La Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinario, de fecha 13-11-2001). Sienta tres precedentes importantes:
i) definió un “sistema de planificación” encabezado por autoridades ejecutivas de cada nivel político-territorial; con su respectiva instancia de participación popular con el cual, Venezuela comienza a transitar el camino hacia un sistema de gestión planificado verticalmente;
ii) definió por primera vez, el concepto de control social; entendido como la participación de los sectores sociales en la supervisión y evaluación del cumplimiento de las acciones planificadas y la proposición de correctivos, cuando se estimen convenientes y,
iii) otorgó a los consejos locales de planificación pública la función de asegurar la coordinación y participación social en la elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, los programas y acciones que se ejecuten en el municipio y su articulación con los planes estadales de desarrollo (LOP, artículo 27).
La Ley Orgánica de Planificación también determina la obligación de elaborar el plan municipal de desarrollo; el cual debe contener las directrices de gobierno de cada municipio, con un horizonte temporal de cuatro años (artículo 55). Además dicta que, los planes y proyectos se articulen al plan municipal de desarrollo (artículo 56), correspondiendo al alcalde la responsabilidad de dictar las instrucciones necesarias para la elaboración de todos los planes de la administración pública municipal.
Con la promulgación de Ley Orgánica de Planificación se pretendía que la gestión pública en el ámbito municipal respondiera a un plan estratégico, en cuya elaboración y posterior evaluación y seguimiento intervinieran los representantes vecinales y sectoriales organizados en el consejo local de planificación pública de cada municipio. Un detalle adicional es que, la ley reconoce la participación social como un derecho que comprendía el acceso a la información y también la posibilidad de elaborar propuestas, identificar prioridades y recomendar formas de participación que incidieran en el cumplimiento de los planes (LOP, artículo 58). Pudiera concluirse que, con la incorporación de los representantes ciudadanos a la elaboración y seguimiento de los planes municipales se quebró el “monopolio” que sobre la función de planificación del desarrollo venían ejerciendo durante años las autoridades públicas de este nivel.
Finalmente cabe agregar que, para este momento la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional prepara un proyecto de reforma de la actual Ley de Orgánica de Planificación, con el objeto de estructurar en forma definitiva un sistema de planificación vertical que involucre desde el nivel central hasta los distintos niveles político-territoriales que conforman la República (al respecto debe recordarse la creación de la Comisión Central de Planificación). Ese proyecto también implicaría la redefinición de las funciones de los consejos locales de planificación pública en el ámbito municipal y, la incorporación de las comunas y los consejos comunales como componentes básicos de ese sistema de planificación, que ahora se intenta.
lunes, marzo 29, 2010
miércoles, marzo 24, 2010
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LAS COMUNAS Y DEL CNE ATROPELLAN PARTICIPACIÓN POPULAR EN MUNICIPIO BARUTA
Hoy 24 de marzo, mediante una convocatoria írrita y en un lugar cuasi-oculto, solo descubierto a última hora, el Ministerio de las Comunas, con apoyo del Consejo Nacional Electoral, realizó una asamblea de consejos comunales para elegir los representantes del municipio Baruta, al encuentro regional que elegiría a los voceros del estado Miranda ante el Consejo Federal de Gobierno.
En realidad, presenciamos un espectáculo de muy baja calidad ciudadana y democrática donde los funcionarios del Ministerio de las Comunas y el representante del CNE, impidieron que se realizara una discusión fluida con la participación de todas las partes involucradas. Vecinas representantes de los consejos comunales de Prados del Este y Santa Rosa de Lima, y voceras del CLPP-Baruta, (como Kiomara Scovino y María Elena Arnal), les fue impedido que expresaran sus observaciones sobre la ilegalidad del acto, y el irrespeto al derecho a la participación ciudadana.
Cabe señalar que solamente se registraron como participantes en la asamblea aproximadamente 33 consejos comunales, (sin ningún tipo de comprobación) los cuales no alcanzarían una cantidad calificada para tomar decisiones de tal naturaleza. La mayoría de los consejos comunales del municipio no fueron convocados a participar; y de los asistentes, un grupo no convalidó ni la convocatoria ni los métodos empleados para realizar la asamblea en cuestión.
Por otra parte, el evento se convirtió en un evento “ideologizante” donde se trataron temas como el socialismo del XXI, el poder popular y la campaña admirable; dejando de lado, la discusión de asuntos de verdadera importancia, como la observancia a las normas democráticas y la constitución vigente, la vigencia de la descentralización, el reconocimiento a la inclusión y el debido respeto a pluralidad política, social y comunitaria. Por si fuera poco, la asamblea convocada por Ministerio de las Comunas y “validada” por el CNE, se terminó convirtiendo en un evento interno del PSUV, hecho que consideramos un atropello al ejercicio de la libre participación y organización popular.
La realización de este tipo de asambleas supone una profunda reflexión por parte de aquellos que impulsamos la participación ciudadana desde una óptica democrática e incluyente. Esa reflexión nos debe conducir a redoblar los esfuerzos para rescatar la participación y los espacios para su ejercicio, de las prácticas clientelares y la exclusión ideológica que desea imponer la burocracia política oficialista.
En realidad, presenciamos un espectáculo de muy baja calidad ciudadana y democrática donde los funcionarios del Ministerio de las Comunas y el representante del CNE, impidieron que se realizara una discusión fluida con la participación de todas las partes involucradas. Vecinas representantes de los consejos comunales de Prados del Este y Santa Rosa de Lima, y voceras del CLPP-Baruta, (como Kiomara Scovino y María Elena Arnal), les fue impedido que expresaran sus observaciones sobre la ilegalidad del acto, y el irrespeto al derecho a la participación ciudadana.
Cabe señalar que solamente se registraron como participantes en la asamblea aproximadamente 33 consejos comunales, (sin ningún tipo de comprobación) los cuales no alcanzarían una cantidad calificada para tomar decisiones de tal naturaleza. La mayoría de los consejos comunales del municipio no fueron convocados a participar; y de los asistentes, un grupo no convalidó ni la convocatoria ni los métodos empleados para realizar la asamblea en cuestión.
Por otra parte, el evento se convirtió en un evento “ideologizante” donde se trataron temas como el socialismo del XXI, el poder popular y la campaña admirable; dejando de lado, la discusión de asuntos de verdadera importancia, como la observancia a las normas democráticas y la constitución vigente, la vigencia de la descentralización, el reconocimiento a la inclusión y el debido respeto a pluralidad política, social y comunitaria. Por si fuera poco, la asamblea convocada por Ministerio de las Comunas y “validada” por el CNE, se terminó convirtiendo en un evento interno del PSUV, hecho que consideramos un atropello al ejercicio de la libre participación y organización popular.
La realización de este tipo de asambleas supone una profunda reflexión por parte de aquellos que impulsamos la participación ciudadana desde una óptica democrática e incluyente. Esa reflexión nos debe conducir a redoblar los esfuerzos para rescatar la participación y los espacios para su ejercicio, de las prácticas clientelares y la exclusión ideológica que desea imponer la burocracia política oficialista.
sábado, marzo 20, 2010
NOTICA SOBRE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR
La planificación puede convertirse en una herramienta estratégica para la construcción del país que merecemos todos los venezolanos y venezolanas. La planificación será concebida como un instrumento para la participación, la descentralización y la construcción de consensos con los distintos sectores de la ciudadanía de nuestra nación. Para ello, una ley de participación que considera la planificación definirá los procesos de consulta abierta y democrática que comprenda a las autoridades estadales, las autoridades del ámbito metropolitano y locales de los municipios; así como también a los representantes y voceros comunitarios y, la vocería de los sectores económicos y sociales del país, como exponentes del poder popular ciudadano.
A los efectos de lograr una mayor eficacia en los objetivos de inclusión y participación ciudadana, se considerará al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo de una nueva cultura ciudadana y participativa dentro del proceso de cambio y planificación, que nuestro país requiere. Una ley de participación que conidera la planificación promoverá las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y, en general, las iniciativas del sector privado que contribuyan a la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
A los efectos de lograr una mayor eficacia en los objetivos de inclusión y participación ciudadana, se considerará al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo de una nueva cultura ciudadana y participativa dentro del proceso de cambio y planificación, que nuestro país requiere. Una ley de participación que conidera la planificación promoverá las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y, en general, las iniciativas del sector privado que contribuyan a la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
viernes, marzo 12, 2010
OTRAS NOTAS PARA UNA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR
La Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP) debe considerar que, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la participación activa, libre y responsable en el desarrollo de Venezuela; así como también a contribuir y disfrutar de su desarrollo cultural, económico, social, político y territorial en un marco de respeto a la Constitución Bolivariana, a los derechos humanos y a la democracia.
En tal sentido, la LOPCYPP deberá servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación popular, de manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales de todos los ámbitos del país.
Considero que el respeto por la autonomía de los movimientos populares, comunales y sociales tiene que ser uno de los ejes de la LOPCYPP. La LOPCYPP deberá promocionar el “tejido social”, como medio de control democrático y social de la gestión pública nacional, estadual y municipal.
La LOPCYPP se tendrá que desarrollar con estricto apego al marco constitucional y legal vigente; prescribiendo la discriminación y la exclusión basada en creencias políticas o religiosas, condición social, de raza o de género o cualquier otro tipo, que viole los derechos humanos y las libertades democráticas. De la misma manera, el acceso a la información pública de calidad -de manera oportuna y veraz-, será garantizado mediante mecanismos precisos contemplados en el contenido de la LOPCYPP.
Desde nuestra propuesta, consideramos que la LOPCYPP debe incorporar y fundamentar como principios lo siguiente:
- el derecho a la participación de los ciudadanos y colectivos sociales, como componentes del poder popular en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular.
- el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos y propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.
En síntesis, la LOPCYPP se fundamentará de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación popular, la descentralización y la desconcentración y la corresponsabilidad social, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil e impulsando la no discriminación
En tal sentido, la LOPCYPP deberá servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación popular, de manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales de todos los ámbitos del país.
Considero que el respeto por la autonomía de los movimientos populares, comunales y sociales tiene que ser uno de los ejes de la LOPCYPP. La LOPCYPP deberá promocionar el “tejido social”, como medio de control democrático y social de la gestión pública nacional, estadual y municipal.
La LOPCYPP se tendrá que desarrollar con estricto apego al marco constitucional y legal vigente; prescribiendo la discriminación y la exclusión basada en creencias políticas o religiosas, condición social, de raza o de género o cualquier otro tipo, que viole los derechos humanos y las libertades democráticas. De la misma manera, el acceso a la información pública de calidad -de manera oportuna y veraz-, será garantizado mediante mecanismos precisos contemplados en el contenido de la LOPCYPP.
Desde nuestra propuesta, consideramos que la LOPCYPP debe incorporar y fundamentar como principios lo siguiente:
- el derecho a la participación de los ciudadanos y colectivos sociales, como componentes del poder popular en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular.
- el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos y propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.
En síntesis, la LOPCYPP se fundamentará de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación popular, la descentralización y la desconcentración y la corresponsabilidad social, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil e impulsando la no discriminación
sábado, marzo 06, 2010
¿UNA LEY PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR ?
La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad, al ejercicio pleno de la ciudadanía y también es expresión del verdadero poder popular. El derecho a la participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional público; tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966); la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros documentos.
En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
Una ley para la participación ciudadana y poder popular debe garantizar su pleno desarrollo, como proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad venezolana. De la misma manera, una ley para la participación ciudadana y el poder popular debe establecer las obligaciones estatales y las responsabilidades de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado para el ejercicio pleno de la participación como derecho humano fundamental.
Un marco jurídico para la participación ciudadana y el poder popular, supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, incluyente y responsable. Bajo este paradigma, la participación ciudadana potenciará el poder popular como expresión del posicionamiento del pueblo, (entendido como individuo, como comunidad y como entidad asociativa), en torno a la incidencia democrática y social sobre los procesos gubernamentales que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.
El poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas; que propicia una mayor legitimidad y transparencia a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos, posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales; favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.
En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
Una ley para la participación ciudadana y poder popular debe garantizar su pleno desarrollo, como proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad venezolana. De la misma manera, una ley para la participación ciudadana y el poder popular debe establecer las obligaciones estatales y las responsabilidades de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado para el ejercicio pleno de la participación como derecho humano fundamental.
Un marco jurídico para la participación ciudadana y el poder popular, supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, incluyente y responsable. Bajo este paradigma, la participación ciudadana potenciará el poder popular como expresión del posicionamiento del pueblo, (entendido como individuo, como comunidad y como entidad asociativa), en torno a la incidencia democrática y social sobre los procesos gubernamentales que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.
El poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas; que propicia una mayor legitimidad y transparencia a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos, posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales; favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.
martes, marzo 02, 2010
VENEZUELA: SOBRE LAS CANDIDATURAS AL PARLAMENTO
El gobierno sigue tocado. Y quizás más que antes, porque no ha podido articular una estrategia propagandística que le permita recomponer su presencia, frente a sus seguidores. Además, la oposición democrática –imbuida en su problemática electoral interna-, tampoco ha cometido errores tácticos que puedan usados por el sector gubernamental. La salida del gobernador Henri Falcón de las filas del PSUV representa un revés para los propósitos electorales del oficialismo. Mientras el rendimiento de las ejecutorias gubernamentales sigue siendo ineficaz e ineficiente, en un entorno general donde el empobrecimiento de la calidad de vida de la población es el factor dominante.
Por supuesto, no todo está listo ni decidido. Hay un largo camino por recorrer antes del 26 de Septiembre; pero todo parece indicar (según los estudios de opinión) que, en la población venezolana ha germinado la conciencia de tener una Asamblea Nacional que recoja la pluralidad y diversidad del país. Y eso representaría, desde ya, un gran logro para restituir el equilibrio democrático en Venezuela. Cada uno de los bloques ideológico-políticos que se enfrentan en el escenario electoral por el control de la Asamblea Nacional viene disponiendo –aunque de manera asimétrica- de los recursos políticos, organizativos y financieros para estructurar su oferta parlamentaria.
En el campo oficialista la selección de las candidaturas siempre será más sencilla; a pesar de que ya se anticipe una pérdida, de por lo menos la mitad de los curules actuales, bajo su control. En la selección de los candidatos del PSUV será determinante la opinión del lider del partido por encima de la popularidad de los aspirantes en la base del partido. Empero, lo que sí parece relevante es el esfuerzo financiero y político que viene haciendo el bloque oficialista por consolidar su plataforma organizativa; a través del Congreso del PSUV. Esa iniciativa no hay que perderla de vista; pues el aspecto político-organizativo siempre es decisivo en estos procesos de confrontación y movilización.
La Mesa de la Unidad Democrática sigue funcionando con lentitud; pero con coherencia política y siguiendo los acuerdos establecidos el pasado año. La creación de la Mesa de la Unidad Democrática fue un verdadero acierto político; sin su gestión, la atomización y la dispersión de las fuerzas opositoras hubiera sido irremediable. Sin embargo, y de forma paradójica sus principales adversarios están dentro del amplio mosaico de las fuerzas opositoras. Y quizás no podía ser de otra manera, en atención a la ausencia preliminar de una vanguardia política consolidada que fijara lineamientos de acción claros.
Desde mi punto de vista, uno de los trabajos políticos más arduos que la ha tocado a la Mesa de la Unidad Democrática ha sido tratar justamente de actuar de forma unitaria y coordinada. Múltiples presiones internas y externas inciden a diario para impedir que eso suceda; sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática sigue su actividad en función de los objetivos planteados. Y es que, la diversidad de la oposición es muy amplia y, su acción se acentúa mucho más en una coyuntura electoral. Así aspiran a ser diputados en la nueva Asamblea Nacional desde ciudadanos bien intencionados, dirigentes comunitarios locales, voceros de movimientos, gremios y organizaciones sociales, líderes de opinión, presos políticos y, hasta los líderes regionales y nacionales de los partidos políticos.
La rutina diaria del debate electoral (legítimo y democrático, por demás) nos muestra a opinadores que desde sus programas televisivos o radiales atacan las acciones y los acuerdos de la Mesa de la Unidad, para luego sugerir candidatos en nombre de la llamada sociedad civil o exigiendo discrecionalmente la realización de unas elecciones primarias. Por ello, conformar la plataforma unitaria de la oposición será -sin lugar a dudas-, un verdadero triunfo. En tal sentido, se debe comprender que no todos los aspirantes que hoy ofrecen su nombre serán seleccionados dentro de la plataforma unitaria, sin que esto implique que su lucha haya sido en vano.
Para mi gusto como elector, preferiría unos candidatos comprometidos con plataformas ideológicas y programáticas; por encima de otras opciones sujetas simplemente a un enfoque individualista del tema político. Los candidatos de la unidad tendrían que poseer una formación ideológica y política fundamentada en los valores superiores de la democracia, la ética, la libertad, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. De la misma manera, esas candidaturas deben responder a un claro compromiso de rescate de la autonomía de la Asamblea Nacional, como máximo escenario legislativo del país, como instancia controladora de la gestión del Ejecutivo Nacional de manera efectiva y, como espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano.
Por otra parte, los candidatos de la unidad tendrían que demostrar capacidades técnicas para asumir con responsabilidad plena los procesos inherentes a su cargos como representantes del pueblo. Pero hay más. La nueva fracción democrática que estará presente en la Asamblea Nacional después del 26 de Septiembre tendrá que impulsar de manera prioritaria, el fortalecimiento de una nueva alianza con el pueblo en general y con las comunidades y sectores sociales organizados, para la construcción de un tejido social que consolide la restitución de la democracia en Venezuela.
Mucho se habla de la participación de los presos políticos como candidatos en la plataforma unitaria como una forma de buscar su liberación. Y en realidad, este es un tema estrechamente vinculado a la emotividad, al legítimo y natural reclamo de justicia. Desde un punto de vista sentimental no cabe duda que, para los familiares de los presos políticos (yo añadiría también a perseguidos políticos como Carlos Ortega, Manuel Rosales y Oscar Pérez; entre otros), la posibilidad de alcanzar una diputación, implica una esperanza de libertad incuestionable.
La existencia de presos y perseguidos políticos supone un sistema judicial en crisis y, por lo tanto, incapaz de cumplir con sus verdaderos propósitos institucionales. Pero además, hay que recordar que la crisis del sistema judicial venezolano no se agota allí; sino que afecta a todo el segmento de la población venezolana que se encuentra privada de libertad y recluida en condiciones cuasi-infrahumanas. Por último, detenidos y perseguidos políticos indican la existencia en Venezuela de algo más aterrador aún: la criminalización de la disidencia, y por lo tanto, la criminalización de la libertad del pensamiento.
La dolorosa muerte del disidente cubano Orlando Zapata nos debe servir de ejemplo de lo que significa la dignidad y el compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, Franklin Brito y su esposa Elena Rodríguez, representan otro ícono de templanza en la lucha por la dignidad y vigencia de los derechos humanos; sin ninguna otra aspiración de por medio. En tal sentido, los candidatos de la plataforma unitaria –sean presos o no-, tienen la obligación ineludible de anteponer el interés colectivo del pueblo venezolano sobre sus motivaciones particulares.
Por supuesto, no todo está listo ni decidido. Hay un largo camino por recorrer antes del 26 de Septiembre; pero todo parece indicar (según los estudios de opinión) que, en la población venezolana ha germinado la conciencia de tener una Asamblea Nacional que recoja la pluralidad y diversidad del país. Y eso representaría, desde ya, un gran logro para restituir el equilibrio democrático en Venezuela. Cada uno de los bloques ideológico-políticos que se enfrentan en el escenario electoral por el control de la Asamblea Nacional viene disponiendo –aunque de manera asimétrica- de los recursos políticos, organizativos y financieros para estructurar su oferta parlamentaria.
