas.
En términos generales, la oposición comienza este período frente al gobierno con una notable ventaja comparativa: los seis mandatarios regionales electos son gerentes exitosos. Todos ellos reúnen experiencia y capacidad probada en la gestión pública; es decir, el país tiene ahora la posibilidad de comparar el discurso violento del gobierno nacional con las posibilidades de una gestión democrática de gobernaciones y alcaldías basada en la inclusión, la participación, la tolerancia y el respeto a las leyes. Por allí va la cosa.
Una gestión de los gobernadores y alcaldes democráticos debería colocar sobre el debate público, los siguientes temas orientadores de su actividad gubernamental:
1. El establecimiento del Consejo Federal de Gobierno como órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y municipios y, de estas instancias hacia las comunidades organizadas y las entidades no estatales. Así como promover la creación del Fondo de Compensación Interterritorial, como soporte al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las entidades federales y, el apoyo a la dotación de obras y servicios estratégicos en aquellas regiones y comunidades con menor grado de desarrollo; según lo establecido en la Constitución Bolivariana.
2. La promulgación definitiva; por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal con la Disposición Transitoria Nº 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999. Esta ley fortalece la descentralización; por cuanto le otorga a las gobernaciones, competencias en la recaudación de impuestos, con lo cual las entidades federales aumentan su autonomía de gestión presupuestaria y programática.
3. Rescatar y fortalecer los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) de cada una de las entidades federales, que en su casi totalidad se encuentran con plazos vencidos y, sin mayor actividad institucional desde el año 2004. Los CEPLACOP deben cumplir su rol de ente coordinador de la gestión de las distintas agencias gubernamentales en su respectiva entidad federal; bajo la autoridad de los gobernadores, a los fines de promover su desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.
4. Rescatar y fortalecer los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP); de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley de fecha 26-12-2006 que los rige y, que establece la intervención de las Juntas Electorales Municipales para la organización de su proceso de renovación; así como completar su proceso de conformación interna; es decir, la elección de los Consejos Parroquiales y de las Salas Técnicas de cada CLPP.
5. El diseño y ejecución de un programa de adecuación legislativa a nivel estadal que promocione de manera eficaz el ejercicio de los derechos a la participación y consulta de la ciudadanía en los procesos de planificación, gestión, evaluación y control de las políticas y presupuestos públicos en ese nivel de gobierno.
6. El fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las gobernaciones para el cumplimiento eficaz de sus funciones, en materia de planificación de políticas y programas de un desarrollo ambiental y territorial incluyente, seguro, sostenible, sustentable y equilibrado con la participación de las autoridades municipales y de los voceros de las comunidades organizadas.
7. El desarrollo de medidas para desconcentrar y descentralizar la gestión de programas y la prestación de servicios; mediante formas efectivas de participación popular y el establecimiento de convenios de gestión, de acuerdo al marco constitucional y legal vigente.
8. La implementación de mecanismos institucionales para que todos los habitantes y personas interesadas puedan acceder a la información pública de manera eficaz. Para ello, las autoridades públicas locales (ejecutivas y legislativas) deberán promover el acceso a las nuevas tecnologías de información, como parte de sus programas de descentralización y transferencia hacia las comunidades y entidades no estatales.
9. El rescate y fortalecimiento de la figura político-territorial de las parroquias como entidades desconcentradas de la gestión municipal y como mecanismos promotores de la participación ciudadana por ser canales de relación inmediata con las expresiones asociativas vecinales y comunales.
10. El establecimiento de medios de vinculación con los consejos comunales o mancomunidades de estos, en sus espacios político-territoriales inmediatos en el marco de la corresponsabilidad, la cooperación, la cercanía, la solidaridad, la transparencia y el control de gestión.
11. Promover que los consejos comunales con la debida aprobación de su asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su comunidad respectiva, participen en la elaboración, gestión y control de los planes estadal y municipal de desarrollo, del plan de desarrollo urbano local, de los presupuestos públicos y presupuestos participativos y, de cualquier otro instrumento de planificación o inversión pública, dirigido a impulsar el desarrollo armónico del estado y del municipio.
12. La creación de las condiciones institucionales y criterios mínimos de evaluación que les permitan establecer convenios o compromisos de gestión con aquellas comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y los consejos comunales (con la aprobación previa de su asamblea de ciudadanos) en forma eficaz y transparente y,
13. El impulso de proyectos de adiestramiento y capacitación en materia de gestión de políticas públicas, enfoque de derechos humanos y participación ciudadana que contribuyan paulatinamente a la modificación de la cultura de los funcionarios públicos y a la revalorización del servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Hay posibilidades de reconstruir una Venezuela de verdad, una Venezuela –y lo escribiré de nuevo- democrática, incluyente, plural y con el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales. En la coyuntura actual, el gobierno luce atemorizado ante esa posibilidad, ante el surgimiento y la consolidación de una opción ideológica y política distinta a su visión autoritaria y estatista de las relaciones sociales. Las condiciones han cambiado en la ruta democrática hacia el 2012.
lunes, noviembre 24, 2008
CARACAS: UNA ALCALDÍA PLURAL
Los resultados electorales obtenidos el pasado Domingo en la Alcaldía Metropolitana reflejan la realidad diversa y plural del Distrito Metropolitano de Caracas. Así encontramos a un nuevo bloque de autoridades locales procedentes de seis organizaciones políticas distintas, como Antonio Ledezma de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en la Alcaldía Metropolitana, Jorge Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Municipio Libertador, Gerardo Blyde de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Municipio Baruta, Carlos Ocariz de Primero Justicia (PJ) en el Municipio Sucre, Miriam Do Nascimento de Acción Democrática (AD) en el Municipio El Hatillo y Emilio Graterón de factores independientes en el Municipio Chacao.
Esta cualidad variopinta de las nuevas autoridades metropolitanas, nos indica -desde ya-, el tramado complejo de concertación y negociación que rodeará previamente el diseño, ejecución y control de las políticas públicas en el ámbito de la ciudad de Caracas. Ahora más que nunca se necesita una visión compartida e integrada de la amplia problemática de nuestra ciudad capital. Comienza así, un período de gestión gubernamental que pondrá a prueba la capacidad de entendimiento político y de gestión eficaz y coordinada de cada uno de los alcaldes recientemente electos.
Los problemas de ambiente, infraestructura, urbanismo y seguridad que padece nuestra ciudad van a requerir del esfuerzo mancomunado de cada una de las nuevas autoridades; enfocar la resolución de los problemas de la ciudad de manera aislada y competitiva, sólo conducirá al agravamiento de las deficiencias que en materia de calidad de vida vienen afectando a los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, instancias como el Consejo Metropolitano de Gobierno y el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas pueden ser espacios que se utilicen para la construcción de consensos y de acuerdos, en cuanto al diseño de las grandes orientaciones programáticas que pudieran dar forma a una mejor ciudad.
La pluralidad y la diversidad ciudadana han ganado el espacio que merecen en las instancias del gobierno metropolitano. Eso es un buen comienzo, que las nuevas autoridades públicas no deben desaprovechar.
Esta cualidad variopinta de las nuevas autoridades metropolitanas, nos indica -desde ya-, el tramado complejo de concertación y negociación que rodeará previamente el diseño, ejecución y control de las políticas públicas en el ámbito de la ciudad de Caracas. Ahora más que nunca se necesita una visión compartida e integrada de la amplia problemática de nuestra ciudad capital. Comienza así, un período de gestión gubernamental que pondrá a prueba la capacidad de entendimiento político y de gestión eficaz y coordinada de cada uno de los alcaldes recientemente electos.
Los problemas de ambiente, infraestructura, urbanismo y seguridad que padece nuestra ciudad van a requerir del esfuerzo mancomunado de cada una de las nuevas autoridades; enfocar la resolución de los problemas de la ciudad de manera aislada y competitiva, sólo conducirá al agravamiento de las deficiencias que en materia de calidad de vida vienen afectando a los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, instancias como el Consejo Metropolitano de Gobierno y el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas pueden ser espacios que se utilicen para la construcción de consensos y de acuerdos, en cuanto al diseño de las grandes orientaciones programáticas que pudieran dar forma a una mejor ciudad.
La pluralidad y la diversidad ciudadana han ganado el espacio que merecen en las instancias del gobierno metropolitano. Eso es un buen comienzo, que las nuevas autoridades públicas no deben desaprovechar.
lunes, noviembre 17, 2008
EL 23-N: LA DECISIÓN LE CORRESPONDE AL PUEBLO
Cada uno de los principales bloques políticos en disputa -electoralmente por los espacios de gobierno regional-, ha venido cumpliendo su parte. Dos propuestas de gestionar el desarrollo regional han sido puestas sobre la mesa. Ahora le corresponde al pueblo decidir; mediante el sufragio a favor de la oferta electoral que le haya resultado más atractiva. ¿Hacia dónde se inclinará esta vez la balanza electoral? Sobre ese particular, hay opiniones diversas y encontradas. Lo que sí parece claro, es que cualquiera que sea el resultado del 23 de Noviembre, continuará en el país la polarización ideológico-política.
La campaña electoral desarrollada por el sector oficial giró en torno a una figura central: la del Presidente de la República y los logros de su gestión. Como complemento se emplearon ciertos recursos legales como las inhabilitaciones políticas, para así descartar a rivales electorales con muy seguras probabilidades de triunfo y, también se usó un discurso agresivo y violento para tratar de cohesionar y evitar la migración del electorado oficialista hacia el campo de la oposición. Esto ha traído consigo algunas lamentables perversiones como el reforzamiento al personalismo y sobretodo el resurgimiento de la intolerancia; mediante el insulto, la descalificación personal y la amenaza e intimidación del adversario, en forma pública y notoria.