En el campo oficialista la selección de las candidaturas siempre será más sencilla; a pesar de que ya se anticipe una pérdida, de por lo menos la mitad de los curules actuales, bajo su control. En la selección de los candidatos del PSUV será determinante la opinión del lider del partido por encima de la popularidad de los aspirantes en la base del partido. Empero, lo que sí parece relevante es el esfuerzo financiero y político que viene haciendo el bloque oficialista por consolidar su plataforma organizativa; a través del Congreso del PSUV. Esa iniciativa no hay que perderla de vista; pues el aspecto político-organizativo siempre es decisivo en estos procesos de confrontación y movilización.
La Mesa de la Unidad Democrática sigue funcionando con lentitud; pero con coherencia política y siguiendo los acuerdos establecidos el pasado año. La creación de la Mesa de la Unidad Democrática fue un verdadero acierto político; sin su gestión, la atomización y la dispersión de las fuerzas opositoras hubiera sido irremediable. Sin embargo, y de forma paradójica sus principales adversarios están dentro del amplio mosaico de las fuerzas opositoras. Y quizás no podía ser de otra manera, en atención a la ausencia preliminar de una vanguardia política consolidada que fijara lineamientos de acción claros.
Desde mi punto de vista, uno de los trabajos políticos más arduos que la ha tocado a la Mesa de la Unidad Democrática ha sido tratar justamente de actuar de forma unitaria y coordinada. Múltiples presiones internas y externas inciden a diario para impedir que eso suceda; sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática sigue su actividad en función de los objetivos planteados. Y es que, la diversidad de la oposición es muy amplia y, su acción se acentúa mucho más en una coyuntura electoral. Así aspiran a ser diputados en la nueva Asamblea Nacional desde ciudadanos bien intencionados, dirigentes comunitarios locales, voceros de movimientos, gremios y organizaciones sociales, líderes de opinión, presos políticos y, hasta los líderes regionales y nacionales de los partidos políticos.
La rutina diaria del debate electoral (legítimo y democrático, por demás) nos muestra a opinadores que desde sus programas televisivos o radiales atacan las acciones y los acuerdos de la Mesa de la Unidad, para luego sugerir candidatos en nombre de la llamada sociedad civil o exigiendo discrecionalmente la realización de unas elecciones primarias. Por ello, conformar la plataforma unitaria de la oposición será -sin lugar a dudas-, un verdadero triunfo. En tal sentido, se debe comprender que no todos los aspirantes que hoy ofrecen su nombre serán seleccionados dentro de la plataforma unitaria, sin que esto implique que su lucha haya sido en vano.
Para mi gusto como elector, preferiría unos candidatos comprometidos con plataformas ideológicas y programáticas; por encima de otras opciones sujetas simplemente a un enfoque individualista del tema político. Los candidatos de la unidad tendrían que poseer una formación ideológica y política fundamentada en los valores superiores de la democracia, la ética, la libertad, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. De la misma manera, esas candidaturas deben responder a un claro compromiso de rescate de la autonomía de la Asamblea Nacional, como máximo escenario legislativo del país, como instancia controladora de la gestión del Ejecutivo Nacional de manera efectiva y, como espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano.
Por otra parte, los candidatos de la unidad tendrían que demostrar capacidades técnicas para asumir con responsabilidad plena los procesos inherentes a su cargos como representantes del pueblo. Pero hay más. La nueva fracción democrática que estará presente en la Asamblea Nacional después del 26 de Septiembre tendrá que impulsar de manera prioritaria, el fortalecimiento de una nueva alianza con el pueblo en general y con las comunidades y sectores sociales organizados, para la construcción de un tejido social que consolide la restitución de la democracia en Venezuela.
Mucho se habla de la participación de los presos políticos como candidatos en la plataforma unitaria como una forma de buscar su liberación. Y en realidad, este es un tema estrechamente vinculado a la emotividad, al legítimo y natural reclamo de justicia. Desde un punto de vista sentimental no cabe duda que, para los familiares de los presos políticos (yo añadiría también a perseguidos políticos como Carlos Ortega, Manuel Rosales y Oscar Pérez; entre otros), la posibilidad de alcanzar una diputación, implica una esperanza de libertad incuestionable.
La existencia de presos y perseguidos políticos supone un sistema judicial en crisis y, por lo tanto, incapaz de cumplir con sus verdaderos propósitos institucionales. Pero además, hay que recordar que la crisis del sistema judicial venezolano no se agota allí; sino que afecta a todo el segmento de la población venezolana que se encuentra privada de libertad y recluida en condiciones cuasi-infrahumanas. Por último, detenidos y perseguidos políticos indican la existencia en Venezuela de algo más aterrador aún: la criminalización de la disidencia, y por lo tanto, la criminalización de la libertad del pensamiento.
La dolorosa muerte del disidente cubano Orlando Zapata nos debe servir de ejemplo de lo que significa la dignidad y el compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, Franklin Brito y su esposa Elena Rodríguez, representan otro ícono de templanza en la lucha por la dignidad y vigencia de los derechos humanos; sin ninguna otra aspiración de por medio. En tal sentido, los candidatos de la plataforma unitaria –sean presos o no-, tienen la obligación ineludible de anteponer el interés colectivo del pueblo venezolano sobre sus motivaciones particulares.
lunes, marzo 01, 2010
UNA NOTA AMBIENTAL
En esta época de tanto calor y sequía en Venezuela, la toma de conciencia sobre la protección de los recursos naturales cobra especial relevancia. El deterioro de la capa de ozono, el derrame indiscriminado de sustancias tóxicas en el ambiente, la tala y la desforestación indiscriminada y la minería ilegal en zonas selváticas y boscosas, son algunas de las prácticas nocivas contra la biodiversidad y el mantenimiento de estándares mínimos de preservación ecológica y medioambiental.
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un objetivo trascendente y estratégico para la propia supervivencia de la civilización y el mundo, como lo conocemos. Y no se trata de una mera especulación derivada del Calendario Maya o de una disquisición fundamentada en una película de ciencia-ficción; se trata de una posición ideológica y política que busca ampliar el concepto de calidad de vida incorporando justamente un elemento básico como es el lugar donde habitamos; es decir, la tierra. Cabe destacar que, el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial (Davos, 1999) incluyó dentro de sus diez principios; tres referidos a la adecuada relación y tratamiento del medio ambiente; mediante el mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, por medio del fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. En otras palabras, la preservación del medio ambiente es un asunto de prioridad mundial.
En Venezuela -por la combinación de efectos de los fenómenos naturales y también por la más pura ineficacia gubernamental-, nos encontramos atravesando por una dura crisis de los servicios de agua y de electricidad. Además de ello, el inadecuado tratamiento de los desechos tóxicos y sólidos, la invasión de zonas verdes, el abandono de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el territorio nacional coloca en “entredicho” la salud ecológica del país. En ese contexto, nos llama la atención la práctica de la actividad denominada “Funrace 4x4” que se desarrolla a cielo abierto en distintos parajes naturales de nuestra Venezuela. El ejercicio de esta “actividad recreativa” consiste en conducir vehículos de doble tracción; a través de quebradas, manantiales, ríos y bosques sin importar mucho los daños irreparables ocasionados por el paso de estos carros. La práctica del “Funrace 4x4” parece altamente contaminante por las descargas de los fluidos energéticos y químicos utilizados por los vehículos en estos recorridos (gasolina, aceite, liga de freno; entre otros). Además se produce un arrollamiento indiscriminado a la flora de los espacios por los que se transita y se lleva a cabo este “deporte”. En contraparte, y gracias a Dios, el “Funrace 4x4” constituye -sin lugar a dudas-, una recreación francamente elitista y restringida a unos pocos que pueden costear semejante distracción. Pero acaso, ¿tiene una minoría en función de su muy particular concepto de recreación, la potestad de agredir y maltratar a la naturaleza y de cometer por lo tanto, un ecocidio? Indudablemente, la respuesta es negativa. Una minoría no puede usurpar el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de disfrutar de un ambiente sano.
En todo caso, la práctica del “Funrace 4x4” debería efectuarse en espacios claramente determinados y dedicados para ese fin. ¿Es muy difícil entender esto? En tal sentido, las empresas públicas y privadas que patrocinan esta actividad deberían tomar conciencia del grave daño que ocasiona al patrimonio de nuestro país como es su medio ambiente y a la protección de la biodiversidad, a lo largo y ancho de su territorio.
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un objetivo trascendente y estratégico para la propia supervivencia de la civilización y el mundo, como lo conocemos. Y no se trata de una mera especulación derivada del Calendario Maya o de una disquisición fundamentada en una película de ciencia-ficción; se trata de una posición ideológica y política que busca ampliar el concepto de calidad de vida incorporando justamente un elemento básico como es el lugar donde habitamos; es decir, la tierra. Cabe destacar que, el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial (Davos, 1999) incluyó dentro de sus diez principios; tres referidos a la adecuada relación y tratamiento del medio ambiente; mediante el mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, por medio del fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. En otras palabras, la preservación del medio ambiente es un asunto de prioridad mundial.
En Venezuela -por la combinación de efectos de los fenómenos naturales y también por la más pura ineficacia gubernamental-, nos encontramos atravesando por una dura crisis de los servicios de agua y de electricidad. Además de ello, el inadecuado tratamiento de los desechos tóxicos y sólidos, la invasión de zonas verdes, el abandono de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el territorio nacional coloca en “entredicho” la salud ecológica del país. En ese contexto, nos llama la atención la práctica de la actividad denominada “Funrace 4x4” que se desarrolla a cielo abierto en distintos parajes naturales de nuestra Venezuela. El ejercicio de esta “actividad recreativa” consiste en conducir vehículos de doble tracción; a través de quebradas, manantiales, ríos y bosques sin importar mucho los daños irreparables ocasionados por el paso de estos carros. La práctica del “Funrace 4x4” parece altamente contaminante por las descargas de los fluidos energéticos y químicos utilizados por los vehículos en estos recorridos (gasolina, aceite, liga de freno; entre otros). Además se produce un arrollamiento indiscriminado a la flora de los espacios por los que se transita y se lleva a cabo este “deporte”. En contraparte, y gracias a Dios, el “Funrace 4x4” constituye -sin lugar a dudas-, una recreación francamente elitista y restringida a unos pocos que pueden costear semejante distracción. Pero acaso, ¿tiene una minoría en función de su muy particular concepto de recreación, la potestad de agredir y maltratar a la naturaleza y de cometer por lo tanto, un ecocidio? Indudablemente, la respuesta es negativa. Una minoría no puede usurpar el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de disfrutar de un ambiente sano.
En todo caso, la práctica del “Funrace 4x4” debería efectuarse en espacios claramente determinados y dedicados para ese fin. ¿Es muy difícil entender esto? En tal sentido, las empresas públicas y privadas que patrocinan esta actividad deberían tomar conciencia del grave daño que ocasiona al patrimonio de nuestro país como es su medio ambiente y a la protección de la biodiversidad, a lo largo y ancho de su territorio.
viernes, febrero 19, 2010
MUNICIPIO, PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PLANES NACIONALES
Los Planes de la Nación 2001-2007 y 2007-2013 merecen un comentario para complementar la visión global del tratamiento del tema de la descentralización y la participación en el ámbito municipal. En cuanto al proceso de descentralización, el Plan 2001-2007 proponía su impulso como un objetivo de la democracia bolivariana; mediante la construcción del Estado Federal Descentralizado y, como parte de la ocupación y consolidación del territorio, por medio de una estrategia denominada “la descentralización desconcentrada”. En el Plan 2001-2007 el tema participativo también tuvo un amplio tratamiento. En materia económica, se propuso la economía social, las cooperativas y las empresas comunitarias. En materia social, propusieron las redes sociales y las organizaciones de base; así como el estímulo de la sociedad contralora de lo público y el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios. Y en el aspecto político, se proyectaba la participación ciudadana en los procesos de planificación y el establecimiento de la democracia participativa y protagónica. Sin embargo, el tema municipal como especificidad, como espacio geopolítico de primera magnitud, de acuerdo a los mandatos constitucionales no fue tratado ni considerado con la relevancia que esperada.
Por su lado, el Plan 2007-2013 se fundamenta en un enfoque ideológico socialista. En el contexto político-institucional, la descentralización simplemente es obviada a los largo de su contenido. Su lugar es ocupado por la noción de “Poder Popular”. En cuanto a componente territorial, el Plan 2007-2013, introduce la noción del desarrollo territorial desconcentrado. El tema de la participación ciudadana –bajo un enfoque economicista- se articula alrededor de la incidencia de las comunidades organizadas en los procesos de planificación de la actividad económica. De la misma manera, el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (como también se conoce a este plan) establece como estrategia de desarrollo nacional, el impulso de la desconcentración de actividades y de proyectos desde el gobierno central hacia los niveles político-territoriales menores; y donde gobernaciones y alcaldías no tendrían mayor importancia como componentes institucionales del Estado venezolano. En otras palabras, en este tema y con mayor énfasis en el Plan de la Nación 2007-2013 hay un evidente divorcio entre los contenidos de la Constitución Bolivariana y los objetivos, metas, estrategias y proyectos establecidos por el Gobierno Nacional.
Por su lado, el Plan 2007-2013 se fundamenta en un enfoque ideológico socialista. En el contexto político-institucional, la descentralización simplemente es obviada a los largo de su contenido. Su lugar es ocupado por la noción de “Poder Popular”. En cuanto a componente territorial, el Plan 2007-2013, introduce la noción del desarrollo territorial desconcentrado. El tema de la participación ciudadana –bajo un enfoque economicista- se articula alrededor de la incidencia de las comunidades organizadas en los procesos de planificación de la actividad económica. De la misma manera, el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (como también se conoce a este plan) establece como estrategia de desarrollo nacional, el impulso de la desconcentración de actividades y de proyectos desde el gobierno central hacia los niveles político-territoriales menores; y donde gobernaciones y alcaldías no tendrían mayor importancia como componentes institucionales del Estado venezolano. En otras palabras, en este tema y con mayor énfasis en el Plan de la Nación 2007-2013 hay un evidente divorcio entre los contenidos de la Constitución Bolivariana y los objetivos, metas, estrategias y proyectos establecidos por el Gobierno Nacional.
LA VOCERA MILADY Y LA RENOVACIÓN DE SU CONSEJO COMUNAL
La ciudadana Milady, vocera principal de un consejo comunal, en nota enviada en fecha 18 de febrero de 2010, nos consulta “si los voceros miembros de un consejo comunal que esta por vencerse siguen siendo representantes legales de su comunidad y pueden seguir cumpliendo con sus funciones y atender las necesidades de su comunidad”.
La duda de esta ciudadana nos parece muy válida porque refleja un sano interés comunitario en “hacer las cosas como es debido” y de acuerdo a lo estipulado en el marco legal vigente para los consejos comunales.
Mi estimada ciudadana Milady, la respuesta a tu inquietud es afirmativa. Es decir, aquellos voceros y voceras de un consejo comunal que está por renovarse siguen cumpliendo sus funciones hasta que sean elegidos, proclamados y juramentados los nuevos voceros y voceras de ese nuevo consejo comunal. La única condición para que esto no sea así, es que esos voceros (as) hayan renunciado o separados de sus cargos por motivos conocidos y aprobados por la asamblea de ciudadanos del consejos comunal.
Un detalle adicional para información de la vocera Milady, lo encontramos en la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales; que establece que: “los consejos comunales constituidos bajo el régimen legal anterior serán objeto de un proceso de adecuación de sus estatutos a las disposiciones establecidas en la presente ley, a los fines de su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, en un lapso no mayor de ciento ochenta días a partir de su publicación. Durante ese período se garantizará la continuidad de sus diferentes estancias en su gestión, para la ejecución de sus planes, programas y proyectos comunitarios aprobados conforme al régimen legal anterior”.
Así que además de la renovación de los voceros de las distintas unidades, comités de trabajo y comisión electoral del consejo comunal, este también deberá adecuarse a los contenidos legales de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
La duda de esta ciudadana nos parece muy válida porque refleja un sano interés comunitario en “hacer las cosas como es debido” y de acuerdo a lo estipulado en el marco legal vigente para los consejos comunales.
Mi estimada ciudadana Milady, la respuesta a tu inquietud es afirmativa. Es decir, aquellos voceros y voceras de un consejo comunal que está por renovarse siguen cumpliendo sus funciones hasta que sean elegidos, proclamados y juramentados los nuevos voceros y voceras de ese nuevo consejo comunal. La única condición para que esto no sea así, es que esos voceros (as) hayan renunciado o separados de sus cargos por motivos conocidos y aprobados por la asamblea de ciudadanos del consejos comunal.
Un detalle adicional para información de la vocera Milady, lo encontramos en la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales; que establece que: “los consejos comunales constituidos bajo el régimen legal anterior serán objeto de un proceso de adecuación de sus estatutos a las disposiciones establecidas en la presente ley, a los fines de su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, en un lapso no mayor de ciento ochenta días a partir de su publicación. Durante ese período se garantizará la continuidad de sus diferentes estancias en su gestión, para la ejecución de sus planes, programas y proyectos comunitarios aprobados conforme al régimen legal anterior”.
Así que además de la renovación de los voceros de las distintas unidades, comités de trabajo y comisión electoral del consejo comunal, este también deberá adecuarse a los contenidos legales de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
viernes, febrero 12, 2010
MUNICIPIO, DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Otro componente del modelo venezolano -al cual se encuentra articulado el municipio-, es la descentralización. Y en efecto, la descentralización constituye uno de los pivotes fundamentales en el modelo de organización social que está contenido en la Constitución Bolivariana del año 1999. La descentralización no sólo puede ser entendida, desde la perspectiva de la transferencia de competencias de un nivel político-territorial a otro distinto. El sentido de este proceso va en dirección hacia la incorporación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones: en la estrategia de desarrollo, vinculada a las relaciones entre el Estado y sociedad civil (González Mariño, 2003); y así se observa, al menos en el plano de lo constitucionalmente establecido: en la organización de los servicios de salud (artículo 84), en la atribución de la Asamblea Nacional para transferir a estados y municipios, determinadas competencias nacionales (artículo 157), en el mandato a los gobiernos estadales de descentralizar y transferir programas hacia los municipios (artículo 167) y, sobre todo, la obligación de estados y municipios de descentralizar y transferir programas, servicios y recursos hacia nuevos sujetos de descentralización no estatales (artículo 184).
Por último, la creación de nuevos sujetos de descentralización en el municipio supone un avance sustantivo en el contexto de este tema, debido a la existencia de una amplia diversidad de expresiones asociativas de la sociedad civil, de las comunidades organizadas y de grupos vecinales que, con su participación en la gestión de programas públicos permitiría una mayor legitimación, cercanía y transparencia de la gestión pública local.
La participación ciudadana se ha ganado en forma definitiva un espacio en la agenda del tratamiento de los asuntos públicos; y de nuevo, son los ámbitos sub-nacionales como gobernaciones, municipios y parroquias los territorios más favorables para su desarrollo. El ejercicio del derecho a la participación puede abarcar funciones ejecutivas, legislativas, contraloras y también vinculadas a la administración de justicia. Sin embargo, su utilización más frecuente ocurre en los ámbitos de la planificación local y la gestión de programas sociales.
La participación ciudadana en la gestión gubernamental conlleva la realización de tres “procesos técnicos” o que requieren del cumplimiento de ciertos pasos metodológicos para cumplir con sus objetivos. Tales procesos son: la formación de programas públicos, la cogestión de esas políticas y programas y, el control de la ejecución de políticas públicas. La incidencia en la formación de los asuntos públicos se realiza mediante la presentación de iniciativas, propuestas, recomendaciones e incluso proyectos a las autoridades públicas; por parte de los ciudadanos. La cogestión de programas y políticas se realizará por medio de mecanismos de cogestión, establecimiento de convenios de gestión, la descentralización y la privatización. El control ciudadano de la gestión gubernamental conlleva la fiscalización y evaluación de la actividad institucional, en cuanto a la ejecución de determinados programas gubernamentales.
Desde una óptica académica, la participación se podría clasificar en tres tipos. La participación comunitaria que comprendería las iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal, para atender asuntos inmediatos en un ámbito territorial determinado. La participación política que implicaría la intervención de los ciudadanos; a través de los partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos municipales y cualquier otro tipo de instancia que represente los intereses globales de una comunidad política y, la participación social referida a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones en la sociedad civil para la defensa de intereses sociales específicos (Cunill, 1991).
En Venezuela, la participación ciudadana en la gestión gubernamental constituye un rasgo distintivo fundamental en la evolución del sistema político venezolano a partir del año 1999. En efecto, la participación ciudadana representa al menos formalmente, un estadio superior del sistema político en cuanto a la calidad de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado y, entre gobernantes y gobernados -estos últimos- obligados de ahora en adelante; mediante un nuevo pacto de gobernabilidad a cogestionar el funcionamiento de la administración pública, en un marco de contraloría social, evaluación del desempeño y rendición de cuentas. En efecto, -y como hemos apuntado previamente- el texto constitucional ofrece al menos de manera formal una serie de alternativas y canales de participación para que el ciudadano, el pueblo o la sociedad civil puedan incidir en los asuntos públicos. Veamos, a grosso modo, cuáles son esas alternativas de participación y consulta en el ámbito municipal y parroquial:
i) la elección directa, universal y secreta de las autoridades gubernamentales en los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Alcalde, Concejales y Juntas Parroquiales);
ii) la elección de los Jueces de Paz, como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario y en el que las alcaldías desempeñan un papel fundamental en el soporte institucional de estas figuras.
iii) la participación social y comunitaria en el diseño, coordinación y gestión de políticas públicas. Este punto implica -entre otros aspectos-, la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en determinadas áreas específicas de la gestión local de acuerdo a las competencias municipales.
iv) la participación social y comunitaria en los procesos de formación de leyes, de ordenanzas y,
v) la cogestión ciudadana en los procesos electorales. La población tiene el derecho y el deber de prestar el servicio electoral.
Por último, la creación de nuevos sujetos de descentralización en el municipio supone un avance sustantivo en el contexto de este tema, debido a la existencia de una amplia diversidad de expresiones asociativas de la sociedad civil, de las comunidades organizadas y de grupos vecinales que, con su participación en la gestión de programas públicos permitiría una mayor legitimación, cercanía y transparencia de la gestión pública local.
La participación ciudadana se ha ganado en forma definitiva un espacio en la agenda del tratamiento de los asuntos públicos; y de nuevo, son los ámbitos sub-nacionales como gobernaciones, municipios y parroquias los territorios más favorables para su desarrollo. El ejercicio del derecho a la participación puede abarcar funciones ejecutivas, legislativas, contraloras y también vinculadas a la administración de justicia. Sin embargo, su utilización más frecuente ocurre en los ámbitos de la planificación local y la gestión de programas sociales.
La participación ciudadana en la gestión gubernamental conlleva la realización de tres “procesos técnicos” o que requieren del cumplimiento de ciertos pasos metodológicos para cumplir con sus objetivos. Tales procesos son: la formación de programas públicos, la cogestión de esas políticas y programas y, el control de la ejecución de políticas públicas. La incidencia en la formación de los asuntos públicos se realiza mediante la presentación de iniciativas, propuestas, recomendaciones e incluso proyectos a las autoridades públicas; por parte de los ciudadanos. La cogestión de programas y políticas se realizará por medio de mecanismos de cogestión, establecimiento de convenios de gestión, la descentralización y la privatización. El control ciudadano de la gestión gubernamental conlleva la fiscalización y evaluación de la actividad institucional, en cuanto a la ejecución de determinados programas gubernamentales.
Desde una óptica académica, la participación se podría clasificar en tres tipos. La participación comunitaria que comprendería las iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal, para atender asuntos inmediatos en un ámbito territorial determinado. La participación política que implicaría la intervención de los ciudadanos; a través de los partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos municipales y cualquier otro tipo de instancia que represente los intereses globales de una comunidad política y, la participación social referida a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones en la sociedad civil para la defensa de intereses sociales específicos (Cunill, 1991).
En Venezuela, la participación ciudadana en la gestión gubernamental constituye un rasgo distintivo fundamental en la evolución del sistema político venezolano a partir del año 1999. En efecto, la participación ciudadana representa al menos formalmente, un estadio superior del sistema político en cuanto a la calidad de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado y, entre gobernantes y gobernados -estos últimos- obligados de ahora en adelante; mediante un nuevo pacto de gobernabilidad a cogestionar el funcionamiento de la administración pública, en un marco de contraloría social, evaluación del desempeño y rendición de cuentas. En efecto, -y como hemos apuntado previamente- el texto constitucional ofrece al menos de manera formal una serie de alternativas y canales de participación para que el ciudadano, el pueblo o la sociedad civil puedan incidir en los asuntos públicos. Veamos, a grosso modo, cuáles son esas alternativas de participación y consulta en el ámbito municipal y parroquial:
i) la elección directa, universal y secreta de las autoridades gubernamentales en los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Alcalde, Concejales y Juntas Parroquiales);
ii) la elección de los Jueces de Paz, como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario y en el que las alcaldías desempeñan un papel fundamental en el soporte institucional de estas figuras.
iii) la participación social y comunitaria en el diseño, coordinación y gestión de políticas públicas. Este punto implica -entre otros aspectos-, la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en determinadas áreas específicas de la gestión local de acuerdo a las competencias municipales.
iv) la participación social y comunitaria en los procesos de formación de leyes, de ordenanzas y,
v) la cogestión ciudadana en los procesos electorales. La población tiene el derecho y el deber de prestar el servicio electoral.
martes, febrero 09, 2010
¿UNA CAMPAÑA ADMIRABLE?
En medio de un ambiente político enrarecido, comenzó la campaña por el control de la Asamblea Nacional. El bloque oficialista ha tenido un arranque bastante flojo. El Gobierno Nacional viene dando claras señales de un progresivo deterioro; expresado por la crisis bancaria cercana al sector oficial, la devaluación de la moneda; así como por el muy deficiente manejo de la crisis de servicios públicos como: el agua, la electricidad y el desbordamiento de la inseguridad personal. En realidad, el oficialismo está debilitado y su credibilidad erosionada.
Mientras del otro lado, el bloque democrático opositor -aunque casi por inercia- luce últimamente un poco más recuperado. La Mesa de la Unidad Democrática sigue actuando con una lentitud extrema y básicamente de manera reactiva. Su vocería no parece estar en sintonía con la necesidad de información que requiere el pueblo democrático, para avanzar con mayor celeridad en su organización electoral y política. La Mesa de la Unidad requiere de una rápida y eficaz reestructuración de su política comunicacional.
Consciente de su debilidad y del peligro que corre su proyecto hegemónico ante la eventual recomposición de la Asamblea Nacional, el bloque oficialista ha comenzado a mover sus fichas, como la modificación de los circuitos electorales, la aprobación de leyes tendentes a debilitar financieramente las entidades federales menores. la censura a la comunicación social independiente; mediante el cierre de la señal internacional del canal RCTV y, la represión a las manifestaciones sociales; tanto laborales como estudiantiles que se esparcen de manera legítima por todo el país. Por otra parte, hasta el propio Presidente de la República ha tratado con insistencia de torpedear el posible reagrupamiento de la oposición, ora con el revocatorio, ora con la saliva de loro o con el asunto del golpismo. En el alto gobierno se sabe que, una oposición unida será difícil de vencer.
Las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática han logrado acuerdos consensuales en algunas entidades federales y, eso sin duda alguna, es un avance. Sin embargo, el tema de las primarias sigue siendo un punto álgido no completamente resuelto; que promete generar “dolores de cabeza”. El caso del estado Miranda para la oposición es un rompecabezas. Allí en aquellos circuitos más disputados, ya surgen candidaturas de las agrupaciones partidistas nuevas y más pequeñas que buscan ganar espacios rápidamente. Así aspirantes como Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Alfredo Romero (Foro Penal Venezolano) se lanzaron primeros al ruedo electoral. También, los grandes electores como el Gobernador Enrique Capriles Radonski impulsan sus candidaturas y el joven Yon Goicochea y Julio Borges, ya han recibido su bendición electoral. En Miranda, el partido que parece más tranquilo es “Un Nuevo Tiempo” aunque Delsa Solórzano, Alfonzo Marquina y Ricardo Sánchez suenan ya, como sus aspirantes internos.
Un punto positivo -en medio de todo lo anterior-, es que los sectores democráticos de la denominada sociedad civil (quizás por fortuna), también han comenzado a reactivarse en la medida de sus posibilidades. Temas como la organización popular, la participación ciudadana, la descentralización y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la propiedad privada, entre otros, son tratados como aspectos centrales y específicos de una futura agenda político-legislativa dentro de una estrategia general de restitución de la democracia en Venezuela. Y es que el trabajo técnico de las genuinas y no mediáticas, ni electoreras organizaciones sociales venezolanas puede ser una contribución estratégica para el fortalecimiento del trabajo parlamentario de una nueva Asamblea Nacional, fundamentada en la pluralidad y la inclusión.
Una larga y dura campaña electoral se avecina. Aún no se sabe con precisión, si esta campaña será admirable o no. Lo que sí, se supone y con cierto grado de certidumbre, es que la campaña electoral que ya arrancó, determinará en mucho el futuro de la democracia venezolana.
Mientras del otro lado, el bloque democrático opositor -aunque casi por inercia- luce últimamente un poco más recuperado. La Mesa de la Unidad Democrática sigue actuando con una lentitud extrema y básicamente de manera reactiva. Su vocería no parece estar en sintonía con la necesidad de información que requiere el pueblo democrático, para avanzar con mayor celeridad en su organización electoral y política. La Mesa de la Unidad requiere de una rápida y eficaz reestructuración de su política comunicacional.
Consciente de su debilidad y del peligro que corre su proyecto hegemónico ante la eventual recomposición de la Asamblea Nacional, el bloque oficialista ha comenzado a mover sus fichas, como la modificación de los circuitos electorales, la aprobación de leyes tendentes a debilitar financieramente las entidades federales menores. la censura a la comunicación social independiente; mediante el cierre de la señal internacional del canal RCTV y, la represión a las manifestaciones sociales; tanto laborales como estudiantiles que se esparcen de manera legítima por todo el país. Por otra parte, hasta el propio Presidente de la República ha tratado con insistencia de torpedear el posible reagrupamiento de la oposición, ora con el revocatorio, ora con la saliva de loro o con el asunto del golpismo. En el alto gobierno se sabe que, una oposición unida será difícil de vencer.
Las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática han logrado acuerdos consensuales en algunas entidades federales y, eso sin duda alguna, es un avance. Sin embargo, el tema de las primarias sigue siendo un punto álgido no completamente resuelto; que promete generar “dolores de cabeza”. El caso del estado Miranda para la oposición es un rompecabezas. Allí en aquellos circuitos más disputados, ya surgen candidaturas de las agrupaciones partidistas nuevas y más pequeñas que buscan ganar espacios rápidamente. Así aspirantes como Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Alfredo Romero (Foro Penal Venezolano) se lanzaron primeros al ruedo electoral. También, los grandes electores como el Gobernador Enrique Capriles Radonski impulsan sus candidaturas y el joven Yon Goicochea y Julio Borges, ya han recibido su bendición electoral. En Miranda, el partido que parece más tranquilo es “Un Nuevo Tiempo” aunque Delsa Solórzano, Alfonzo Marquina y Ricardo Sánchez suenan ya, como sus aspirantes internos.
Un punto positivo -en medio de todo lo anterior-, es que los sectores democráticos de la denominada sociedad civil (quizás por fortuna), también han comenzado a reactivarse en la medida de sus posibilidades. Temas como la organización popular, la participación ciudadana, la descentralización y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la propiedad privada, entre otros, son tratados como aspectos centrales y específicos de una futura agenda político-legislativa dentro de una estrategia general de restitución de la democracia en Venezuela. Y es que el trabajo técnico de las genuinas y no mediáticas, ni electoreras organizaciones sociales venezolanas puede ser una contribución estratégica para el fortalecimiento del trabajo parlamentario de una nueva Asamblea Nacional, fundamentada en la pluralidad y la inclusión.
Una larga y dura campaña electoral se avecina. Aún no se sabe con precisión, si esta campaña será admirable o no. Lo que sí, se supone y con cierto grado de certidumbre, es que la campaña electoral que ya arrancó, determinará en mucho el futuro de la democracia venezolana.
sábado, febrero 06, 2010
EL MUNICIPIO EN EL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO VENEZOLANO
El Estado venezolano supone ser federal, democrático, descentralizado y participativo. Tales características se encuentran claramente definidas en la Constitución de la República Bolivariana del año 1999. Allí, se establece en su naturaleza y como principios fundamentales los valores superiores de la vida, la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos (artículo 2). Además -según la Carta Magna-, el Estado venezolano es también federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (artículo 4). Y por otra parte, en cuanto a la gestión de gobierno en Venezuela, para cada uno de sus componentes político-territoriales es y será siempre democrático participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (artículo 6).
En este contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y participativo el municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. De hecho, en la división de los componentes político-territoriales de la República: estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales, la organización del territorio se realiza mediante los municipios; entidades a las cuales se les reconoce su autonomía y su descentralización político-administrativa (CRBV, artículo 16). Así la Constitución de 1999, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Así mismo, los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.
Para algunos especialistas, en materia de gobierno y administración municipal, pueden distinguirse tres grandes períodos en nuestra historia política: por una parte, un largo período (de unos 150 años; aproximadamente), que va del año 1811 hasta el año 1961, que podemos determinar como período republicano. Durante ese período, el régimen de gobierno y administración municipal en el país estuvo basado en la separación orgánica de los poderes públicos. A ese siguió el período democrático constitucional que se extiende desde el año 1961 hasta el año 1989, que tiene por característica destacada haber modificado radicalmente, desde el punto de vista fáctico, el régimen de gobierno y administración municipal anterior, basada en la separación orgánica de poder. El nuevo régimen pasó a ser -en los hechos-, un régimen de gobierno y administración colegial de carácter municipal. A partir del año 1989 se ha intentado retomar el sistema de separación orgánica de poderes, que realmente no se ha logrado consolidar en Venezuela (Brewer Carías, 1994).
Desde nuestro punto de vista, con la aprobación de la Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo, los municipios y su régimen de administración entran en un proceso de transición jurídico-institucional hacia una nueva forma de operatividad, que afecta tanto la calidad de sus procesos de gestión gubernamental como su relación con los principales actores de su entorno inmediato; es decir, los ciudadanos, los colectivos sociales y las comunidades organizadas. Esta nueva situación jurídico-institucional también implica una serie de cambios en la acción de la población y sus expresiones asociativas; población que pasó a obtener una serie de derechos a la participación de manera directa e indirecta en la gestión pública; a partir del año 1999 y, a los cuales debe ajustarse. Empero, el proceso de evolución municipal no termina allí; sino que por el contrario sigue su avance con el surgimiento de la nueva propuesta gubernamental de creación de las comunas, las ciudades comunales y últimamente del Estado comunal. Sobre este tema escribiré muy pronto.
En este contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y participativo el municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. De hecho, en la división de los componentes político-territoriales de la República: estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales, la organización del territorio se realiza mediante los municipios; entidades a las cuales se les reconoce su autonomía y su descentralización político-administrativa (CRBV, artículo 16). Así la Constitución de 1999, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Así mismo, los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.
Para algunos especialistas, en materia de gobierno y administración municipal, pueden distinguirse tres grandes períodos en nuestra historia política: por una parte, un largo período (de unos 150 años; aproximadamente), que va del año 1811 hasta el año 1961, que podemos determinar como período republicano. Durante ese período, el régimen de gobierno y administración municipal en el país estuvo basado en la separación orgánica de los poderes públicos. A ese siguió el período democrático constitucional que se extiende desde el año 1961 hasta el año 1989, que tiene por característica destacada haber modificado radicalmente, desde el punto de vista fáctico, el régimen de gobierno y administración municipal anterior, basada en la separación orgánica de poder. El nuevo régimen pasó a ser -en los hechos-, un régimen de gobierno y administración colegial de carácter municipal. A partir del año 1989 se ha intentado retomar el sistema de separación orgánica de poderes, que realmente no se ha logrado consolidar en Venezuela (Brewer Carías, 1994).
Desde nuestro punto de vista, con la aprobación de la Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo, los municipios y su régimen de administración entran en un proceso de transición jurídico-institucional hacia una nueva forma de operatividad, que afecta tanto la calidad de sus procesos de gestión gubernamental como su relación con los principales actores de su entorno inmediato; es decir, los ciudadanos, los colectivos sociales y las comunidades organizadas. Esta nueva situación jurídico-institucional también implica una serie de cambios en la acción de la población y sus expresiones asociativas; población que pasó a obtener una serie de derechos a la participación de manera directa e indirecta en la gestión pública; a partir del año 1999 y, a los cuales debe ajustarse. Empero, el proceso de evolución municipal no termina allí; sino que por el contrario sigue su avance con el surgimiento de la nueva propuesta gubernamental de creación de las comunas, las ciudades comunales y últimamente del Estado comunal. Sobre este tema escribiré muy pronto.
lunes, febrero 01, 2010
¿LA "INSTITUCIONALIZACIÓN" DE LOS CONSEJOS COMUNALES?
Los consejos comunales han tenido un desarrollo relevante y polémico como medios de participación popular y como nuevos sujetos de transferencia de recursos; por parte de los tres niveles de gobierno de la República. Según cifras, que maneja la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, en Venezuela existen treinta mil ciento noventa (30.190) consejos comunales, aunque esta cifra se encuentra muy lejos de la meta de sesenta mil (60.000) consejos comunales; prevista a alcanzar para el año 2009; de acuerdo a lo expresado por el anterior Ministerio de Participación y Desarrollo Social.
El surgimiento de los consejos comunales ha generado una serie de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En el nivel central de la administración pública nacional se han emprendido una serie de ajustes institucionales. Veamos.
En el mes de Mayo de 2006, se designa la Junta Directiva del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Decreto Nº 4.472 de fecha 10-05-2009). A partir de Octubre de 2006 y, de acuerdo a la ley se creó la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (CNPPP); responsable entre otras funciones de orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de estas instancias a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la CNPPP no tuvo trascendencia operativa; por lo que finalmente correspondió a FUNDACOMUNAL (adscrita al Ministerio de Participación y Desarrollo Social), desempeñar una función de primer orden en la promoción de los consejos comunales.
A partir de 2007, el tema de los consejos comunales se “ideologiza” abiertamente y se integra al componente denominado “Explosión del Poder Comunal”, dentro de la propuesta ideológica-política denominada “Los Cinco Motores Socialistas”. De igual manera, los consejos comunales se incluyeron en la propuesta de Reforma Constitucional de ese mismo año con la creación del poder comunal que afectaba directamente la división político-territorial de la República y, por lo tanto, del municipio. Con la propuesta de reforma constitucional se incluía la creación de las comunas –como células geohumanas- que podrían sustituir a los municipios.