En contraposición al oficialismo, la oferta alternativa, la oferta de los sectores democráticos ha tratado de fundamentarse en una propuesta de unidad, de inclusión y de cambio. Por supuesto, que la oferta opositora ha sido mucho más difusa -y quizás hasta más abstracta- empero ha tenido la firme intención de constituirse en una propuesta programática alternativa al oficialismo. Quizás la mayor debilidad de la oposición sea su atomización y dispersión. Al respecto, cabe señalar que los sectores democráticos e independientes presentaron unos 1696 candidatos frente a los 808 candidatos oficialistas (a gobernaciones y alcaldías, principalmente). Esta situación provocó serias dificultades para la elaboración de agendas locales concretas y, para impulsar y debatir la gestión del 70% de gobernaciones y alcaldías, en manos del oficialismo.
Se debe rescatar como un valor agregado de esta campaña electoral, el aporte democrático de distintas entidades de la sociedad civil organizada. Organizaciones como “Ojo Electoral” o la Asociación Civil “SÚMATE” desarrollaron una intensa actividad preparando testigos y observadores electorales independientes. “SUMATE” dirigió la realización de un proceso de primarias en el estado Aragua, con el propósito de escoger al candidato de la oposición en esa entidad federal. El grupo social “CESAP” por su parte impulsó a nivel nacional una campaña denominada “Agendas Ciudadanas”, que propiciaron el encuentro entre ciudadanos y candidatos para la discusión cercana de las propuestas y las necesidades más sentidas desde el punto de vista de las comunidades. Otras ONG´s como la A.C. “CONVITE”, y el Instituto Latinoamericano de Organizaciones Sociales (ILDIS), emprendieron el seguimiento a las agendas sociales electorales propuestas por los candidatos, difundiendo los resultados de su estudio en buena parte del país. Así mismo, la asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil “SINERGIA” inició la campaña denominada “Pa´ Dónde Vas Venezuela” orientada hacia la motivación de la participación y del fortalecimiento de la democracia.
Hay que estar claros, los comicios regionales nos ofrecerán unos resultados regionalizados con una correlación de fuerzas político-electoral distribuida de una forma variable por todo el país. Bajo esta premisa, será difícil para el gobierno nacional emprender un proceso de control hegemónico de la sociedad venezolana. Sin embargo, esto no quiere decir que el bloque oficial abandone sus intentos por imponer su visión ideológica, con lo cual sólo profundizará la división del país. La lucha ideológica y política se acentuará de nuevo, después de las elecciones regionales del próximo domingo. Por ello, es importante participar.
La población en general debe comprender que la distribución de gobernaciones y alcaldías obtenidas por el oficialismo, por sus sectores disidentes o por la oposición determinará la fluidez institucional del procesamiento de la agenda de desarrollo regional que tiene planteada el país, hoy. Cabe agregar que, ese procesamiento no será muy fluido si consideramos la contraposición y la distancia de las dos propuestas de gestión del desarrollo local (centralismo/descentralización) que se medirán en los comicios. Hay que prepararse para el debate ideológico.
La defensa y aplicación del modelo federal descentralizado contenido en la Constitución Bolivariana debería convertirse en un elemento distintivo de la acción de los sectores democráticos, luego del 23-N. En tal sentido, temas relacionados con el ejercicio de las potestades federales como: la descentralización y la transferencia de programas, la articulación de vínculos institucionales entre los tres niveles de gobierno (el Consejo Federal de Gobierno), la defensa de las finanzas estadales y municipales y de los recursos que constitucional y legalmente le pertenecen a los mismos (situado constitucional); así como la incorporación efectiva del pueblo a la gestión pública deben convertirse en la bandera de lucha de las nuevas autoridades públicas electas y sobretodo de la ciudadanía en general; es decir, del pueblo organizado.
Esta misma semana se nos presenta a todos los venezolanos y venezolanas una oportunidad formidable para impulsar; mediante el sufragio, la necesaria y requerida democratización de la gestión de gobierno y el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela. Vamos a votar para consolidar en todo el territorio nacional una alternativa emergente, fundamentada en el respeto de los principios y derechos democráticos, de las libertades públicas, de la inclusión social y de la tolerancia. Rescatemos el futuro, votemos todos el Domingo 23 de Noviembre.
miguelgmarregot@gmail.com
La campaña electoral desarrollada por el sector oficial giró en torno a una figura central: la del Presidente de la República y los logros de su gestión. Como complemento se emplearon ciertos recursos legales como las inhabilitaciones políticas, para así descartar a rivales electorales con muy seguras probabilidades de triunfo y, también se usó un discurso agresivo y violento para tratar de cohesionar y evitar la migración del electorado oficialista hacia el campo de la oposición. Esto ha traído consigo algunas lamentables perversiones como el reforzamiento al personalismo y sobretodo el resurgimiento de la intolerancia; mediante el insulto, la descalificación personal y la amenaza e intimidación del adversario, en forma pública y notoria.
En contraposición al oficialismo, la oferta alternativa, la oferta de los sectores democráticos ha tratado de fundamentarse en una propuesta de unidad, de inclusión y de cambio. Por supuesto, que la oferta opositora ha sido mucho más difusa -y quizás hasta más abstracta- empero ha tenido la firme intención de constituirse en una propuesta programática alternativa al oficialismo. Quizás la mayor debilidad de la oposición sea su atomización y dispersión. Al respecto, cabe señalar que los sectores democráticos e independientes presentaron unos 1696 candidatos frente a los 808 candidatos oficialistas (a gobernaciones y alcaldías, principalmente). Esta situación provocó serias dificultades para la elaboración de agendas locales concretas y, para impulsar y debatir la gestión del 70% de gobernaciones y alcaldías, en manos del oficialismo.
Se debe rescatar como un valor agregado de esta campaña electoral, el aporte democrático de distintas entidades de la sociedad civil organizada. Organizaciones como “Ojo Electoral” o la Asociación Civil “SÚMATE” desarrollaron una intensa actividad preparando testigos y observadores electorales independientes. “SUMATE” dirigió la realización de un proceso de primarias en el estado Aragua, con el propósito de escoger al candidato de la oposición en esa entidad federal. El grupo social “CESAP” por su parte impulsó a nivel nacional una campaña denominada “Agendas Ciudadanas”, que propiciaron el encuentro entre ciudadanos y candidatos para la discusión cercana de las propuestas y las necesidades más sentidas desde el punto de vista de las comunidades. Otras ONG´s como la A.C. “CONVITE”, y el Instituto Latinoamericano de Organizaciones Sociales (ILDIS), emprendieron el seguimiento a las agendas sociales electorales propuestas por los candidatos, difundiendo los resultados de su estudio en buena parte del país. Así mismo, la asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil “SINERGIA” inició la campaña denominada “Pa´ Dónde Vas Venezuela” orientada hacia la motivación de la participación y del fortalecimiento de la democracia.
Hay que estar claros, los comicios regionales nos ofrecerán unos resultados regionalizados con una correlación de fuerzas político-electoral distribuida de una forma variable por todo el país. Bajo esta premisa, será difícil para el gobierno nacional emprender un proceso de control hegemónico de la sociedad venezolana. Sin embargo, esto no quiere decir que el bloque oficial abandone sus intentos por imponer su visión ideológica, con lo cual sólo profundizará la división del país. La lucha ideológica y política se acentuará de nuevo, después de las elecciones regionales del próximo domingo. Por ello, es importante participar.
La población en general debe comprender que la distribución de gobernaciones y alcaldías obtenidas por el oficialismo, por sus sectores disidentes o por la oposición determinará la fluidez institucional del procesamiento de la agenda de desarrollo regional que tiene planteada el país, hoy. Cabe agregar que, ese procesamiento no será muy fluido si consideramos la contraposición y la distancia de las dos propuestas de gestión del desarrollo local (centralismo/descentralización) que se medirán en los comicios. Hay que prepararse para el debate ideológico.
La defensa y aplicación del modelo federal descentralizado contenido en la Constitución Bolivariana debería convertirse en un elemento distintivo de la acción de los sectores democráticos, luego del 23-N. En tal sentido, temas relacionados con el ejercicio de las potestades federales como: la descentralización y la transferencia de programas, la articulación de vínculos institucionales entre los tres niveles de gobierno (el Consejo Federal de Gobierno), la defensa de las finanzas estadales y municipales y de los recursos que constitucional y legalmente le pertenecen a los mismos (situado constitucional); así como la incorporación efectiva del pueblo a la gestión pública deben convertirse en la bandera de lucha de las nuevas autoridades públicas electas y sobretodo de la ciudadanía en general; es decir, del pueblo organizado.
Esta misma semana se nos presenta a todos los venezolanos y venezolanas una oportunidad formidable para impulsar; mediante el sufragio, la necesaria y requerida democratización de la gestión de gobierno y el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela. Vamos a votar para consolidar en todo el territorio nacional una alternativa emergente, fundamentada en el respeto de los principios y derechos democráticos, de las libertades públicas, de la inclusión social y de la tolerancia. Rescatemos el futuro, votemos todos el Domingo 23 de Noviembre.
miguelgmarregot@gmail.com
miércoles, noviembre 12, 2008
SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES Y DECISIONES EN EL ALTO GOBIERNO NACIONAL
El gobierno nacional ha emprendido un amplio proceso de concentración y centralización de funciones administrativas con el claro propósito de fortalecer sus capacidades de gestión estratégica que le permita impulsar, negociar y hasta imponer con eficacia sus políticas y acciones con los gobiernos estaduales y locales, la sociedad civil y el resto de los actores del sistema político venezolano. Este reacomodo institucional –que puede ser legítimo; según se vea- se viene realizando; sin embargo, bajo un enfoque concentrador y propiciador de una “delegación en la toma de decisiones hacia arriba”, donde la función decisora del Ejecutivo Nacional y, más aún la intervención de la figura de la Presidencia de la República desempeña un papel relevante. Y este enfoque, entorpece y obstruye las iniciativas hacia una gestión pública descentralizada.
En este contexto, se ubicó el proceso habilitante mediante el cual el Presidente de la República, en un lapso de dieciocho meses (entre el 01-02-2007 y el 31-07-2008), promulgó sesenta y seis (66) leyes, en algunas de las cuales se propone o se acentúa por lo menos:
- el desarrollo de un nuevo modelo de organización para el país como es el modelo socialista, que no se encuentra contemplado en el marco constitucional vigente.
- el reforzamiento de las funciones rectoras de los ministerios y su relación operativa desconcentrada con las comunidades organizadas para el avance de los programas públicos.
- el impulso de las bases para un nuevo ordenamiento territorial (la Nueva Geometría del Poder); mediante la designación de autoridades regionales y autoridades únicas de área para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio (Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, Decreto Nº 6.217 del 15 de Julio de 2008); y
- la intervención de agentes estatales y militares en la actividad de las organizaciones sociales y comunitarias; a través de las milicias contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Decreto Nº 6.239 de fecha 22 de Julio de 2008).
Por otra parte, desde el mismo bloque gubernamental se han ensayado algunas propuestas políticas destinadas a sentar las bases para una reversión de algunos avances obtenidos en pasado por el proceso de descentralización y transferencias de competencias. En efecto, este año 2008 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión –y por urgencia reglamentaria- un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público (año 1990). Mediante dicha reforma el Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente de la República podría revertir las transferencias de las competencias concedidas a los estados; así como también decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos trasferidos (El Nacional, 18 de Abril de 2008). Cabe señalar que, pocos días después; y bajo supuestas “órdenes superiores”; la misma Asamblea Nacional “acordó suspender por tiempo indefinido la discusión del proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, cambios que de haber sido aprobados revertirían la transferencia de competencias de bienes y servicios” (El Nacional, 23 de Abril de 2008).
Un elemento adicional en el proceso de revisión y rectificación que sobre el modelo federal y descentralizado adelanta el sector gubernamental venezolano está relacionado con el Distrito Metropolitano de Caracas. Se trata de la creación de la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas; según el Decreto Presidencial Nº 6.090 de fecha 27 de Mayo de 2008 (y que fuera posteriormente reformada; según Gaceta Oficial Nº 38.969 de fecha 9 de Julio de 2008).
El objeto de dicha entidad sería proyectar las acciones urbanísticas de carácter extraordinario que permitan al gobierno nacional su ejecución en la ciudad de Caracas y sus áreas de influencia; a través de de los diferentes organismos públicos (El Universal, 11-07-2008). Con la creación de esta Comisión Presidencial se trataría indudablemente de centralizar en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la ejecución de todos los planes de desarrollo urbanístico, con lo cual se vulnera al Distrito Metropolitano de Caracas como entidad político-territorial descentralizada del ejercicio de ciertas competencias propias establecidas en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, (Gaceta Oficial Nº 36.906 de fecha 08 de Marzo de 2001); a saber: la planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social y, la atención de los parques y espacios abiertos de carácter metropolitano.
En este contexto, se ubicó el proceso habilitante mediante el cual el Presidente de la República, en un lapso de dieciocho meses (entre el 01-02-2007 y el 31-07-2008), promulgó sesenta y seis (66) leyes, en algunas de las cuales se propone o se acentúa por lo menos:
- el desarrollo de un nuevo modelo de organización para el país como es el modelo socialista, que no se encuentra contemplado en el marco constitucional vigente.
- el reforzamiento de las funciones rectoras de los ministerios y su relación operativa desconcentrada con las comunidades organizadas para el avance de los programas públicos.
- el impulso de las bases para un nuevo ordenamiento territorial (la Nueva Geometría del Poder); mediante la designación de autoridades regionales y autoridades únicas de área para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio (Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, Decreto Nº 6.217 del 15 de Julio de 2008); y
- la intervención de agentes estatales y militares en la actividad de las organizaciones sociales y comunitarias; a través de las milicias contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Decreto Nº 6.239 de fecha 22 de Julio de 2008).
Por otra parte, desde el mismo bloque gubernamental se han ensayado algunas propuestas políticas destinadas a sentar las bases para una reversión de algunos avances obtenidos en pasado por el proceso de descentralización y transferencias de competencias. En efecto, este año 2008 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión –y por urgencia reglamentaria- un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público (año 1990). Mediante dicha reforma el Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente de la República podría revertir las transferencias de las competencias concedidas a los estados; así como también decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos trasferidos (El Nacional, 18 de Abril de 2008). Cabe señalar que, pocos días después; y bajo supuestas “órdenes superiores”; la misma Asamblea Nacional “acordó suspender por tiempo indefinido la discusión del proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, cambios que de haber sido aprobados revertirían la transferencia de competencias de bienes y servicios” (El Nacional, 23 de Abril de 2008).
Un elemento adicional en el proceso de revisión y rectificación que sobre el modelo federal y descentralizado adelanta el sector gubernamental venezolano está relacionado con el Distrito Metropolitano de Caracas. Se trata de la creación de la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas; según el Decreto Presidencial Nº 6.090 de fecha 27 de Mayo de 2008 (y que fuera posteriormente reformada; según Gaceta Oficial Nº 38.969 de fecha 9 de Julio de 2008).
El objeto de dicha entidad sería proyectar las acciones urbanísticas de carácter extraordinario que permitan al gobierno nacional su ejecución en la ciudad de Caracas y sus áreas de influencia; a través de de los diferentes organismos públicos (El Universal, 11-07-2008). Con la creación de esta Comisión Presidencial se trataría indudablemente de centralizar en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la ejecución de todos los planes de desarrollo urbanístico, con lo cual se vulnera al Distrito Metropolitano de Caracas como entidad político-territorial descentralizada del ejercicio de ciertas competencias propias establecidas en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, (Gaceta Oficial Nº 36.906 de fecha 08 de Marzo de 2001); a saber: la planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social y, la atención de los parques y espacios abiertos de carácter metropolitano.
domingo, noviembre 02, 2008
LA DESCENTRALIZACIÓN COMO CAMINO A UN DESARROLLO REGIONAL DEMOCRÁTICO
La descentralización territorial está vinculada a la democracia política; lo cual implica que se realice una efectiva redistribución del poder mediante procedimientos también democráticos. La descentralización representa un mecanismo para revalorizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La descentralización requiere de un proceso de reestructuración interno del Estado (y de la administración pública en sus distintos niveles político-territoriales); así como también del fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y de las comunidades organizadas para aceptar las nuevas responsabilidades que ese proceso trae consigo.
Por otra parte, una gestión local descentralizada -si bien ofrece innegables ventajas por la cercanía y empoderamiento ciudadano, alrededor de las decisiones de unas autoridades públicas elegidas de manera directa, universal y secreta; mediante el sufragio-, también se encuentra en la obligación de seguir los lineamientos nacionales de política y de desarrollo. La descentralización no supone la ruptura político-territorial ni la desintegración de un país por su carácter federal. Lo que sí conlleva es al necesario desarrollo de mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades públicas para lograr un mejoramiento en las ejecutorias gubernamentales que a cada uno le corresponda realizar en un mismo o diferente sector de actividad pública.
Y es que, la descentralización de la gestión pública no se contrapone con la desconcentración administrativa que suelen implementar los gobiernos centrales. Por supuesto que, la delegación de atribuciones y competencias del gobierno central en sus agentes estadales –o nivel desconcentrado-, es un paso importante para promover una gestión relativamente cercana a las realidades regionales y locales; sin embargo, la desconcentración administrativa es insuficiente para alcanzar la descentralización y la democratización de la actividad gubernamental.
En el contexto descrito, una gestión local descentralizada tendría obligatoriamente que fijarse como propósito; por lo menos, lo siguiente: el aumento de la eficacia y de la eficiencia en la realización de los programas y proyectos locales; tanto de carácter urbano como rural, el impulso de una mayor participación de la población en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y, lograr una adecuada articulación con la representación gubernamental del nivel central.
De igual manera, los procesos de descentralización y transferencia requieren de un apropiado proceso de definición, convenimiento, planificación y ejecución. De allí, la importancia de la presencia –o más bien existencia- de una instancia como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185) y de su componente financiero como es el Fondo de Compensación Interterritorial. El tema económico-financiero resulta crucial para el desarrollo de los procesos de descentralización y transferencia, en atención a las dificultades que representaría la existencia espacios federales muy pequeños y con escaso acceso a los mecanismos de financiamiento establecidos en la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
El fortalecimiento de las agencias oficiales de gobierno estadal y local constituye un evento fundamental para el sistema político venezolano en un doble sentido: para impulsar y contribuir a la consolidación del modelo federal, descentralizado y cooperativo que determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, para lograr impulsar una gestión eficaz, eficiente, transparente y responsable de las políticas públicas en cada región del país en correspondencia con sus aspiraciones, necesidades y propuestas.
Por otra parte, una gestión local descentralizada -si bien ofrece innegables ventajas por la cercanía y empoderamiento ciudadano, alrededor de las decisiones de unas autoridades públicas elegidas de manera directa, universal y secreta; mediante el sufragio-, también se encuentra en la obligación de seguir los lineamientos nacionales de política y de desarrollo. La descentralización no supone la ruptura político-territorial ni la desintegración de un país por su carácter federal. Lo que sí conlleva es al necesario desarrollo de mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades públicas para lograr un mejoramiento en las ejecutorias gubernamentales que a cada uno le corresponda realizar en un mismo o diferente sector de actividad pública.