Los consejos comunales (ese mismo año 2007), fueron incorporados como –asunto público- al proceso de la Ley Habilitante en la que recibieron una serie de asignaciones funcionales en áreas vinculadas a la planificación alimentaria, la seguridad ciudadana, las contrataciones públicas, la firmas de convenios de cogestión, la reducción de procedimientos administrativos, la actividad turística y las fuerzas armadas bolivarianas; entre otras. En Febrero de 2007 se creó el Consejo Presidencial del Poder Comunal, que pasó a sustituir a la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular; sin que tampoco haya podido justificar su existencia como organismo orientador del proceso hasta el presente. En el 2007 se crea el Ministerio de Economía Comunal, que luego es fusionado con el Ministerio de Participación y Desarrollo Social para crear el Ministerio de las Comunas en el año 2008.
También en el ámbito financiero se han producido ajustes; por medio de las reformas de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), con el objeto de otorgar recursos financieros en forma directa a los consejos comunales. En materia financiera y de proyectos; según cifras del Fondo Nacional de los Consejos Comunales el Estado venezolano se ha transferido hasta el presente; aproximadamente siete mil millardos de bolívares fuertes para el financiamiento de unos once mil setecientos ocho (11.708) proyectos comunitarios en todo el país, durante el lapso 2006-2009. Según el diputado Rafael Delgado (PSUV-Apure), el Ejecutivo Nacional dispuso de 3.254 de millardos de bolívares fuertes para que los consejos comunales funcionen a plenitud en el año 2010 y contribuyan al impulso del poder popular. (Asamblea Nacional, 2009).
Vistos así, técnicamente los consejos comunales serían nuevos sujetos de descentralización y, como tal deberían ser tratados. Entre 2006 y 2009 este proceso se focalizó en la transferencia de recursos (fundamentalmente financieros; aunque también ha habido transferencia de recursos no financieros), a través de la presentación de proyectos de inversión comunitaria ante las autoridades públicas de los ámbitos local, estadal y nacional. Al respecto, el numeral 7 del artículo 21 de la derogada Ley de los Consejos Comunales (2006), señalaba como funciones del órgano ejecutivo del consejo comunal: la promoción de solicitudes de transferencias de servicios, la participación en los procesos económicos, la gestión de empresas públicas y la recuperación de empresas paralizadas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
Con la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, pasan convertirse en una herramienta para la construcción de un modelo político: la sociedad socialista. Y aunque es muy temprano para determinar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones legales para los consejos comunales operativos no deja es apresurado suponer que habrá un intenso debate alrededor de ese tema en las comunidades organizadas y los movimiento sociales del país. Y en ese sentido, para Ludmila Ostos, dirigente comunitaria del Municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, “se tiene un serio problema con FUNDACOMUNAL (agencia estatal, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas) para constituir consejos comunales, porque en esa institución tiene un lineamiento claro de no dejar conformar consejos comunales de oposición”. Por su parte, Ángela Pirela, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia (FAVEZULIA), coincide de esta opinión; al denunciar que los registros públicos de esa entidad federal se niegan de manera constante a registrar a las asociaciones de vecinos –por considerarlas que no tiene vigencia-; y por otra parte desde la misma FUNDACOMUNAL se pretende impedir que sectores no afectos al oficialismo se organicen y registren sus respectivos consejos comunales concretándose así una nueva forma de exclusión política”.
Un detalle adicional, es que para el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla, en su estudio de campo sobre los consejos comunales consiguió un empate técnico en la evaluación de su funcionamiento: un 44% considera de los entrevistados considera que funcionan bien; y un 43% opina de forma contraria (El Nacional, 2009). En todo caso, en las comunidades organizadas, hay un debate ahora mucho acentuado sobre los consejos comunales, en atención por una parte, a su planteamiento ideológico; y por otra a una evaluación “más ciudadana” sobre sus verdaderos resultados como instrumentos de participación ciudadana y de gobierno comunitario.
El surgimiento de los consejos comunales ha generado una serie de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En el nivel central de la administración pública nacional se han emprendido una serie de ajustes institucionales. Veamos.
En el mes de Mayo de 2006, se designa la Junta Directiva del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Decreto Nº 4.472 de fecha 10-05-2009). A partir de Octubre de 2006 y, de acuerdo a la ley se creó la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (CNPPP); responsable entre otras funciones de orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de estas instancias a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la CNPPP no tuvo trascendencia operativa; por lo que finalmente correspondió a FUNDACOMUNAL (adscrita al Ministerio de Participación y Desarrollo Social), desempeñar una función de primer orden en la promoción de los consejos comunales.
A partir de 2007, el tema de los consejos comunales se “ideologiza” abiertamente y se integra al componente denominado “Explosión del Poder Comunal”, dentro de la propuesta ideológica-política denominada “Los Cinco Motores Socialistas”. De igual manera, los consejos comunales se incluyeron en la propuesta de Reforma Constitucional de ese mismo año con la creación del poder comunal que afectaba directamente la división político-territorial de la República y, por lo tanto, del municipio. Con la propuesta de reforma constitucional se incluía la creación de las comunas –como células geohumanas- que podrían sustituir a los municipios.
Los consejos comunales (ese mismo año 2007), fueron incorporados como –asunto público- al proceso de la Ley Habilitante en la que recibieron una serie de asignaciones funcionales en áreas vinculadas a la planificación alimentaria, la seguridad ciudadana, las contrataciones públicas, la firmas de convenios de cogestión, la reducción de procedimientos administrativos, la actividad turística y las fuerzas armadas bolivarianas; entre otras. En Febrero de 2007 se creó el Consejo Presidencial del Poder Comunal, que pasó a sustituir a la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular; sin que tampoco haya podido justificar su existencia como organismo orientador del proceso hasta el presente. En el 2007 se crea el Ministerio de Economía Comunal, que luego es fusionado con el Ministerio de Participación y Desarrollo Social para crear el Ministerio de las Comunas en el año 2008.
También en el ámbito financiero se han producido ajustes; por medio de las reformas de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), con el objeto de otorgar recursos financieros en forma directa a los consejos comunales. En materia financiera y de proyectos; según cifras del Fondo Nacional de los Consejos Comunales el Estado venezolano se ha transferido hasta el presente; aproximadamente siete mil millardos de bolívares fuertes para el financiamiento de unos once mil setecientos ocho (11.708) proyectos comunitarios en todo el país, durante el lapso 2006-2009. Según el diputado Rafael Delgado (PSUV-Apure), el Ejecutivo Nacional dispuso de 3.254 de millardos de bolívares fuertes para que los consejos comunales funcionen a plenitud en el año 2010 y contribuyan al impulso del poder popular. (Asamblea Nacional, 2009).
Vistos así, técnicamente los consejos comunales serían nuevos sujetos de descentralización y, como tal deberían ser tratados. Entre 2006 y 2009 este proceso se focalizó en la transferencia de recursos (fundamentalmente financieros; aunque también ha habido transferencia de recursos no financieros), a través de la presentación de proyectos de inversión comunitaria ante las autoridades públicas de los ámbitos local, estadal y nacional. Al respecto, el numeral 7 del artículo 21 de la derogada Ley de los Consejos Comunales (2006), señalaba como funciones del órgano ejecutivo del consejo comunal: la promoción de solicitudes de transferencias de servicios, la participación en los procesos económicos, la gestión de empresas públicas y la recuperación de empresas paralizadas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
Con la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, pasan convertirse en una herramienta para la construcción de un modelo político: la sociedad socialista. Y aunque es muy temprano para determinar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones legales para los consejos comunales operativos no deja es apresurado suponer que habrá un intenso debate alrededor de ese tema en las comunidades organizadas y los movimiento sociales del país. Y en ese sentido, para Ludmila Ostos, dirigente comunitaria del Municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, “se tiene un serio problema con FUNDACOMUNAL (agencia estatal, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas) para constituir consejos comunales, porque en esa institución tiene un lineamiento claro de no dejar conformar consejos comunales de oposición”. Por su parte, Ángela Pirela, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia (FAVEZULIA), coincide de esta opinión; al denunciar que los registros públicos de esa entidad federal se niegan de manera constante a registrar a las asociaciones de vecinos –por considerarlas que no tiene vigencia-; y por otra parte desde la misma FUNDACOMUNAL se pretende impedir que sectores no afectos al oficialismo se organicen y registren sus respectivos consejos comunales concretándose así una nueva forma de exclusión política”.
Un detalle adicional, es que para el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla, en su estudio de campo sobre los consejos comunales consiguió un empate técnico en la evaluación de su funcionamiento: un 44% considera de los entrevistados considera que funcionan bien; y un 43% opina de forma contraria (El Nacional, 2009). En todo caso, en las comunidades organizadas, hay un debate ahora mucho acentuado sobre los consejos comunales, en atención por una parte, a su planteamiento ideológico; y por otra a una evaluación “más ciudadana” sobre sus verdaderos resultados como instrumentos de participación ciudadana y de gobierno comunitario.
domingo, enero 24, 2010
¿ES LEGAL Y LÍCITO SOLICITAR COMISIONES, SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS A UN CONSEJO COMUNAL? Y ¿CADUCA UN CONSEJO COMUNAL LUEGO DE UN AÑO DE VENCIDO?
He recibido de parte de los lectores de CIUDADANOLIBRE, dos interesantes consultas sobre el funcionamiento de los consejos comunales; las cuales trataré de responder de la mejor manera posible. En ambos casos, citaré casi textualmente las preguntas formuladas por los amigos (as) y anónimos (as) lectores. Veamos.
Caso Nº 1: Se aprobó un crédito para un consejo comunal. El presidente del banco comunal informa que se debe dejar un 8% del monto del crédito recibido. El (la) amigo (a) nos consulta si ¿es lícita la retención sugerida por el presidente del banco comunal?
Caso Nº 2: ¿Un consejo comunal con un año de vencimiento, pierde su condición de instancia de participación popular?
Respuesta al caso 1:
Revisando la nueva Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial, Nº 39.335 de fecha 28-12-2009), no encontramos obligación alguna a retener en el banco comunal, porcentaje alguno, sobre los montos de los recursos financieros otorgados por los organismos nacionales, estadales y/o municipales. Debe agregarse que, los recursos (financieros o no financieros) otorgados a los consejos comunales por la República, los estados y los municipios vienen con un propósito de uso ya determinado y, que este no podrá ser modificado ni utilizado para otro objetivo; salvo estudio y aprobación de la asamblea de ciudadanos.
Cabe agregar que, la administración de los recursos del consejo comunal; por parte ahora de la unidad de gestión y administración financiera, debe ser transparente y del conocimiento; tanto del colectivo de coordinación comunitaria, de la unidad de contraloría social y de la asamblea de ciudadanos, en su momento correspondiente.
Otro detalle importante es que, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales se exige la disolución de los bancos comunales y su adecuación en las nuevas unidades de gestión administrativa-financiera comunitaria. En tal sentido, el banco comunal de ese consejo comunal en particular; y de todos los demás bancos comunales en general, deben entregar cuenta de su gestión, en el marco de los 180 días para la adecuación de los estatutos, que otorga la nueva Ley Orgánica de Consejos Comunales, en sus Disposiciones Transitorias.
En tal sentido, no parece apropiada la retención de un porcentaje del monto de los recursos asignados a un consejo comunal; sin considerar los mecanismos de control y auditoría interna y de consulta ciudadana que establece la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Respuesta al caso 2:
Una vez constituido un consejo comunal; salvo que haya una decisión expresa de su asamblea de ciudadanos de suprimirlo por razones suficientemente estudiadas y debatidas, este tiene permanencia institucional. Ahora, todo consejo comunal se encuentra en la obligación de renovarse una vez cumplido su período de gestión de dos (2) años; de acuerdo al marco legal que regula su conformación, organización y funcionamiento.
El caso de un consejo comunal con un año de vencimiento supone varios elementos poco positivos. Uno de ellos, su escasa vinculación e interacción con la comunidad donde viene operando. Otro característica evidente es la aparentemente débil gestión de la contraloría social en exigir el cumplimiento de la normativa vigente para el consejo comunal. Igual cualidad pudiera atribuirse a la comunidad involucrada, que no ha hecho cumplir con la debida eficacia el ejercicio de sus derechos de participación y el acatamiento de los mandatos legales establecidos. Un consejo comunal que no se renueva se coloca al margen de la ley y se convierte en una instancia burocratizada; por lo tanto, esa condición es inaceptable.
Uno de los aspectos positivos que trae la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales es el establecimiento de una Comisión Electoral Permanente, encargada del registro electoral comunitario y de la administración de los procesos de consulta y de decisión electoral que deban sucederse en la vida de la comunidad y de su respectivo consejo comunal. En tal sentido, todos los consejos comunales deben iniciar su proceso de renovación y adecuación de sus estatutos, como lo determina la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Caso Nº 1: Se aprobó un crédito para un consejo comunal. El presidente del banco comunal informa que se debe dejar un 8% del monto del crédito recibido. El (la) amigo (a) nos consulta si ¿es lícita la retención sugerida por el presidente del banco comunal?
Caso Nº 2: ¿Un consejo comunal con un año de vencimiento, pierde su condición de instancia de participación popular?
Respuesta al caso 1:
Revisando la nueva Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial, Nº 39.335 de fecha 28-12-2009), no encontramos obligación alguna a retener en el banco comunal, porcentaje alguno, sobre los montos de los recursos financieros otorgados por los organismos nacionales, estadales y/o municipales. Debe agregarse que, los recursos (financieros o no financieros) otorgados a los consejos comunales por la República, los estados y los municipios vienen con un propósito de uso ya determinado y, que este no podrá ser modificado ni utilizado para otro objetivo; salvo estudio y aprobación de la asamblea de ciudadanos.
Cabe agregar que, la administración de los recursos del consejo comunal; por parte ahora de la unidad de gestión y administración financiera, debe ser transparente y del conocimiento; tanto del colectivo de coordinación comunitaria, de la unidad de contraloría social y de la asamblea de ciudadanos, en su momento correspondiente.
Otro detalle importante es que, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales se exige la disolución de los bancos comunales y su adecuación en las nuevas unidades de gestión administrativa-financiera comunitaria. En tal sentido, el banco comunal de ese consejo comunal en particular; y de todos los demás bancos comunales en general, deben entregar cuenta de su gestión, en el marco de los 180 días para la adecuación de los estatutos, que otorga la nueva Ley Orgánica de Consejos Comunales, en sus Disposiciones Transitorias.
En tal sentido, no parece apropiada la retención de un porcentaje del monto de los recursos asignados a un consejo comunal; sin considerar los mecanismos de control y auditoría interna y de consulta ciudadana que establece la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Respuesta al caso 2:
Una vez constituido un consejo comunal; salvo que haya una decisión expresa de su asamblea de ciudadanos de suprimirlo por razones suficientemente estudiadas y debatidas, este tiene permanencia institucional. Ahora, todo consejo comunal se encuentra en la obligación de renovarse una vez cumplido su período de gestión de dos (2) años; de acuerdo al marco legal que regula su conformación, organización y funcionamiento.
El caso de un consejo comunal con un año de vencimiento supone varios elementos poco positivos. Uno de ellos, su escasa vinculación e interacción con la comunidad donde viene operando. Otro característica evidente es la aparentemente débil gestión de la contraloría social en exigir el cumplimiento de la normativa vigente para el consejo comunal. Igual cualidad pudiera atribuirse a la comunidad involucrada, que no ha hecho cumplir con la debida eficacia el ejercicio de sus derechos de participación y el acatamiento de los mandatos legales establecidos. Un consejo comunal que no se renueva se coloca al margen de la ley y se convierte en una instancia burocratizada; por lo tanto, esa condición es inaceptable.
Uno de los aspectos positivos que trae la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales es el establecimiento de una Comisión Electoral Permanente, encargada del registro electoral comunitario y de la administración de los procesos de consulta y de decisión electoral que deban sucederse en la vida de la comunidad y de su respectivo consejo comunal. En tal sentido, todos los consejos comunales deben iniciar su proceso de renovación y adecuación de sus estatutos, como lo determina la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
miércoles, enero 13, 2010
¿ Y POR QUÉ NO HACEMOS ALGO?
Con esa pregunta, han comenzado el año 2010 muchos venezolanos. Y la pregunta se ha potenciado; luego de la devaluación monetaria decidida por el Gobierno Nacional el pasado Viernes 8 de Enero y el más reciente racionamiento del servicio eléctrico, anunciado el día Martes 12, también de los corrientes. Así la devaluación del bolívar; sumado al creciente malestar popular por la inseguridad personal y las graves deficiencias en los servicios públicos de agua y electricidad también racionados, se pudieran constituir en factores dinamizadores de las expectativas electorales de este año.
La pregunta, ¿y por qué no hacemos algo? encierra diversas motivaciones, unas más esperanzadoras que otras. Las mismas oscilan desde la impotencia y la indignación, pasando por la crítica a los líderes de oposición, hasta llegar a alguna propuesta concreta; cuya viabilidad –por cierto-, también resulta variable y discutible. En realidad, la coyuntura de crisis institucional y de extrema ineficacia gubernamental por la que atraviesa nuestro país, requiere de acciones concretas que permitan construir de manera consistente una alternativa de control eficaz de la gestión pública en el corto plazo y de cambio político-institucional en el mediano plazo; de acuerdo a los mecanismos constitucionales, aún vigentes.
La enorme y probada ineficacia oficial quedó demostrada de nuevo, con el inadecuado manejo de la crisis hidroeléctrica, con un agravante representado con una devaluación que persigue estrictos fines clientelares y electoralistas. Lo más lamentable de todo esto, es que la gran mayoría del pueblo venezolano (oficialista, centrista o de oposición), sufrirá un enorme deterioro en su calidad de vida. Pero aún la pregunta no ha sido respondida. Y en efecto, hay que hacer algo.
Hay muchas acciones que debemos emprender los ciudadanos de a pie, los movimientos sociales y comunitarios y las organizaciones políticas. Una de ellas, es comprender con mayor racionalidad y menor “visceralidad” la coyuntura política nacional. Es absolutamente comprensible que, haya mucha emotividad e indignación por la serie de desaciertos y tropelías cometidas; pero se debe entender que el país atraviesa por una crisis político-institucional que requiere de respuestas adecuadas, que no son precisamente de índole visceral. Por otra parte, tenemos que comprender que la crisis del país no se resolverá ni el corto plazo ni con medidas mesiánicas; sino con un esfuerzo sostenido, colectivo e incluyente. Por supuesto que, a los dirigentes políticos, económicos y sociales, a los analistas, a los opinadores y a los expertos habrá que exigirle más coherencia y mayor compromiso en su actividad pública. Pero debe quedarnos claro, muy claro, que en la restitución de la democracia en Venezuela no hay fórmulas mágicas ni hay milagros. Lo que si hay es bastante trabajo por realizar. ¿Por qué no hacemos algo?
miguelgmarregot@gmail.com
La pregunta, ¿y por qué no hacemos algo? encierra diversas motivaciones, unas más esperanzadoras que otras. Las mismas oscilan desde la impotencia y la indignación, pasando por la crítica a los líderes de oposición, hasta llegar a alguna propuesta concreta; cuya viabilidad –por cierto-, también resulta variable y discutible. En realidad, la coyuntura de crisis institucional y de extrema ineficacia gubernamental por la que atraviesa nuestro país, requiere de acciones concretas que permitan construir de manera consistente una alternativa de control eficaz de la gestión pública en el corto plazo y de cambio político-institucional en el mediano plazo; de acuerdo a los mecanismos constitucionales, aún vigentes.
La enorme y probada ineficacia oficial quedó demostrada de nuevo, con el inadecuado manejo de la crisis hidroeléctrica, con un agravante representado con una devaluación que persigue estrictos fines clientelares y electoralistas. Lo más lamentable de todo esto, es que la gran mayoría del pueblo venezolano (oficialista, centrista o de oposición), sufrirá un enorme deterioro en su calidad de vida. Pero aún la pregunta no ha sido respondida. Y en efecto, hay que hacer algo.
Hay muchas acciones que debemos emprender los ciudadanos de a pie, los movimientos sociales y comunitarios y las organizaciones políticas. Una de ellas, es comprender con mayor racionalidad y menor “visceralidad” la coyuntura política nacional. Es absolutamente comprensible que, haya mucha emotividad e indignación por la serie de desaciertos y tropelías cometidas; pero se debe entender que el país atraviesa por una crisis político-institucional que requiere de respuestas adecuadas, que no son precisamente de índole visceral. Por otra parte, tenemos que comprender que la crisis del país no se resolverá ni el corto plazo ni con medidas mesiánicas; sino con un esfuerzo sostenido, colectivo e incluyente. Por supuesto que, a los dirigentes políticos, económicos y sociales, a los analistas, a los opinadores y a los expertos habrá que exigirle más coherencia y mayor compromiso en su actividad pública. Pero debe quedarnos claro, muy claro, que en la restitución de la democracia en Venezuela no hay fórmulas mágicas ni hay milagros. Lo que si hay es bastante trabajo por realizar. ¿Por qué no hacemos algo?
miguelgmarregot@gmail.com
martes, enero 05, 2010
ALGUNOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL CLPP-BARUTA EN 2010
Muy estimados voceros (as) del CLPP-Baruta
Reciban mi más cordial saludo en este comienzo de 2010. Como todos sabemos, este año se presenta con una particular relevancia; tanto por ser un año electoral (elecciones parlamentarias) como por la entrada en vigencia de un nuevo marco legal, que va exigir aún más nuestra atención y actividad comunitaria y sectorial.
Nuestro CLPP-Baruta se mantuvo en relativa actividad durante el año pasado, logrando superar las dificultades opuestas; tanto por aquellos factores político-partidistas que no entendieron su verdadero papel en el municipio como por nuestra propia inexperiencia para tratar ciertos “asuntos públicos”. En realidad, el nuevo CLPP-Baruta (2009-2011) ya puede mostrar logros específicos en sus siete meses de gestión durante el lapso Mayo-Diciembre 2009.
La selección de los nuevos integrantes de la Sala Técnica del CLPP-Baruta, la puesta en marcha de un nuevo proceso del presupuesto participativo (con un elevado número de comunidades participantes, de solicitudes y de proyectos aprobados), la aprobación del Plan de Inversión Municipal 2010, la designación en plenaria de los integrantes de la comisiones de Planificación y Presupuesto y la de Coordinación; así como también la designación de las comisiones de trabajo de Formación Comunitaria, la de Asuntos Institucionales y Legales (encargada de la revisión del reglamento interno del CLPP) y de la comisión de Ambiente; constituyen logros contundentes del CLPP en el 2009.
Existen sin embargo, un conjunto de temas y procesos (pendientes unos, nuevos otros) que pudieran marcar la pauta de arranque del CLPP-Baruta en el presente ejercicio fiscal 2010 y, que delimitaré (y someteré a vuestra consideración), a continuación:
1. En el plano administrativo:
1.1. Se tiene que regularizar el funcionamiento mensual del CLPP, de acuerdo a lo establecido en la ley que lo rige. Retomar la programación de reuniones, sería lo más recomendable
1.2. Hay que poner al día la aprobación de las actas pendientes; tanto de aquella que quedaron de la gestión anterior (2007-2009), como de la gestión que va corriendo.
1.3. Se debe revisar y acordar -de manera precisa-, el monto del pago de las dietas por asistencia a las reuniones de los consejeros sectoriales y comunitarios, para evitar malos entendidos y confusiones.
1.4. Hay que juramentar a los dos nuevos integrantes de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública para permitir que, esa importante dependencia cumpla con sus funciones específicas.
1.5. De ser necesario, se debe consolidar una sola base de datos de los consejos comunales y las distintas asociaciones y otras expresiones comunitarias existentes en el municipio Baruta.
1.6. Se tendría que incidir con mayor fuerza en el proceso de elaboración del próximo plan operativo y del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011.
1.7. Es importante revisar y actualizar la información del CLPP en la página web de la Alcaldía. El CLPP tendría que afinar sus propios mecanismos de información comunitaria y de rendición de cuentas.
2. En el aspecto operativo:
2.1. Se debe preparar el informe final del presupuesto participativo 2009 y, comenzar a enviar las respuestas a cada una de las aproximadamente cien (100) colectivos comunitarios que participaron en el proceso de presupuesto participativo.
2.2. La Comisión de Coordinación conjuntamente con la Sala Técnica, deben emprender la programación del proceso de organización del presupuesto participativo del presente año 2010.
2.3. El CLPP-Baruta y la Sala Técnica deberían programar los lineamientos y la capacitación para asesorar la planificación que le corresponde realizar a cada consejo comunal en el municipio; según la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, G.O. Nº 39.335 de fecha 28-12-2009.
2.4. A la Comisión de Planificación y Presupuesto del CLPP le corresponde mejorar el instrumento y el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las comunidades para el desarrollo del próximo presupuesto participativo.
2.5. Es necesario culminar con el proceso de evaluación y mejoramiento del reglamento interno de nuestro CLPP, con el propósito de mejorar su rendimiento institucional.
2.6. Está pendiente la discusión sobre la organización de los Consejos Parroquiales de Planificación Pública, que se encuentran contemplados en la vigente Ley de los CLPP. La creación de los consejos parroquiales puede ser un paso importante para consolidación de las redes de cooperación entre los consejos comunales y asociaciones de vecinos y las demás entidades asociativas existentes en nuestras tres parroquias (Nuestra Señora del Rosario, El Cafetal y Las Minas).
2.7. El tema de la creación de mancomunidades y comunas en nuestro municipio viene cobrando relevancia; por lo tanto, el CLPP no puede quedar al margen de esa estratégica discusión.
2.8. El Plan Municipal de Desarrollo está en mora; por lo tanto, debe ser conocido y aprobado por el CLPP-Baruta. El PMD tiene el objetivo de orientar la gestión pública de la entidad.
2.9. Muy importante es profundizar las relaciones con los vecinos y vecinas, los consejos comunales y demás expresiones asociativas del municipio Baruta y, con los demás consejos locales de planificación vecinos y con el consejo estadal de planificación y coordinación de políticas públicas.
2.10. Por último, discutir y emprender iniciativas en el marco de sus competencias y en defensa de la descentralización, la autonomía municipal y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Estimados colegas consejeros y consejeras, estoy seguro que habrá otros temas y procesos a ser considerados e incorporados a esta agenda; pero lo más importante es que tengamos presente que la actividad del CLPP-Baruta no depende de las actividades de las autoridades públicas, sino de las iniciativas que emprendamos y mantengamos los representantes comunitarios y sectoriales en esa instancia.
Atentamente,
Miguel González Marregot
5-1-2010
Reciban mi más cordial saludo en este comienzo de 2010. Como todos sabemos, este año se presenta con una particular relevancia; tanto por ser un año electoral (elecciones parlamentarias) como por la entrada en vigencia de un nuevo marco legal, que va exigir aún más nuestra atención y actividad comunitaria y sectorial.
Nuestro CLPP-Baruta se mantuvo en relativa actividad durante el año pasado, logrando superar las dificultades opuestas; tanto por aquellos factores político-partidistas que no entendieron su verdadero papel en el municipio como por nuestra propia inexperiencia para tratar ciertos “asuntos públicos”. En realidad, el nuevo CLPP-Baruta (2009-2011) ya puede mostrar logros específicos en sus siete meses de gestión durante el lapso Mayo-Diciembre 2009.
La selección de los nuevos integrantes de la Sala Técnica del CLPP-Baruta, la puesta en marcha de un nuevo proceso del presupuesto participativo (con un elevado número de comunidades participantes, de solicitudes y de proyectos aprobados), la aprobación del Plan de Inversión Municipal 2010, la designación en plenaria de los integrantes de la comisiones de Planificación y Presupuesto y la de Coordinación; así como también la designación de las comisiones de trabajo de Formación Comunitaria, la de Asuntos Institucionales y Legales (encargada de la revisión del reglamento interno del CLPP) y de la comisión de Ambiente; constituyen logros contundentes del CLPP en el 2009.
Existen sin embargo, un conjunto de temas y procesos (pendientes unos, nuevos otros) que pudieran marcar la pauta de arranque del CLPP-Baruta en el presente ejercicio fiscal 2010 y, que delimitaré (y someteré a vuestra consideración), a continuación:
1. En el plano administrativo:
1.1. Se tiene que regularizar el funcionamiento mensual del CLPP, de acuerdo a lo establecido en la ley que lo rige. Retomar la programación de reuniones, sería lo más recomendable
1.2. Hay que poner al día la aprobación de las actas pendientes; tanto de aquella que quedaron de la gestión anterior (2007-2009), como de la gestión que va corriendo.
1.3. Se debe revisar y acordar -de manera precisa-, el monto del pago de las dietas por asistencia a las reuniones de los consejeros sectoriales y comunitarios, para evitar malos entendidos y confusiones.
1.4. Hay que juramentar a los dos nuevos integrantes de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública para permitir que, esa importante dependencia cumpla con sus funciones específicas.
1.5. De ser necesario, se debe consolidar una sola base de datos de los consejos comunales y las distintas asociaciones y otras expresiones comunitarias existentes en el municipio Baruta.
1.6. Se tendría que incidir con mayor fuerza en el proceso de elaboración del próximo plan operativo y del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011.
1.7. Es importante revisar y actualizar la información del CLPP en la página web de la Alcaldía. El CLPP tendría que afinar sus propios mecanismos de información comunitaria y de rendición de cuentas.
2. En el aspecto operativo:
2.1. Se debe preparar el informe final del presupuesto participativo 2009 y, comenzar a enviar las respuestas a cada una de las aproximadamente cien (100) colectivos comunitarios que participaron en el proceso de presupuesto participativo.
2.2. La Comisión de Coordinación conjuntamente con la Sala Técnica, deben emprender la programación del proceso de organización del presupuesto participativo del presente año 2010.
2.3. El CLPP-Baruta y la Sala Técnica deberían programar los lineamientos y la capacitación para asesorar la planificación que le corresponde realizar a cada consejo comunal en el municipio; según la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, G.O. Nº 39.335 de fecha 28-12-2009.
2.4. A la Comisión de Planificación y Presupuesto del CLPP le corresponde mejorar el instrumento y el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las comunidades para el desarrollo del próximo presupuesto participativo.
2.5. Es necesario culminar con el proceso de evaluación y mejoramiento del reglamento interno de nuestro CLPP, con el propósito de mejorar su rendimiento institucional.
2.6. Está pendiente la discusión sobre la organización de los Consejos Parroquiales de Planificación Pública, que se encuentran contemplados en la vigente Ley de los CLPP. La creación de los consejos parroquiales puede ser un paso importante para consolidación de las redes de cooperación entre los consejos comunales y asociaciones de vecinos y las demás entidades asociativas existentes en nuestras tres parroquias (Nuestra Señora del Rosario, El Cafetal y Las Minas).
2.7. El tema de la creación de mancomunidades y comunas en nuestro municipio viene cobrando relevancia; por lo tanto, el CLPP no puede quedar al margen de esa estratégica discusión.
2.8. El Plan Municipal de Desarrollo está en mora; por lo tanto, debe ser conocido y aprobado por el CLPP-Baruta. El PMD tiene el objetivo de orientar la gestión pública de la entidad.
2.9. Muy importante es profundizar las relaciones con los vecinos y vecinas, los consejos comunales y demás expresiones asociativas del municipio Baruta y, con los demás consejos locales de planificación vecinos y con el consejo estadal de planificación y coordinación de políticas públicas.
2.10. Por último, discutir y emprender iniciativas en el marco de sus competencias y en defensa de la descentralización, la autonomía municipal y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Estimados colegas consejeros y consejeras, estoy seguro que habrá otros temas y procesos a ser considerados e incorporados a esta agenda; pero lo más importante es que tengamos presente que la actividad del CLPP-Baruta no depende de las actividades de las autoridades públicas, sino de las iniciativas que emprendamos y mantengamos los representantes comunitarios y sectoriales en esa instancia.
Atentamente,
Miguel González Marregot
5-1-2010
viernes, enero 01, 2010
VENEZUELA: PROPÓSITO DE COMIENZOS DE AÑO
Cada comienzo de año, nos induce a establecer propósitos y metas a alcanzar e indudablemente esa una buena costumbre. En Venezuela, no hacen falta propósitos; por el contrario, hay una buena cantidad de ellos; tanto individuales como colectivos. Ahora bien, lo que quizás si falte en nuestro país sea la capacidad, la constancia y la coordinación para alcanzarlos.
Como es conocido por todos, nuestro país se encuentra en un intenso proceso de cambio que ha generado incertidumbre, disfuncionalidades y una agria polarización que dificulta el progreso de Venezuela como conjunto, hacia un destino cierto.
En tal sentido, un propósito fundamental de la nación debe ser el reencuentro de los distintos factores que conforman nuestra sociedad. Ese reencuentro no supone el abandono de los principios; lo que sí implica es el reconocimiento tolerante de los intereses y puntos de vista de cada sector social en particular, para saber unirlo; por ejemplo, a un proyecto incluyente de democracia, paz y prosperidad.
Conciliar los intereses de los distintos sectores de una sociedad resulta más difícil, que imponer los intereses de un solo factor social. Pero con toda seguridad, la conciliación de intereses permitirá estructurar una alianza o bloque social que contribuya a alcanzar las metas de desarrollo y seguridad integral que toda población necesita. Históricamente se ha comprobado que, la hegemonía (o dictadura) de los intereses de una clase sobre otra -directamente o mediante sus expresiones organizativas-, son caminos seguros hacia el fracaso. Por el contrario, sólo aquellas sociedades que han logrado niveles satisfactorios de integración han conseguido niveles sostenibles de calidad vida para sus habitantes.
En el caso venezolano, el “pacto de conciliación de élites” del año 1958 terminó fracasando por satisfacer las demandas de un país en búsqueda de su modernización y, la propuesta de la hegemonía bolivariano-socialista: 1999-2009, tampoco cubrió las expectativas de cambios, agravando por el contrario los déficits político-sociales que pretendía superar. En la actualidad, nuestra sociedad se ha venido fracturando, con la consecuente desconfianza mutua entre los distintos factores económicos, sociales y culturales que la conforman, la creciente debilidad de las instituciones públicas, el surgimiento del sectarismo y la exclusión política y, el posicionamiento de métodos poco transparentes en las negociaciones público-privadas.
¿Es qué acaso Venezuela no puede aspirar a tener instituciones modernas, óptima calidad vida para toda la población y un sector productivo competitivo y de alta capacidad profesional? Pienso, y sobre todo creo, que sí podemos aspirar a esos propósitos como pueblo. Para ello, sólo debemos saber construir alianzas y vínculos de cooperación, reconociendo nuestras propias diferencias y semejanzas. Nadie ha dicho que sea fácil y, mucho más en el ambiente de fractura social que habitamos; pero tampoco es imposible. Creo que en este año 2010, la construcción de plataformas democráticas e incluyentes -partiendo de la diversidad-, será el mecanismo más eficaz para poder llevar adelante proyectos positivos conjuntos, como el relanzamiento de nuestro país. ¿Por qué no nos fijamos este propósito a comienzos de año?
Como es conocido por todos, nuestro país se encuentra en un intenso proceso de cambio que ha generado incertidumbre, disfuncionalidades y una agria polarización que dificulta el progreso de Venezuela como conjunto, hacia un destino cierto.
En tal sentido, un propósito fundamental de la nación debe ser el reencuentro de los distintos factores que conforman nuestra sociedad. Ese reencuentro no supone el abandono de los principios; lo que sí implica es el reconocimiento tolerante de los intereses y puntos de vista de cada sector social en particular, para saber unirlo; por ejemplo, a un proyecto incluyente de democracia, paz y prosperidad.
Conciliar los intereses de los distintos sectores de una sociedad resulta más difícil, que imponer los intereses de un solo factor social. Pero con toda seguridad, la conciliación de intereses permitirá estructurar una alianza o bloque social que contribuya a alcanzar las metas de desarrollo y seguridad integral que toda población necesita. Históricamente se ha comprobado que, la hegemonía (o dictadura) de los intereses de una clase sobre otra -directamente o mediante sus expresiones organizativas-, son caminos seguros hacia el fracaso. Por el contrario, sólo aquellas sociedades que han logrado niveles satisfactorios de integración han conseguido niveles sostenibles de calidad vida para sus habitantes.
En el caso venezolano, el “pacto de conciliación de élites” del año 1958 terminó fracasando por satisfacer las demandas de un país en búsqueda de su modernización y, la propuesta de la hegemonía bolivariano-socialista: 1999-2009, tampoco cubrió las expectativas de cambios, agravando por el contrario los déficits político-sociales que pretendía superar. En la actualidad, nuestra sociedad se ha venido fracturando, con la consecuente desconfianza mutua entre los distintos factores económicos, sociales y culturales que la conforman, la creciente debilidad de las instituciones públicas, el surgimiento del sectarismo y la exclusión política y, el posicionamiento de métodos poco transparentes en las negociaciones público-privadas.
¿Es qué acaso Venezuela no puede aspirar a tener instituciones modernas, óptima calidad vida para toda la población y un sector productivo competitivo y de alta capacidad profesional? Pienso, y sobre todo creo, que sí podemos aspirar a esos propósitos como pueblo. Para ello, sólo debemos saber construir alianzas y vínculos de cooperación, reconociendo nuestras propias diferencias y semejanzas. Nadie ha dicho que sea fácil y, mucho más en el ambiente de fractura social que habitamos; pero tampoco es imposible. Creo que en este año 2010, la construcción de plataformas democráticas e incluyentes -partiendo de la diversidad-, será el mecanismo más eficaz para poder llevar adelante proyectos positivos conjuntos, como el relanzamiento de nuestro país. ¿Por qué no nos fijamos este propósito a comienzos de año?
martes, diciembre 29, 2009
2010: EN NUEVE MESES EL RUMBO DE VENEZUELA PUEDE CAMBIAR
El objetivo fundamental de los factores democráticos del país es muy sencillo: modificar la actual mayoría en la Asamblea Nacional. Y es que no debería haber otro objetivo. Venezuela, reclama y merece un cambio en su rumbo. Ese viraje, pasa por restituir el equilibrio político y rescatar la institucionalidad pública del país. Ese cambio se logrará con mayor eficacia y responsabilidad desde la Asamblea Nacional; espacio político-institucional que nunca debió abandonarse.
Las severas restricciones al marco federal, democrático y descentralizado, la baja calidad de las leyes aprobadas, la ausencia del control de la gestión del Ejecutivo Nacional y las tendencias hacia la concentración de la toma de decisiones de poder, han surgido de una instancia parlamentaria hegemonizada por una sola visión de la realidad. Lo más grave –aunque también esperanzador-, es que la conformación de la presente Asamblea Nacional no se corresponde con la mayoría del pensamiento de la población venezolana ni tampoco expresa la correlación de fuerzas políticas del país, en la actualidad. Sin embargo, la mayoría circunstancial que posee el bloque oficial en el parlamento nacional ha sido usada con absoluta discrecionalidad para implementar un modelo de Estado y de sociedad, ajeno a la Constitución Bolivariana vigente.