Y es que, la descentralización de la gestión pública no se contrapone con la desconcentración administrativa que suelen implementar los gobiernos centrales. Por supuesto que, la delegación de atribuciones y competencias del gobierno central en sus agentes estadales –o nivel desconcentrado-, es un paso importante para promover una gestión relativamente cercana a las realidades regionales y locales; sin embargo, la desconcentración administrativa es insuficiente para alcanzar la descentralización y la democratización de la actividad gubernamental.
En el contexto descrito, una gestión local descentralizada tendría obligatoriamente que fijarse como propósito; por lo menos, lo siguiente: el aumento de la eficacia y de la eficiencia en la realización de los programas y proyectos locales; tanto de carácter urbano como rural, el impulso de una mayor participación de la población en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y, lograr una adecuada articulación con la representación gubernamental del nivel central.
De igual manera, los procesos de descentralización y transferencia requieren de un apropiado proceso de definición, convenimiento, planificación y ejecución. De allí, la importancia de la presencia –o más bien existencia- de una instancia como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185) y de su componente financiero como es el Fondo de Compensación Interterritorial. El tema económico-financiero resulta crucial para el desarrollo de los procesos de descentralización y transferencia, en atención a las dificultades que representaría la existencia espacios federales muy pequeños y con escaso acceso a los mecanismos de financiamiento establecidos en la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
El fortalecimiento de las agencias oficiales de gobierno estadal y local constituye un evento fundamental para el sistema político venezolano en un doble sentido: para impulsar y contribuir a la consolidación del modelo federal, descentralizado y cooperativo que determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, para lograr impulsar una gestión eficaz, eficiente, transparente y responsable de las políticas públicas en cada región del país en correspondencia con sus aspiraciones, necesidades y propuestas.
viernes, octubre 24, 2008
EL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
Uno de los principales pivotes para impulsar el modelo de gestión descentralizada en el modelo venezolano lo constituye la creación del Consejo Federal de Gobierno. Al Consejo Federal de Gobierno le correspondería la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios (CRBV artículo, 185). A diez años de la promulgación de la Carta Magna, esta instancia aún no ha sido creada; impidiendo de esta forma la consolidación de los mandatos constitucionales en la materia.
Un primer Consejo Federal de Gobierno fue instalado por el ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez, el 18 de Abril de 2002, luego de los sucesos políticos que lo separaron del ejercicio del gobierno durante un breve lapso. La duración y la actividad de ese Consejo Federal de Gobierno fue efímera; quizás por responder más a la coyuntura política de aquel momento que a una firme decisión de su establecimiento.
Para el año 2005, la Asamblea Nacional sancionó una Ley del Consejo Federal de Gobierno y, ese mismo año, el Ejecutivo Nacional objetó dicha ley y, la devolvió al poder legislativo para su modificación respectiva. Hasta el momento de escribir este informe, no se tiene conocimiento preciso sobre cuándo se hará su reconsideración; por parte de la Asamblea Nacional.
Según la Ley aprobada por la Asamblea Nacional, el Consejo Federal de Gobierno era el órgano de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Público Nacional a los estados y municipios y, del cual dependería el Fondo de Compensación Territorial (artículo 3, LCFG, 2005). Entre las atribuciones de este órgano destacaban las siguientes:
1. Planificar, coordinar y aprobar acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias y servicios del Poder Nacional, estados, municipios, y comunidad organizada que coadyuven al desarrollo endógeno sustentable.
2. Proponer a la Asamblea Nacional las transferencias de competencias y de servicios; de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y, discutir y someter a consideración de la Asamblea Nacional los lineamientos del Plan de Descentralización.
3. Promover la desconcentración poblacional, como parte del proceso de descentralización y de desarrollo del territorial equilibrado y, garantizar que en la formulación de la política y acciones del proceso de descentralización y acciones de promoción del desarrollo equilibrado de las regiones se cumpliera la participación ciudadana.
4. Discutir y aprobar anualmente los recursos que se destinarían al Fondo de Compensación Interterritorial; así como determinar las áreas de inversión prioritarias y, velar por el cumplimiento eficiente y eficaz de los recursos asignados al Fondo de Compensación Interterritorial.
5. Considerar las propuestas de los Consejos Locales de Planificación Pública y de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; a fin de coordinar los planes y proyectos de inversión nacional, estadal y municipal;
6. Promover y prestar asistencia técnica a las administraciones estadales y municipales con el objeto de impulsar de manera eficiente las políticas de descentralización y transferencia de competencias y, apoyar al Ejecutivo Nacional y asesorar a los órganos superiores del Estado, con el objeto de la realización plena de la organización federal descentralizada del Estado venezolano (resumen del artículo 17 de la LCFG; 2005).
Durante el pasado año 2007, el Presidente Chávez, introdujo en su proyecto de reforma constitucional, la sustitución del Consejo Federal de Gobierno por el Consejo Nacional de Gobierno. En efecto, la propuesta cuadragésima cuarta del proyecto de reforma constitucional modificaba el artículo 185 de la siguiente manera:
“El Consejo Nacional de Gobierno es un órgano no permanente, encargado de evaluar los diversos proyectos comunales, locales, estadales y provinciales para articularlos al Plan de Desarrollo Integral de la Nación, dar seguimiento a la ejecución de las propuestas aprobadas y realizar los ajustes convenientes a los fines de garantizar el logro de sus objetivos”.
Estará presidido por el Presidente o Presidenta de la República; quien lo convocará e integrado por el Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas, los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras. Así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá convocar a los Alcaldes o Alcaldesas y a los voceros o voceras del Poder Popular”.
El contenido de la propuesta del Ejecutivo Nacional suprimía en forma directa los mandatos constitucionales destinados a la descentralización y transferencia de competencias hacia estados y municipios. De la misma manera, cerraba la participación directa a las autoridades municipales y a la representación popular en el nuevo Consejo de Gobierno. El Fondo de Compensación Interterritorial también era eliminado.
En otras palabras, el impulso de este órganano de importancia estratégica y operativa para el avance del modelo federal y descentralizado en Venezuela nunca ha sido una prioridad real y efectiva para el gobierno nacional. Esta situación puede variar, a favor o en contra, dependiendo de los resultados de las venideras elecciones regionales del 23 de noviembre del presene año. Y es que, si finalmente se expresa una nueva correlación de fuerzas en las gobernaciones y alcaldías del país, será muy difícil para el gobierno seguir bloqueando la instalación del Consejo Federal de Gobierno. Sin embargo, nada está escrito aún; y, todo dependerá de la decisión que expresen por via del sufragio los ciudadanos y ciudadanas venezolanos.
Un primer Consejo Federal de Gobierno fue instalado por el ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez, el 18 de Abril de 2002, luego de los sucesos políticos que lo separaron del ejercicio del gobierno durante un breve lapso. La duración y la actividad de ese Consejo Federal de Gobierno fue efímera; quizás por responder más a la coyuntura política de aquel momento que a una firme decisión de su establecimiento.
Para el año 2005, la Asamblea Nacional sancionó una Ley del Consejo Federal de Gobierno y, ese mismo año, el Ejecutivo Nacional objetó dicha ley y, la devolvió al poder legislativo para su modificación respectiva. Hasta el momento de escribir este informe, no se tiene conocimiento preciso sobre cuándo se hará su reconsideración; por parte de la Asamblea Nacional.
Según la Ley aprobada por la Asamblea Nacional, el Consejo Federal de Gobierno era el órgano de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Público Nacional a los estados y municipios y, del cual dependería el Fondo de Compensación Territorial (artículo 3, LCFG, 2005). Entre las atribuciones de este órgano destacaban las siguientes:
1. Planificar, coordinar y aprobar acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias y servicios del Poder Nacional, estados, municipios, y comunidad organizada que coadyuven al desarrollo endógeno sustentable.
2. Proponer a la Asamblea Nacional las transferencias de competencias y de servicios; de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y, discutir y someter a consideración de la Asamblea Nacional los lineamientos del Plan de Descentralización.
3. Promover la desconcentración poblacional, como parte del proceso de descentralización y de desarrollo del territorial equilibrado y, garantizar que en la formulación de la política y acciones del proceso de descentralización y acciones de promoción del desarrollo equilibrado de las regiones se cumpliera la participación ciudadana.
4. Discutir y aprobar anualmente los recursos que se destinarían al Fondo de Compensación Interterritorial; así como determinar las áreas de inversión prioritarias y, velar por el cumplimiento eficiente y eficaz de los recursos asignados al Fondo de Compensación Interterritorial.
5. Considerar las propuestas de los Consejos Locales de Planificación Pública y de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; a fin de coordinar los planes y proyectos de inversión nacional, estadal y municipal;
6. Promover y prestar asistencia técnica a las administraciones estadales y municipales con el objeto de impulsar de manera eficiente las políticas de descentralización y transferencia de competencias y, apoyar al Ejecutivo Nacional y asesorar a los órganos superiores del Estado, con el objeto de la realización plena de la organización federal descentralizada del Estado venezolano (resumen del artículo 17 de la LCFG; 2005).
Durante el pasado año 2007, el Presidente Chávez, introdujo en su proyecto de reforma constitucional, la sustitución del Consejo Federal de Gobierno por el Consejo Nacional de Gobierno. En efecto, la propuesta cuadragésima cuarta del proyecto de reforma constitucional modificaba el artículo 185 de la siguiente manera:
“El Consejo Nacional de Gobierno es un órgano no permanente, encargado de evaluar los diversos proyectos comunales, locales, estadales y provinciales para articularlos al Plan de Desarrollo Integral de la Nación, dar seguimiento a la ejecución de las propuestas aprobadas y realizar los ajustes convenientes a los fines de garantizar el logro de sus objetivos”.