Las elecciones parlamentarias del mes de Septiembre de 2010, constituyen un evento político-electoral determinante para el futuro inmediato de todos los venezolanos; incluyendo a los integrantes del bloque revolucionario oficialista. Perder el control sobre la Asamblea Nacional colocaría en serios aprietos la viabilidad del proyecto socialista que se intenta implantar en el país. Por supuesto que, el bloque oficial está consciente de la nueva circunstancia. De hecho, desde el gobierno se han venido impulsando medidas para tratar de neutralizar el muy seguro avance electoral, político y por ende, parlamentario de las fuerzas democráticas.
En el oficialismo ya se nota algún nerviosismo. La reciente aprobación de leyes como la referida al Consejo Federal de Gobierno y la de Participación y Poder Popular; así como la modificación discrecional de los circuitos electorales en el Consejo Nacional Electoral, son indicadores de ello. En realidad, hay serias posibilidades de que más la mitad de la actual bancada socialista quede fuera del parlamento el próximo año. Y esa situación muy seguramente generará incertidumbre al momento de elegir los candidatos “salidores”; tanto en las filas del PSUV como en el ámbito de sus aliados menores. No dudamos que, la definición de las candidaturas socialistas dependa finalmente del filtro del líder del proceso.
En el campo de la oposición, hay ciertos avances aunque con lentitud. Por ejemplo, se constituyó la Mesa Democrática, que sirve como referencia ideológica-política para todo el país. También en la oposición, se estableció un conjunto de reglas y procedimientos relativamente claros para la selección de sus candidatos. El reto fundamental de los sectores democráticos para afrontar con éxito el proceso electoral, se fundamenta en la combinación de tres elementos, a saber: i) la preservación de su coherencia interna; lo cual supone el mantenimiento de los acuerdos previamente establecidos; ii) la definición y puesta en marcha de una plataforma programática tanto de carácter legislativo como de movilización, alrededor de la agenda social y popular del país; y, iii) la presentación de una oferta de candidaturas equilibrada, incluyente y de calidad que se ajuste a las necesidades de cambio democrático que el país reclama.
En el panorama electoral venezolano queda aún, un buen trayecto por recorrer, en el cual la dureza del debate político entre los dos bloques en disputa, resultará inevitable. En el 2010, en sólo nueve meses se presentará la oportunidad de concretar o no, un cambio en el rumbo del país.
Las severas restricciones al marco federal, democrático y descentralizado, la baja calidad de las leyes aprobadas, la ausencia del control de la gestión del Ejecutivo Nacional y las tendencias hacia la concentración de la toma de decisiones de poder, han surgido de una instancia parlamentaria hegemonizada por una sola visión de la realidad. Lo más grave –aunque también esperanzador-, es que la conformación de la presente Asamblea Nacional no se corresponde con la mayoría del pensamiento de la población venezolana ni tampoco expresa la correlación de fuerzas políticas del país, en la actualidad. Sin embargo, la mayoría circunstancial que posee el bloque oficial en el parlamento nacional ha sido usada con absoluta discrecionalidad para implementar un modelo de Estado y de sociedad, ajeno a la Constitución Bolivariana vigente.
Las elecciones parlamentarias del mes de Septiembre de 2010, constituyen un evento político-electoral determinante para el futuro inmediato de todos los venezolanos; incluyendo a los integrantes del bloque revolucionario oficialista. Perder el control sobre la Asamblea Nacional colocaría en serios aprietos la viabilidad del proyecto socialista que se intenta implantar en el país. Por supuesto que, el bloque oficial está consciente de la nueva circunstancia. De hecho, desde el gobierno se han venido impulsando medidas para tratar de neutralizar el muy seguro avance electoral, político y por ende, parlamentario de las fuerzas democráticas.
En el oficialismo ya se nota algún nerviosismo. La reciente aprobación de leyes como la referida al Consejo Federal de Gobierno y la de Participación y Poder Popular; así como la modificación discrecional de los circuitos electorales en el Consejo Nacional Electoral, son indicadores de ello. En realidad, hay serias posibilidades de que más la mitad de la actual bancada socialista quede fuera del parlamento el próximo año. Y esa situación muy seguramente generará incertidumbre al momento de elegir los candidatos “salidores”; tanto en las filas del PSUV como en el ámbito de sus aliados menores. No dudamos que, la definición de las candidaturas socialistas dependa finalmente del filtro del líder del proceso.
En el campo de la oposición, hay ciertos avances aunque con lentitud. Por ejemplo, se constituyó la Mesa Democrática, que sirve como referencia ideológica-política para todo el país. También en la oposición, se estableció un conjunto de reglas y procedimientos relativamente claros para la selección de sus candidatos. El reto fundamental de los sectores democráticos para afrontar con éxito el proceso electoral, se fundamenta en la combinación de tres elementos, a saber: i) la preservación de su coherencia interna; lo cual supone el mantenimiento de los acuerdos previamente establecidos; ii) la definición y puesta en marcha de una plataforma programática tanto de carácter legislativo como de movilización, alrededor de la agenda social y popular del país; y, iii) la presentación de una oferta de candidaturas equilibrada, incluyente y de calidad que se ajuste a las necesidades de cambio democrático que el país reclama.
En el panorama electoral venezolano queda aún, un buen trayecto por recorrer, en el cual la dureza del debate político entre los dos bloques en disputa, resultará inevitable. En el 2010, en sólo nueve meses se presentará la oportunidad de concretar o no, un cambio en el rumbo del país.
jueves, diciembre 24, 2009
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS..! MI AMISTAD Y SOLIDARIDAD PARA TODAS Y TODOS ..!
Las festividades de fin de año –y en especial la del 24 de Diciembre- siempre nos inducen a momentos de reflexión y reencuentro entre familiares, amigos y en las redes institucionales en las cuales nos desenvolvemos habitualmente. En tal sentido, y como cada año desde que apareció por primera vez este CIUDADANOLIBRE en la internet, justamente en un final de año, queremos expresar un breve mensaje de fraternidad, inclusión y esperanza, a nuestros miles de amigos (as) lectores en todo el mundo (ya alcanzamos cuarenta y nueve países en los cinco continentes).
Ahora más que en cualquier otro momento se hace necesario impulsar y mantener con firmeza los principios y valores que sustentan el modo de vida basado en la democracia, en la libertad y en la paz, con inclusión y justicia. Desde nuestro modesto punto vista, en ese modo de vida, el respeto por los derechos humanos se convierte en un pivote fundamental para alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva, libre y próspera.
Amigas y amigos de CIUDADANOLIBRE, hoy 24 de Diciembre de 2009, les reitero mi respeto y consideración hacia cada uno de ustedes, agradeciendo sus visitas, comentarios y observaciones. Les garantizo que todas, y cada una de ellas son bienvenidas.
Y para todos (as) aquellas personas que les aflige alguna pena reciban mi expresión de solidaridad y fraternidad. Recordemos que cada problema tiene su solución; aunque a veces nos cueste un poco encontrarla. Adelante “ciudadanolibres” del mundo, que el futuro siempre nos traerá con cada amanecer, una esperanza nueva y otra razón para vivir..!
¡..Les deseo unas muy felices fiestas navideñas en armonía y paz..!
miércoles, diciembre 23, 2009
RENDICIÓN DE CUENTAS: 7 meses de actividad en el Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta
Cuando me incorporé al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta a mediados del mes de Mayo lo hicimos con el objeto de contribuir a su funcionamiento pleno, como órgano de participación ciudadana; así como también de cumplir -a cabalidad-, con las funciones de vocero comunitario, electo en la asamblea correspondiente de voceros de consejos comunales.
Entre los meses de Mayo y Diciembre de este año, asistí regularmente a cada una de las nueve reuniones a las cuales fuimos convocados como consejeros. Cabe señalar que, integré la Comisión de Planificación del organismo; asistiendo a dieciocho de las diecinueve reuniones efectuadas por esa instancia del CLPP.
Por otra parte, participé activamente en la totalidad del proceso de diseño, ejecución y selección de obras para la elaboración del proyecto de inversión municipal. Resultó muy pedagógico y gratificante compartir con los vecinos y vecinas de las siete (7) zonas en que fue dividido el municipio, para los efectos del presupuesto participativo (El Cafetal, Las Minas y los cinco sectores de la parroquia Nuestra Señora del Rosario). En cuanto al presupuesto participativo, se recibieron seiscientas (600) propuestas de las comunidades organizadas; siendo incorporadas al presupuesto de inversión municipal un total de ciento noventa y cinco (195) obras distribuidas en cada uno de los sectores de las tres parroquias del municipio.
En materia de organización de consejos comunales, presté asesoría y asistencia a vecinos y vecinas de la urbanización Colinas de Valle Arriba; de la comunidad de Piedras Azules; del Casco de Baruta; de la urbanización La Guarita; de los Bloquecitos de La Trinidad; de la urbanización El Peñón; de las comunidades de Bucarito y de El Copey en Sisipa. En cada una de esos sectores, asistimos como observadores directos de la elección del respectivo consejo comunal.
Así mismo, realicé reuniones de trabajo con vecinos de las comunidades de la urbanización Sorokaima; de la urbanización Lomas de La Trinidad; del sector de Charallavito; del sector San José del Placer de María; de la Calle Los Mangos de Manzanares; de la urbanización de Lomas de Alto Prado; del sector Monterey, de las comunidades de Bucarito y El Copey (ambas ubicadas en Sisipa); de El Progreso y Los Altos (ambas en el sector de Ojo de Agua); de San Luis Alto en Hoyo de La Puerta y también con la comunidad educativa de la Escuela “Fe y Alegría” en el sector de Monterey; entre otras.
Una de las más grandes satisfacciones -para mi interés vecinal-, fue el impulso de las Mesas de Trabajo entre el CLPP y los consejos comunales y asociaciones de vecinos del municipio Baruta. En efecto, hasta el presente y con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima (ASOLIMA) y, últimamente también con el apoyo del consejo comunal de Prados del Este, la Mesa de Trabajo se ha reunido en tres oportunidades con resultados siempre positivos y contributivos. La Mesa de Trabajo del CLPP-Baruta y de los consejos comunales y asociaciones de vecinos del municipio, pretende consolidarse como un espacio plural y participativo para la coordinación de esfuerzos entre las distintas vecindades del municipio con el firme propósito de mejorar nuestra calidad de vida.
Después de siete meses de actividad en el Consejo Local de Planificación de Baruta, puedo decir que hemos cumplido con nuestras comunidades. En el año 2010: ¡seguiremos en la lucha! El CLPP-Baruta pertenece a todo el pueblo, sin distinción ni discriminación alguna.
Entre los meses de Mayo y Diciembre de este año, asistí regularmente a cada una de las nueve reuniones a las cuales fuimos convocados como consejeros. Cabe señalar que, integré la Comisión de Planificación del organismo; asistiendo a dieciocho de las diecinueve reuniones efectuadas por esa instancia del CLPP.
Por otra parte, participé activamente en la totalidad del proceso de diseño, ejecución y selección de obras para la elaboración del proyecto de inversión municipal. Resultó muy pedagógico y gratificante compartir con los vecinos y vecinas de las siete (7) zonas en que fue dividido el municipio, para los efectos del presupuesto participativo (El Cafetal, Las Minas y los cinco sectores de la parroquia Nuestra Señora del Rosario). En cuanto al presupuesto participativo, se recibieron seiscientas (600) propuestas de las comunidades organizadas; siendo incorporadas al presupuesto de inversión municipal un total de ciento noventa y cinco (195) obras distribuidas en cada uno de los sectores de las tres parroquias del municipio.
En materia de organización de consejos comunales, presté asesoría y asistencia a vecinos y vecinas de la urbanización Colinas de Valle Arriba; de la comunidad de Piedras Azules; del Casco de Baruta; de la urbanización La Guarita; de los Bloquecitos de La Trinidad; de la urbanización El Peñón; de las comunidades de Bucarito y de El Copey en Sisipa. En cada una de esos sectores, asistimos como observadores directos de la elección del respectivo consejo comunal.
Así mismo, realicé reuniones de trabajo con vecinos de las comunidades de la urbanización Sorokaima; de la urbanización Lomas de La Trinidad; del sector de Charallavito; del sector San José del Placer de María; de la Calle Los Mangos de Manzanares; de la urbanización de Lomas de Alto Prado; del sector Monterey, de las comunidades de Bucarito y El Copey (ambas ubicadas en Sisipa); de El Progreso y Los Altos (ambas en el sector de Ojo de Agua); de San Luis Alto en Hoyo de La Puerta y también con la comunidad educativa de la Escuela “Fe y Alegría” en el sector de Monterey; entre otras.
Una de las más grandes satisfacciones -para mi interés vecinal-, fue el impulso de las Mesas de Trabajo entre el CLPP y los consejos comunales y asociaciones de vecinos del municipio Baruta. En efecto, hasta el presente y con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima (ASOLIMA) y, últimamente también con el apoyo del consejo comunal de Prados del Este, la Mesa de Trabajo se ha reunido en tres oportunidades con resultados siempre positivos y contributivos. La Mesa de Trabajo del CLPP-Baruta y de los consejos comunales y asociaciones de vecinos del municipio, pretende consolidarse como un espacio plural y participativo para la coordinación de esfuerzos entre las distintas vecindades del municipio con el firme propósito de mejorar nuestra calidad de vida.
Después de siete meses de actividad en el Consejo Local de Planificación de Baruta, puedo decir que hemos cumplido con nuestras comunidades. En el año 2010: ¡seguiremos en la lucha! El CLPP-Baruta pertenece a todo el pueblo, sin distinción ni discriminación alguna.
viernes, diciembre 11, 2009
¿OTRA VOLUNTAD PARA LA MESA?
El lanzamiento del nuevo movimiento político “Voluntad Popular” constituye un acontecimiento trascendente para la conformación de la plataforma democrática y alternativa del país; pero tampoco caben dudas que, su lanzamiento representa una prueba para el liderazgo y la capacidad de visión estratégica y gestión política de Leopoldo López y del núcleo de jóvenes y dirigentes sociales y comunitarios que lo acompaña.
“Voluntad Popular” –aunque se diga lo contrario- nace de la mano y bajo la sombra del ex-alcalde del municipio Chacao; es decir, constituye la concreción de su proyecto político. Leopoldo López; quien fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos, por nueve años a partir del año 2008, por la Contraloría General de la República; mediante un procedimiento administrativo muy discutible, representa a pesar de ello uno de los liderazgos más importantes con que cuenta el país en la actualidad. Leopoldo, a fuerza de carisma y con un discurso afirmativo y de contenido social ha venido tejiendo una red de apoyo relativo en la población juvenil de algunos centros urbanos de nuestra nación.
El inicio de actividades del novel movimiento “Voluntad Popular”, no es sencillo. En principio, pasa a engrosar la lista de los componentes organizacionales de la ya difuminada oposición venezolana. En segundo lugar, aún carece de un mensaje contundente y justificadamente diferenciador del resto de las opciones político-partidistas, también emergentes, como “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia” o de las más tradicionales como el viejo partido “Acción Democrática”. Por supuesto que, cualquier grupo de venezolanos y venezolanas tiene el derecho a organizarse y emprender su actividad militante por las causas que considere justas; empero el surgimiento de “Voluntad Popular” ocurre justo cuando se intentan consolidar iniciativas de integración y articulación de las distintas referencias democráticas de la oposición venezolana.
Y ciertamente, quizás el tema inmediato y más relevante para la nueva agrupación que lidera Leopoldo López lo constituya su relación con la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es el eje para la consolidación de una alternativa democrática consistente, frente a la hegemonía del bloque oficial. Alrededor de ella se han congregado la abrumadora mayoría de los factores políticos de oposición del país. Por lo tanto, es una realidad insalvable para cualquier sector emergente que pretenda participar en las próximas elecciones parlamentarias –y aspiramos que también de concejos municipales y juntas parroquiales-, a celebrarse en el 2010.
“Voluntad Popular” debería sumar sus esfuerzos para contribuir al cumplimiento de los acuerdos establecidos por esa instancia a mediados del pasado mes de Noviembre y, que entre otras cosas incluía: la escogencia de las candidaturas unitarias mediante consenso o primarias; según fuera el caso, la defensa del voto, la elaboración de un programa legislativo y el mantenimiento de las tarjetas de los factores políticos unitarios; entre otros aspectos. “Voluntad Popular” no debe alejarse o ignorar los acuerdos de la Mesa de la Unidad Democrática, ni ahora ni posteriormente so pena, de quedar aislado de manera absoluta del movimiento popular democrático y, de ser recordado como un nuevo factor divisionista.
Venezuela reclama la restitución del marco constitucional vigente, del equilibrio democrático, de la inclusión social y política, del control ciudadano sobre la gestión de los asuntos públicos. Esa meta, requiere de la acción coordinada y unitaria de todos los factores sociales y económicos; sin exclusión ni hegemonía de ninguno. La incorporación de “Voluntad Popular” a la Mesa de la Unidad Democrática, dará sentido a su creación como un medio de participación política y social y, representará un sólido aporte de liderazgo y visión estratégica a este esfuerzo democrático. Omitir esta circunstancia sería cometer un craso error estratégico. Seguramente, Leopoldo está consciente de ello.
“Voluntad Popular” –aunque se diga lo contrario- nace de la mano y bajo la sombra del ex-alcalde del municipio Chacao; es decir, constituye la concreción de su proyecto político. Leopoldo López; quien fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos, por nueve años a partir del año 2008, por la Contraloría General de la República; mediante un procedimiento administrativo muy discutible, representa a pesar de ello uno de los liderazgos más importantes con que cuenta el país en la actualidad. Leopoldo, a fuerza de carisma y con un discurso afirmativo y de contenido social ha venido tejiendo una red de apoyo relativo en la población juvenil de algunos centros urbanos de nuestra nación.
El inicio de actividades del novel movimiento “Voluntad Popular”, no es sencillo. En principio, pasa a engrosar la lista de los componentes organizacionales de la ya difuminada oposición venezolana. En segundo lugar, aún carece de un mensaje contundente y justificadamente diferenciador del resto de las opciones político-partidistas, también emergentes, como “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia” o de las más tradicionales como el viejo partido “Acción Democrática”. Por supuesto que, cualquier grupo de venezolanos y venezolanas tiene el derecho a organizarse y emprender su actividad militante por las causas que considere justas; empero el surgimiento de “Voluntad Popular” ocurre justo cuando se intentan consolidar iniciativas de integración y articulación de las distintas referencias democráticas de la oposición venezolana.
Y ciertamente, quizás el tema inmediato y más relevante para la nueva agrupación que lidera Leopoldo López lo constituya su relación con la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es el eje para la consolidación de una alternativa democrática consistente, frente a la hegemonía del bloque oficial. Alrededor de ella se han congregado la abrumadora mayoría de los factores políticos de oposición del país. Por lo tanto, es una realidad insalvable para cualquier sector emergente que pretenda participar en las próximas elecciones parlamentarias –y aspiramos que también de concejos municipales y juntas parroquiales-, a celebrarse en el 2010.
“Voluntad Popular” debería sumar sus esfuerzos para contribuir al cumplimiento de los acuerdos establecidos por esa instancia a mediados del pasado mes de Noviembre y, que entre otras cosas incluía: la escogencia de las candidaturas unitarias mediante consenso o primarias; según fuera el caso, la defensa del voto, la elaboración de un programa legislativo y el mantenimiento de las tarjetas de los factores políticos unitarios; entre otros aspectos. “Voluntad Popular” no debe alejarse o ignorar los acuerdos de la Mesa de la Unidad Democrática, ni ahora ni posteriormente so pena, de quedar aislado de manera absoluta del movimiento popular democrático y, de ser recordado como un nuevo factor divisionista.
Venezuela reclama la restitución del marco constitucional vigente, del equilibrio democrático, de la inclusión social y política, del control ciudadano sobre la gestión de los asuntos públicos. Esa meta, requiere de la acción coordinada y unitaria de todos los factores sociales y económicos; sin exclusión ni hegemonía de ninguno. La incorporación de “Voluntad Popular” a la Mesa de la Unidad Democrática, dará sentido a su creación como un medio de participación política y social y, representará un sólido aporte de liderazgo y visión estratégica a este esfuerzo democrático. Omitir esta circunstancia sería cometer un craso error estratégico. Seguramente, Leopoldo está consciente de ello.
sábado, diciembre 05, 2009
DEL COLOQUIO REALIZADO EN SINERGIA SOBRE CONSEJOS COMUNALES
El pasado jueves 4 Diciembre de 2009, tuvimos el gusto de participar en el conversatorio organizado por la Asociación Civil SINERGIA, sobre las implicaciones de la nueva Ley Orgánica sobre la Participación Ciudadana. En el evento tuve la muy grata oportunidad de compartir como ponente con José Gregorio Delgado Herrera, Coordinador General de la Escuela de Vecinos de Venezuela.
El coloquio estuvo dirigido por la Dra. Vanessa Cartaya, de la A.C. Sinergia y conto con la participación de directivos de organizaciones sociales afiliadas, y representantes de consejos comunales del área metropolitana de Caracas.
De mi intervención, les presento una muy breve y telegráfica síntesis.
1. En la actualidad hay aproximadamente unos treinta mil consejos comunales en todo el país. El tema de los consejos comunales forma parte del interés y la valoración del gobierno en “organizar y mantener movilizado” a los sectores populares. En ese contexto, se encuentra expresiones de ese concepto oficial, desde 2002 el impulso de los consejos comunales se crean dentro de los Consejos Locales de Planificación Pública. Para el año 2004y entro del “Mapa de los 10 objetivos estratégicos”. Se reitera su importancia dentro de los CLPP. Sin embargo, para el año 2006 y ante las dificultades y la resistencia por implementar los consejos locales de planificación pública el gobierno nacional determinan una nueva ruta para la organización y movilización popular: los consejos comunales. Es así que se promulga la Ley de los Consejos Comunales. A partir de 2007, los consejos se convierten en un asunto vinculado a la revolución socialista bolivariana y incorporan a la propuesta de los “5 Motores Socialistas”, y adquieren una relevancia específica tanto en la propuesta de reforma constitucional y en el proceso Habilitante realizado entre 2007-2008. En 2008 se crea el Ministerio de Las Comunas y también se lanza la “Misión 13 de Abril”. Y este año 2009, se produce la reforma de la Ley de los Consejos Comunales y la puesta en marcha del programa “Barrio Nuevo Tricolor.
2. Los consejos comunales aparecen mencionados en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” en tan solo dos ocasiones; ambas vinculadas al tema económico local. Según el PNSB, los consejos comunales estarían dirigidos a fomentar la participación organizada del pueblo, en la planificación de la producción y la socialización equitativa de los excedentes; mediante el incremento de la participación de los consejos comunales en la planificación y control de la economía y, su vinculación de los consejos comunales a los procesos de producción local.
3. Una de las observaciones formales a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) es su carácter orgánico. En concreto, los consejos comunales no forman parte del texto de la Constitución Bolivariana, por lo tanto, luce exagerado otorgar ese rango a esa figura de participación ciudadana. Otros órganos de participación ciudadana, que por cierto está expresamente mencionados en la Constitución Bolivariana, como los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOP) no poseen leyes de rango orgánico. Por otra parte, este rango orgánico de la LOCC, sobrepone a estas instancias de menor alcance territorial ante otras de mayor jerarquía y alcance territorial como los municipios.
4. En la nueva ley, el consejo comunal adopta elementos de carácter ideológico, al incorporar “la construcción del socialismo” como finalidad de estas instancias de organización vecinal. Tal como aparece en el artículo 2: instancias de participación para la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista. En el artículo 3 referidos a los principios y valores ideológicos (establecer la base socio-política del socialismo). Y el artículo 54 que propone el incentiva del ahorro en las comunidades, con una visión socialista.
5. La nueva Ley de los Consejos Comunales los convierte en unas instancias sujetas a una visión centralizada y estatista de la economía; al ubicarlas en un conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes desarrolladas por las comunidades; bajo forma de propiedad social, de acuerdo a lo establecido en el “Sistema Centralizado de Planificación y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. Por otra parte, cabe agregar que la propiedad privada no es considerada dentro las expresiones de economía local que define la misma ley.
6. El reconocimiento de los consejos comunales está sometido a la discrecionalidad de la burocracia estatal. Por ejemplo el artículo 18 de la nueva LOCC, establece que el ministerio del poder popular con competencia en participación ciudadana, podrá abstenerse del registro de los consejos comunales: “cuando tenga por objeto, finalidades distintas a las previstas en la presente ley”. Es decir, los consejos comunales que nos sean considerados socialistas por los funcionarios públicos podrían ser rechazados.
7. La nueva LOCC establece la “adscripción” funcional y financiera a un ente del gobierno central de los consejos comunales. En efecto, el artículo 56 de la nueva LOCC, determina que el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la participación comunitaria en los asuntos públicos y, acompañará a los Consejos Comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación entre estos y los órganos y entes del Poder Público.
8. Los nuevos consejos comunales corren el riesgo de ser militarizados. Además de su nuevo carácter “ideológico”, los Consejos Comunales podrían convertirse en instancias para-militares al estar obligadas a coordinar acciones con la Milicia Bolivariana en los denominados “asuntos concernientes a la defensa integral de la Nación”.
Desde nuestra visión propusimos:
- Establecer con precisión y claridad la naturaleza estrictamente comunitaria, social y vecinal de los consejos comunales como instancias ciudadanas de participación; sin prevalencia de sesgo ideológico alguno que propicie la discriminación y, con estricto apego a los principios y valores contenidos en el marco constitucional.
- La obligación de que los consejos comunales respondan al modelo de Estado democrático, federal, descentralizado y participativo contenido en la Constitución Bolivariana (artículos 4 y 6). Se debe rescatar la vinculación de los consejos comunales con el consejo local de planificación pública y demás entidades del poder público municipal como la alcaldía, el concejo municipal y las juntas parroquiales.
- Simplificar y flexibilizar la estructura organizativa de los consejos comunales; evitando las estructuras pesadas y excesivamente burocráticas y, estableciendo claros mecanismos de rendición de cuentas, ante las autoridades públicas y su correspondiente asamblea de ciudadanos.
- Unos consejos comunales autónomos, horizontales y cercanos. Los consejos comunales no deben tener una adscripción jerárquica, operativa o funcional a entidades gubernamentales de carácter (nacional central, estadal o local) desconcentrada o descentralizada funcionalmente.
El coloquio estuvo dirigido por la Dra. Vanessa Cartaya, de la A.C. Sinergia y conto con la participación de directivos de organizaciones sociales afiliadas, y representantes de consejos comunales del área metropolitana de Caracas.
De mi intervención, les presento una muy breve y telegráfica síntesis.
1. En la actualidad hay aproximadamente unos treinta mil consejos comunales en todo el país. El tema de los consejos comunales forma parte del interés y la valoración del gobierno en “organizar y mantener movilizado” a los sectores populares. En ese contexto, se encuentra expresiones de ese concepto oficial, desde 2002 el impulso de los consejos comunales se crean dentro de los Consejos Locales de Planificación Pública. Para el año 2004y entro del “Mapa de los 10 objetivos estratégicos”. Se reitera su importancia dentro de los CLPP. Sin embargo, para el año 2006 y ante las dificultades y la resistencia por implementar los consejos locales de planificación pública el gobierno nacional determinan una nueva ruta para la organización y movilización popular: los consejos comunales. Es así que se promulga la Ley de los Consejos Comunales. A partir de 2007, los consejos se convierten en un asunto vinculado a la revolución socialista bolivariana y incorporan a la propuesta de los “5 Motores Socialistas”, y adquieren una relevancia específica tanto en la propuesta de reforma constitucional y en el proceso Habilitante realizado entre 2007-2008. En 2008 se crea el Ministerio de Las Comunas y también se lanza la “Misión 13 de Abril”. Y este año 2009, se produce la reforma de la Ley de los Consejos Comunales y la puesta en marcha del programa “Barrio Nuevo Tricolor.
2. Los consejos comunales aparecen mencionados en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” en tan solo dos ocasiones; ambas vinculadas al tema económico local. Según el PNSB, los consejos comunales estarían dirigidos a fomentar la participación organizada del pueblo, en la planificación de la producción y la socialización equitativa de los excedentes; mediante el incremento de la participación de los consejos comunales en la planificación y control de la economía y, su vinculación de los consejos comunales a los procesos de producción local.
3. Una de las observaciones formales a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) es su carácter orgánico. En concreto, los consejos comunales no forman parte del texto de la Constitución Bolivariana, por lo tanto, luce exagerado otorgar ese rango a esa figura de participación ciudadana. Otros órganos de participación ciudadana, que por cierto está expresamente mencionados en la Constitución Bolivariana, como los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOP) no poseen leyes de rango orgánico. Por otra parte, este rango orgánico de la LOCC, sobrepone a estas instancias de menor alcance territorial ante otras de mayor jerarquía y alcance territorial como los municipios.
4. En la nueva ley, el consejo comunal adopta elementos de carácter ideológico, al incorporar “la construcción del socialismo” como finalidad de estas instancias de organización vecinal. Tal como aparece en el artículo 2: instancias de participación para la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista. En el artículo 3 referidos a los principios y valores ideológicos (establecer la base socio-política del socialismo). Y el artículo 54 que propone el incentiva del ahorro en las comunidades, con una visión socialista.
5. La nueva Ley de los Consejos Comunales los convierte en unas instancias sujetas a una visión centralizada y estatista de la economía; al ubicarlas en un conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes desarrolladas por las comunidades; bajo forma de propiedad social, de acuerdo a lo establecido en el “Sistema Centralizado de Planificación y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. Por otra parte, cabe agregar que la propiedad privada no es considerada dentro las expresiones de economía local que define la misma ley.
6. El reconocimiento de los consejos comunales está sometido a la discrecionalidad de la burocracia estatal. Por ejemplo el artículo 18 de la nueva LOCC, establece que el ministerio del poder popular con competencia en participación ciudadana, podrá abstenerse del registro de los consejos comunales: “cuando tenga por objeto, finalidades distintas a las previstas en la presente ley”. Es decir, los consejos comunales que nos sean considerados socialistas por los funcionarios públicos podrían ser rechazados.
7. La nueva LOCC establece la “adscripción” funcional y financiera a un ente del gobierno central de los consejos comunales. En efecto, el artículo 56 de la nueva LOCC, determina que el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la participación comunitaria en los asuntos públicos y, acompañará a los Consejos Comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación entre estos y los órganos y entes del Poder Público.
8. Los nuevos consejos comunales corren el riesgo de ser militarizados. Además de su nuevo carácter “ideológico”, los Consejos Comunales podrían convertirse en instancias para-militares al estar obligadas a coordinar acciones con la Milicia Bolivariana en los denominados “asuntos concernientes a la defensa integral de la Nación”.
Desde nuestra visión propusimos:
- Establecer con precisión y claridad la naturaleza estrictamente comunitaria, social y vecinal de los consejos comunales como instancias ciudadanas de participación; sin prevalencia de sesgo ideológico alguno que propicie la discriminación y, con estricto apego a los principios y valores contenidos en el marco constitucional.
- La obligación de que los consejos comunales respondan al modelo de Estado democrático, federal, descentralizado y participativo contenido en la Constitución Bolivariana (artículos 4 y 6). Se debe rescatar la vinculación de los consejos comunales con el consejo local de planificación pública y demás entidades del poder público municipal como la alcaldía, el concejo municipal y las juntas parroquiales.
- Simplificar y flexibilizar la estructura organizativa de los consejos comunales; evitando las estructuras pesadas y excesivamente burocráticas y, estableciendo claros mecanismos de rendición de cuentas, ante las autoridades públicas y su correspondiente asamblea de ciudadanos.
- Unos consejos comunales autónomos, horizontales y cercanos. Los consejos comunales no deben tener una adscripción jerárquica, operativa o funcional a entidades gubernamentales de carácter (nacional central, estadal o local) desconcentrada o descentralizada funcionalmente.
lunes, noviembre 30, 2009
COLOQUIO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES
Sinergia, Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil
Se complace en invitarle al Conversatorio :
La nueva Ley de los Consejos Comunales y sus implicaciones para la participación ciudadana
Programa
08:30 - 09:00 am. Llegada de los participantes
09:00 – 09:10 am. Instalación y palabras de apertura. Vanessa Cartaya. Coordinadora del Índice de Sociedad Civil
09:15 –10:45 am. Análisis de la ley a cargo:
§ MIGUEL GONZALEZ MARREGOT– A.C. Gestión de Cambio y Vicepresidente del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta
§ JOSÉ GREGORIO DELGADO – Coordinador de la Escuela de Vecinos de Venezuela
10.45– 11:45 - Sesión de Preguntas y respuestas.
11.45– 12.00 pm Clausura
Cupo Limitado a 25 participantes
Entrada Libre, previa reservación por los siguientes números :
0212 - 242-01-01 / 241-15-59
Las personas pertenecientes a organizaciones con sede en el interior del país pueden verlo a través de video conferencia e incluso participar a través de internet entrando al siguiente sitio: http://www.ustream.tv/channel/a-c-sinergia
Fecha: 03 de Diciembre de 2009
Hora: 8.30 AM a 12.30. PM
Dirección: CASA VENEZUELA ubicada en la Presidencia de la Fundación Universidad Metropolitana (FUNDAMET). Entrada norte de la Universidad Metropolitana. (Entrada por Éxito)Terrazas del Ávila.
Centro Rental de la Universidad Metropolitana (CENTROMET)Entrada Sur, Edif. Andrés Germán Otero. Piso 2 Ofic. 4,
Terrazas del Ávila.
Teléfonos: (58 212) 242 0101 / 2411559 Telefax: 2439133.
E-mail: sinergia@cantv.net,
www.sinergia.org.ve
Se complace en invitarle al Conversatorio :
La nueva Ley de los Consejos Comunales y sus implicaciones para la participación ciudadana
Programa
08:30 - 09:00 am. Llegada de los participantes
09:00 – 09:10 am. Instalación y palabras de apertura. Vanessa Cartaya. Coordinadora del Índice de Sociedad Civil
09:15 –10:45 am. Análisis de la ley a cargo:
§ MIGUEL GONZALEZ MARREGOT– A.C. Gestión de Cambio y Vicepresidente del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta
§ JOSÉ GREGORIO DELGADO – Coordinador de la Escuela de Vecinos de Venezuela
10.45– 11:45 - Sesión de Preguntas y respuestas.
11.45– 12.00 pm Clausura
Cupo Limitado a 25 participantes
Entrada Libre, previa reservación por los siguientes números :
0212 - 242-01-01 / 241-15-59
Las personas pertenecientes a organizaciones con sede en el interior del país pueden verlo a través de video conferencia e incluso participar a través de internet entrando al siguiente sitio: http://www.ustream.tv/channel/a-c-sinergia
Fecha: 03 de Diciembre de 2009
Hora: 8.30 AM a 12.30. PM
Dirección: CASA VENEZUELA ubicada en la Presidencia de la Fundación Universidad Metropolitana (FUNDAMET). Entrada norte de la Universidad Metropolitana. (Entrada por Éxito)Terrazas del Ávila.
Centro Rental de la Universidad Metropolitana (CENTROMET)Entrada Sur, Edif. Andrés Germán Otero. Piso 2 Ofic. 4,
Terrazas del Ávila.
Teléfonos: (58 212) 242 0101 / 2411559 Telefax: 2439133.
E-mail: sinergia@cantv.net,
www.sinergia.org.ve
sábado, noviembre 21, 2009
SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DEL CLPP, CONSEJOS COMUNALES Y ASOCIACIONES DE VECINOS DEL MUNICIPIO BARUTA
Lugar: Sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima (ASOLIMA)
Fecha: 18 de Noviembre de 2009
Agenda: Coloquio sobre el nuevo de proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a cargo del Dr. José Gregorio Delgado Herrera (Coordinador General de La Escuela de Vecinos de Venezuela).
Asistentes:
Consejeros de la Parroquia Las Minas: Daniel Mendoza.
Consejeros de la Parroquia El Cafetal: Harold Cova, Carlos León.
Consejeros de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario: Claudia Alsina, Miguel González Marregot.
Consejeros Sectoriales: María Elena Arnal (Consejera del Sector Social)
Voceros de consejos comunales: Isabel Ortega, Nancy Zavarce, Jacqueline de De Armas (CC El Peñón); Conchita Maldonado, Marcia Rodríguez, Edmundo Rubilar, Josefina Hermoso (CC Los Samanes); Gustavo Gil (CC San José de Baruta); José Arguello, Aida Angulo (CC Pueblo de Baruta); Beatriz Viloria, Luz Elena Aldazoro (CC Santa Rosa de Lima), Ana María Miranda (CC San Luis), Carlos Guzmán (CC Colinas de Bello Monte), Camilo Parra (Comité Promotor del CC Colinas de La Tahona), Elsa Calles.
Asociaciones de Vecinos: Luis Badolato (Asociación de Vecinos de Chuao).
Organizaciones No Gubernamentales: Elba Julieta García (Propuesta Ciudadana).
Próxima reunión: Miércoles, 2 de diciembre 2009 con el caso de La Limonera.
Fecha: 18 de Noviembre de 2009
Agenda: Coloquio sobre el nuevo de proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a cargo del Dr. José Gregorio Delgado Herrera (Coordinador General de La Escuela de Vecinos de Venezuela).
Asistentes:
Consejeros de la Parroquia Las Minas: Daniel Mendoza.
Consejeros de la Parroquia El Cafetal: Harold Cova, Carlos León.
Consejeros de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario: Claudia Alsina, Miguel González Marregot.
Consejeros Sectoriales: María Elena Arnal (Consejera del Sector Social)
Voceros de consejos comunales: Isabel Ortega, Nancy Zavarce, Jacqueline de De Armas (CC El Peñón); Conchita Maldonado, Marcia Rodríguez, Edmundo Rubilar, Josefina Hermoso (CC Los Samanes); Gustavo Gil (CC San José de Baruta); José Arguello, Aida Angulo (CC Pueblo de Baruta); Beatriz Viloria, Luz Elena Aldazoro (CC Santa Rosa de Lima), Ana María Miranda (CC San Luis), Carlos Guzmán (CC Colinas de Bello Monte), Camilo Parra (Comité Promotor del CC Colinas de La Tahona), Elsa Calles.
Asociaciones de Vecinos: Luis Badolato (Asociación de Vecinos de Chuao).
Organizaciones No Gubernamentales: Elba Julieta García (Propuesta Ciudadana).
Próxima reunión: Miércoles, 2 de diciembre 2009 con el caso de La Limonera.
jueves, noviembre 19, 2009
¿PRIMARIAS Y TARJETA ÚNICA?
Los procesos electorales son los mecanismos de participación ciudadana por excelencia, para producir cambios políticos. Los venideros procesos electorales del año 2010 suponen una trascendencia -casi definitiva-, para el futuro inmediato de Venezuela; dada la situación actual de extrema polarización, deslegitimación institucional e ineficacia gubernamental que atraviesa. Así de la nueva conformación de la Asamblea Nacional se definirá -en gran parte-, la confrontación actual entre la propuesta del socialismo-centralista contra la opción de la democracia/descentralizada.