Estará presidido por el Presidente o Presidenta de la República; quien lo convocará e integrado por el Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas, los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras. Así mismo, el Presidente o Presidenta de la República podrá convocar a los Alcaldes o Alcaldesas y a los voceros o voceras del Poder Popular”.
El contenido de la propuesta del Ejecutivo Nacional suprimía en forma directa los mandatos constitucionales destinados a la descentralización y transferencia de competencias hacia estados y municipios. De la misma manera, cerraba la participación directa a las autoridades municipales y a la representación popular en el nuevo Consejo de Gobierno. El Fondo de Compensación Interterritorial también era eliminado.
En otras palabras, el impulso de este órganano de importancia estratégica y operativa para el avance del modelo federal y descentralizado en Venezuela nunca ha sido una prioridad real y efectiva para el gobierno nacional. Esta situación puede variar, a favor o en contra, dependiendo de los resultados de las venideras elecciones regionales del 23 de noviembre del presene año. Y es que, si finalmente se expresa una nueva correlación de fuerzas en las gobernaciones y alcaldías del país, será muy difícil para el gobierno seguir bloqueando la instalación del Consejo Federal de Gobierno. Sin embargo, nada está escrito aún; y, todo dependerá de la decisión que expresen por via del sufragio los ciudadanos y ciudadanas venezolanos.
viernes, octubre 17, 2008
LOS GOBIERNOS ESTADALES Y LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Los estados son entidades autónomas, iguales en el aspecto político, con personalidad jurídica plena que se encuentran obligadas a mantener la independencia, la soberanía e integridad del país y a cumplir con la Constitución y las leyes de la República. Su gestión de gobierno corresponde a un gobernador o gobernadora, electo o electa, por un período de cuatro años y con posibilidades de ser electo o electa de nuevo, una sola vez. Y los gobernadores deben rendir cuentas anualmente por ante la Contraloría, el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de la entidad federal.
Son competencias exclusivas de los estados:
- Dictar su constitución.
- La organización de sus municipios.
- La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos.
- La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios.
- El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos (no reservados al poder nacional) las salinas y ostrales, la administración de tierras baldías bajo su jurisdicción.
- La organización de la policía.
- La creación, organización recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
- La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.
- La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales; así como de los puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el ejecutivo nacional.
- Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta constitución a la competencia nacional o municipal.
El Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas (G.O. 37.509 del 20-08-2002)
A los gobernadores les corresponderá presidir el Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que reúne a los alcaldes de la entidad federal; así como a los directores estadales de los ministerios, representantes de la Asamblea, representantes del Consejo Legislativo Estadal, una representación de los concejales de los municipios del estado, representantes de las comunidades organizadas; incluyendo a las comunidades indígenas donde las hubiere.
Cada Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas, tendrá los siguientes lineamientos para su gestión:
- La especificidad de cada estado y de sus municipios integrantes, tomando en consideración la población, el nivel de desarrollo económico de la entidad, su capacidad de generar recursos fiscales por cuenta propia, la situación geográfica y su trayectoria histórica y cultural.
- Una visión integral del desarrollo de territorial de la entidad federal a la cual pertenece; y, que incluya las orientación para la explotación racional de los recursos naturales, la orientación de las inversiones y las acciones que promuevan el desarrollo poblacional de la entidad.
- La adecuación del Plan de Desarrollo Estadal con los planes nacionales y regionales establecidos en el marco jurídico vigente.
- La adecuación con los planes municipales de desarrollo con el contenido del Plan estadal de desarrollo.
Por otra parte, cada Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas debe establecer mecanismos de cooperación; tanto con el Consejo Federal de Gobierno como con los Consejos Locales de Planificación Pública, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable. Además a los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas les compete impulsar los procesos de descentralización y transferencia de competencias; tanto del nivel nacional hacia la entidad federal como desde el ámbito estadal hacia los municipios de ámbito político-territorial. De la mima forma, el CEPLACOP servirá como instancia de concertación para el impulso y concertación de programas de transferencia desde la gobernación hacia las comunidades organizadas y organizaciones no gubernamentales.
Son competencias exclusivas de los estados:
- Dictar su constitución.
- La organización de sus municipios.
- La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos.
- La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios.
- El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos (no reservados al poder nacional) las salinas y ostrales, la administración de tierras baldías bajo su jurisdicción.
- La organización de la policía.
- La creación, organización recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
- La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.
- La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales; así como de los puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el ejecutivo nacional.
- Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta constitución a la competencia nacional o municipal.
El Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas (G.O. 37.509 del 20-08-2002)
A los gobernadores les corresponderá presidir el Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que reúne a los alcaldes de la entidad federal; así como a los directores estadales de los ministerios, representantes de la Asamblea, representantes del Consejo Legislativo Estadal, una representación de los concejales de los municipios del estado, representantes de las comunidades organizadas; incluyendo a las comunidades indígenas donde las hubiere.
Cada Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas, tendrá los siguientes lineamientos para su gestión:
- La especificidad de cada estado y de sus municipios integrantes, tomando en consideración la población, el nivel de desarrollo económico de la entidad, su capacidad de generar recursos fiscales por cuenta propia, la situación geográfica y su trayectoria histórica y cultural.
- Una visión integral del desarrollo de territorial de la entidad federal a la cual pertenece; y, que incluya las orientación para la explotación racional de los recursos naturales, la orientación de las inversiones y las acciones que promuevan el desarrollo poblacional de la entidad.
- La adecuación del Plan de Desarrollo Estadal con los planes nacionales y regionales establecidos en el marco jurídico vigente.
- La adecuación con los planes municipales de desarrollo con el contenido del Plan estadal de desarrollo.
Por otra parte, cada Consejo Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas debe establecer mecanismos de cooperación; tanto con el Consejo Federal de Gobierno como con los Consejos Locales de Planificación Pública, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable. Además a los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas les compete impulsar los procesos de descentralización y transferencia de competencias; tanto del nivel nacional hacia la entidad federal como desde el ámbito estadal hacia los municipios de ámbito político-territorial. De la mima forma, el CEPLACOP servirá como instancia de concertación para el impulso y concertación de programas de transferencia desde la gobernación hacia las comunidades organizadas y organizaciones no gubernamentales.
lunes, octubre 13, 2008
EL MOMENTO PARA EL CAMBIO DEMOCRÁTICO
La hegemonía que, sobre el 70% de las gobernaciones y alcaldías del país ejerce en la actualidad el bloque oficialista puede desaparecer, si en las elecciones del próximo 23 de Noviembre, se expresa electoralmente la nueva correlación de fuerzas que predomina ahora en Venezuela. Se presenta pues una oportunidad formidable, para que el electorado mediante el voto popular restituya el equilibrio democrático y neutralice los embates del autoritarismo y del centralismo, impulsados por el gobierno socialista y sus candidatos.
El gobierno nacional atraviesa momentos difíciles por su pública y notoria incapacidad para manejar una inmensa renta petrolera en favor del desarrollo del país y también por su creciente aislamiento de las verdaderas necesidades y aspiraciones populares, que no se identifican con una propuesta socialista, sino que simplemente desean mejorar su calidad de vida en un marco democrático, incluyente y plural.
El gobierno socialista ha fundamentado su campaña electoral en un discurso donde se privilegia la violencia y la exclusión, el personalismo y la manipulación ideológica. Así, para el principal vocero de la campaña oficialista: “todo aquel que no vote por los candidatos del PSUV”, es un traidor. De la misma manera, se ha amenazado directamente con restringir el financiamiento de proyectos de desarrollo local a las poblaciones de aquellas entidades federales que llegasen a votar por los candidatos democráticos y alternativos. Y por si fuera poco; tanto los seguidores del Partido Patria Para Todos (PPT) y del histórico Partido Comunista Venezolano (PCV) -pese a apoyar al presidente Chávez-, recibieron de este, la promesa de ser “borrados del mapa político”, por tan sólo haber ejercido su derecho democrático de presentar candidaturas propias. Sálvese quien pueda.
Otro grave problema de la campaña oficialista es la calidad de sus candidatos. Muchos de ellos son provenientes del Ejecutivo Nacional, y por tanto, responsables directos de la baja trascendencia de ciertas ejecutorias gubernamentales. En tal sentido, les resulta muy cuesta arriba presentarse como alternativas y modelos de gestión eficiente, para gobernaciones y alcaldías, a candidaturas como la de Jorge Rodríguez (ex–presidente del Consejo Nacional Electoral y ex–Vicepresidente de la República), Aristóbulo Isturiz (ex-ministro de Educación), Jorge García Carneiro (ex–ministro de Participación y Desarrollo Social), William Lara (ex-ministro de Comunicaciones), Adán Chávez (ex-ministro de Educación), Wilmar Castro Soteldo (ex-ministro de Turismo) o Jesse Chacón (ex–ministro de Relaciones Interiores y de Justicia); por tan sólo mencionar algunos.
Tales “desventajas competitivas” que arrastran estos y otros candiditos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han tratado de ser compensadas o disimuladas; mediante la personalidad y liderazgo del Presidente de la República; es decir, se ha tenido que recurrir a la manida práctica de “votar por los candidatos de Chávez” como única garantía de calidad. Esta situación trae como lamentable consecuencia, la revaloración del “culto a la personalidad” de un lider político nacional; por encima de cualquier otra variable democrática como único incentivo para elegir autoridades públicas de carácter estadal o local. Otro recurso para cubrir esas falencias de los candidatos socialistas, es el uso abusivo de los medios comunicacionales públicos y privados; por parte del Gobierno Nacional para la promoción desmedida de propaganda oficial y la realización discrecional de cadenas radio-televisivas.
La manipulación de la agenda electoral ha sido otro recurso para tratar de captar o mantener el voto oficialista cautivo. Temas como el anti-imperialismo, la crisis del capitalismo, el golpismo y hasta denuncias de un magnicidio han comenzado a “condimentar” un debate electoral estrictamente doméstico y local. Con ello, se pretende evadir la indefectible rendición de cuentas que tienen que presentar las autoridades públicas sobre la gestión realizada durante los últimos cuatro años. Y si bien, la rendición de cuentas afecta a todos los sectores políticos que se encuentran en disputa electoral; no cabe duda que el cumplimiento de esta condición debe recaer con mayor fuerza –y hasta severidad- sobre el bloque oficialista, por la amplia discrecionalidad con que ha ejercido el gobierno en casi todo el territorio nacional durante los últimos años.
Al respecto, y partiendo de los resultados electorales del año 2004 se puede señalar que hay entidades federales en las que la totalidad de los cargos ejecutivos (gobernadores y alcaldes) se encuentran bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); tales como: Apure (8 de 8), Vargas (2 de 2), Lara (10 de 10) y el Distrito Capital (2-2). De la misma manera, la casi totalidad de las agencias gubernamentales son dirigidas por militantes oficialistas en estados como Barinas (12 de 13), Sucre (15 de 16), Mérida (20 de 24), Táchira (24 de 30), Trujillo (17 de 20), Guárico (13 de 16), Falcón (20 de 26), Miranda (16 de 21), Bolívar (9 de 12), Aragua (14 de 19), Cojedes (7 de 10) y Portuguesa (10 de 15). Mientras que se consigue un cierto equilibrio en las autoridades públicas electas en los estados Anzoátegui (11 de 22) y Carabobo (8 de 14). Por último, el bloque bolivariano es minoría en tan sólo cinco entidades federales: Zulia (5 de 24), Yaracuy (6 de 13), Monagas (6 de 14), Nueva Esparta (5 de 12) y Delta Amacuro (2 de 5). La gestión de esas autoridades tendría que ser evaluada y discutida en este proceso electoral. ¡Es esa la agenda pertinente! Y no otra, que sólo pretende evadir responsabilidades y “correr la arruga” tras posiciones ideológicas y propagandísticas. ¡Pendientes!
El mayor logro de los sectores democráticos y alternativos al bloque oficial-socialista fue lograr tras un larga y penosa pre-campaña, una plataforma unitaria con relativas posibilidades de éxito en casi todo el país. Si bien el éxito obtenido a nivel de los estados (en 21 de 23 entidades federales) no se reprodujo con igual fuerza en el ámbito municipal –donde predomina aún cierta dispersión de candidatos-, la oposición democrática logró al menos, deslindarse aparentemente de las tendencias abstencionistas que la condujeron a marginarse de los espacios públicos gubernamentales en su propio perjuicio.
El problema básico de los sectores democráticos sigue siendo su poca capacidad de actuar coordinadamente para la definición y ejecución de estrategias de corto y mediano plazo. Mientras las fuerzas socialistas –al menos disfrutan de una dirección política unificada-, la oposición sigue dando traspiés y enfrentándose en algunos debates francamente inútiles. Mientras los factores democráticos no implementen mecanismos de coordinación efectivos ni comprendan que la unidad va más allá del hecho electoral, la eficacia y la credibilidad política de sus acciones serán de escaso impacto. Los sectores democráticos –encabezados por los partidos “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia”- se encuentran en la obligación de prepararse y estructurar agendas viables de desarrollo regional, estadal y local; partiendo del marco constitucional bolivariano aprobado en Diciembre de 1999 y, reafirmado también por el pueblo el pasado año 2007.
Hay un amplio sector del chavismo popular que se encuentra decepcionado y molesto; tanto por la pésima gestión del gobierno como por su propuesta socialista que no entiende, ni forma parte de su realidad. Sin embargo, ese mismo pueblo chavista aún no termina de percibir una alternativa creíble en el lado de la oposición, con la cual establecer una alianza y emprender el camino de la reconstrucción democrática del país. He allí el problema a solucionar.
La oposición democrática debe asumir con toda franqueza y firmeza las luchas del pueblo venezolano, de ese pueblo que aspira legítimamente a mejorar su calidad de vida y a ejercer sus derechos humanos. Ese es el camino a seguir para impulsar; a partir del 23 de Noviembre un cambio democrático en el país, que detenga los propósitos de articular a la sociedad venezolana con base a criterios centralistas, intervencionistas y militaristas.
El gobierno nacional atraviesa momentos difíciles por su pública y notoria incapacidad para manejar una inmensa renta petrolera en favor del desarrollo del país y también por su creciente aislamiento de las verdaderas necesidades y aspiraciones populares, que no se identifican con una propuesta socialista, sino que simplemente desean mejorar su calidad de vida en un marco democrático, incluyente y plural.
El gobierno socialista ha fundamentado su campaña electoral en un discurso donde se privilegia la violencia y la exclusión, el personalismo y la manipulación ideológica. Así, para el principal vocero de la campaña oficialista: “todo aquel que no vote por los candidatos del PSUV”, es un traidor. De la misma manera, se ha amenazado directamente con restringir el financiamiento de proyectos de desarrollo local a las poblaciones de aquellas entidades federales que llegasen a votar por los candidatos democráticos y alternativos. Y por si fuera poco; tanto los seguidores del Partido Patria Para Todos (PPT) y del histórico Partido Comunista Venezolano (PCV) -pese a apoyar al presidente Chávez-, recibieron de este, la promesa de ser “borrados del mapa político”, por tan sólo haber ejercido su derecho democrático de presentar candidaturas propias. Sálvese quien pueda.
Otro grave problema de la campaña oficialista es la calidad de sus candidatos. Muchos de ellos son provenientes del Ejecutivo Nacional, y por tanto, responsables directos de la baja trascendencia de ciertas ejecutorias gubernamentales. En tal sentido, les resulta muy cuesta arriba presentarse como alternativas y modelos de gestión eficiente, para gobernaciones y alcaldías, a candidaturas como la de Jorge Rodríguez (ex–presidente del Consejo Nacional Electoral y ex–Vicepresidente de la República), Aristóbulo Isturiz (ex-ministro de Educación), Jorge García Carneiro (ex–ministro de Participación y Desarrollo Social), William Lara (ex-ministro de Comunicaciones), Adán Chávez (ex-ministro de Educación), Wilmar Castro Soteldo (ex-ministro de Turismo) o Jesse Chacón (ex–ministro de Relaciones Interiores y de Justicia); por tan sólo mencionar algunos.
Tales “desventajas competitivas” que arrastran estos y otros candiditos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han tratado de ser compensadas o disimuladas; mediante la personalidad y liderazgo del Presidente de la República; es decir, se ha tenido que recurrir a la manida práctica de “votar por los candidatos de Chávez” como única garantía de calidad. Esta situación trae como lamentable consecuencia, la revaloración del “culto a la personalidad” de un lider político nacional; por encima de cualquier otra variable democrática como único incentivo para elegir autoridades públicas de carácter estadal o local. Otro recurso para cubrir esas falencias de los candidatos socialistas, es el uso abusivo de los medios comunicacionales públicos y privados; por parte del Gobierno Nacional para la promoción desmedida de propaganda oficial y la realización discrecional de cadenas radio-televisivas.
La manipulación de la agenda electoral ha sido otro recurso para tratar de captar o mantener el voto oficialista cautivo. Temas como el anti-imperialismo, la crisis del capitalismo, el golpismo y hasta denuncias de un magnicidio han comenzado a “condimentar” un debate electoral estrictamente doméstico y local. Con ello, se pretende evadir la indefectible rendición de cuentas que tienen que presentar las autoridades públicas sobre la gestión realizada durante los últimos cuatro años. Y si bien, la rendición de cuentas afecta a todos los sectores políticos que se encuentran en disputa electoral; no cabe duda que el cumplimiento de esta condición debe recaer con mayor fuerza –y hasta severidad- sobre el bloque oficialista, por la amplia discrecionalidad con que ha ejercido el gobierno en casi todo el territorio nacional durante los últimos años.
Al respecto, y partiendo de los resultados electorales del año 2004 se puede señalar que hay entidades federales en las que la totalidad de los cargos ejecutivos (gobernadores y alcaldes) se encuentran bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); tales como: Apure (8 de 8), Vargas (2 de 2), Lara (10 de 10) y el Distrito Capital (2-2). De la misma manera, la casi totalidad de las agencias gubernamentales son dirigidas por militantes oficialistas en estados como Barinas (12 de 13), Sucre (15 de 16), Mérida (20 de 24), Táchira (24 de 30), Trujillo (17 de 20), Guárico (13 de 16), Falcón (20 de 26), Miranda (16 de 21), Bolívar (9 de 12), Aragua (14 de 19), Cojedes (7 de 10) y Portuguesa (10 de 15). Mientras que se consigue un cierto equilibrio en las autoridades públicas electas en los estados Anzoátegui (11 de 22) y Carabobo (8 de 14). Por último, el bloque bolivariano es minoría en tan sólo cinco entidades federales: Zulia (5 de 24), Yaracuy (6 de 13), Monagas (6 de 14), Nueva Esparta (5 de 12) y Delta Amacuro (2 de 5). La gestión de esas autoridades tendría que ser evaluada y discutida en este proceso electoral. ¡Es esa la agenda pertinente! Y no otra, que sólo pretende evadir responsabilidades y “correr la arruga” tras posiciones ideológicas y propagandísticas. ¡Pendientes!