En el presente (y como todos sabemos, producto de la poco afortunada estrategia abstencionista asumida por la oposición en el 2005), la Asamblea Nacional está dominada por sectores ideológico-políticos afectos al Presidente de la República; con lo cual la máxima expresión parlamentaria del país se ha convertido en un apéndice acrítico y subalterno del Ejecutivo Nacional.
Si las próximas elecciones expresan la nueva correlación de fuerzas que existe en Venezuela, la composición política de la Asamblea Nacional puede variar sustancialmente. Y eso sería un evento decisivo en el acontecer político nacional. Por ejemplo, la conformación de los otros poderes públicos (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Poder Moral) dependen la Asamblea Nacional; pero además, las leyes de orientación social-estatista que han venido siendo aprobadas –a golpe y porrazo-, pudieran ser revisadas. De la misma forma, una Asamblea Nacional auténticamente plural y equilibrada incrementaría el necesario control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.
Esta posibilidad, ha puesto en alerta; tanto al bloque oficial-socialista como a los factores democráticos alternativos. Desde el gobierno, se implementan -hace algún tiempo-, ciertas medidas tendentes a neutralizar el avance de la oposición, como lo son: la inhabilitación de sus líderes (Manuel Rosales y Leopoldo López), el cierre de treinta y cuatro medios de comunicación independientes, el “desmantelamiento legal” de la Alcaldía Metropolitana o la “guerra psicológica contra los gobernantes opositores de los estados Táchira y Zulia. Por otra parte, con la aprobación de la nueva Ley de Procesos Electorales, hay fundadas especulaciones sobre la manipulación de los circuitos electorales para tratar de reducir los efectos de unos resultados electorales adversos. En el plano estrictamente organizativo, el bloque oficialista comenzó la preparación de su plataforma partidista; mediante la elección de sus delegados a su congreso ideológico a realizarse a finales de este mes de noviembre; evento que debería culminar con las tradicionales ratificaciones y vivas propagandísticas alrededor del tema anti-imperialista y la construcción del socialismo. Allí no habrá mayores sorpresas.
Del otro lado, la oposición tiene sus propios retos. En realidad, a los sectores políticos y sociales democráticos de Venezuela les ha costado entender las nuevas condiciones políticas del país y, sobre esa base emprender la construcción de una alternativa consistente y convincente, frente al oficialismo. Superado el abstencionismo y la negación militante, la oposición sigue estando atomizada y dispersa; aún el anti-partidismo mantiene su fuerza y suele ser esgrimido como argumento en forma “cíclica y oportuna” y en cada coyuntura electoral, por líderes y grupos políticos que intentan obtener y garantizar un espacio propio para sus intereses.
Con la instalación de la Mesa de la Unidad Democrática, los sectores alternativos al oficialismo lograron un avance estratégico y fundamental: establecer un espacio para el diálogo y la negociación y, además construir un referente ideológico y político para todo el país. Sin embargo, esa tarea no ha sido fácil. Es más, pudiera concluirse que ha predominado cierta lentitud e ineficacia en el desarrollo de las actividades estratégicas y operativas de la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, que no es sencillo de hilvanar; bajo un propósito común, una amplia diversidad de enfoques e intereses no siempre coincidentes en forma, tiempo y espacio. En ese contexto, se ubica la preparación de las fórmulas unitarias de los factores democráticos, para su participación en las elecciones del 2010. En el presente, en ese lado político hay un duro debate, en torno a la instrumentación operativa de la unidad, centrado en dos aspectos: i) en cuanto al método de selección de las candidaturas; y ii) sobre la identificación electoral de esas candidaturas.
En el debate por el método de selección de las candidaturas de oposición, se ha querido imponer la tesis que la realización de las primarias se contrapone a la opción de la selección de candidaturas por consenso; siendo la primera más democrática. En mi opinión, -y pudiera estar equivocado- la verdadera contradicción en este caso, se origina en el interés de individualidades y representantes de sectores empresariales y sociales que aspiran cuotas de participación y puestos salidores dentro las planchas unitarias elaboradas por los partidos políticos y, que perciben en el método del consenso, pocas posibilidades de lograr sus objetivos.
¿Es válido el interés de líderes económicos, sociales y de opinión en participar en las planchas unitarias que logren conformar los partidos políticos de oposición? La respuesta es ampliamente positiva. Además, resulta saludable que las organizaciones políticas incorporen a sus plataformas figuras independientes representativas de la diversidad social del país. ¿Es necesario para ello realizar unas primarias? No, necesariamente. La Mesa de la Unidad Democrática puede generar los mecanismos de consenso para ello. Pero además, ¿resulta acaso indefectible la realización de primarias para lanzar; por ejemplo: las candidaturas de Ismael García por el estado Aragua, de Julio Borges y Alfonzo Marquina por Miranda, de Andrés Velásquez por el estado Bolívar o de Enrique Márquez por el estado Zulia? La respuesta desde mi punto vista es no.
La aplicación de las primarias pudiera ser una opción en aquellos circuitos donde confluyan varias candidaturas, con similares posibilidades electorales; y aún así, la posibilidad de lograr acuerdos políticos siempre será una vía más eficiente. Otra cosa es que, las primarias no son una garantía de éxito electoral; y prueba de esto se tiene en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes; en las que la realización de primarias no estuvo atada a las victorias de la oposición en los casos de las gobernaciones de Carabobo, Miranda, Zulia, Nueva Esparta y del Distrito Capital. Lo que sí fue determinante en la victoria opositora en esas entidades federales, fue la participación unitaria de los factores democráticos. En tal sentido, la utilización de las primarias; por parte de un sector como un elemento de ataque y descalificación de la Mesa de la Unidad Democrática y de los propios partidos políticos, es absolutamente insostenible.
Uno de los aspectos que deben entender los factores de oposición es que tanto en las organizaciones de la denominada “sociedad civil” (que por cierto, no es política) como en los partidos políticos hay gente valiosa y preparada. A veces olvidamos que, en los partidos políticos hay dirigentes y militantes comunitarios, estudiantiles, juveniles, de las mujeres, sindicales, sociales y trabajadores. Otras veces obviamos que, en las organizaciones comunitarias, empresariales, gremiales y sociales hay gente pensante, preparada y con firmes convicciones ideológicas. En tal sentido, contraponer a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil, como vienen planteando solapadamente por allí, constituye por lo menos, o un craso error estratégico o una simple muestra de oportunismo electoralista. Nada más.
La Mesa de la Unidad Democrática se encuentra pues, en la obligación insoslayable de definir unos criterios de estructuración de las candidaturas considerando al menos: los circuitos electorales que defina el Consejo Nacional Electoral, la distribución de los diputados por entidad federal, las cuotas de participación de la mujer establecidas en el marco legal, los resultados electorales previos por las organizaciones políticas y la trayectoria de los aspirantes. Es una dura tarea que debe emprenderse ya. ¿Acaso podrá la Mesa de la Unidad Democrática con esa tarea? Pues, si no puede que se olvide de gobernar.
El otro tema que también es debatido en el sector opositor oscila sobre la conveniencia de participar con una tarjeta única o respetar la identidad de cada organización partidista. Este es un asunto, un tanto más sencillo. Para algunos, la tarjeta única ofrecería la ventaja de presentar una imagen y un mensaje unitario sólido y consistente ante el electorado. De la misma manera, presentaría una opción presuntamente inequívoca y simple al momento de emitir el voto; y también permitiría ahorrar costos financieros en el desarrollo de la campaña. Pero hay otra visión del tema. Por ejemplo, para algunos expertos, la tarjeta única afectaría a los partidos políticos de la oposición que tendrían de nuevo que recoger firmas para re-legitimarse; quedando sometido su reconocimiento a la discrecionalidad de un Consejo Nacional Electoral dominado por el bloque oficial.
En realidad, lo verdaderamente importante es la consecución de candidatos unitarios para cada uno de los circuitos de las entidades federales. Como todos sabemos, a la Asamblea Nacional se elegirán ciento ochenta y siete diputados principales con sus respectivos suplentes; lo cual implica que haya una buena cantidad de candidaturas por cubrir en forma unitaria. Resguardar la identidad de los partidos, tampoco parece descabellado. Al respecto, vale la pena citar de nuevo los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes, en las que se respetó la identidad propia y la diversidad de las organizaciones partidistas sin representar fracturas en el resultado de la campaña. ¿Por qué entonces, se propone ahora borrar en los venideros comicios la identidad de los partidos que son los canales naturales de participación electoral y política? El verdadero centro del problema es la estructuración de unas planchas unitarias que reúnan la diversidad representativa de los sectores políticos y sociales que conforman la mayoría democrática del país. Es allí, donde se debe focalizar la atención de la Mesa de la Unidad Democrática.
En medio de este debate, la posposición de las elecciones de concejales y juntas parroquiales ha quedado en un lamentable segundo plano. Esta nueva posposición de tan importante evento participativo, constituye una flagrante lesión a los derechos democráticos de todos los ciudadanos (as) de cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios de nuestro país. Fueron muy pocas las organizaciones políticas, las asociaciones vecinales y de la sociedad civil que se pronunciaron, con contundencia sobre este caso. ¿Cómo podemos defender la descentralización y la participación ciudadana, si ignoramos la tropelía cometida con las elecciones de concejales y de miembros de las juntas parroquiales? Craso error. En tal sentido, ha quedado una deuda pendiente con una de las expresiones democráticas más genuinas de nuestro sistema político, como lo es la elección de estas instancias de poder local y de indubitable influencia directa en la vida de cada vecindad venezolana.
La agenda de la Mesa de la Unidad Democrática, se sigue llenando. Los temas del método de selección de las candidaturas y su identificación en el tarjetón electoral no debería ser impedimento para la selección de las candidaturas unitarias. Avanzar hacia la victoria en el año 2010, requiere la conjugación constructiva de todos los esfuerzos individuales y colectivos. Venezuela nos lo reclama.
En el presente (y como todos sabemos, producto de la poco afortunada estrategia abstencionista asumida por la oposición en el 2005), la Asamblea Nacional está dominada por sectores ideológico-políticos afectos al Presidente de la República; con lo cual la máxima expresión parlamentaria del país se ha convertido en un apéndice acrítico y subalterno del Ejecutivo Nacional.
Si las próximas elecciones expresan la nueva correlación de fuerzas que existe en Venezuela, la composición política de la Asamblea Nacional puede variar sustancialmente. Y eso sería un evento decisivo en el acontecer político nacional. Por ejemplo, la conformación de los otros poderes públicos (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Poder Moral) dependen la Asamblea Nacional; pero además, las leyes de orientación social-estatista que han venido siendo aprobadas –a golpe y porrazo-, pudieran ser revisadas. De la misma forma, una Asamblea Nacional auténticamente plural y equilibrada incrementaría el necesario control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.
Esta posibilidad, ha puesto en alerta; tanto al bloque oficial-socialista como a los factores democráticos alternativos. Desde el gobierno, se implementan -hace algún tiempo-, ciertas medidas tendentes a neutralizar el avance de la oposición, como lo son: la inhabilitación de sus líderes (Manuel Rosales y Leopoldo López), el cierre de treinta y cuatro medios de comunicación independientes, el “desmantelamiento legal” de la Alcaldía Metropolitana o la “guerra psicológica contra los gobernantes opositores de los estados Táchira y Zulia. Por otra parte, con la aprobación de la nueva Ley de Procesos Electorales, hay fundadas especulaciones sobre la manipulación de los circuitos electorales para tratar de reducir los efectos de unos resultados electorales adversos. En el plano estrictamente organizativo, el bloque oficialista comenzó la preparación de su plataforma partidista; mediante la elección de sus delegados a su congreso ideológico a realizarse a finales de este mes de noviembre; evento que debería culminar con las tradicionales ratificaciones y vivas propagandísticas alrededor del tema anti-imperialista y la construcción del socialismo. Allí no habrá mayores sorpresas.
Del otro lado, la oposición tiene sus propios retos. En realidad, a los sectores políticos y sociales democráticos de Venezuela les ha costado entender las nuevas condiciones políticas del país y, sobre esa base emprender la construcción de una alternativa consistente y convincente, frente al oficialismo. Superado el abstencionismo y la negación militante, la oposición sigue estando atomizada y dispersa; aún el anti-partidismo mantiene su fuerza y suele ser esgrimido como argumento en forma “cíclica y oportuna” y en cada coyuntura electoral, por líderes y grupos políticos que intentan obtener y garantizar un espacio propio para sus intereses.
Con la instalación de la Mesa de la Unidad Democrática, los sectores alternativos al oficialismo lograron un avance estratégico y fundamental: establecer un espacio para el diálogo y la negociación y, además construir un referente ideológico y político para todo el país. Sin embargo, esa tarea no ha sido fácil. Es más, pudiera concluirse que ha predominado cierta lentitud e ineficacia en el desarrollo de las actividades estratégicas y operativas de la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, que no es sencillo de hilvanar; bajo un propósito común, una amplia diversidad de enfoques e intereses no siempre coincidentes en forma, tiempo y espacio. En ese contexto, se ubica la preparación de las fórmulas unitarias de los factores democráticos, para su participación en las elecciones del 2010. En el presente, en ese lado político hay un duro debate, en torno a la instrumentación operativa de la unidad, centrado en dos aspectos: i) en cuanto al método de selección de las candidaturas; y ii) sobre la identificación electoral de esas candidaturas.
En el debate por el método de selección de las candidaturas de oposición, se ha querido imponer la tesis que la realización de las primarias se contrapone a la opción de la selección de candidaturas por consenso; siendo la primera más democrática. En mi opinión, -y pudiera estar equivocado- la verdadera contradicción en este caso, se origina en el interés de individualidades y representantes de sectores empresariales y sociales que aspiran cuotas de participación y puestos salidores dentro las planchas unitarias elaboradas por los partidos políticos y, que perciben en el método del consenso, pocas posibilidades de lograr sus objetivos.
¿Es válido el interés de líderes económicos, sociales y de opinión en participar en las planchas unitarias que logren conformar los partidos políticos de oposición? La respuesta es ampliamente positiva. Además, resulta saludable que las organizaciones políticas incorporen a sus plataformas figuras independientes representativas de la diversidad social del país. ¿Es necesario para ello realizar unas primarias? No, necesariamente. La Mesa de la Unidad Democrática puede generar los mecanismos de consenso para ello. Pero además, ¿resulta acaso indefectible la realización de primarias para lanzar; por ejemplo: las candidaturas de Ismael García por el estado Aragua, de Julio Borges y Alfonzo Marquina por Miranda, de Andrés Velásquez por el estado Bolívar o de Enrique Márquez por el estado Zulia? La respuesta desde mi punto vista es no.
La aplicación de las primarias pudiera ser una opción en aquellos circuitos donde confluyan varias candidaturas, con similares posibilidades electorales; y aún así, la posibilidad de lograr acuerdos políticos siempre será una vía más eficiente. Otra cosa es que, las primarias no son una garantía de éxito electoral; y prueba de esto se tiene en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes; en las que la realización de primarias no estuvo atada a las victorias de la oposición en los casos de las gobernaciones de Carabobo, Miranda, Zulia, Nueva Esparta y del Distrito Capital. Lo que sí fue determinante en la victoria opositora en esas entidades federales, fue la participación unitaria de los factores democráticos. En tal sentido, la utilización de las primarias; por parte de un sector como un elemento de ataque y descalificación de la Mesa de la Unidad Democrática y de los propios partidos políticos, es absolutamente insostenible.
Uno de los aspectos que deben entender los factores de oposición es que tanto en las organizaciones de la denominada “sociedad civil” (que por cierto, no es política) como en los partidos políticos hay gente valiosa y preparada. A veces olvidamos que, en los partidos políticos hay dirigentes y militantes comunitarios, estudiantiles, juveniles, de las mujeres, sindicales, sociales y trabajadores. Otras veces obviamos que, en las organizaciones comunitarias, empresariales, gremiales y sociales hay gente pensante, preparada y con firmes convicciones ideológicas. En tal sentido, contraponer a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil, como vienen planteando solapadamente por allí, constituye por lo menos, o un craso error estratégico o una simple muestra de oportunismo electoralista. Nada más.
La Mesa de la Unidad Democrática se encuentra pues, en la obligación insoslayable de definir unos criterios de estructuración de las candidaturas considerando al menos: los circuitos electorales que defina el Consejo Nacional Electoral, la distribución de los diputados por entidad federal, las cuotas de participación de la mujer establecidas en el marco legal, los resultados electorales previos por las organizaciones políticas y la trayectoria de los aspirantes. Es una dura tarea que debe emprenderse ya. ¿Acaso podrá la Mesa de la Unidad Democrática con esa tarea? Pues, si no puede que se olvide de gobernar.
El otro tema que también es debatido en el sector opositor oscila sobre la conveniencia de participar con una tarjeta única o respetar la identidad de cada organización partidista. Este es un asunto, un tanto más sencillo. Para algunos, la tarjeta única ofrecería la ventaja de presentar una imagen y un mensaje unitario sólido y consistente ante el electorado. De la misma manera, presentaría una opción presuntamente inequívoca y simple al momento de emitir el voto; y también permitiría ahorrar costos financieros en el desarrollo de la campaña. Pero hay otra visión del tema. Por ejemplo, para algunos expertos, la tarjeta única afectaría a los partidos políticos de la oposición que tendrían de nuevo que recoger firmas para re-legitimarse; quedando sometido su reconocimiento a la discrecionalidad de un Consejo Nacional Electoral dominado por el bloque oficial.
En realidad, lo verdaderamente importante es la consecución de candidatos unitarios para cada uno de los circuitos de las entidades federales. Como todos sabemos, a la Asamblea Nacional se elegirán ciento ochenta y siete diputados principales con sus respectivos suplentes; lo cual implica que haya una buena cantidad de candidaturas por cubrir en forma unitaria. Resguardar la identidad de los partidos, tampoco parece descabellado. Al respecto, vale la pena citar de nuevo los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes, en las que se respetó la identidad propia y la diversidad de las organizaciones partidistas sin representar fracturas en el resultado de la campaña. ¿Por qué entonces, se propone ahora borrar en los venideros comicios la identidad de los partidos que son los canales naturales de participación electoral y política? El verdadero centro del problema es la estructuración de unas planchas unitarias que reúnan la diversidad representativa de los sectores políticos y sociales que conforman la mayoría democrática del país. Es allí, donde se debe focalizar la atención de la Mesa de la Unidad Democrática.
En medio de este debate, la posposición de las elecciones de concejales y juntas parroquiales ha quedado en un lamentable segundo plano. Esta nueva posposición de tan importante evento participativo, constituye una flagrante lesión a los derechos democráticos de todos los ciudadanos (as) de cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios de nuestro país. Fueron muy pocas las organizaciones políticas, las asociaciones vecinales y de la sociedad civil que se pronunciaron, con contundencia sobre este caso. ¿Cómo podemos defender la descentralización y la participación ciudadana, si ignoramos la tropelía cometida con las elecciones de concejales y de miembros de las juntas parroquiales? Craso error. En tal sentido, ha quedado una deuda pendiente con una de las expresiones democráticas más genuinas de nuestro sistema político, como lo es la elección de estas instancias de poder local y de indubitable influencia directa en la vida de cada vecindad venezolana.
La agenda de la Mesa de la Unidad Democrática, se sigue llenando. Los temas del método de selección de las candidaturas y su identificación en el tarjetón electoral no debería ser impedimento para la selección de las candidaturas unitarias. Avanzar hacia la victoria en el año 2010, requiere la conjugación constructiva de todos los esfuerzos individuales y colectivos. Venezuela nos lo reclama.
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