El mayor logro de los sectores democráticos y alternativos al bloque oficial-socialista fue lograr tras un larga y penosa pre-campaña, una plataforma unitaria con relativas posibilidades de éxito en casi todo el país. Si bien el éxito obtenido a nivel de los estados (en 21 de 23 entidades federales) no se reprodujo con igual fuerza en el ámbito municipal –donde predomina aún cierta dispersión de candidatos-, la oposición democrática logró al menos, deslindarse aparentemente de las tendencias abstencionistas que la condujeron a marginarse de los espacios públicos gubernamentales en su propio perjuicio.
El problema básico de los sectores democráticos sigue siendo su poca capacidad de actuar coordinadamente para la definición y ejecución de estrategias de corto y mediano plazo. Mientras las fuerzas socialistas –al menos disfrutan de una dirección política unificada-, la oposición sigue dando traspiés y enfrentándose en algunos debates francamente inútiles. Mientras los factores democráticos no implementen mecanismos de coordinación efectivos ni comprendan que la unidad va más allá del hecho electoral, la eficacia y la credibilidad política de sus acciones serán de escaso impacto. Los sectores democráticos –encabezados por los partidos “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia”- se encuentran en la obligación de prepararse y estructurar agendas viables de desarrollo regional, estadal y local; partiendo del marco constitucional bolivariano aprobado en Diciembre de 1999 y, reafirmado también por el pueblo el pasado año 2007.
Hay un amplio sector del chavismo popular que se encuentra decepcionado y molesto; tanto por la pésima gestión del gobierno como por su propuesta socialista que no entiende, ni forma parte de su realidad. Sin embargo, ese mismo pueblo chavista aún no termina de percibir una alternativa creíble en el lado de la oposición, con la cual establecer una alianza y emprender el camino de la reconstrucción democrática del país. He allí el problema a solucionar.
La oposición democrática debe asumir con toda franqueza y firmeza las luchas del pueblo venezolano, de ese pueblo que aspira legítimamente a mejorar su calidad de vida y a ejercer sus derechos humanos. Ese es el camino a seguir para impulsar; a partir del 23 de Noviembre un cambio democrático en el país, que detenga los propósitos de articular a la sociedad venezolana con base a criterios centralistas, intervencionistas y militaristas.
martes, octubre 07, 2008
DESCENTRALIZACIÓN Y COMPROMISOS DE GESTIÓN
Vinculados a la descentralización de la gestión pública se ubican los compromisos de gestión, que son unas figuras administrativas poco usadas por las autoridades públicas de los tres niveles político-territoriales de la República.
Los compromisos o convenios de gestión son mecanismos institucionales, celebrados entre organismos estatales y las comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales con el propósito de impulsar ciertos programas o servicios públicos; bajo ciertos parámetros de evaluación y rendimiento. Los compromisos de gestión están contemplados en la Ley Orgánica de Administración Pública.
Los compromisos o convenios de gestión tienen diversas modalidades:
- Compromisos de gestión sectorial, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del ramo respectivo.
- Compromisos de gestión territorial firmados entre el Vicepresidente Ejecutivo y los gobernadores de estado (modalidad muy importante, en nuestro caso, porque permite concretar acuerdos de descentralización de competencias y transferencia de servicios desde el poder nacional hacia las regiones y, desde los estados hacia los municipios).
- Compromisos de gestión con comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales, originalmente celebrados entre el gobierno nacional y las entidades mencionadas (otra modalidad que podría replicarse en el ámbito territorial de los estados y los municipios; mediante acuerdos entre los organismos oficiales y las respectivas expresiones asociativas de la sociedad civil).
- Convenios de gestión de servicios públicos firmados entre el Vicepresidente Ejecutivo, el ministro de adscripción y los autoridad responsable de prestar el servicio (agua, servicio de eléctrico, transporte público)
Los convenios o compromisos de gestión tienen que cumplir con ciertas formalidades; tales como definir los objetivos, metas y resultados esperados, los mecanismos de transferencia de recursos, los deberes de las entidades oficiales y privadas, los incentivos y los mecanismos de evaluación.
Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante el proceso habilitante, los consejos comunales fueron incluidos como sujetos específicos para la aplicación de los compromisos o convenios de gestión.
Con la aplicación de los convenios o compromisos de gestión la relación estado-consejos comunales, se fortalece y podrían regularizarse con mucha más eficacia el uso de los recursos financieros públicos entregados a esta entidades no estatales, con el propósito de garantizar su uso adecuado y el alcance de los objetivos propuestos.
Los compromisos o convenios de gestión son mecanismos institucionales, celebrados entre organismos estatales y las comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales con el propósito de impulsar ciertos programas o servicios públicos; bajo ciertos parámetros de evaluación y rendimiento. Los compromisos de gestión están contemplados en la Ley Orgánica de Administración Pública.
Los compromisos o convenios de gestión tienen diversas modalidades:
- Compromisos de gestión sectorial, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del ramo respectivo.
- Compromisos de gestión territorial firmados entre el Vicepresidente Ejecutivo y los gobernadores de estado (modalidad muy importante, en nuestro caso, porque permite concretar acuerdos de descentralización de competencias y transferencia de servicios desde el poder nacional hacia las regiones y, desde los estados hacia los municipios).
- Compromisos de gestión con comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales, originalmente celebrados entre el gobierno nacional y las entidades mencionadas (otra modalidad que podría replicarse en el ámbito territorial de los estados y los municipios; mediante acuerdos entre los organismos oficiales y las respectivas expresiones asociativas de la sociedad civil).
- Convenios de gestión de servicios públicos firmados entre el Vicepresidente Ejecutivo, el ministro de adscripción y los autoridad responsable de prestar el servicio (agua, servicio de eléctrico, transporte público)
Los convenios o compromisos de gestión tienen que cumplir con ciertas formalidades; tales como definir los objetivos, metas y resultados esperados, los mecanismos de transferencia de recursos, los deberes de las entidades oficiales y privadas, los incentivos y los mecanismos de evaluación.
Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante el proceso habilitante, los consejos comunales fueron incluidos como sujetos específicos para la aplicación de los compromisos o convenios de gestión.
Con la aplicación de los convenios o compromisos de gestión la relación estado-consejos comunales, se fortalece y podrían regularizarse con mucha más eficacia el uso de los recursos financieros públicos entregados a esta entidades no estatales, con el propósito de garantizar su uso adecuado y el alcance de los objetivos propuestos.
miércoles, octubre 01, 2008
LA PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA Y SOCIALISTA
Una seria restricción para el desarrollo de una gestión autónoma y descentralizada; por parte de los estados y municipios podría constituirlo el Decreto 5.384 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, que fuera publicado en la Gaceta Oficial, Nº 5.841 Extraordinario de fecha 22 de Junio de 2007.
En Venezuela, la aspiración de establecer un sistema de planificación, no es reciente. Se inicia en el año 1936 con la elaboración del “Programa de Febrero” en la gestión del General Eleazar López Contreras. Luego con el General Marcos Pérez Jiménez, se elaboró el primer “Plan Nacional de Obras Públicas”, contentivo de una visualización del país de largo plazo. Pero fue con el establecimiento del sistema político democrático representativo; a partir del año 1958, cuando la planificación comienza a implementarse como una técnica de gobierno.
En 1958, se creó la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, mejor conocida como CORDIPLAN. Con esa Oficina se arribó a la ilusión de promover y alcanzar el desarrollo nacional; mediante la ejecución de programas y proyectos contenidos en Planes Quinquenales de Desarrollo. Con el proceso constituyente realizado en el año 1999, la planificación ingresa con mayor fuerza a Venezuela: de hecho pasa a convertirse en un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 (CRBV) establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”.
En 1999, con la Constitución Bolivariana se introdujo en Venezuela, aunque con ciertos matices, uno de los principios elementales del socialismo real: la planificación económica. En los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convierte en uno de los objetivos a conseguir, para el consecuente establecimiento de la democracia bolivariana.
En este contexto, se ubica la Comisión de Planificación Central promulgada en 2007 por Decreto Presidencial, como un nuevo órgano de intervención del alto gobierno sobre la gestión de las políticas públicas en todo el territorio nacional. Entre las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación y, que ilustran su carácter centralista, controlador e intervencionista destacan los siguientes aspectos:
1. En cuanto a su objeto: integrar los lineamientos de la gestión relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la administración pública (artículo 1).
2. En relación a sus finalidades: orientar mediante el establecimiento de un modelo de sociedad socialista en Venezuela (artículo 2).
3. En cuanto a sus atribuciones: elaborar un mapa de la estructura económica nacional; tanto pública como privada que sirva para el control del socialismo en el país, eliminar la autonomía organizativa y la de planificación administrativa financiera a los entes de la administración pública y crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión (artículo 4).
4. Con relación a sus prioridades: planificar y controlar el proceso de transformación de las empresas del Estado de carácter socialista (artículo 5).
5. En relación a su conformación: estará integrada por la Vice-Presidencia de la República, ente que la presidiría y coordinaría, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, que asumiría la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, los ministros o ministras designados por el Presidente de la República y otros ciudadanos o ciudadanas designados también por el Presidente de la República (artículo 6).
6. Sobre las comisiones sectoriales y regionales: la Comisión Central de Planificación podrá conformar instancias sectoriales y regionales de carácter permanente. Las comisiones sectoriales asumirán las siguientes materias: economía, política social, científico-tecnológica, militar, geopolítica interna e internacional. Mientras las comisiones regionales responderán a la nueva geometría del poder, las comisiones sectoriales y regionales no gozarán de autonomía y estarán supeditadas a las directrices de la Comisión Central de Planificación (artículo 8).
7. En cuanto a las funciones de auditoría y de inspección: la Comisión Central de Planificación tendrá amplias facultades de auditoría e inspección, sin prejuicio de las normas que rigen la actividad de los órganos que integran el Sistema de Control Fiscal (artículo 17).
Con el proceso habilitante de 2008; sin embargo, la Comisión Central de Planificación formalizó con mayor fuerza legal su presencia en el ámbito de la administración pública nacional. En efecto, la nueva Ley Orgánica de Administración Pública establece que esta comisión es parte de los órganos superiores de administración pública nacional (LOAP 2008, artículo 44) y, agrega más adelante, que la misma es el órgano superior de coordinación y control de la planificación centralizada de la administración pública nacional, encargada además de la armonización y adecuación de sus actuaciones (LOAP 2008, artículo 57).
Derivada también de la Ley Habilitante, la Comisión Central de Planificación, tendrá adscrito al recién creado Fondo Social de Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional. Esta adscripción comprenderá, la aprobación y uso de sus recursos y la decisión sobre su organización y funcionamiento; según el Decreto Nº 6.138 de fecha 3 de Junio de 2008.
En síntesis, con la Comisión Central de Planificación, el Gobierno Nacional consolida -al menos en un plano formal y legal-, un mecanismo institucional y financiero que le permita impulsar un sistema de gestión pública concentrado y centralizado orientado hacia la construcción del socialismo. Dicho sistema de gestión pudiera convertirse en un factor disuasivo para la implementación de políticas y acciones tendentes al desarrollo de transferencias de competencias y servicios del poder nacional hacia las entidades político-territoriales menores.
En Venezuela, la aspiración de establecer un sistema de planificación, no es reciente. Se inicia en el año 1936 con la elaboración del “Programa de Febrero” en la gestión del General Eleazar López Contreras. Luego con el General Marcos Pérez Jiménez, se elaboró el primer “Plan Nacional de Obras Públicas”, contentivo de una visualización del país de largo plazo. Pero fue con el establecimiento del sistema político democrático representativo; a partir del año 1958, cuando la planificación comienza a implementarse como una técnica de gobierno.
En 1958, se creó la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, mejor conocida como CORDIPLAN. Con esa Oficina se arribó a la ilusión de promover y alcanzar el desarrollo nacional; mediante la ejecución de programas y proyectos contenidos en Planes Quinquenales de Desarrollo. Con el proceso constituyente realizado en el año 1999, la planificación ingresa con mayor fuerza a Venezuela: de hecho pasa a convertirse en un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 (CRBV) establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”.
En 1999, con la Constitución Bolivariana se introdujo en Venezuela, aunque con ciertos matices, uno de los principios elementales del socialismo real: la planificación económica. En los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convierte en uno de los objetivos a conseguir, para el consecuente establecimiento de la democracia bolivariana.
En este contexto, se ubica la Comisión de Planificación Central promulgada en 2007 por Decreto Presidencial, como un nuevo órgano de intervención del alto gobierno sobre la gestión de las políticas públicas en todo el territorio nacional. Entre las atribuciones que establece la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación y, que ilustran su carácter centralista, controlador e intervencionista destacan los siguientes aspectos:
1. En cuanto a su objeto: integrar los lineamientos de la gestión relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la administración pública (artículo 1).
2. En relación a sus finalidades: orientar mediante el establecimiento de un modelo de sociedad socialista en Venezuela (artículo 2).
3. En cuanto a sus atribuciones: elaborar un mapa de la estructura económica nacional; tanto pública como privada que sirva para el control del socialismo en el país, eliminar la autonomía organizativa y la de planificación administrativa financiera a los entes de la administración pública y crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión (artículo 4).
4. Con relación a sus prioridades: planificar y controlar el proceso de transformación de las empresas del Estado de carácter socialista (artículo 5).
5. En relación a su conformación: estará integrada por la Vice-Presidencia de la República, ente que la presidiría y coordinaría, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, que asumiría la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, los ministros o ministras designados por el Presidente de la República y otros ciudadanos o ciudadanas designados también por el Presidente de la República (artículo 6).
6. Sobre las comisiones sectoriales y regionales: la Comisión Central de Planificación podrá conformar instancias sectoriales y regionales de carácter permanente. Las comisiones sectoriales asumirán las siguientes materias: economía, política social, científico-tecnológica, militar, geopolítica interna e internacional. Mientras las comisiones regionales responderán a la nueva geometría del poder, las comisiones sectoriales y regionales no gozarán de autonomía y estarán supeditadas a las directrices de la Comisión Central de Planificación (artículo 8).
7. En cuanto a las funciones de auditoría y de inspección: la Comisión Central de Planificación tendrá amplias facultades de auditoría e inspección, sin prejuicio de las normas que rigen la actividad de los órganos que integran el Sistema de Control Fiscal (artículo 17).
Con el proceso habilitante de 2008; sin embargo, la Comisión Central de Planificación formalizó con mayor fuerza legal su presencia en el ámbito de la administración pública nacional. En efecto, la nueva Ley Orgánica de Administración Pública establece que esta comisión es parte de los órganos superiores de administración pública nacional (LOAP 2008, artículo 44) y, agrega más adelante, que la misma es el órgano superior de coordinación y control de la planificación centralizada de la administración pública nacional, encargada además de la armonización y adecuación de sus actuaciones (LOAP 2008, artículo 57).
Derivada también de la Ley Habilitante, la Comisión Central de Planificación, tendrá adscrito al recién creado Fondo Social de Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional. Esta adscripción comprenderá, la aprobación y uso de sus recursos y la decisión sobre su organización y funcionamiento; según el Decreto Nº 6.138 de fecha 3 de Junio de 2008.
En síntesis, con la Comisión Central de Planificación, el Gobierno Nacional consolida -al menos en un plano formal y legal-, un mecanismo institucional y financiero que le permita impulsar un sistema de gestión pública concentrado y centralizado orientado hacia la construcción del socialismo. Dicho sistema de gestión pudiera convertirse en un factor disuasivo para la implementación de políticas y acciones tendentes al desarrollo de transferencias de competencias y servicios del poder nacional hacia las entidades político-territoriales menores.
jueves, septiembre 25, 2008
COMENZÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL
La campaña electoral a las elecciones regionales y locales ha comenzado, finalmente. El próximo 23 de Noviembre serán electos veintidós gobernadores, dos alcaldes metropolitanos, trescientos veintiséis alcaldes municipales, doscientos treinta y tres diputados regionales y veinte representantes a los cabildos distritales o metropolitanos; en unos comicios que pudieran significar un viraje total a la situación política venezolana.
Dos bloques fundamentales rivalizan electoralmente por el control de gobernaciones, alcaldías y cargos legislativos estadales. Uno, que pretende arropar al país; bajo el manto de la revolución socialista bolivariana. El otro, que aspira al rescate de la descentralización y el desarrollo regional equilibrado.
Para el bloque oficialista, las elecciones regionales permitirán ofrecer al electorado un modelo de gestión centralizado e identificado con las orientaciones definidas del Poder Nacional; es decir, para los socialistas del PSUV, los gobernadores y alcaldes serían unos meros agentes desconcentrados del Ejecutivo Nacional. En el sector democrático, el enfoque es contrapuesto; pues allí se prioriza la inclusión y la participación de los actores regionales en la formulación, ejecución y control de las políticas de desarrollo regional y local.
Durante la pre-campaña; tanto el oficialismo como la plataforma democrática desarrollaron distintas tácticas para llegar en mejores condiciones a esta etapa final del proceso electoral. Por ejemplo, fueron inhabilitados candidatos opositores con primerísima opción de triunfo en sus respectivas localidades. Mientras la oposición democrática emprendió un largo camino de negociaciones internas, en procura de lograr acuerdos unitarios que le permitieran presentar plataformas con oportunidad de victoria.
La campaña oficialista al parecer se basará en la explotación de la imagen del Presidente Chávez y, en la utilización de un discurso basado en íconos violentos como el magnicidio, el golpe de estado y el anti-americanismo. La oposición tendrá que basar su campaña en la denuncia de la gestión deficiente de sus adversarios, en la defensa de la descentralización y en la proposición de agendas de desarrollo local sostenibles. El juego apenas comienza.
Dos bloques fundamentales rivalizan electoralmente por el control de gobernaciones, alcaldías y cargos legislativos estadales. Uno, que pretende arropar al país; bajo el manto de la revolución socialista bolivariana. El otro, que aspira al rescate de la descentralización y el desarrollo regional equilibrado.
Para el bloque oficialista, las elecciones regionales permitirán ofrecer al electorado un modelo de gestión centralizado e identificado con las orientaciones definidas del Poder Nacional; es decir, para los socialistas del PSUV, los gobernadores y alcaldes serían unos meros agentes desconcentrados del Ejecutivo Nacional. En el sector democrático, el enfoque es contrapuesto; pues allí se prioriza la inclusión y la participación de los actores regionales en la formulación, ejecución y control de las políticas de desarrollo regional y local.
Durante la pre-campaña; tanto el oficialismo como la plataforma democrática desarrollaron distintas tácticas para llegar en mejores condiciones a esta etapa final del proceso electoral. Por ejemplo, fueron inhabilitados candidatos opositores con primerísima opción de triunfo en sus respectivas localidades. Mientras la oposición democrática emprendió un largo camino de negociaciones internas, en procura de lograr acuerdos unitarios que le permitieran presentar plataformas con oportunidad de victoria.
La campaña oficialista al parecer se basará en la explotación de la imagen del Presidente Chávez y, en la utilización de un discurso basado en íconos violentos como el magnicidio, el golpe de estado y el anti-americanismo. La oposición tendrá que basar su campaña en la denuncia de la gestión deficiente de sus adversarios, en la defensa de la descentralización y en la proposición de agendas de desarrollo local sostenibles. El juego apenas comienza.
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